Crítica:
El original se limita a constatar hechos. Falta un análisis más profundo de las consecuencias de esta política de indultos y el alcance real del poder de Marruecos sobre España. El titular es demasiado suave.
El original se limita a constatar hechos. Falta un análisis más profundo de las consecuencias de esta política de indultos y el alcance real del poder de Marruecos sobre España. El titular es demasiado suave.
Mientras tú repasas la lista de la compra intentando que no te sableen con el precio de la leche, el Gobierno, con una alegría impropia, despachaba 140.000 millones de euros en avales. Supuestamente, para salvar a autónomos y pymes. La realidad, como suele pasar, es más digna de una comedia macabra que de un cuento de hadas. El Tribunal de Cuentas, esos señores que revisan la letra pequeña (cuando ya ha pasado el tren), ha descubierto que una buena parte de esa pasta fue a parar a paraísos fiscales. Sí, has leído bien. Paraísos. Como si el dinero tuviera vacaciones pagadas. El ICO, ese despachito donde se supone que se cuidan las garantías, dejó pasar operaciones con empresas radicadas en esos edenes fiscales, pese a las restricciones. Es decir, la puerta giratoria estaba engrasada. ¿Y qué pasó con los 53 millones de euros rescatados de Plus Ultra, la empresa de los 'amigos' de Zapatero? Pues, adivina: el mismo destino. Un viaje sin billete de vuelta a las Islas Caimán, Bahamas o donde sea que se escondan los tesoros. En resumen, más de 100.000 millones de euros en garantías públicas se esfumaron. ¿Y quién tiene la culpa? Según el Gobierno, los defraudadores. ¡Claro! Porque ellos, por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad en que los filtros de control parecieran hechos de papel de fumar. El dinero, mientras tanto, se está tomando el sol en playas paradisíacas, ajeno a tus facturas y a mi hipoteca. Un auténtico derroche de impunidad.
El currículum vitae, a veces, es una obra de arte. Y otras, un atajo pavimentado con resoluciones fulgurantes. David Sánchez, hermano del presidente, homologó en seis días un título ruso que normalmente tarda meses en ser validado. Seis días. El tiempo que a algunos nos lleva conseguir una cita con el médico especialista. El trámite, según 'El Debate', se resolvió con la velocidad de la luz cuando Pedro Sánchez ya era diputado y el PSOE gobernaba. La coincidencia, qué casualidad, le abrió la puerta a una plaza a medida en la Diputación de Badajoz. Una plaza donde, súbitamente, se valoraba la dirección de orquesta, justo lo que el hermano del presidente hacía. ¿Casualidad? La jueza Beatriz Biedma, que no se corta un pelo, cree que la plaza se creó para él. Y no solo eso, sino que la modificación de las bases de la convocatoria, con funciones a medida, parece sacada de un manual de “ingeniería política”. La Diputación, bajo la batuta de Miguel Ángel Gallardo, parecía más un estudio de grabación que una institución pública. El caso, que está en juicio, acumula cargos de prevaricación y tráfico de influencias. Mientras la ciudadanía hace equilibrios con la lista de la compra, el hermano del presidente aceleró trámites burocráticos a una velocidad que desafía la lógica. Y el sablazo en la factura, como siempre, lo pagamos todos.
El PSOE, a través de su 'think tank' Avanza, capitaneado por el mismísimo Pedro Sánchez, tiene una solución para la integración: más árabe y rumano en TVE. Sí, lo has leído bien. Mientras el precio de la luz te deja temblando, y la lista de la compra parece una declaración de guerra, la fundación socialista propone destinar recursos públicos a programas en lenguas que, seamos sinceros, pocos entendemos. Un millón de inmigrantes en situación irregular esperan regularización, y la respuesta es… ¿subtítulos? La idea, presentada como un esfuerzo por la “interculturalidad”, suena más a una estrategia para ganar votos que a una política de integración sensata. El informe, titulado 'La integración de la inmigración: una responsabilidad pendiente', aboga por una representación política proporcional a la población inmigrante (más de un 20%), cuando el Congreso apenas cuenta con un 2% de diputados de origen extranjero. Es decir, quieren que el Congreso se parezca más a la sala de espera del médico un lunes por la mañana. Y como si fuera poco, piden más cementerios musulmanes, porque, al parecer, la muerte también es discriminatoria en España. La fundación considera que la “visibilidad” en los medios es clave para combatir estereotipos, obviando que la mejor forma de integración es aprender el idioma del país, no crear guetos lingüísticos subvencionados. El coste de todo este plan, por supuesto, no se especifica. Pero seguro que sale de lo que sobra.
