La cumbre de Barcelona es un ejemplo de la debilidad de la izquierda europea y la falta de un bloque de primeros que acompañe el mensaje político. La lista de asistentes es un reflejo de la falta de apoyo de la izquierda europea a la política de Sánchez.
Manos Limpias, ese sindicato con más nombre que sentido, ha decidido que la mejor forma de lavar la sangre de la política es meter a Begoña Gómez en la cárcel más larga que una lista de la compra del primer día del año. La petición, que llega como un soplo de aire fresco en un horno político, exige diez años y tres meses de prisión a la esposa del presidente del Gobierno, y dos años y tres meses para el empresario Juan Carlos Barrabés. Su argumento, tan sólido como el papel de un sobre, se basa en la supuesta creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que se materializó en menos tiempo que una taza de café instantáneo. La cátedra, liderada por una sin titulación, se dedicó a un programa informático que parece más un proyecto de bricolaje que un trabajo académico. Begoña, según la acusación, se benefició de la posición de “cómplice” al recibir una nómina que, en la práctica, era la paga de su propio pasaporte. El papel de su asistente en la Presidencia, que le entregaba papeleo como si fuera papel de regalo, también se menciona como una vía de abuso de la fuerza pública. En julio de 2020, cuando las cartas de recomendación aparecieron en la agenda de la esposa de Pedro Sánchez, la empresa de Barrabés recibió contratos públicos a través de Red.es, como si se tratara de una subasta de fichas de un juego de mesa. Los hechos, como una receta de cocina sin instrucciones, dejan al lector con más preguntas que respuestas. ¿Qué tan real es la acusación? ¿Cuántos contratos se adjudicaron realmente? ¿Y qué pasa con el software que supuestamente se desarrolló? La crónica se queda con la sensación de que la política sigue siendo la mejor forma de comprar y vender oportunidades, pero con la garantía de que, al menos, las multas están en aumento.
Moncloa, con la misma rapidez que un barista sirve café, ha decidido acelerar la regularización masiva de inmigrantes. La idea es simple: empujaremos el proceso a cinco ciudades que, por puro azar político, están controladas por el Partido Popular. Madrid, Valencia, Murcia, Alicante y Almería, que también comparten la misma afición por los sándwiches de tortilla, ahora son el escenario de una carrera de burocracia. El acuerdo, publicado el 17/04/2026 a las 04:45 CEST en el BOE, reconfigura la Administración General del Estado como un mega‑sistema de entrega de pasaportes. Desde el 16 de abril arrancan las solicitudes telemáticas y, a partir del 20, el modo presencial. El plazo final es el 30 de junio de 2026. Se estima que, en ese lapso, se regularizarán cerca de medio millón de personas. Sí, medio millón. Los números no se inventan: la cifra es la que Moncloa ha decidido que el mundo acepte. Para que no haya “cuellos de botella” ni “colapsos de citas”, el Ejecutivo ha activado delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para recibir y digitalizar documentos. Los turnos se alargan, incluso a la tarde, porque la Secretaría de Estado de Migraciones no quiere perder el control final sobre cada expediente. El contexto político es un guante de seda con puño de hierro. Pedro Sánchez, el presidente, la llama un “acto de justicia” y un “mecanismo para sostener el mercado laboral y los servicios públicos”. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, acusa al gobierno central de “reventar” el sistema sanitario y de crear una presión invisible sobre los recursos autonómicos. Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, califica la medida de “inhumana”, “insegura” e “insostenible”, y promete usar todos los instrumentos para frenarla. El refuerzo administrativo se instala en territorios donde los gobiernos locales ya han expresado su rechazo. Es como colocar un nuevo cajero automático en un barrio donde la gente ya se queja de la escasez de cambio. La burocracia se vuelve política: la ciudad que acoge la oficina de extranjería también es la que alza la voz en contra. Moncloa argumenta que la elección de estas ciudades responde a criterios técnicos: población, presión migratoria y capacidad operativa. Pero la coincidencia con feudos del PP alimenta la lectura de una estrategia de “cobertura” que, en vez de proteger, parece reforzar la presencia estatal donde la oposición ya está de pie. Al final, la regularización masiva no es solo una cuestión de papeleo. Se convierte en un ensayo de resistencia institucional, donde la administración estatal y las comunidades autónomas se enfrentan como dos equipos de fútbol que comparten el mismo estadio pero tienen rivalidades de siglos. El resultado de este choque marcará el futuro de la política migratoria española.
