La noticia es impactante, pero falta información sobre las consecuencias para los inmigrantes que pagaron por los visados. La investigación es un paso en la dirección correcta, pero es importante que se siga trabajando para prevenir la corrupción en el futuro.
La verdad es que el Gobierno español parece estar jugando al escondite con los números de inmigrantes que han perdido la nacionalidad tras delinquir. Es como si estuvieran diciendo: 'No sabemos, no queremos saber, y punto'. La historia comienza con una solicitud de información bajo la Ley de Transparencia de 2013, en la que se pedían datos sobre la pérdida y renuncia a la nacionalidad española de inmigrantes. Pero el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha decidido no facilitar esta información, aduciendo que requeriría una 'compleja acción previa de reelaboración'. Es decir, que no quieren hacer el esfuerzo de buscar en sus archivos y bases de datos para darnos una respuesta clara. La solicitud, registrada el 17 de marzo de 2025, pedía dos bloques de información: el número de ciudadanos españoles que han renunciado a su nacionalidad y el número de extranjeros que han perdido la nacionalidad española, con desgloses detallados. Pero el Ministerio ha decidido inadmitir ambas preguntas, escudándose en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, que permite rechazar solicitudes que requieran una acción previa de reelaboración. Es como si estuvieran diciendo: 'No podemos decirte cuántos inmigrantes han perdido la nacionalidad porque eso requeriría que nos salgamos de nuestra zona de confort y hagamos un poco de trabajo'. La realidad es que un extranjero puede perder la nacionalidad española en varios supuestos, como utilizar durante tres años de forma exclusiva su otra nacionalidad, renunciar a ella expresamente, o obtenerla mediante fraude. Pero el sistema jurídico nacional no prevé la pérdida de nacionalidad por delinquir, a diferencia de otros países como Reino Unido o Francia. La resolución del Ministerio no entra a valorar la relevancia de los datos requeridos, sino que se limita a fundamentar su decisión en la imposibilidad práctica de acceder a la información. Es como si estuvieran diciendo: 'No podemos hacerlo, así que no lo haremos'. La pregunta es: ¿qué esconden? ¿Qué números no quieren que veamos? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. La Administración subraya que la tarea de recopilar y sistematizar la información requeriría un proceso complejo que excede lo que considera una simple reelaboración de datos. Pero, ¿no es eso lo que se supone que deben hacer los funcionarios públicos: servir al público y proporcionar información? La resolución no entra a valorar el contenido concreto de la solicitud, sino que se limita a fundamentar su decisión en la imposibilidad práctica de acceder a la información. Es como si estuvieran diciendo: 'No podemos hacerlo, así que no lo haremos'. La decisión pone fin a la vía administrativa, pero quedan abiertas como vía de recurso una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente. La pregunta es: ¿qué pasará ahora? ¿Se podrán obtener los datos que se solicitan? Solo el tiempo lo dirá.
Los trabajadores de RTVE, al entrevistarse con THE OBJECTIVE, describen la situación como una “desviación completa del manual de estilo”, señalando que la empresa ha estado “haciéndose política tendenciosa más que nunca” y que la credibilidad de la cadena está “por los suelos”. La presión electoral y la cercanía de los comicios autonómicos aceleran la tendencia a la manipulación informativa, con formatos como Mañaneros 360, La hora de la 1 y Malas lenguas que se alimentan de rótulos que comparan a los pactos entre PP y Vox con el régimen nacionalsocialista de Hitler. El programa de Silvia Intxaurrondo se vio obligado a sobreimpresionar un rótulo que decía: “Prioridad Nazi‑onal”, antes de explicar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había hecho una referencia a la palabra “Nazi”. En la misma emisión apareció otro rótulo que decía: “El PP pacta una cosa y vota otra”, demostrando el afán politizador que se ha convertido en la norma. En pocas palabras, RTVE y su presidente están en el centro de una tormenta de demandas y sentencias, con la cadena que se ve obligada a aceptar la realidad de que la propaganda política se ha convertido en su nuevo color dominante.
La semana ha sido de conmoción en el PSOE, donde el presidente Pedro Sánchez busca desesperadamente al 'filtrador' de las imágenes del Comité Federal que han generado un 'bochorno absoluto' en los círculos gubernamentales y socialistas. Los vídeos exclusivos, obtenidos después de una década de estar guardados en la penumbra del cuarto oscuro de Ferraz, revelan un intento de 'pucherazo' interno por parte de Sánchez, lo que ha sacudido los cimientos del partido. La urna de metacrilato, que se creía que había sido utilizada para una votación clandestina, parece estar vacía en las imágenes, pero fuentes cercanas al susanismo aseguran que hubo un momento en que Sánchez llamó a Susana Díaz detrás de la pared para negociar, y allí la urna disponía ya de media docena de votos, sin interventores que acreditaran quién había votado ni cuántas veces. La sospecha de un gran número de dirigentes del PSOE es que los sanchistas habían introducido unas papeletas más, en la penumbra de ese cuartucho, donde nadie les veía. El exministro José Luis Ábalos, que declarará el próximo miércoles en el Tribunal Supremo, es el principal damnificado de la publicación de estas imágenes, después de Sánchez, ya que pretendía utilizar este material para 'negociar con Sánchez' una rebaja de las penas. Ahora, Sánchez anda 'como loco' buscando al 'filtrador' y ha iniciado una 'caza de brujas' en el PSOE para encontrar al 'topo'. La sombra de sospecha recae sobre Ábalos, Santos Cerdán y Moncloa, y se anticipan movimientos interesantes de cara al próximo miércoles. Mientras tanto, el PSOE se ha convertido en un gran hermano, donde ministros y diputados se vigilan mutuamente, y el periodismo se enfrenta al desafío de proteger a sus fuentes y revelar la verdad, sin encubrirla.
