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Indignación total con Montero por decir que las personas con discapacidad tienen una «enfermedad mental»

Montero se 'equivoca' de asociación

politica Una mujer política hablando en un micrófono, con una asociación de personas con discapacidad intelectual detrás de ella, mientras el alcalde de la ciudad la confronta con una expresión de indignación

La visita de María Jesús Montero a la asociación ADIPA en Antequera terminó en un auténtico 'sablazo' para su carrera política. La candidata socialista en las elecciones andaluzas confundió el nombre de la asociación y, para rematar, aseguró que las personas con discapacidad intelectual tenían una 'enfermedad mental'.

Esto es como confundir un 'súper' con un 'centro comercial' y, después, pretender vender 'pescado fresco' en un 'mercado de pulgas'. La reacción no se hizo esperar. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, le reprochó el error y le acusó de 'faltar el respeto' a las personas con discapacidad intelectual.

'Una cosa es venir sin enterarse de nada y otra, faltar el respeto a quienes dice apoyar', sentenció. La polémica estalló después de que Montero resumiera su visita a ADIPA de esta manera: 'Hemos visitado ADAPI, para mí especialmente importante porque las personas con enfermedad mental necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad'.

Unas declaraciones que han generado 'malestar' en la comunidad y que han sido calificadas de 'intolerables' por el alcalde de Antequera. ADIPA es una ONG que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con un objetivo claro: la 'atención a personas con discapacidad intelectual en las áreas asistencial, ocupacional, laboral, etc.'.

Mientras tanto, la asociación ADAPI, citada por Montero, se define como una entidad que gestiona 'ahorros de personas y familias que quieran construir solidaridad ofreciendo, con ellos, pequeños préstamos que posibiliten la financiación de proyectos e iniciativas cuyo eje sea la vocación profesional, la familia y el trabajo'.

En resumen, Montero ha demostrado que, en lugar de 'tirar de tarjeta' para apoyar a las personas con discapacidad intelectual, ha 'tirado de la manta' para cubrir su propio error. La pregunta es: ¿cuánto 'costará' este error a su carrera política? El 'sablazo' puede ser muy caro.

Vía: okdiario.com coments compartir
Noticias>Politica>17-Apr-2026>montero_se_equivoca_de_asociacion

Crítica:

La noticia carece de contexto sobre las políticas del PSOE en cuanto a la discapacidad intelectual. La acusación de 'falta de respeto' puede ser exagerada.

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Vox apunta a la ‘falsa mascarilla’ de Armengol

En el balde de la política española, Vox se está preparando para lanzar un tiro de bala contra la presidenta de la Asamblea de Baleares, Francina Armengol, por un supuesto ‘falso testimonio’ que, según la teoría del partido, ha reprobado en la plaza de los Congresos, Senado y hasta el Tribunal Supremo. La jugada parece sacada de un guion de telenovela donde las mentiras se venden al por mayor y la justicia se ofrece a la venta con un precio de etiqueta de “falta de veracidad”. El asunto se remonta al 5 de marzo de 2024, día en que Armengol, con la timidez de un niño que se ha metido en una sopa de palabras, declaraba ser víctima y no cómplice de la compra de mascarillas, y que los técnicos habían elegido el modelo. Un día después, la prensa, como el horno que no se deja enfriar, desmontó su versión y reveló que la compra había sido gestionada por el Servicio Balear de Salud, lo que la UCO confirma en su informe. El 20 de mayo, bajo la presión de la audiencia, Armengol volvió a negar cualquier conversación con Koldo, el titiritero de la mascarilla, antes de que el Guardia Civil encontrara pruebas de un chat con la frase: "¿Sabes quién vende mascarillas?". El 31 de mayo, en la comisión de investigación del Parlament balear, se encontraba entre los que, con la confianza de un vendedor de billetes falsos, aseguraba que en una investigación no se podía mentir. Pero, la noche de la verdad, la misma Armengol reconoció que, quizá, había sido acompañada por Víctor de Aldama, el empresario de la trama, mientras se encontraba en la sede del Gobierno balear, bajo un paraguas de Air Europa. El 8 de julio, frente al Senado, Armengol mantuvo la línea de mentiras, con la firmeza de un cliente que se niega a pagar la factura. Luego, su declaración escrita ante el Tribunal Supremo, donde negó haber dado órdenes de compra a Soluciones de Gestión, es la última pieza del rompecabezas: la UCO ha dejado entrever que la presidenta ha estado en la cola de la misma compra, al menos en la conversación. Vox, con la determinación de quemar la estela de la evidencia, está analizando tres vías para llevar la denuncia al Ministerio Fiscal: la vía directa, el impulso de una Proposición No de Ley con el respaldo del PP, y la opción más dudosa de que el Parlament denuncie a Armengol a través de la Mesa del Parlament. La primera opción, la que se abre como la puerta de la caja fuerte, parece la más probable. ¿El mensaje? En la política balear, las mentiras se venden con la misma regularidad que la gasolina en la estación: a la hora de la crisis, la verdad se vende a la vista del público, pero el precio siempre es la misma: el daño irreparable que deja una confesión tardía.