Cuando el móvil te suena por las 22:30 y ya no es un mensaje de amigo, sino una multa que te deja sin aire, la DGT se ha vuelto la abogada más despistada del país. En 2025, la autoridad de tráfico cerró el año con 6 106 354 sanciones, la cifra más alta jamás registrada desde 1961. Eso equivale a 16 730 multas al día, 12 por minuto y una cada 5,2 segundos, como si el radar fuese un reloj que nunca se detiene. El panorama se abre como un mapa de colores: Andalucía lleva la delantera con 1 526 897 infracciones, la Comunitat Valenciana 939 573 y Madrid 721 465, mientras que Ourense y Palencia recuentan apenas 40 904 y 42 248, respectivamente. El motivo principal? El exceso de velocidad, culpable de dos de cada tres multas. El M‑40, con 150 000 denuncias en 2024, es el mejor amigo de los radares, y la DGT ha invertido más de un millón de euros en dispositivos móviles y semimóviles, complementados con 25 000 infracciones anuales de helicópteros y drones de la Unidad de Medios Aéreos. Entre los bastones de la burocracia, Pyramid Consulting afirma que la conexión directa con el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León ha disparado la velocidad de procesamiento, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que, pese a la tecnificación, hay 1 000 efectivos menos que hace una década, creando un agujero de personal que la automatización trata de tapar. La DGT, con ingresos superiores a 540 millones de euros en 2025, planea instalar más de 100 nuevos puntos de control. Dvuelta, plataforma de defensa de conductores, cuestiona la eficacia disuasoria de este modelo. En resumen, la DGT ha convertido la carretera en una especie de supermercado de multas: cada coche pasa por una góndola de sanciones, y el cliente—el conductor—paga con su tiempo y su bolsillo. La hipocresía se oculta bajo la capa de “seguridad” y el silencio de las calles, mientras la dependencia de la tecnología se alza como la nueva de la ley: más sensores, menos humanos. El resultado es un sistema que, en vez de proteger, parece más un negocio de lavado de dinero a gran escala, con la promesa de que la velocidad no paga las multas.
El 16 de abril, el Almería, con la misma pompa que un brindis de pisco en una cantina, se lanzó al ruedo y le dio un fuerte golpe al Gobierno con la frase: "no se hace responsable de la chapuza". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, se puso la máscara de la dignidad y, al mismo tiempo, la del juez de la calle que no quiere que su barrio se convierta en un escenario de la película *«Regularización en la sombra»*. La historia comienza en la Junta de Gobierno de Carabanchel, donde el concejal‑presidente Carlos Izquierdo, con la sonrisa de quien sabe que el pan está en la mesa pero el hambre no se ha ido, alzó el tono. “La dignidad de las personas es innegociable para nosotros, pero para Pedro Sánchez es negociable por cuatro votos de Podemos”, soltó, mientras la sala se llenaba de un silencio que hacía más que hablar. ¿Y qué es la chapuza? Según Almeida, es la receta del Gobierno de España que, con la misma delicadeza con que se elige una cesta de frutas, decidió regularizar a migrantes con antecedentes policiales graves. El ministro de Inmigración, que está entre viajes a China y reuniones de gabinete, parece haber olvidado que los ciudadanos no son notas de crédito. Almeida, con la calma de un café pasado, dijo que no es xenofobia. “No es racismo ni xenofobia decir que se van a regularizar gracias a ese decreto personas que cuentan con antecedentes policiales gravísimos”. Y en la misma frase, la ironía no se siente, se ve. El alcalde pidió al presidente que convoque a los ayuntamientos y a los 22 ministros, y que, mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid se mantenga a la distancia de la chapuza. Los servicios públicos, al final, están a disposición de los migrantes, pero la responsabilidad de la mala gestión se queda en el nivel nacional. Esta crónica no ofrece cifras exactas, pero sí un panorama claro: la ciudad se niega a ser la caja de Pandora de un gobierno que, con cuatro votos de Podemos, se atreve a poner en riesgo la seguridad y la dignidad de miles de personas. La política local se vuelve una película de telenovela donde el protagonista es la burocracia y el público, el espectador que, al final, paga la factura de la indiferencia.
