La noticia carece de perspectiva crítica sobre las implicaciones a largo plazo de la regularización masiva de inmigrantes. El título es engañoso, ya que sugiere que el Gobierno ha reculado completamente con Tragsa, cuando en realidad solo ha limitado su papel en el proceso.
La noticia de que Hacienda detectó deficiencias en contratos de Red.es a Barrabés avalados por Begoña Gómez es solo la punta del iceberg. Detrás de esta historia, hay un laberinto de contratos opacos, valoraciones técnicas subjetivas y una falta de transparencia que huele a podrido. Es como si hubieran tirado de tarjeta de crédito para pagar una lista de la compra sin control. Los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan que la valoración técnica de los contratos se basó en criterios subjetivos, sin justificación clara, y que la documentación presentada no permite reconstruir el proceso de evaluación. Esto es como intentar encontrar un hilo en un ovillo de lana: imposible. La falta de motivación detallada y la inclusión de cartas de recomendación, como la de Begoña Gómez, en los expedientes son solo algunos de los muchos agujeros negros que rodean estos contratos. La coincidencia entre las advertencias del Tribunal de Cuentas y los informes de la IGAE apunta a problemas estructurales en la contratación pública, que van más allá de un simple error administrativo. La dificultad para auditar decisiones basadas en valoraciones cualitativas es un obstáculo importante para garantizar la transparencia y la igualdad entre licitadores. En este contexto, la Fiscalía Europea pretende examinar la gestión de recursos comunitarios en estos contratos, lo que aumenta la presión sobre el gobierno para que rinda cuentas. La pregunta es: ¿qué se esconde detrás de esta cortina de humo? ¿Es solo un caso de corrupción o hay algo más? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero lo que es seguro es que la falta de control y la opacidad en la contratación pública son un cancer que puede acabar con la confianza en las instituciones. La lista de la compra de la corrupción política es larga y costosa, y es hora de que alguien Tire de las riendas y exija transparencia y rendición de cuentas.
La noticia de que la Guardia Civil ha identificado a Francina Armengol como el canal que permitió a la trama Koldo obtener 3,7 millones en contratos en Baleares es un golpe duro para la política española. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional que detalla cómo Armengol, entonces presidenta de las Islas Baleares, facilitó el acceso de la trama a la contratación de material sanitario durante la pandemia. Los investigadores sostienen que ese primer acceso institucional permitió articular adjudicaciones que acabaron alcanzando los 3,7 millones de euros en contratos públicos en Baleares. Es como si hubieran encontrado la llave que abría la caja fuerte de los contratos públicos. La pregunta es, ¿cómo es posible que una persona en un cargo tan alto haya podido hacer esto sin que nadie se diera cuenta? La respuesta es simple: la confianza ciega en los políticos y la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos. La trama Koldo es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede infectar cualquier institución, incluso en momentos de emergencia como la pandemia. La noticia es un recordatorio de que la vigilancia ciudadana es fundamental para evitar que los políticos se salgan con la suya. La UCO no atribuye responsabilidades penales directas a Armengol, pero sí subraya su posición en el inicio de la cadena de contactos que permitió la entrada de la trama en Baleares. Los investigadores reconstruyen cómo, a partir de ese primer intercambio, se articula una relación entre los intermediarios de la red y los responsables técnicos de la administración autonómica, que acaba materializándose en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas. Es un caso de libro de texto de cómo la corrupción puede funcionar en la práctica. La verdad es que la noticia es un escándalo, pero no debería sorprender a nadie. La corrupción es un problema endémico en la política española, y es hora de que se tomen medidas para erradicarla de una vez por todas. La noticia es un llamado a la acción para los ciudadanos, para que exijan más transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. La verdad siempre merece ser contada, y en este caso, la verdad es que la corrupción es un problema que debe ser abordado de manera urgente.
