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El Gobierno del apagón encabeza un proyecto en Marruecos para «seguridad y estabilidad del sistema eléctric...

Gobierno financia electricidad

politica Una imagen de un cableado eléctrico con un fondo de un mapa de Marruecos y la bandera de España

Mientras España se tambalea bajo el peso de un apagón eléctrico generalizado que dejó sin electricidad a la península y parte de Portugal, el Gobierno de Pedro Sánchez se convierte en el principal promotor de un proyecto en Marruecos para la 'seguridad y estabilidad del sistema eléctrico' del reino alauí.

Es como si, después de un sablazo en la factura de la luz, decidiéramos financiar la electricidad de nuestro vecino. El proyecto, que cuenta con la participación de España, Grecia y Portugal, tiene un coste de 1 millón de euros que saldrán de las arcas comunitarias, una cantidad que podría ser el equivalente a la lista de la compra de muchos hogares durante varios meses.

La ironía es que, mientras el Gobierno español busca asegurar la 'seguridad del suministro eléctrico' en Marruecos, en casa tenemos un sistema que, según el informe de la CNMC, permitió superar el límite de fluctuaciones de tensión establecido por la red de transmisión, lo que resultó en un apagón sin precedentes en Europa.

La ministra portuguesa María da Graça Carvalho no dudó en señalar a España como responsable de los 'fallos en el control de voltaje' del sistema eléctrico. Mientras tanto, un informe preliminar del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas responsabiliza a la empresa Red Eléctrica, participada por fondos públicos, del incidente.

La causa, según el estudio, fue la programación de insuficiente generación síncrona con control dinámico de tensión, lo que redujo aún más el margen de seguridad y aceleró el colapso del sistema. Es como si, después de un accidente de tráfico, decidiéramos premiar al conductor con un nuevo coche.

La hipocresía es evidente: mientras el Gobierno busca soluciones para Marruecos, en España seguimos sin saber qué pasó exactamente el 28 de abril de 2025, cuando el apagón eléctrico generalizado nos dejó a oscuras. La pregunta es: ¿qué está haciendo el Gobierno para asegurar la 'seguridad y estabilidad del sistema eléctrico' en casa?

Vía: okdiario.com coments compartir
Noticias>Politica>03-May-2026>gobierno_financia_electricidad

Crítica:

Falta transparencia en el informe de la CNMC, la responsabilidad del Gobierno es difusa

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Agua cara

La Transición Ecológica ha vuelto a generar polémica con su último gasto: 73.855,25 euros en un podcast de 12 episodios sobre el agua, titulado Conexión Agua. El proyecto, financiado con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenía un presupuesto inicial de 89.018,37 euros, pero tras el concurso público, se redujo hasta la cifra final. Sin embargo, lo que llama la atención no es solo el gasto en sí, sino la poca audiencia que ha logrado atraer. En YouTube, donde se publican los vídeos, el canal cuenta con apenas 176 suscriptores, y los cinco capítulos publicados han acumulado un total de 365.000 visualizaciones. Pero si nos vamos a la plataforma iVoox, la situación es aún más desoladora: solo 44 suscriptores y un total de 913 reproducciones de los cinco episodios. El episodio más escuchado en iVoox alcanza las 336 reproducciones, lo que nos hace preguntarnos si este gasto ha sido realmente eficaz. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa IAGUA Conocimiento S.L., cuyo director, Alejandro Maceira, presenta el podcast. Según el ministerio, seis empresas se presentaron al concurso, y la adjudicación se realizó de acuerdo con los criterios establecidos. Pero lo que realmente duele es que este no es el primer gasto cuestionado por parte de Transición Ecológica. Recientemente, se informó que el ministerio gastó 106.166,06 euros en una aplicación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que los usuarios criticaron por su funcionamiento y accesibilidad. Esto nos lleva a cuestionar la gestión de los fondos públicos y a preguntarnos si estamos obteniendo el valor que deberíamos por nuestro dinero. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la gestión pública, y es hora de que los responsables de estos gastos nos den explicaciones. ¿Es demasiado pedir que los proyectos públicos sean eficaces y que los fondos se utilicen de manera responsable? Al parecer, sí. Porque mientras el ministerio se dedica a gastar dinero en proyectos de dudosa eficacia, los ciudadanos seguimos pagando los platos rotos. Y eso es lo que realmente duele.