El 24 de abril de 2024, cuando el presidente Pedro Sánchez decidió tomarse cinco días de reflexión tras la acusación de tráfico de influencias que le impuso la esposa Begoña Gómez, la prensa ya estaba a la vuelta de la esquina. Su carta abierta, publicada en redes, prometía una pausa, una pausa para decidir si seguir en la silla del Gobierno o renunciar. Lo que la gente no vio fue el pequeño “inversión” que se gestó en la planta noble de Ferraz el 25 de abril, apenas 24 h después de que la carta cayera en el suelo digital de la ciudadanía. Allí, bajo la batuta de Santos Cerdán, mano derecha del presidente, se reunió un claustro de personajes: Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de Presidencia; Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE; Juanfran Serrano, el “número dos” de Cerdán que se vio blindado tras los señalamientos judiciales; y la fontanera Leire Díez, que, según las fuentes, trabajó para la consultora Zañó Sociedad entre junio y octubre de 2024. También se contó con la presencia del empresario Javier Pérez Dolset, que supuestamente tenía afinidades con el grupo. Los investigadores del caso de las cloacas, bajo la instrucción del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid, sospechan que Sánchez “aprovechó los 5 días de reflexión” para dar la orden de proteger a su esposa a toda costa. El objetivo del grupo clandestino, liderado por Cerdán, era desacreditar a guardias civiles, fiscales y jueces que investigaban a la familia del presidente. Entre los objetivos figuró a la juez Beatriz Biedma, al juez Juan Carlos Peinado (el mismo que abrió diligencias contra Begoña Gómez) y al magistrado Manuel Marchena, por su papel en la investigación al entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El caso se volvió más complejo cuando Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, compareció ante el juez Zamarriego. Zarrías explicó que pagó 4 000 € al mes a Leire Díez durante cuatro meses para “realizar un trabajo como periodista de investigación” y que entregó un informe al juez para demostrar que el comisario José Manuel Villarejo estaba “detrás” de la causa de los ERE de Andalucía. La consultora Zañó Sociedad, administrada por Zarrías, fue señalada por el PP como posible financiadora de las operaciones del grupo. Mientras tanto, el PP exige la imputación de Zarrías, alegando que la consultora “históricamente vinculada al PSOE” pudo haber jugado un papel activo en los hechos investigados. El drama se cierne sobre la figura de Pedro Sánchez, quien, después de la pausa, anunció su regreso al frente del Gobierno “con más fuerza”, sin reconocer ni siquiera la sombra de la “cloaca” que se habría levantado entre sus propias filas. En la crónica se abre la puerta a la ironía: ¿no es más sencillo que un presidente recargue la batería de su móvil que montar un grupo de sombras para proteger a su esposa? Y sin embargo, la política no es más que un juego de fichas y de cartas que se reparten al azar, a veces con la esperanza de que la mano del público no se dé cuenta de que la partida ya está en marcha. La historia, con sus cifras y nombres, queda como un recordatorio de que la burocracia de la derecha y la ultraderecha no se quedan en la política de mesa; se infiltran en las reuniones de la noche y, con la ayuda de la “fontanera” y el empresario, construyen la muralla que protege a quienes, de otra forma, serían expuestos a la luz de la justicia.