En la calle, la gente suele escuchar que, al abrir la puerta del cannabis, la puerta de la delincuencia se abre de par en par. El rumor, que ha hecho de los políticos un verdadero show de terror, se alimenta de miedo y de la misma fórmula de los cuentos de hadas: “si lo deshaces, la ciudad se vuelve un caos”. Pero, según un estudio publicado en *Economic Modelling* y que ha revisado 50 estados con más de 25 años de datos, la historia no es tan dramática. Desde el boom de California en los 90 hasta la última reforma de Nueva Jersey, los números ponen a la vista que la legalización, tanto médica como recreativa, ha hecho más bien lo contrario: ha tirado de los renglones de la factura de la criminalidad y los ha hecho más ligeros. Los investigadores de la Universidad Sacred Heart y Barnard College emplearon un modelo de diferencias‑en‑diferencias, una especie de “contraste de antes y después” que compara cada estado con su propio futuro hipotético sin la ley. Para no confundir la variable con el humo, se controlaron tasas de paro, pobreza, densidad poblacional y el número de policías por habitante, además de los datos del FBI. El resultado: en los estados que soltaron la marihuana para tratamientos médicos, los robos y hurtos se redujeron en un 15 % –la lista de la compra de la ciudad quedó más ordenada. En los que la prohibición se volvió recreativa, la violencia bajó en un 12 %, pues el mercado negro perdió su margen de ganancia, según la hipótesis de Gary Becker: un negocio que no paga, no paga. Sin embargo, el efecto no llega en el primer mes. Se necesita entre dos y cinco años para que el mercado legal se consolide y el mercado negro se rinda. Por eso, los autores advierten a los políticos que no juzguen la ley por su primer número de ventas. Además, se registró un ligero aumento de denuncias de violación, pero la explicación es que la definición del delito cambió en 2020 y las víctimas ya podían denunciar sin temor a ser juzgadas por estar bajo la influencia de una sustancia antes ilegal. La seguridad vial tampoco se quedó atrás: aunque no se confirma un aumento directo de accidentes, la presencia de THC en siniestros mortales ha crecido, lo que exige nuevas herramientas de detección y campañas de prevención. El mercado ilegal no desapareció por completo; se desplazó o adaptó. En la calle, la conclusión es clara: la evidencia científica está ganando la batalla contra el estigma y muestra que una ley bien diseñada puede ser un escudo, no un escudo que se rompe al abrir la puerta.
En la pista de la vida cotidiana, la política se encierra en una caja de cristal que vibra con la misma resonancia que la bolsa de naranjas que se rompe en la fila del súper. Tal Moran y Eva Walther, dos cerebros de la revista Social Psychological and Personality Science, han descubierto que un simple acto de bondad puede desactivar ese cristal. La idea es tan sencilla como el truco de la pulsera de un partido: cuando ves a alguien del bando opuesto hacer algo que no te deja sin palabras, tu cerebro se queda en modo pausa y deja de disparar la alarma de “enemigo”. El mecanismo, llamado condicionamiento evaluativo, funciona como un entrenamiento de gimnasio para la mente; cada repetición de una imagen asociada a una amenaza engrava una respuesta de rechazo que, con el tiempo, se vuelve automática y difícil de desmontar con argumentos lógicos. El estudio no se quedó en la superficie de las respuestas de los encuestados; también midió el “favoritismo hacia el propio grupo” y encontró que, tras la exposición a actos morales del otro lado, esa preferencia se derrumbó. Los resultados fueron tan persistentes que el efecto se mantuvo después de dos días, lo que sugiere que el cambio no es solo un flash de simpatía. Los autores subrayan que la lógica y los datos por sí solos no son suficientes cuando la polarización se alimenta de emociones. Los algoritmos de redes sociales, que premian el conflicto, son cómplices de la condición. Si lo que le llega a tus ojos es una versión agresiva del adversario, tu mente se vuelve más dura. Pero si decides prestar atención a las buenas acciones del otro grupo, tu cerebro tendrá que reconfigurar el mapa de amenazas. Además, la investigación conecta la polarización con problemas físicos: el estrés político y el aislamiento social elevan la presión arterial y reducen la esperanza de vida. Reducir la hostilidad, por tanto, no es solo un acto de convivencia, sino un remedio para el cuerpo. La propuesta final es simple: expónte a pruebas de decencia del otro lado y mantén los ojos abiertos a esos momentos de bondad que, como una buena jugada de fútbol, pueden cambiar el rumbo de la partida política.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un ultimátum de 20 días al Ministerio de Justicia para que remita el expediente completo sobre la regularización masiva de inmigrantes. Hazte Oír, la asociación que interpone el recurso, reclama la suspensión cautelar del decreto para evitar perjuicios irreparables. Según su letrado, Javier María Pérez-Roldán, la aplicación de la norma podría generar 'derechos consolidados o de muy difícil reversión', como la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo, el alta en la Seguridad Social, el acceso a prestaciones y la suspensión de órdenes de expulsión firmes. El Supremo deberá evaluar si el decreto presenta un vicio de incompetencia material manifiesta al regular aspectos esenciales del estatuto jurídico del extranjero sin la debida planificación. La regularización masiva sin planificación podría impactar directamente en la saturación de servicios públicos esenciales, como la educación y los servicios sociales, afectando a los intereses colectivos que defiende la asociación. El magistrado José Luis Quesada ha sido designado ponente del recurso. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, tiene que presentar el expediente completo en un plazo 'improrrogable' de veinte días. La decisión del Tribunal Supremo podría tener un impacto significativo en la política migratoria del Estado y en la seguridad jurídica. La asociación Hazte Oír argumenta que la medida 'altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos' sobre el mercado laboral, el sistema de prestaciones públicas, el padrón municipal y, a medio plazo, el censo electoral. La regularización masiva de inmigrantes sin planificación podría generar un perjuicio irreparable al erario público y a la seguridad jurídica. El Supremo deberá tomar una decisión que equilibre los intereses en juego y garantice la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley.