La noticia de que Madrid rechaza reducir la jornada laboral de 35 horas para funcionarios es un tema que ha generado mucho debate en las últimas semanas. La Administración General del Estado (AGE) había firmado un acuerdo para aplicar esta reducción en todos los organismos, ministerios, instituciones y niveles del Estado, pero la Comunidad de Madrid ha decidido no seguir este ejemplo. La Asamblea ha rechazado la Proposición de Ley presentada por Más Madrid que solicitaba esta reducción para los funcionarios regionales. Según la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, esta medida supondría 'perder 17.000 puestos a tiempo completo'. Esto es como si te dijeran que no puedes tener un descanso en tu jornada laboral porque podrías perder tu trabajo. La diputada Ainhoa García Jabonero ha asegurado que esta medida añadiría más presión a un sistema que ya está al límite. Por otro lado, la diputada Esther Rodríguez de Más Madrid ha defendido que la reducción de jornada es una cuestión de 'igualdad' y 'corresponsabilidad'. La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) ha entrado recienmente en vigor, pero existen muchas lagunas y colectivos que pueden verse fuera de su aplicación. Los empleados públicos destinados en el exterior, los empleados de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los militares son algunos de los colectivos que se han quedado fuera de esta normativa. Es como si se les estuviera diciendo que no pueden tener un descanso porque su trabajo es demasiado importante. La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha solicitado que se contemple expresamente que el personal destinado en aquellas unidades, puestos o especialidades cuyas particulares condiciones de prestación del servicio impidan, total o parcialmente, beneficiarse de forma efectiva de esta reducción, perciba la correspondiente compensación económica por el tiempo de servicio realizado en exceso sobre la jornada de referencia. En resumen, la reducción de jornada laboral es un tema que genera mucho debate y controversia. Mientras que algunos defienden que es una cuestión de igualdad y corresponsabilidad, otros argumentan que supondría una pérdida de puestos de trabajo y presión adicional en un sistema que ya está al límite. La decisión de Madrid de no reducir la jornada laboral de 35 horas para funcionarios es un ejemplo de cómo esta cuestión es tratada de manera diferente en diferentes partes del país.
Cuando el comité federal de 2016, ese mismo que se movía como un tren de trenes sin freno, lanzó la idea de un congreso extraordinario, Pedro Sánchez, con la audacia de un comediante en pleno acto, intentó rebatir la caída de su propia mesa de gobierno. La escena se volvió un episodio de telenovela: más de la mitad de la Ejecutiva de Sánchez se desangraba con la frase “no es no” frente a la investidura de Mariano Rajoy, y la idea de pactar con independentistas y proetarras se convirtió en el chisme que dividió al PSOE en dos, como un sándwich de mantequilla de maní y chocolate que no quiere comerse a la vez. El digital ‘The Objective’ soltó la foto de la urna que, según el narrador, era la pieza de ajedrez que Sánchez jugó para intentar ganar la votación. La urna, con su diseño tan discreto que parece un cajón de la máquina de café, se convirtió en el epicentro de una discusión acalorada que terminó con la dimisión de Sánchez, que dejó el escenario con la misma rapidez con la que un cliente deja un restaurante por el servicio. Pero eso no es todo. En 2014, un informe de la Guardia Civil revela a Santos Cerdán y a Koldo García conspirando en la sombra: “Meta dos papeletas en la urna sin que nadie las vea”, susurró Santos, mientras Koldo, el ex‑número 2 del PSOE, se encargaba de la logística clandestina. Y en 2017, cuando Sánchez recuperó la Secretaría General, la UCO (Unidad de Control de Operaciones, si nos ponemos precisos) apareció para “acreditar los posibles amaños” en las primarias, revelando que Koldo le ordenaba a su exmujer que metiera papeletas de rumanos sin que se lo vieran, y que, si se descubría, mintiera con la misma facilidad con la que se cambia de canal en la televisión. Todo esto se muestra en un video que, en lugar de ser un simple registro, se vuelve un espejo de la política española: una urna que parece la lista de la compra, con papeletas que se tiran de tarjeta y se guardan entre los pliegues de la agenda de un político que, al final, se dio cuenta de que la balanza estaba tan cargada que no podía sostener la propia imagen. La ironía está en que la misma urna que pretendía garantizar la legitimidad de su candidatura fue la que terminó con su mandato, como un juego de ajedrez donde la reina se sacrifica para salvar al rey. La crónica no se queda en el mero hecho, sino que despoja a la urna de su brillo de metal y la convierte en el símbolo de una manipulación que se esconde tras la fachada de la democracia. Un recordatorio de que, en política, el mayor fraude no siempre tiene que ser un golpe de mano; a veces es una serie de pequeños trucos que se suman como los ingredientes de una sopa que nunca sabe de nada.
