La 'confesión' de Iglesias no es más que una justificación tardía de una estrategia maquiavélica. El artículo carece de la perspectiva de los engañados, limitándose a reproducir la versión del artífice. ¿Es esto periodismo o mera propaganda?
Las Juventudes del PSOE, esos que aún creen en la pureza de las ideas (o en hacer ruido), han aprobado una propuesta que huele a rebelión interna: plantear la salida de España de la OTAN. Sí, lo han leído bien. Mientras Pedro Sánchez se desvive por el apretón de manos con Biden y se declara “socio leal” (léase: “sí, jefe”), sus jóvenes pupilos sugieren darle la patada a la alianza. Un giro de guion digno de Hollywood, o de una tarde aburrida en Ferraz. El asunto no es nuevo, claro. La OTAN, ese club de amigos con muchos fusiles, siempre ha generado debate. Pero la resolución, tras un lavado de cara para no asustar a los peces grandes, pasa de “defender” la salida a “plantear” la salida. Un eufemismo que suena a 'vamos a hablarlo, pero sin mucho compromiso'. Porque, seamos serios, que los jóvenes socialistas hagan propuestas es como pedirle a un gato que cuide del canario. Según las JSE, la OTAN es, básicamente, un lacayo de Estados Unidos. Quieren una Europa más fuerte, con su propio ejército y su propia voz. Una idea que suena bien en un café, pero que choca frontalmente con la realidad geopolítica. Aránzazu Figueroa, la nueva secretaria general (y flamante heredera de la llama juvenil), aprovechó para incendiar la situación acusando a la derecha de ser “herederos del franquismo” y “pijos de salón”. Un discurso que, aunque efectivo para movilizar a las bases, no aporta demasiado al debate. Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a asegurar que seguirá agarrado a Moncloa hasta 2027 (y más allá) y a calificar a la oposición de “marrullera”. Un clásico. El 27.º Congreso Federal, vaya faena. En resumen, las Juventudes del PSOE han lanzado una bomba de humo en un momento delicado. Una propuesta que, aunque no vinculante, sirve para medir el pulso interno del partido y para recordarnos que, en política, las ideas –y las alianzas– pueden cambiar más rápido que el precio de la gasolina.
Mónica García, con la soltura de quien ha hecho de las veces de médico y economista, nos asegura que la regularización masiva de inmigrantes no va a hundir la Sanidad. Al contrario, ¡vienen más sanos! Un argumento que, dicho sea de paso, suena como el anuncio de una nueva colonia detox. El Ministerio de Sanidad, respaldándola, ha escupido un informe que afirma que los foráneos “consumen menos recursos sanitarios”. ¿En serio? ¿Menos que el español medio, que necesita un psicólogo solo para entender la declaración de la renta? La ministra insiste en que los españoles acumulamos un 18% a un 51% más de visitas a la atención primaria, un 32% a 69% más de pastillas y un 24% a 38% más de enfermedades crónicas. Parece que, según el guion, enfermar es un privilegio de los de aquí. El ‘efecto inmigrante sano’ es la nueva religión oficial. Llegan con el sistema inmune a prueba de bombas, capaces de resistir la paella de cualquier chiringuito. Pero ojo, que el informe también reconoce que a los latinoamericanos se les complica un poco el papeleo y a los africanos les falla la tensión. Pequeños detalles, nada que un buen administrativo no solucione. El argumento, sin embargo, es redondo: la Sanidad es universal, la inmigración es beneficiosa y las listas de espera son un mito inventado por los negacionistas. Mientras, aquellos que pagamos impuestos miramos la factura con la misma cara que un gallego en un desfile de carnaval. ¿Será que la salud es un derecho, o un negocio con facturas ocultas? La pregunta queda flotando en el aire, como el olor a desinfectante en una sala de espera.