La línea roja entre el poder ejecutivo y el judicial se ha borrado definitivamente. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se jacta de haber hablado con muchos jueces y magistrados sobre una instrucción que afecta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bolaños ha intentado dar apariencia de normalidad a que él, el responsable de las reformas legales y de la coordinación del Ejecutivo con la Judicatura, mantenga conversaciones sobre un procedimiento abierto a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. El caso Begoña ha generado un gran revuelo en la opinión pública, y Bolaños ha afirmado que la decisión de procesar a Gómez avergonzaba a muchos jueces y fiscales, erigiéndose en su portavoz. Sin embargo, su opinión no es compartida por todos, y el Consejo General del Poder Judicial y las dos asociaciones mayoritarias de jueces le han exigido públicamente respeto por las decisiones del magistrado instructor. Bolaños también ha enviado cartas a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, para que el órgano de gobierno de los jueces resolviera las quejas del ministro contra Peinado, el juez instructor. Esto ha generado un gran debate sobre la independencia del poder judicial y la influencia del poder ejecutivo en la justicia. La llamada 'ley Begoña', una proposición de ley que el grupo parlamentario socialista registró en enero de 2025, también ha sido un tema de debate. La ley pretendía intervenir la Justicia por la vía rápida ante el avance de los casos protagonizados por la mujer del presidente, su hermano y el fiscal general del Estado. Aunque la ley murió antes de nacer, Bolaños ha introducido parte de su contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre. La reforma está varada en la Comisión de Justicia desde entonces. El caso Begoña ha puesto de relieve la hipocresía del poder ejecutivo y la influencia que ejerce en la justicia. Es como si el poder ejecutivo estuviera tratando de 'tirar de tarjeta' para influir en la decisión del juez. La pregunta es, ¿quién está detrás de la ' ley Begoña'? ¿Es el poder ejecutivo o el poder judicial? La respuesta es clara, el poder ejecutivo está tratando de influir en la justicia para beneficio propio. La justicia no debe ser un 'sablazo en la factura' para el poder ejecutivo. Debe ser independiente y justa para todos. El caso Begoña es un ejemplo claro de cómo el poder ejecutivo está tratando de 'hacer la compra' en la justicia. Es hora de que el poder judicial se independice y tome decisiones justas y sin influencia del poder ejecutivo.
En la esquina más oscura de la política española, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que su ‘lobby’ chino sea más invisible que el humo de un cigarro en el Gran Vía. El think‑tank Gate Center, que suele lucir en una web con más filtros que el Instagram de un influencer, acaba de borrar del mapa al Consejo Asesor y a la Junta Directiva, dejando sólo a su presidente Daniel Romero‑Abreu y al responsable de la filial asiática Feng Yi Zhang. El borrón se extendió también a la página china, donde las caras de Jin Cai, Zeng Junhao o Xiaoyu Shao se desvanecen como la espuma de un vaso de cava tras la fiesta de la semana pasada. ¿Por qué el borrado? Porque las miradas de Washington y Pekín se centran en el ex mandatario, que ha sido fichado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por sus conexiones con el empresario chino Fangyong Du, y el Gate Center, que hasta hace poco mostraba a Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, y a Erika Rodríguez Pinzón, socióloga y exesposa del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, como sus asesores. La lista de expertos era tan diversa como un supermercado de la mañana: Jeffrey Sachs, Elena Pisonero, Rebeca Grynspan, Paulo Portas, Elkhalil Binebine, Zhimin Hu y Özlem Kumrular. Todo esto se desvaneció en la misma web que, según dicen, “contribuye a comprender las tendencias globales”. El día 16 de abril de 2026, a las 04:45 CEST, los periodistas descubrieron que el Gate Center, que nunca se ha presentado como lobby pro‑chino, tenía su propio “canal chino” con contenido multilingüe. Sin embargo, mientras el ex presidente lideraba una misión a Pekín, la red de contactos se volvió tan transparente como el agua de un pozo sin raíces. El golpe de los filtros y la eliminación de los nombres revela la hipocresía de un lobby que se alimenta del “caché” más que del consenso. En la práctica, el consejo de expertos se convirtió en una lista de nombres que ya no aparecen, como si se hubiera hecho un borrador de la lista de la compra tras una noche de copas. Pero la pregunta sigue: ¿qué hacen los asesores que desaparecieron cuando el gatekeeper de la política pasa de la pantalla a la realidad? La respuesta, al parecer, no está escrita en la web, sino entre los cines de la política internacional.
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