El 24 de abril de 2024, cuando el presidente Pedro Sánchez decidió tomarse cinco días de reflexión tras la acusación de tráfico de influencias que le impuso la esposa Begoña Gómez, la prensa ya estaba a la vuelta de la esquina. Su carta abierta, publicada en redes, prometía una pausa, una pausa para decidir si seguir en la silla del Gobierno o renunciar.
Lo que la gente no vio fue el pequeño “inversión” que se gestó en la planta noble de Ferraz el 25 de abril, apenas 24 h después de que la carta cayera en el suelo digital de la ciudadanía. Allí, bajo la batuta de Santos Cerdán, mano derecha del presidente, se reunió un claustro de personajes: Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de Presidencia; Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE; Juanfran Serrano, el “número dos” de Cerdán que se vio blindado tras los señalamientos judiciales; y la fontanera Leire Díez, que, según las fuentes, trabajó para la consultora Zañó Sociedad entre junio y octubre de 2024.
También se contó con la presencia del empresario Javier Pérez Dolset, que supuestamente tenía afinidades con el grupo. Los investigadores del caso de las cloacas, bajo la instrucción del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid, sospechan que Sánchez “aprovechó los 5 días de reflexión” para dar la orden de proteger a su esposa a toda costa.
El objetivo del grupo clandestino, liderado por Cerdán, era desacreditar a guardias civiles, fiscales y jueces que investigaban a la familia del presidente. Entre los objetivos figuró a la juez Beatriz Biedma, al juez Juan Carlos Peinado (el mismo que abrió diligencias contra Begoña Gómez) y al magistrado Manuel Marchena, por su papel en la investigación al entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El caso se volvió más complejo cuando Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, compareció ante el juez Zamarriego.
Zarrías explicó que pagó 4 000 € al mes a Leire Díez durante cuatro meses para “realizar un trabajo como periodista de investigación” y que entregó un informe al juez para demostrar que el comisario José Manuel Villarejo estaba “detrás” de la causa de los ERE de Andalucía.
La consultora Zañó Sociedad, administrada por Zarrías, fue señalada por el PP como posible financiadora de las operaciones del grupo. Mientras tanto, el PP exige la imputación de Zarrías, alegando que la consultora “históricamente vinculada al PSOE” pudo haber jugado un papel activo en los hechos investigados.
El drama se cierne sobre la figura de Pedro Sánchez, quien, después de la pausa, anunció su regreso al frente del Gobierno “con más fuerza”, sin reconocer ni siquiera la sombra de la “cloaca” que se habría levantado entre sus propias filas. En la crónica se abre la puerta a la ironía: ¿no es más sencillo que un presidente recargue la batería de su móvil que montar un grupo de sombras para proteger a su esposa? Y sin embargo, la política no es más que un juego de fichas y de cartas que se reparten al azar, a veces con la esperanza de que la mano del público no se dé cuenta de que la partida ya está en marcha. La historia, con sus cifras y nombres, queda como un recordatorio de que la burocracia de la derecha y la ultraderecha no se quedan en la política de mesa; se infiltran en las reuniones de la noche y, con la ayuda de la “fontanera” y el empresario, construyen la muralla que protege a quienes, de otra forma, serían expuestos a la luz de la justicia.
Crítica:
El titular suena a balde, pero no suelta las piezas del rompecabezas. Falta profundidad sobre el papel de los jueces, pero la trama ya está a la vista.
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