Crítica:
La noticia es clara, pero la falta de detalles sobre la planificación general de la seguridad genera dudas. El titular es acertado, pero podría ser aún más mordaz.
La noticia es clara, pero la falta de detalles sobre la planificación general de la seguridad genera dudas. El titular es acertado, pero podría ser aún más mordaz.
La política, señores, es como la lista de la compra: siempre hay alguien que intenta colarte un producto caducado. Y en esta ocasión, el producto tiene nombre y apellidos: 'Operación PSOE'. Una testigo, con la valentía de quien se enfrenta a un avispero, ha declarado ante la Guardia Civil (Madrid, 28 de mayo de 2026, a las 19:17 horas, que no es una hora para estar declarando, sino cenando) que un medio digital, Crónica Libre, se convirtió en el centro neurálgico de una campaña de desprestigio orquestada contra jueces, fiscales y periodistas. Todo regado con los 160 euros de Leire Díez (¡más que un café en la Gran Vía!) y financiado, según la declaración, con 18.125,50 euros de la campaña europea de Teresa Ribera, un pequeño detalle que, a efectos prácticos, es como tirar de la tarjeta de crédito sin mirar el saldo. El plan, digno de una serie de espías, consistía en recopilar información sensible y almacenarla en carpetas de Google Drive. Patricia López y Javier Pérez Dolset, los encargados de gestionar ese 'drive', parecían tener un acceso privilegiado, mientras la fundadora original, relegada a emitir facturas (como la que cobra el fontanero), observaba cómo la operación tomaba forma. ¿El objetivo? Desacreditar a figuras clave en la lucha contra la corrupción, como el fiscal Luzón o el juez Peinado. El grupo de WhatsApp 'Azahar' -un nombre que evoca jardines florecientes, cuando en realidad parece un campo de minas- completaba el cuadro. El contraste es brutal: mientras los ciudadanos aprietan el cinturón, se destinan fondos públicos (o para-públicos) a operaciones de dudosa legalidad. Y lo más inquietante no es el dinero en sí, sino la impunidad con la que se mueve este tipo de entramados. La declaración de la testigo, aunque 'voluntaria', es un síntoma más de la podredumbre que corroe las instituciones. Un agujero contable disfrazado de estrategia mediática. Un sablazo a la transparencia.
Pedro Sánchez, el adalid de la universidad pública, parece tener una memoria selectiva. O, para decirlo a la manera de la calle, le da un poquito de reparo recordar de dónde salió. Resulta que el presidente, que ahora amenaza con “chiringuitos educativos” para las universidades privadas, prefirió no aparecer en la foto de la orla de su promoción en el RCU María Cristina, un centro católico de pago en El Escorial, adscrito a la Complutense. ¿El motivo? Dicen las fuentes que su precoz afiliación al PSOE, allá por 1993, pesó más que el orgullo de lucir la banda de licenciado. Curiosamente, el mismo Sánchez que ahora critica la “fábrica de títulos”, ocultó durante años haber estudiado allí, limitándose a mencionar la Complutense. Un pequeño detalle que contrasta con la firmeza con la que ahora ataca a la educación privada, tildándola de carente de “rigor y escrúpulos”. Y no solo él, sino cuatro de sus ministros –Grande-Marlaska, Albares, Saiz y Hereu– también se formaron en universidades privadas, una ironía que duele más que un sablazo en la factura de la luz. El RCU María Cristina, cuna de ilustres como Azaña, ha visto desfilar a generaciones de licenciados, pero a Sánchez le dio vergüenza figurar en la orla. ¿Quizás temía que le recordaran que, mientras él se preparaba para la vida política, otros se conformaban con hacer la lista de la compra? La verdad, da la impresión de que el presidente está dispuesto a tirar de la tarjeta roja a la educación privada, pero olvida que él mismo se benefició de ella. Y, como suele pasar, la hipocresía es el último refugio de los políticos.
