El Gobierno de España, con la elegancia de una tienda de segunda mano, ha lanzado el último truco de su caja de collares: ampliar el concepto de «vulnerabilidad» para que se convierta en una llave maestra que abre las puertas de la regularización masiva. Cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó su modelo de certificado el viernes, la palabra «vulnerabilidad» se desdobló en doce sospechas difusas: aislamiento social, sinhogarismo, ingresos insuficientes, riesgo de exclusión económica, dificultad de acceso al empleo, riesgos psicosociales y, por supuesto, la misteriosa categoría “otros”.
La idea es simple: si no puedes demostrar que has trabajado, que tienes oferta de trabajo o que vives con tu familia (hijos menores, personas con discapacidad o ascendientes de primer grado), entonces la vulnerabilidad te sienta la mano y te da la placa de la legalidad. El presidente Pedro Sánchez, con la sutileza de un político que intenta vender papel higiénico en cuarentena, aprobó la regularización masiva vía real decreto.
Elma Saiz, quien dirige el ministerio, asegura que el certificado debe estar sellado para ser válido, pero nadie sabe cómo elaborar el informe que lo respalde. Se ha creado una lista de entidades que pueden firmar: la Cruz Roja y organizaciones “similares” que, según los expertos, lo harán con gusto porque el objetivo es acelerar la burocracia. El coladero está en la ambigüedad: el reglamento no especifica qué constituye “ingresos insuficientes” ni qué cantidad mínima se requiere.
Cuando el proceso de arraigo exige un ingreso mínimo de 600 euros al mes, la nueva versión del decreto lo ha dejado en blanco, como si le hubieran quitado la etiqueta de precio. La lógica es que, al no haber fórmula, cualquiera puede interpretarla a su favor. La Policía Nacional, excluida de la tramitación, se ha convertido en un fantasma detrás de la escena.
Los funcionarios del Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex) están a la orden de dar el visto bueno, mientras que las agencias de la policía sindical pueden permitir que personas con antecedentes penales se colen en la red. El gobierno, en su afán de ser masivo, ha extendido los plazos: un certificado de antecedentes que debería entregarse en un mes se puede retrasar a tres meses a través del Ministerio de Presidencia, y si falla, el solicitante tiene 15 días más para conseguirlo. En cuanto a números, el Ministerio habla de “casi medio millón” de beneficiarios, Funcas estima 840.000 y los sindicatos policiales apuntan a más de dos millones de forma indirecta mediante reagrupaciones familiares.
Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado no incluye una memoria económica ni una previsión de la carga financiera. Con solo tres meses y un funcionario capaz de revisar 15 expedientes al día, el sistema parece estar diseñado para producir un fraude masivo, ya sea por falta de control o por la calidad intencionalmente débil del decreto. En síntesis, el coladero no es un error administrativo sino un mecanismo deliberado de apertura: la vulnerabilidad se vuelve un puñado de palabras sin peso, la burocracia se vuelve un laberinto de papeles que nadie lee y la regularización se convierte en una promesa de papel.
La política ha encontrado la forma de vender el sueño de la legalidad con un precio tan bajo como la entrada a un concierto de rock barato.
Crítica:
El artículo deja la política tan abierta como un cajón sin cerradura: la vulnerabilidad es una excusa que abre puertas sin cerrar los riesgos. El título promete claridad, pero entrega un laberinto de papeles.
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