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El Gobierno promociona la empresa del marido de Aagesen y la pone como ejemplo del sector de las ‘startups ...

Nepotismo en el Gobierno

politica Una imagen de una persona con un traje y corbata, con un fondo de dinero y documentos oficiales, con una sonrisa sarcástica en su rostro

El matrimonio de la política: cuando el poder y el dinero se unen en una danza de intereses. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y su marido, Diego Fernández-Polanco, han encontrado la fórmula para hacer que su negocio florezca, gracias a la generosidad del Estado.

La startup verde de la familia, Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+), ha recibido más de 375.900 euros en subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora, el ICEX, dependiente del Ministerio de Economía, ha seleccionado a esta empresa para participar en una jornada técnica online, junto a otras dos empresas del sector.

La pregunta es: ¿qué tiene esta empresa que la hace tan especial? ¿Es su tecnología de hidrólisis térmica la que la hace destacar, o es algo más? Tal vez sea la conexión familiar con la vicepresidenta tercera del Gobierno lo que la hace tan atractiva para los organismos públicos.

En cualquier caso, la situación es más que sospechosa. El ICEX justifica la elección de la empresa argumentando que cumple con los criterios de selección, como ser una tecnología que permite optimizar el tratamiento y la gestión de lodos resultantes de la depuración de aguas residuales.

Pero, ¿no es esto un poco demasiado conveniente? La empresa de la familia Aagesen-Fernández-Polanco ha recibido subvenciones para desarrollar proyectos como el Proyecto Advisor, que recibió 204.600 euros del Ministerio de Ciencia en 2018. Y, por si esto fuera poco, el marido de la vicepresidenta tercera del Gobierno ha participado como ponente en un curso sobre aguas residuales organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transportes.

Todo esto huele a nepotismo y corrupción. La pregunta es: ¿qué más se esconde detrás de esta historia? La respuesta, probablemente, sea más de lo que podemos imaginar. La startup de la familia Aagesen-Fernández-Polanco se congratula en redes sociales de haber sido seleccionada para participar en la jornada técnica online, pero lo que no dice es que esta selección es solo la punta del iceberg de una historia mucho más grande.

Una historia de intereses, de poder y de dinero. Una historia que nos hace cuestionar la transparencia y la honestidad de nuestros gobernantes.

Vía: okdiario.com coments compartir
Noticias>Politica>17-Apr-2026>nepotismo_en_el_gobierno

Crítica:

La noticia es un ejemplo claro de corrupción y nepotismo en el Gobierno, pero falta más información sobre las consecuencias de estas acciones. La noticia es tendenciosa y el título es engañoso.

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Gobierno en fuga

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Contratos opacos

La noticia de que Hacienda detectó deficiencias en contratos de Red.es a Barrabés avalados por Begoña Gómez es solo la punta del iceberg. Detrás de esta historia, hay un laberinto de contratos opacos, valoraciones técnicas subjetivas y una falta de transparencia que huele a podrido. Es como si hubieran tirado de tarjeta de crédito para pagar una lista de la compra sin control. Los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan que la valoración técnica de los contratos se basó en criterios subjetivos, sin justificación clara, y que la documentación presentada no permite reconstruir el proceso de evaluación. Esto es como intentar encontrar un hilo en un ovillo de lana: imposible. La falta de motivación detallada y la inclusión de cartas de recomendación, como la de Begoña Gómez, en los expedientes son solo algunos de los muchos agujeros negros que rodean estos contratos. La coincidencia entre las advertencias del Tribunal de Cuentas y los informes de la IGAE apunta a problemas estructurales en la contratación pública, que van más allá de un simple error administrativo. La dificultad para auditar decisiones basadas en valoraciones cualitativas es un obstáculo importante para garantizar la transparencia y la igualdad entre licitadores. En este contexto, la Fiscalía Europea pretende examinar la gestión de recursos comunitarios en estos contratos, lo que aumenta la presión sobre el gobierno para que rinda cuentas. La pregunta es: ¿qué se esconde detrás de esta cortina de humo? ¿Es solo un caso de corrupción o hay algo más? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero lo que es seguro es que la falta de control y la opacidad en la contratación pública son un cancer que puede acabar con la confianza en las instituciones. La lista de la compra de la corrupción política es larga y costosa, y es hora de que alguien Tire de las riendas y exija transparencia y rendición de cuentas.