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Drogas en el Estrecho

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Fraude electoral en Andalucía

La justicia española se enfrenta a un caso de fraude electoral que huele a podrido. La declaración de Olga García Sáez, directora de operaciones de Correos, ha sido pospuesta una y otra vez, lo que ha generado un creciente malestar entre las acusaciones. El caso se remonta a las elecciones municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe, donde un 46% de los votos por correo habrían sido modificados directamente en las oficinas. La investigación ha incorporado nuevos elementos que apuntan a un esquema organizado, pero la falta de transparencia y la lentitud de la justicia han llevado a muchos a cuestionar la integridad del sistema. La nueva fecha para la declaración de García Sáez es el 31 de julio, después de las elecciones autonómicas de Andalucía, lo que ha encendido las alarmas entre las acusaciones. El caso es un ejemplo de cómo la política y la justicia pueden estar entrelazadas de manera peligrosa. La pregunta es, ¿qué se está escondiendo detrás de esta serie de aplazamientos y excusas técnicas? La respuesta, como siempre, está en los detalles. La Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura del caso en 2022, después de que se encontraran indicios suficientes que no habían sido correctamente valorados. La investigación ha ido incorporando nuevos elementos, como el tratamiento de las solicitudes de voto por correo, que sugieren un esquema organizado. Pero la lentitud de la justicia y la falta de transparencia han llevado a muchos a perder la fe en el sistema. La declaración de García Sáez es crucial para esclarecer cómo se tramitaron decenas de solicitudes bajo sospecha y qué controles fallaron dentro del sistema. La espera continúa, pero la impaciencia y la incredulidad están creciendo. La justicia debe ser transparente y eficiente, no una serie de excusas y aplazamientos. El pueblo español merece saber la verdad detrás de este caso de fraude electoral.

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En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez, aún bajo la sombra del apagón eléctrico generalizado del 28 de abril de 2025 que dejó a España y parte de Portugal en la oscuridad, se convierte en el principal promotor de un proyecto en Marruecos para garantizar la «seguridad y estabilidad del sistema eléctrico» del reino alauí. Con un coste de 1 millón de euros financiados por la Unión Europea, este proyecto busca reforzar la Autoridad Nacional de Regulación de la Electricidad (ANRE) de Marruecos, con el objetivo de completar una transición hacia una economía con menor huella de carbono. La ironía es palpable, considerando que el informe de la CNMC sobre el apagón en España eludió señalar responsables, pero constató que se disponía de herramientas regulatorias para evitar el apagón. Mientras tanto, la ministra portuguesa María da Graça Carvalho señaló directamente a España por sus «fallos en el control de voltaje» del sistema eléctrico. En este laberinto de acusaciones y proyectos de colaboración internacional, el ciudadano se pregunta: ¿qué hay detrás de esta iniciativa del Gobierno español en Marruecos? ¿Es un intento de demostrar capacidad para gestionar la seguridad energética, o simplemente un ejercicio de responsabilidad compartida en el escenario europeo? La respuesta, como la electricidad misma, parece fluir en más de una dirección. El proyecto, que incluye la movilización de expertos españoles a Marruecos y el intercambio de conocimientos, busca apuntalar los objetivos estratégicos de la ANRE, contribuyendo a la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico marroquí. Sin embargo, la sombra del apagón español sigue presente, y las críticas a la gestión del Gobierno no cesan. Un informe preliminar del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas responsabilizó a la empresa Red Eléctrica de ser la causa principal del incidente, debido a la programación de insuficiente generación síncrona con control dinámico de tensión. En este contexto, el proyecto en Marruecos puede verse como un intento de redimir la imagen del Gobierno en materia de seguridad energética, o como un paso hacia la cooperación internacional en la transición hacia energías más limpias. Sea como sea, el ciudadano español sigue esperando respuestas claras sobre lo que falló y cómo se planea evitar que vuelva a ocurrir. Mientras tanto, el dinero de los contribuyentes europeos se dirige hacia Marruecos, en un esfuerzo por asegurar la estabilidad eléctrica en el norte de África, leaving a muchos preguntándose sobre la prioridad de las acciones del Gobierno español.

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