La Casa Real, en una jugada digna de campeonato de burocracia, ha remitido al Ministerio de Presidencia la petición de Manos Limpias para que el Rey Felipe VI inste a Pedro Sánchez a dimitir y convocar elecciones. Sí, como si el jefe de Estado fuera un mensajero de alta velocidad. El sindicato, liderado por Miguel Bernad (84 años, con más fuelle que algunos ministros), quería una citación real, al estilo “ven aquí, explícate”, pero la Zarzuela, citando artículos de la Constitución como si fueran excusas prefabricadas, ha respondido que para eso está Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia. Básicamente, te mandan a la ventanilla 7. Manos Limpias, conocido por su afición a la acusación popular (y por haber contribuido a sentar a Iñaki Urdangarin, el ex cuñado real, en el banquillo), se niega a aceptar esta respuesta protocolaria. Bernad insiste en que el Rey puede ser árbitro sin necesidad de que Sánchez le dé el visto bueno. ¿Una comparecencia para sugerir una dimisión? Suena a té con el jefe del Estado, pero con consecuencias políticas. La Constitución, como suele ocurrir, es un campo de batalla legal. ¿Puede el Rey ser árbitro sin el refrendo del Gobierno? La Zarzuela, con la precisión de un cirujano, ha dejado claro que no. Y como el propio Sánchez ha manifestado que piensa agotar la legislatura, la petición de Manos Limpias parece destinada a engrosar el archivo de deseos imposibles de la monarquía. Mientras tanto, la izquierda fulmina al sindicato y la derecha sonríe a medias. Todo un drama cortesano con olor a anticipo electoral que, por cierto, costará más que la lista de la compra de todo un barrio.
Irene Montero, la exministra de Igualdad y actual Eurodiputada, se ha visto envuelta en un pequeño contratiempo. O, para ser más precisos, en un 'fail' de proporciones épicas en plena manifestación de profesores valencianos. Mientras los docentes, en huelga desde hace cuatro semanas, luchan por salarios dignos (porque, seamos serios, educar a la próxima generación no debería ser un trabajo de vocación exclusivamente), Montero decidió apoyar la causa… con un 'ayudante' que sujetaba su móvil. Un detalle sutil, casi imperceptible, que rápidamente desvelaron los internautas. El vídeo, publicado en Instagram y X, pretendía ser un espontáneo 'selfie' reivindicativo. La pregunta que ronda ahora es: ¿cuánto cuesta ese 'selfie' a los contribuyentes? Porque mientras el Govern de la Generalitat parece ajeno al 'incendio' de la huelga, alguien estaba pagando para que la imagen de Montero saliera perfecta. Un giro irónico, viniendo de alguien que, según comentan las redes, prefiere la educación privada para sus propios hijos. La paradoja es deliciosa. La cosa no acaba ahí. Los comentarios se multiplican, desde acusaciones de 'postureo' hasta recordatorios sobre su 'ingeniería financiera' personal. La ironía es que, mientras los profesores pierden dinero en la huelga, alguien estaba embolsándose una paga extra para sujetar un teléfono móvil. Un pequeño 'agujero contable' en la causa obrera, cortesía de Podemos y la necesidad imperiosa de una buena imagen en redes sociales. Y todo esto, mientras la escuela pública valenciana arde, en sentido figurado… y quizás también en el literal si la cosa se pone fea.
La libreta azul de Leire Díez, una especie de 'lista de la compra' para comprar silencios, ha desatado el caos. Resulta que el PSOE, según sus apuntes, no solo quería silenciar a Víctor de Aldama –al que, ojo, calificaban de 'cocainómano' en una anotación digna de un culebrón– sino también a los allegados de Isabel Díaz Ayuso. ¿El precio? Intento de 'quedar' con el abogado de González Amador, el novio de la presidenta, y hasta 300.000 euros para 'ayudar' a un fiscal con un 'problema con una menor'. Un sablazo a la ética, disfrazado de estrategia política. La UCO, que desenterró este tesoro de la corrupción, investiga la trama SEPI, un agujero negro de fondos públicos que parece no tener fondo. El cuaderno, con casi un centenar de páginas, revela nombres como Carlos Neira, abogado de González Amador, y Ramón Bermejo, el portavoz de Aldama, quien, por cierto, mantiene un pulso judicial con el ministro Bolaños. ¿Casualidad? No lo parece. Las anotaciones sugieren una operación orquestada para neutralizar cualquier amenaza judicial y cargar con la culpa a Aldama. La estrategia, según la libreta, incluía colocar a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, en una posición 'no visible pero oficial' para seguir moviendo los hilos. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ordenó la liberación con medidas cautelares de los detenidos, pero la libreta azul sigue bajo lupa. Cada página descifrada añade una nueva pieza al puzzle de esta trama, que conecta espionaje político, testigos manipulados y una red de favores que apesta a podrido. La pregunta ahora es: ¿cuántas operaciones más se esconden en esas páginas?