El matrimonio de la política: cuando el poder y el dinero se unen en una danza de intereses. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y su marido, Diego Fernández-Polanco, han encontrado la fórmula para hacer que su negocio florezca, gracias a la generosidad del Estado. La startup verde de la familia, Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+), ha recibido más de 375.900 euros en subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora, el ICEX, dependiente del Ministerio de Economía, ha seleccionado a esta empresa para participar en una jornada técnica online, junto a otras dos empresas del sector. La pregunta es: ¿qué tiene esta empresa que la hace tan especial? ¿Es su tecnología de hidrólisis térmica la que la hace destacar, o es algo más? Tal vez sea la conexión familiar con la vicepresidenta tercera del Gobierno lo que la hace tan atractiva para los organismos públicos. En cualquier caso, la situación es más que sospechosa. El ICEX justifica la elección de la empresa argumentando que cumple con los criterios de selección, como ser una tecnología que permite optimizar el tratamiento y la gestión de lodos resultantes de la depuración de aguas residuales. Pero, ¿no es esto un poco demasiado conveniente? La empresa de la familia Aagesen-Fernández-Polanco ha recibido subvenciones para desarrollar proyectos como el Proyecto Advisor, que recibió 204.600 euros del Ministerio de Ciencia en 2018. Y, por si esto fuera poco, el marido de la vicepresidenta tercera del Gobierno ha participado como ponente en un curso sobre aguas residuales organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transportes. Todo esto huele a nepotismo y corrupción. La pregunta es: ¿qué más se esconde detrás de esta historia? La respuesta, probablemente, sea más de lo que podemos imaginar. La startup de la familia Aagesen-Fernández-Polanco se congratula en redes sociales de haber sido seleccionada para participar en la jornada técnica online, pero lo que no dice es que esta selección es solo la punta del iceberg de una historia mucho más grande. Una historia de intereses, de poder y de dinero. Una historia que nos hace cuestionar la transparencia y la honestidad de nuestros gobernantes.
La mitad del Gobierno de Pedro Sánchez se ha evaporado como por arte de magia, dejando al Senado en un estado de desamparo y desprotección. Diez ministros, la mitad del Ejecutivo, han decidido que tienen asuntos más urgentes que atender en el extranjero, justo cuando la Justicia está cerrando el cerco sobre la presunta corrupción del exministro José Luis Ábalos y su séquito. La portavoz del Grupo Popular, Alicia García, no se anda con rodeos: «Se ocultan para no tener que responder por los escándalos del Gobierno». Y es que, mientras los españoles pagan más impuestos que nunca, reciben menos y peores servicios públicos, y menos rendición de cuentas. La ausencia de los ministros es como un sablazo en la factura de la democracia, un agujero contable en la cuenta de la transparencia. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se va a México; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, a Alemania; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Luxemburgo... Todos tienen viajes oficiales que no pueden posponer, justo cuando la oposición quiere hacerles preguntas incómodas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se va a Ucrania, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se reunirá con el embajador de Brasil. La lista de ausentes es interminable, y la Justicia no para de avanzar en la investigación de la corrupción. Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, ya está en el banquillo, y la pregunta es: ¿quién será el próximo? La respuesta, por supuesto, la conoceremos cuando los ministros decidan volver a la Cámara Alta y dar explicaciones. Pero hasta entonces, la ausencia de los ministros es como un gran vacío, un agujero negro en la democracia que nos hace preguntarnos: ¿dónde está el Gobierno cuando lo necesitamos? La economía española es como un barco en alta mar, con un capitán que ha abandonado el timón. Los ministros están como los pasajeros de un avión que ha perdido el rumbo, sin saber hacia dónde van. Y la oposición es como un faro en la oscuridad, intentando guiar al país hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Pero el Gobierno parece que no quiere escuchar, y sigue adelante con su política de ocultamiento y desgobierno.
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