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La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha vuelto a meter la pata en su precampaña electoral. Esta vez, durante una visita a la asociación ADIPA en Antequera, llamó a los usuarios de la entidad «enfermos mentales» en lugar de personas con discapacidad intelectual. Las palabras de Montero no tardaron en trascender a las redes sociales y provocaron una airada reacción por parte del alcalde de la localidad, Manuel Barón. «Ayer no visitó usted ADAPI, estuvo en ADIPA y sus usuarios no son personas con enfermedad mental, son personas con diversidad funcional», dijo el regidor 'popular'. La asociación ADIPA es una Organización no Gubernamental (ONG) que tiene como misión la mejora continua de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. Las palabras exactas de Montero fueron: «Y hemos visitado Adapi (sic), para mí especialmente importante porque las personas con enfermedad mental necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad, son para mí los favoritos de mis políticas y, por tanto, ha sido una jornada francamente productiva». Esto es como si un político fuera a una tienda de ropa y dijera que vende comida, o como si un médico diagnosticara una enfermedad sin haber estudiado la carrera. La visita de Montero a Antequera fue como un sablazo en la factura de la credibilidad, un golpe bajo a la confianza de los ciudadanos. El alcalde de Antequera continuó con sus críticas a la candidata socialista, recordando que fue ella quien cerró un centro de salud en 2010 y que su remodelación la anunció el PP andaluz en 2023. La pregunta es, ¿cómo puede alguien que no conoce la realidad de las personas con discapacidad intelectual pretender ayudarlas? Es como si un cocinero sin experiencia intentara preparar un banquete para un rey. La respuesta es simple: no puede. La visita de Montero a ADIPA fue un ejercicio de hipocresía, un intento de ganar votos sin conocer la realidad de las personas a las que se dirige. Es hora de que los políticos dejen de hablar y comiencen a escuchar, a escuchar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, a escuchar a los ciudadanos que demandan respeto y credibilidad. La política no es un juego de palabras, es un juego de acciones, y las acciones de Montero en ADIPA fueron un fracaso rotundo. La asociación ADIPA es un ejemplo de cómo se puede trabajar por la integración social de las personas con discapacidad intelectual, y es hora de que los políticos sigan su ejemplo. La pregunta es, ¿quién será el próximo en meter la pata? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la credibilidad de los políticos está en juego, y es hora de que comiencen a actuar en lugar de hablar. La visita de Montero a ADIPA fue un recordatorio de que la política no es un juego, es una profesión que requiere respeto, credibilidad y conocimiento de la realidad. Es hora de que los políticos comiencen a tomar en serio su trabajo y a dejar de jugar con las palabras. La credibilidad de los políticos es como un vaso de agua, se puede llenar con facilidad, pero se puede vaciar con una sola gota de hipocresía. La pregunta es, ¿quién será el próximo en vaciar el vaso?