El PSOE, según parece, tenía una agenda secreta. Y no, no hablamos de política energética. El nombre de Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de Presidencia entre 2021 y 2024, ha aparecido en la libreta azul de Leire Díez, la ex fontanera de Ferraz convertida en fontanera de información comprometedora. ¿La fecha clave? 24 de noviembre de 2021, una reunión discreta con Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías (sobrino de Felipe González, la sangre tira mucho) y Javier Pérez Dolset. Hernando, según la libreta, estaba “previsto”. Mientras tú planeas la lista de la compra, ellos planeaban… ¿qué exactamente? La cosa se complica porque el juez Santiago Pedraz ya olfateaba la cloaca y quería saber qué hacía Hernando entrando y saliendo de Ferraz entre 2024 y 2025. La UCO de la Guardia Civil, con lupa en mano, ha descubierto que esta trama, con Santos Cerdán al mando, usaba la estructura del PSOE como un cajero automático para pagar facturas turbias. Es decir, el partido, tu partido y el mío, como un simple accesorio en una película de espías. Hernando, por su parte, declaró que una reunión en Ferraz en abril de 2024 duró “20 minutos” y que hablaron de una supuesta investigación a Sánchez en 2017. Veinte minutos para desentrañar una madeja que huele a podrido. El PP, lógicamente, ya ha pedido su cabeza en el Senado. Según los informes, el objetivo era “proteger los intereses del presidente”. Intereses que, al parecer, necesitan una red de contactos, una libreta azul y varios viajes a Ferraz. La pregunta ya no es si hubo cloacas, sino cuánto costó vaciarlas. Y, sobre todo, quién pagó la factura. Porque, seamos claros, las cloacas no se limpian solas.
La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que parece sacada de una serie de espías de baja estofa, le ha puesto el dedo en la llaga a Fernando Grande-Marlaska. Resulta que el ministro, con la misma soltura con la que uno pide un café, negó que la directora de la Benemérita, Mercedes González, haya charlado con Leire Díez, la ex fontanera convertida en enlace de tramas turbias. Pero los agentes, con un informe fechado el 5 de junio de 2026 (sí, ya estamos en el futuro, señores), demuestran lo contrario. La conversación clave, del 20 de diciembre de 2024, revela a Leire mencionando “lo de los hidrocarburos” justo después de reunirse con González. ¿Casualidad? Para la UCO, no tanto. Y aquí viene lo bueno: la directora de la Guardia Civil, ante la inminente evidencia, optó por el clásico borrado de mensajes. Un ‘reset’ digital que, curiosamente, no le ha convencido al juez Pedraz. Mientras tanto, Marlaska insiste en que todo está limpio, que Mercedes González no ha hecho nada malo y que Leire solo quería que le restituyeran el puesto a un comandante metido hasta el cuello en el caso Koldo. Un 'show' de confianza que, a juzgar por el informe de la UCO, parece más un intento desesperado por tapar agujeros contables que una defensa honesta. Tres reuniones confirmadas y una UCO que parece dispuesta a desenterrar más secretos. Y, para rematar, la directora de la Guardia Civil, con un pasado fugaz en las listas del PSOE, se aferra a su “honorabilidad”. Estamos ante un culebrón político donde las mentiras se amontonan como ropa sucia y la verdad parece una pieza de arqueología a punto de ser descubierta. Un drama donde los hidrocarburos, los casos Koldo y las reuniones secretas se entremezclan como espaguetis en un plato gigante.
Comentarios