Un video que salió de la caja fuerte del PSOE en 2016 se abre como una botella de vino viejo en el año 2026. The Objective, con la audacia de un hacker del siglo XXI, deslizó en internet un trozo de la reunión de Ferraz que duró más de doce horas y que dejó a los militantes con la garganta seca de acusaciones de "pucherazo". El mismo 10 años después del cónclave, cuando Pedro Sánchez se dimitió como secretario general, el clip vuelve a flotar como un fantasma que no quiere irse. Entre los rostros de la contienda, la urna se traslada de una sala a otra, y Susana Díaz clama por “transparencia” como si la política fuera un cajón de la cocina donde se guardan los utensilios sin un manual de instrucciones. La tensión se siente más que la brisa de una tarde de verano en la capital; es una ola de humo que se mezcla con el perfume de la intriga y la promesa de un comité de “verdad”. Cuando la expresidenta andaluza aparece en Espejo Público, su respuesta es tan evasiva como un cajero automático que no quiere devolver tu dinero. “No me gusta revivir aquello”, dice, y se niega a mirar las imágenes filtradas, como si las fotografías de un accidente de tráfico fueran un recuerdo que no merece ser revivido. Sus palabras de que tardó “muchos años en recuperarse” suenan más a una confesión de culpa que a un análisis político. El programa la pregunta por la expresión de Pedro Sánchez de “lágrimas de cocodrilo”, y ella se queda corta, sin contestar, como quien evita explicar que el agua del vaso se derramó en su cocina. El comentario de Javier Caraballo añade un giro de humor negro: su silencio es una estrategia política tan inteligente como una jugada de ajedrez en la que la reina se salva al no moverse. El análisis de la entrevista no entra en la raíz del debate, sino que se queda en la superficie de la emoción. No se pregunta si la decisión de usar urna o voto verbal habría cambiado el rumbo del partido, ni se detiene a cuestionar la legitimidad de la reforma interna. Así, el video y la reacción de Díaz se convierten en una especie de ritual de la vieja escuela: una reviviscencia que, lejos de iluminar la historia, la vuelve a empaquetar como un anuncio de televisión de la política.
María Jesús Montero, la recién elegida cara del PSOE en la Junta de Andalucía, se ha visto envuelta en una novela de intriga más barata que una dieta de microondas. El 25 de abril de 2026, mientras el partido intenta no hundirse en la precampaña andaluza, se dispara al aire una serie de vídeos que muestran el traslado de una urna en el Comité Federal de 2016. Sí, ese mismo Comité que sacó a Pedro Sánchez de la silla de secretario general y dejó a la izquierda con una grieta que todavía se siente como el olor a aceite de motor en un coche viejo. El episodio de 2016 no es un recuerdo de la infancia; es una cicatriz que el PSOE sigue usando como escudo. En Ferraz, el equipo de comunicación recuerda que cualquier mención de urnas trae automáticamente la sombra de aquella votación confusa, y la presencia de Susana Díaz —la pieza de ajedrez que ahora mira a la mesa de la Junta— solo sirve para afilar la cuchilla de la crítica. El mensaje oficial es claro: “El traslado de la urna es un procedimiento ordinario. No hay pucherazo”. Y para las federaciones, la frase recitada con la misma pasión que un mantra en un templo de yoga: “¿La prueba definitiva es el traslado de una urna para una votación en urna? Todo el mundo sabe que se colocan solas”. Eso sí, se les pidió a las federaciones que no amplifiquen el tema, que la campaña no sea un circo de rumores y que el foco quede en el mensaje electoral. Pero aquí está la ironía: el pseudomedio que lanzó los vídeos lo hace justo cuando el ex‑primer ministro Mariano Rajoy aparece ante la Justicia por el caso Kitchen—un momento que, en términos de drama político, rivaliza con la propia conspiración de la urna. El PSOE, sin embargo, decide que la polémica es “una casualidad logística” y la descarta como un chiste de cuartel. Así, mientras la campaña se hunde en la rutina de la campaña electoral, el partido decide que la discusión sobre urnas es tan relevante como la última moda de zapatillas de edición limitada. El riesgo, sin embargo, es que la sombra de 2016 se alargue y la gente vuelva a sentir el miedo de un pucherazo que nunca llegó a ser. En este teatro de la política andaluza, el PSOE parece más interesado en salvar la imagen que en limpiar la urna. La lección es simple: cuando la historia se vuelve un meme, basta con que el partido se rinda al ruido y se quede con la fachada de normalidad, mientras la verdad se queda en el rincón de los archivos.
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