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Pegasus: el espionaje

El caso Pegasus, que involucra al presidente español Pedro Sánchez, se ha convertido en un tema de fricción geopolítica entre España, Israel y Marruecos. La reciente petición de un exmilitar israelí para que el primer ministro Benjamin Netanyahu publique el 'expediente Sánchez' ha reabrido un tema que nunca terminó de cerrarse. El núcleo del caso es conocido: entre 2020-21, los teléfonos de Sánchez y varios de sus ministros fueron 'infectados' con Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO. La intrusión permitió extraer gigabytes de información sensible, sin que hasta ahora se haya podido identificar oficialmente al responsable. La versión oficial española ha apuntado desde el inicio a un actor externo, con frecuencia se menciona a Marruecos, aunque sin confirmación judicial. La Audiencia Nacional española ha archivado repetidamente la causa al no recibir cooperación para interrogar a responsables de NSO o acceder a datos clave. La petición publicada adquiere un tono casi provocador: un exmiembro de unidades de élite israelíes reclama a Netanyahu que haga públicos los datos que existen sobre el hackeo. El problema es que esa premisa no está verificada, no hay confirmación oficial de que el Gobierno israelí posea un 'expediente Pegasus' detallado sobre Sánchez, ni de que tenga acceso directo a los datos obtenidos por clientes de NSO. El caso presenta varias capas típicas de operaciones encubiertas, como la externalización, la negación plausible y el uso político del silencio. Las implicancias geopolíticas son profundas, para España, el caso Pegasus representa una vulnerabilidad en la seguridad del Estado y un posible condicionamiento de su política exterior. Para Marruecos, sería una muestra de capacidad de presión estratégica sobre un estado europeo. Para Israel, el problema es de reputación y diplomático: Pegasus ha pasado de ser un producto de exportación clave a un símbolo de controversia. La pregunta que acompaña a la petición de 'publicar el expediente' no es solo qué ocurrió con el teléfono de Sánchez, sino quién controla realmente la información en la era del espionaje total. El caso Pegasus es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para espiar a los líderes mundiales, y cómo la falta de transparencia y cooperación puede llevar a una situación de desconfianza y tensión geopolítica. La normalización del espionaje de jefes de Gobierno mediante herramientas privadas podría llevar a un nuevo equilibrio basado en la vulnerabilidad digital, donde la confianza entre aliados se erosiona. El caso Pegasus es un recordatorio de que la seguridad nacional y la privacidad son fundamentales en la era digital, y que la transparencia y la cooperación son clave para prevenir la explotación de vulnerabilidades y mantener la confianza en la comunidad internacional.

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Begoña Gómez: 10 años y 3 meses, el golpe que nadie pidió

Manos Limpias, ese sindicato con más nombre que sentido, ha decidido que la mejor forma de lavar la sangre de la política es meter a Begoña Gómez en la cárcel más larga que una lista de la compra del primer día del año. La petición, que llega como un soplo de aire fresco en un horno político, exige diez años y tres meses de prisión a la esposa del presidente del Gobierno, y dos años y tres meses para el empresario Juan Carlos Barrabés. Su argumento, tan sólido como el papel de un sobre, se basa en la supuesta creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que se materializó en menos tiempo que una taza de café instantáneo. La cátedra, liderada por una sin titulación, se dedicó a un programa informático que parece más un proyecto de bricolaje que un trabajo académico. Begoña, según la acusación, se benefició de la posición de “cómplice” al recibir una nómina que, en la práctica, era la paga de su propio pasaporte. El papel de su asistente en la Presidencia, que le entregaba papeleo como si fuera papel de regalo, también se menciona como una vía de abuso de la fuerza pública. En julio de 2020, cuando las cartas de recomendación aparecieron en la agenda de la esposa de Pedro Sánchez, la empresa de Barrabés recibió contratos públicos a través de Red.es, como si se tratara de una subasta de fichas de un juego de mesa. Los hechos, como una receta de cocina sin instrucciones, dejan al lector con más preguntas que respuestas. ¿Qué tan real es la acusación? ¿Cuántos contratos se adjudicaron realmente? ¿Y qué pasa con el software que supuestamente se desarrolló? La crónica se queda con la sensación de que la política sigue siendo la mejor forma de comprar y vender oportunidades, pero con la garantía de que, al menos, las multas están en aumento.

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Un frente de oficinas de extranjería en una zona urbana, con edificios administrativos de estilo moderno. Personas de distintas etnias y edades, con pasaportes y formularios en mano, esperan en filas diversas. El fondo muestra un mapa de España con marcadores en Madrid, Valencia, Murcia, Alicante y Almería, resaltados con luces azules. La escena transmite tensión burocrática y rivalidad política, sin incluir rostros reales ni textos.