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Gobierno recula con Tragsa

La regularización masiva de inmigrantes ha comenzado con aglomeraciones desde las primeras horas de la madrugada en lugares como Aragón, Comunidad Valenciana o Barcelona. Los ciudadanos que se acercan para obtener la documentación ven esta oportunidad como 'histórica'. Sin embargo, detrás de esta escena, el Gobierno ha reculado con la implicación de Tragsa en el proceso, tras las recomendaciones del Consejo de Estado que endurecieron la redacción de varios puntos polémicos. El documento presentado por el Ejecutivo señala que Tragsa solo podrá realizar 'actuaciones administrativas de carácter estrictamente instrumental', como apoyo técnico o canalización documental de las solicitudes. El Consejo de Estado había alertado sobre la 'amplitud de encargos indefinidos' y la 'escasa atención e información' en el expediente de Tragsa. Esta colaboración debe ser 'muy exigente con el régimen de objetividad, neutralidad, publicidad y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos'. La regularización ha comenzado con largas colas y poca información clara, pero para los inmigrantes, esta es una oportunidad única. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo han cedido ante las demandas, limitando el papel de Tragsa en el proceso. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta decisión y cómo afectará a los miles de inmigrantes que buscan regularizar su situación en España? Con un proceso que promete ser largo y complicado, la transparencia y la objetividad serán clave para que esta 'oportunidad histórica' no se convierta en un caos burocrático.

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Armengol en el ojo

La noticia de que la Guardia Civil ha identificado a Francina Armengol como el canal que permitió a la trama Koldo obtener 3,7 millones en contratos en Baleares es un golpe duro para la política española. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional que detalla cómo Armengol, entonces presidenta de las Islas Baleares, facilitó el acceso de la trama a la contratación de material sanitario durante la pandemia. Los investigadores sostienen que ese primer acceso institucional permitió articular adjudicaciones que acabaron alcanzando los 3,7 millones de euros en contratos públicos en Baleares. Es como si hubieran encontrado la llave que abría la caja fuerte de los contratos públicos. La pregunta es, ¿cómo es posible que una persona en un cargo tan alto haya podido hacer esto sin que nadie se diera cuenta? La respuesta es simple: la confianza ciega en los políticos y la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos. La trama Koldo es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede infectar cualquier institución, incluso en momentos de emergencia como la pandemia. La noticia es un recordatorio de que la vigilancia ciudadana es fundamental para evitar que los políticos se salgan con la suya. La UCO no atribuye responsabilidades penales directas a Armengol, pero sí subraya su posición en el inicio de la cadena de contactos que permitió la entrada de la trama en Baleares. Los investigadores reconstruyen cómo, a partir de ese primer intercambio, se articula una relación entre los intermediarios de la red y los responsables técnicos de la administración autonómica, que acaba materializándose en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas. Es un caso de libro de texto de cómo la corrupción puede funcionar en la práctica. La verdad es que la noticia es un escándalo, pero no debería sorprender a nadie. La corrupción es un problema endémico en la política española, y es hora de que se tomen medidas para erradicarla de una vez por todas. La noticia es un llamado a la acción para los ciudadanos, para que exijan más transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. La verdad siempre merece ser contada, y en este caso, la verdad es que la corrupción es un problema que debe ser abordado de manera urgente.

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Porros no causan caos, datos dicen

En la calle, la gente suele escuchar que, al abrir la puerta del cannabis, la puerta de la delincuencia se abre de par en par. El rumor, que ha hecho de los políticos un verdadero show de terror, se alimenta de miedo y de la misma fórmula de los cuentos de hadas: “si lo deshaces, la ciudad se vuelve un caos”. Pero, según un estudio publicado en *Economic Modelling* y que ha revisado 50 estados con más de 25 años de datos, la historia no es tan dramática. Desde el boom de California en los 90 hasta la última reforma de Nueva Jersey, los números ponen a la vista que la legalización, tanto médica como recreativa, ha hecho más bien lo contrario: ha tirado de los renglones de la factura de la criminalidad y los ha hecho más ligeros. Los investigadores de la Universidad Sacred Heart y Barnard College emplearon un modelo de diferencias‑en‑diferencias, una especie de “contraste de antes y después” que compara cada estado con su propio futuro hipotético sin la ley. Para no confundir la variable con el humo, se controlaron tasas de paro, pobreza, densidad poblacional y el número de policías por habitante, además de los datos del FBI. El resultado: en los estados que soltaron la marihuana para tratamientos médicos, los robos y hurtos se redujeron en un 15 % –la lista de la compra de la ciudad quedó más ordenada. En los que la prohibición se volvió recreativa, la violencia bajó en un 12 %, pues el mercado negro perdió su margen de ganancia, según la hipótesis de Gary Becker: un negocio que no paga, no paga. Sin embargo, el efecto no llega en el primer mes. Se necesita entre dos y cinco años para que el mercado legal se consolide y el mercado negro se rinda. Por eso, los autores advierten a los políticos que no juzguen la ley por su primer número de ventas. Además, se registró un ligero aumento de denuncias de violación, pero la explicación es que la definición del delito cambió en 2020 y las víctimas ya podían denunciar sin temor a ser juzgadas por estar bajo la influencia de una sustancia antes ilegal. La seguridad vial tampoco se quedó atrás: aunque no se confirma un aumento directo de accidentes, la presencia de THC en siniestros mortales ha crecido, lo que exige nuevas herramientas de detección y campañas de prevención. El mercado ilegal no desapareció por completo; se desplazó o adaptó. En la calle, la conclusión es clara: la evidencia científica está ganando la batalla contra el estigma y muestra que una ley bien diseñada puede ser un escudo, no un escudo que se rompe al abrir la puerta.

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