Urtasun y su Ministerio de Cultura han descubierto que, mientras los jóvenes intentan acceder a la cultura con un bono de 400 euros, algunas empresas se han dedicado a hacer la América. Al menos 122, para ser exactos. Nombres como El Corte Inglés, Kinépolis y Mediamarkt figuran en la lista negra por haber engordado sus cuentas con 487.050 euros de fondos públicos usados “irregularmente” en 2022 y 2023. Un agujero contable que, según la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, asciende a 218.091,67 euros en 2022 y 268.959,22 euros en 2023, representando un 0,30% y 0,31% del total. Casi medio millón de euros que podrían haber ido a libros, conciertos o, no sé, una entrada al cine que no fuera en un complejo de grandes superficies. El Bono Cultural Joven, esa promesa de impulsar la cultura tras la pandemia, se ha convertido en un festival de “usos indebidos”, según eufemismo oficial. Las empresas, expulsadas del programa, habrían validado operaciones fraudulentas, desde la compra de videojuegos hasta... bueno, hasta lo que sea que se te ocurra que no sea cultura. Y lo más gracioso es que el Ministerio, con un celo digno de la Inquisición, se niega a dar nombres y cifras concretas, alegando que podría “comprometer la eficacia de los procedimientos de reintegro”. ¿O será que no quieren que sepamos quiénes son los listillos y cuánto se han forrado? Lo de las discotecas, con vídeos virales de reservados pagados con el bono, fue la puntilla. Pero parece que la Administración prefiere hablar de “filtrado automático de transacciones” y “auditorías externas” antes que admitir que el sistema tenía más agujeros que un queso gruyer. En total, 159.486.500 euros entre 2022 y 2023 inyectados al sector, con un porcentaje de fraude que, aunque pequeño, sabe a poco. Porque, seamos sinceros, 487.050 euros no es moco de pavo, especialmente cuando hay jóvenes que no pueden permitirse el lujo de gastar esos 400 euros en cultura.
El palacete de Elvas, la joya portuguesa del hermano de Pedro Sánchez, sigue siendo un fantasma de piedra. Dos años después de declarar allí su residencia fiscal para, digamos, optimizar su vida, la casa permanece tan inhabitable como una promesa electoral incumplida. 425 metros cuadrados de ruina a los que llegó tras una donación de 240.000 euros de papá, una ayuda para el 'nuevo hogar'. El hogar que nunca fue. Mientras tanto, David Azagra (nombre artístico, por si acaso) se defendía ante la Agencia Tributaria, alegando domicilio habitual. Una jugada fiscal que, según los expertos, buscaba aprovechar el Régimen de Residentes No Habituales (RNH) de Portugal, un paraíso para los que buscan escapar del sablazo de Hacienda en España. ¿El truco? Un tipo fijo del 20% en el IRPF luso y exención de impuestos sobre ingresos del extranjero. Pero la fachada se desmorona con la misma rapidez que las paredes del caserón. Los vecinos juran y perjurán no haber visto a Azagra ni a su sombra por Elvas. Apenas un albañil ocasional, revisando los desconchones. La cosa pinta mal, muy mal. Y la ironía, como siempre, es el plato fuerte. Porque mientras el hermano del presidente ‘vivía’ en Portugal, sus ingresos seguían llegando directamente de las arcas públicas extremeñas. Entre 2017 y 2025, la Diputación de Badajoz le inyectó 340.572,36 euros brutos, una media de 55.000 euros al año por coordinar y dirigir actividades culturales. Un chollo, sin duda. Ahora está siendo juzgado por prevaricación y tráfico de influencias. El 'pequeño' detalle: el fraude fiscal, aunque evidente, se quedó sin castigo por un tecnicismo. La cantidad eludida no superó los 120.000 euros. Pero la ética, esa sí, ha recibido un golpe brutal. Mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón, algunos hacen malabares con las leyes y las donaciones para no soltar el dinero.