Regularización: 5 feudos del PP bajo lupa

Moncloa, con la misma rapidez que un barista sirve café, ha decidido acelerar la regularización masiva de inmigrantes. La idea es simple: empujaremos el proceso a cinco ciudades que, por puro azar político, están controladas por el Partido Popular. Madrid, Valencia, Murcia, Alicante y Almería, que también comparten la misma afición por los sándwiches de tortilla, ahora son el escenario de una carrera de burocracia. El acuerdo, publicado el 17/04/2026 a las 04:45 CEST en el BOE, reconfigura la Administración General del Estado como un mega‑sistema de entrega de pasaportes. Desde el 16 de abril arrancan las solicitudes telemáticas y, a partir del 20, el modo presencial. El plazo final es el 30 de junio de 2026. Se estima que, en ese lapso, se regularizarán cerca de medio millón de personas. Sí, medio millón. Los números no se inventan: la cifra es la que Moncloa ha decidido que el mundo acepte. Para que no haya “cuellos de botella” ni “colapsos de citas”, el Ejecutivo ha activado delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para recibir y digitalizar documentos. Los turnos se alargan, incluso a la tarde, porque la Secretaría de Estado de Migraciones no quiere perder el control final sobre cada expediente. El contexto político es un guante de seda con puño de hierro. Pedro Sánchez, el presidente, la llama un “acto de justicia” y un “mecanismo para sostener el mercado laboral y los servicios públicos”. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, acusa al gobierno central de “reventar” el sistema sanitario y de crear una presión invisible sobre los recursos autonómicos. Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, califica la medida de “inhumana”, “insegura” e “insostenible”, y promete usar todos los instrumentos para frenarla. El refuerzo administrativo se instala en territorios donde los gobiernos locales ya han expresado su rechazo. Es como colocar un nuevo cajero automático en un barrio donde la gente ya se queja de la escasez de cambio. La burocracia se vuelve política: la ciudad que acoge la oficina de extranjería también es la que alza la voz en contra. Moncloa argumenta que la elección de estas ciudades responde a criterios técnicos: población, presión migratoria y capacidad operativa. Pero la coincidencia con feudos del PP alimenta la lectura de una estrategia de “cobertura” que, en vez de proteger, parece reforzar la presencia estatal donde la oposición ya está de pie. Al final, la regularización masiva no es solo una cuestión de papeleo. Se convierte en un ensayo de resistencia institucional, donde la administración estatal y las comunidades autónomas se enfrentan como dos equipos de fútbol que comparten el mismo estadio pero tienen rivalidades de siglos. El resultado de este choque marcará el futuro de la política migratoria española.

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Sánchez solo contra Trump

La cumbre progresista de Barcelona, organizada por el presidente español Pedro Sánchez, se presenta como un intento de crear un frente común contra la política de Donald Trump. Sin embargo, la lista de asistentes es un reflejo de la debilidad de la izquierda europea. Mientras Sánchez busca situar a España como eje de una respuesta política al giro internacional de Washington, la realidad es que no ha logrado reunir a ningún gran líder socialdemócrata europeo. La cumbre contará con la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Cyril Ramaphosa, pero el peso real lo concentran estos tres nombres, sin un bloque de primeros que acompañe el mensaje político. La lista de asistentes refleja el tipo de alianza que Moncloa ha conseguido armar, con músculo en América Latina, presencia africana y una conexión europea a través de António Costa, pero sin un bloque de primeros que acompañe el mensaje político. La cumbre nace con doble función, hacia fuera, pretende fijar un espacio de coordinación progresista frente a la agenda internacional de Trump, y hacia dentro, permite a Sánchez reforzar un perfil internacional que su equipo da por útil electoralmente, sobre todo cuando falta un mes para las elecciones andaluzas. La elección de Barcelona no es casual, el Gobierno la presenta como escaparate de normalización institucional y de gestión socialista en los tres niveles, con Generalitat y Ayuntamiento alineados. La cumbre contará con más de 3.000 asistentes y una agenda cargada de mensajes sobre democracia, multilateralismo y freno a la ultraderecha, pero el problema es quién la respalda en primera fila. En resumen, la cumbre de Barcelona es un intento de crear un frente común contra Trump, pero la debilidad de la izquierda europea y la falta de un bloque de primeros que acompañe el mensaje político, hace que la cumbre se convierta más en una suma de afinidades que en un bloque con capacidad real de influencia dentro de la Unión.

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