El PSOE, al parecer, tiene una manera muy particular de hacer la lista de la compra: 188.000 euros, supuestamente, para “desestabilizar” investigaciones que les salían caras. Y todo, señores, con facturas que parecen sacadas de una peli de espías, orquestadas por Ana María Fuentes, la gerente del partido. ¿El resultado? Cero. Las causas judiciales siguieron su curso, como el aceite en la sartén. La operación, según el juez Pedraz, se cimentó en la figura de Leire Díez, la ‘fontanera del PSOE’, que ofrecía ‘favores’ a cambio de información. Unos favores que costaron 4.000 euros al mes, pagados a través de empresas pantalla vinculadas a Gaspar Zarrías, un exconsejero andaluz con un historial que ya conocemos. Y luego, otros 27.225 euros más, para redondear la jugada, a través del abogado Ismael Oliver. ¡Casi 32.000 eurazos solo para que chivaran! Pero la cosa no se quedó ahí. Otros 125.000 euros fueron a parar a Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán, y 20.000 más a un medio de comunicación para, digamos, ‘matizar’ la realidad. Todo un esfuerzo titánico para salvar a Begoña Gómez, la esposa del presidente, que ahora está a un paso de sentarse en el banquillo. Intentaron frenar la investigación una semana después de la “Carta a la Ciudadanía”, una misiva que, irónicamente, hablaba de “periodo de reflexión”. Santos Cerdán, el que fuera su secretario de organización, movió los hilos, pero ni con reuniones de urgencia ni con presiones a fiscales se consiguió el milagro. La justicia, a veces, es como la suegra: no la engañas fácilmente. El dinero, al final, fue a la basura. Una partida de gastos que, por cierto, no logró evitar que el hermano del presidente, David Sánchez, se enfrente a la justicia por una adjudicación ‘a dedo’ en Badajoz.
Ferraz, la sede del PSOE, parece más el almacén de Indiana Jones que la central de un partido político. Doce horas de registro, buscando entre contadores, azoteas y desvanes… ¿Será que el dinero se esconde mejor entre las telarañas? El juez Pedraz, con la paciencia de un detective de novela negra, ha ordenado a la UCO rastrear hasta la última criptomoneda, como si el futuro de la política española dependiera de encontrar el código QR perdido. Santos Cerdán, Ana María Fuentes Pacheco, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver, nombres que ahora resuenan con el eco de la imputación. La lista de cargos es tan larga que parece la factura de la compra después de un mes de antojos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos… Un menú delictivo completo. Y todo, aparentemente, para “desestabilizar” procesos judiciales. La ironía, como suele ocurrir, es que la estabilidad se busca en medio del caos. Pero la cosa va más allá del dinero en efectivo y las facturas mendaces. El juez Pedraz también quiere ver qué esconden los perfiles de redes sociales, como si el algoritmo pudiera revelar la verdad oculta. Y la lista de sospechosos es un aquelarre: desde el comandante Villalba Carnerero, hasta Sandro Rosell, pasando por la empresaria Carmen Pano, que asegura haber dejado 90.000 euros en efectivo en Ferraz. 90.000 euros… el precio de un apartamento en la capital, esfumándose entre pasillos y secretos. Celia Rodríguez, la secretaria que entregaba sobres a Koldo García, parece la pieza clave de este rompecabezas, con sus conversaciones de WhatsApp destapando un tráfico de dinero que avergonzaría a un cambista de la Puerta del Sol. Todo esto, mientras el país intenta entender si el rescate de Plus Ultra y el caso Koldo son solo la punta del iceberg. El auto del juez Pedraz recuerda al de Calama con Zapatero y las criptomonedas ocultas. ¿Estamos ante una nueva normalidad donde la política y las finanzas turbias bailan un tango macabro?
