En plena regularización masiva de inmigrantes, el Partido Popular pone el foco en las estadísticas ocultas sobre la concesión de papeles por 'arraigo familiar'. La falta de información hace que el proceso sea un misterio. El grupo de Ester Muñoz en el Congreso ha presentado una batería de preguntas para obtener datos ocultos.
Las estadísticas publicadas por el Observatorio Permanente de la Inmigración recogen un crecimiento exponencial de regularizados por arraigo familiar desde que en 2022 se modificó la ley para introducir un tercer supuesto que permite acogerse a esta media: ser cónyuge, pareja de hecho o ascendiente mayor de 65 años de un español.
Hasta ese momento, sólo podían regularizarse por arraigo familiar los progenitores de un menor español a cargo o los hijos de padres de origen español. El nuevo supuesto supondría, en la práctica, un coladero. Según los datos publicados por el propio Observatorio, en junio de 2022, antes de la entrada en vigor de la norma, había en España casi 33.000 regularizados por arraigo familiar.
A 31 de diciembre de 2025 suman 253.000, es decir, casi un 800% más. Esto es como si en tres años, la lista de la compra de un país se hubiera multiplicado por ocho. La opacidad impide evaluar en qué medida el crecimiento registrado desde 2022 se explica por la incorporación del supuesto conyugal y de vínculo familiar con ciudadano español.
El PP exige datos al Gobierno y pregunta por escrito si dispone de información 'desglosada sobre las autorizaciones concedidas entre el 16 de agosto de 2022 y el 20 de mayo de 2025 en función de cada uno de los supuestos habilitantes'. La falta de transparencia es como un sablazo en la factura que no puedes pagar.
El PP también pregunta si el Gobierno 'dispone de datos desglosados sobre las autorizaciones concedidas desde el 20 de mayo de 2025 en función de cada uno de los dos supuestos habilitantes' en la actualidad. La respuesta del Gobierno es como un agujero contable que no se puede llenar.
En caso afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, el PP pregunta por qué razón estos datos no se incorporan a las estadísticas de referencia publicadas periódicamente por el Observatorio Permanente de la Inmigración. La falta de respuesta es como un tirar de tarjeta que no funciona.
Por último, el PP interpela al Ejecutivo para saber si 'ha realizado la Secretaría de Estado de Migraciones o cualquier otro órgano de la Administración General del Estado algún análisis o auditoría sobre la coherencia y veracidad de la documentación aportada para acreditar los supuestos habilitantes del arraigo familiar, y cuáles han sido sus conclusiones'.
La falta de conclusiones es como un ingeniero financiero que no puede explicar cómo se gastó el dinero. En resumen, la regularización de inmigrantes es un proceso que necesita transparencia y datos desglosados para evaluar su efectividad. La falta de información es como un coladero que permite la concesión de residencias sin control.
Crítica:
La falta de transparencia en el proceso de regularización de inmigrantes es inaceptable. El artículo no proporciona suficiente información sobre las consecuencias de esta falta de transparencia.
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