Doce millones y pico de euros. Suena a la compra de un pisito decente, ¿no? Pues bien, esa es la propina que el Gobierno le ha soltado a una empresa china, Hygreen Energy, mientras la UDEF desentrañaba una madeja de pagos sospechosos que apuntaban directamente al expresidente Zapatero. ¿Coincidencia? Difícil de creer. La empresa, un peón en el tablero de Chinalink, se especializa en energías renovables, ese edén verde financiado con nuestros impuestos. Y todo esto, señoras y señores, ocurre mientras el señor Zapatero, cual embajador corporativo, se paseaba por China cerrando acuerdos y posando para la agencia de noticias del Partido Comunista. Dieciséis transferencias, 159.034 euros concretos, de Chinalink Asia Holdings Limited, directamente a la cuenta conjunta con su esposa, Sonsoles Espinosa. La UDEF ha desgranado 27 transferencias en total. Lo curioso es que la subvención de 12,6 millones, una 'entrega dineraria sin contraprestación' (¡vaya forma de gastar el dinero público!), llegó en enero, en plena investigación. El IDAE, el organismo que soltó la pasta, depende de la ministra Aagesen. Y para rematar la faena, el expresidente se reunió con altos cargos del PCCh, mientras sus contactos en Venezuela aceleraban la venta de petróleo a China. Parece que el 'caso Plus Ultra' sigue dando coletazos, y la conexión con el petróleo venezolano, con sus embargos y sus compradores discretos, se vuelve más evidente. El coque de petróleo, las 'LOI' (letters of intent) y los mensajes encriptados son solo la punta del iceberg. Al final, todo gira en torno a una red de influencia, donde Zapatero actúa como el facilitador estrella, el gurú que abre puertas en el país asiático. Una historia de negocios, política y favores, donde los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) parecen haber aterrizado en el jardín de un amigo.
El 'Delcygate' parece un capítulo de telenovela, pero la trama, como la lista de la compra de un corrupto, es larga y costosa. La UDEF investiga a Jesús María Gómez Martín, un comisario al que, según los chats intervenidos, le 'llovieron' 7.000 euros para 'limpiar' el expediente del hijo de un bróker chavista, Francisco Alfonso Diazgranados, alias Kiko. Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero, apodado 'zorro' o 'zzzz' en la jerga de la trama, sigue saliendo airoso de la investigación por el rescate de Plus Ultra, una aerolínea que recibió 53 millones de euros públicos a pesar de no cumplir los requisitos. El tinglado se sostiene con conversaciones de WhatsApp intervenidas en octubre de 2024, donde el abogado Miguel Palomero presume de la 'fructífera' reunión con el comisario. El bróker Danilo Díazgranados, investigado en Francia por blanqueo, malversación y cohecho, era quien movía los hilos, solicitando 'favores' y 'gratificaciones'. La Fiscalía Anticorrupción habla de “una relación tan próxima como extrañamente justificable” entre el comisario y Díazgranados. El juez José Luis Calama apunta a Zapatero como líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, mientras el comisario, lejos de dimitir, convocó una “reunión urgente” con sus mandos en Canarias para defender su inocencia. El Ministerio del Interior, mientras tanto, espera la decisión de Calama, porque, al parecer, las pruebas directas contra el comisario son tan escasas como la transparencia en la política española. La operación, como un sablazo en la factura, promete ser larga y dolorosa para las arcas públicas y la credibilidad de la justicia.
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