El Gobierno de Pedro Sánchez, adalid del feminismo en campaña electoral, parece tener una memoria selectiva cuando se trata de poner la pasta donde dice. Mientras predican la abolición de la prostitución, recortan un 35% las ayudas a las mujeres atrapadas en la trata y la explotación sexual. Un sablazo de 7 millones de euros (de 20 a 13 millones) que duele más que una declaración de intenciones vacía. ¿Casualidad que esto ocurra tras el 'caso Koldo', con conversaciones subidas de tono sobre 'Ariatna', 'Carlota' y otras empleadas del servicio? La ministra de Igualdad, Ana Redondo, justifica el recorte con la excusa de que la ley abolicionista no tiene los apoyos necesarios, como si la ayuda a las víctimas dependiera de la aritmética parlamentaria. Mientras tanto, las asociaciones que luchan en la primera línea contra la trata se quedan con menos recursos para atender a las víctimas, incluyendo a menores y mujeres en situación irregular. La resolución del BOE, publicada el 14 de mayo de 2026, es la prueba fehaciente de que, a veces, las promesas electorales se diluyen más rápido que un terrón de azúcar en un café. Y la ironía es que, mientras buscan “alternativas” para los “consumidores” de prostitución, dejan a las víctimas sin alternativas para escapar de la pesadilla. El desplante es mayúsculo, el contraste, brutal. El escándalo de los audios que involucran a Ábalos y Koldo, lejos de generar una reacción contundente, parece haber provocado una poda de fondos a las organizaciones que realmente necesitan apoyo. La lógica, en este Gobierno, parece ser un concepto en extinción.
Badajoz, junio de 2026. El juicio al hermano de Pedro Sánchez, David, se ha convertido en el culebrón del año. Testigos clave, directores de conservatorio, declaran ante el juez que el puesto para el que fue contratado era, digamos, un invento. Un puesto de coordinación, con despacho en la biblioteca (¡la biblioteca!), que parecía más una forma de justificar una nómina que una necesidad real. Evaristo Valentí, uno de los directores, lo calificó de “idea disparatada” en un correo electrónico que ahora vale oro. ¿Y qué hacía David Sánchez? Reuniones diarias con el hermano presidente, “coordinando proyectos”. Mientras el ciudadano de a pie pelea por un hueco en la sanidad pública, la Diputación de Badajoz habilitaba despachos y pagaba sueldos generosos a cambio de… ¿coordinación? Yolanda Sánchez, otra directora, ni siquiera sabía qué demonios era la Oficina de Artes Escénicas donde David Sánchez ejercía de director. La cosa pinta a agujero contable disfrazado de gestión cultural. Y para rematar, un delito, el de aceptación de nombramiento ilegal, ha prescrito. Prescrito, como la memoria de algunos políticos. El expresidente de la Diputación también se libra. ¿Casualidad? Rosario Mayoral, una profesora, lo resume a la perfección: necesitaban profesores, un community manager... ¡cualquier cosa menos un coordinador! La ironía es que antes el puesto lo cubría un profesor sin cobrar y ahora, bueno, ya sabemos cómo funciona la cosa.
Zapatero, hombre de estado o paranoico con la lista de la compra revisada por el CNI. La pregunta es legítima: ¿quién no desconfía cuando el agua está turbia? El ex-presidente, imputado por más delitos que días tiene el mes, insistió en 2025 a Pedro Sánchez si le estaban vigilando. Insistió tanto que, según fuentes del CNI, se convirtió en “pesadito”. Imaginen la escena: llamadas constantes, mensajes urgentes… mientras los ciudadanos intentábamos entender cómo la cesta de la compra se había disparado. El CNI, con la paciencia de un santo (o la frialdad de un burócrata), respondió siempre lo mismo: “No te espiamos, José Luis”. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La paranoia de Zapatero floreció coincidiendo con los casos Ábalos, Cerdán y la detención de su “amigo” Julio Martínez, alias “Julito”, un empresario que tenía más dinero escondido que calcetines desparejados (286.070 euros entre libros, palos de golf y radiadores, nada mal). Y para rematar la faena, la UDEF encontró un alijo de joyas en la caja fuerte de Zapatero, en su despacho de Ferraz. ¿Coincidencia? ¿Parte de un plan maestro? ¿O simplemente, un hombre preocupado por su seguridad? La respuesta, como suele ocurrir, está en el agujero contable. Porque mientras el CNI niega el espionaje, las sombras de Plus Ultra se alargan sobre Ferraz. Y esa, amigos, es la verdadera intriga.
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