Crítica:
El artículo se centra demasiado en la reacción en redes sociales, perdiendo la oportunidad de investigar a fondo quién pagó al 'ayudante' de Montero. El titular, aunque llamativo, es excesivamente sensacionalista.
El artículo se centra demasiado en la reacción en redes sociales, perdiendo la oportunidad de investigar a fondo quién pagó al 'ayudante' de Montero. El titular, aunque llamativo, es excesivamente sensacionalista.
El guion es predecible: mientras la ciudadanía hace equilibrios con la inflación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que la seguridad en las comisarías es negociable. ¿El motivo? Desvestir a San Pedro para vestir al Papa León XIV, que aterrizará en Tenerife el 12 de junio. Agentes de la Policía Nacional, con el cinismo a flor de piel, denuncian que han desmantelado la seguridad en al menos siete comisarías de Tenerife, retirando arcos de seguridad y escáneres (cada uno rondando los 10.000 euros, ojo al detalle). En lugar de reforzar la seguridad, la orden ha sido “desnudar” las dependencias policiales, dejándolas en un nivel de protección que recuerdan a los controles de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto, con sus paletas detectoras. La ironía, como siempre, es que Hacienda, con sus arcos, permanece intocable. La Policía, según sus propios agentes, se siente “la última mierda” del gobierno de Pedro Sánchez. No es solo la falta de medios, es la priorización absurda: 500.000 euros en abanicos y gorras de Tráfico, fusiles antiguos embellecidos para desfiles… y comisarías desprotegidas. El despliegue para la visita papal involucrará a más de 15.000 agentes, 600 vehículos, y un arsenal tecnológico que incluye 160 arcos de detección de metales... muchos de los cuales, ahora mismo, deberían estar protegiendo a la gente, no al Pontífice. La operación, bautizada como 'Gracia', parece tener poca gracia para quienes deben mantener la seguridad diaria. El riesgo es palpable: un nivel 4 de alerta antiterrorista y agresiones crecientes a las fuerzas de seguridad no son el mejor contexto para andar recortando recursos. La Policía se enfrenta al “mayor reto logístico de su historia”, pero con un chaleco antibalas para cada tres agentes en prácticas, la historia resulta, como mínimo, kafkiana.
La Casa Real, en una jugada digna de campeonato de burocracia, ha remitido al Ministerio de Presidencia la petición de Manos Limpias para que el Rey Felipe VI inste a Pedro Sánchez a dimitir y convocar elecciones. Sí, como si el jefe de Estado fuera un mensajero de alta velocidad. El sindicato, liderado por Miguel Bernad (84 años, con más fuelle que algunos ministros), quería una citación real, al estilo “ven aquí, explícate”, pero la Zarzuela, citando artículos de la Constitución como si fueran excusas prefabricadas, ha respondido que para eso está Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia. Básicamente, te mandan a la ventanilla 7. Manos Limpias, conocido por su afición a la acusación popular (y por haber contribuido a sentar a Iñaki Urdangarin, el ex cuñado real, en el banquillo), se niega a aceptar esta respuesta protocolaria. Bernad insiste en que el Rey puede ser árbitro sin necesidad de que Sánchez le dé el visto bueno. ¿Una comparecencia para sugerir una dimisión? Suena a té con el jefe del Estado, pero con consecuencias políticas. La Constitución, como suele ocurrir, es un campo de batalla legal. ¿Puede el Rey ser árbitro sin el refrendo del Gobierno? La Zarzuela, con la precisión de un cirujano, ha dejado claro que no. Y como el propio Sánchez ha manifestado que piensa agotar la legislatura, la petición de Manos Limpias parece destinada a engrosar el archivo de deseos imposibles de la monarquía. Mientras tanto, la izquierda fulmina al sindicato y la derecha sonríe a medias. Todo un drama cortesano con olor a anticipo electoral que, por cierto, costará más que la lista de la compra de todo un barrio.
La libreta azul de Leire Díez, una especie de 'lista de la compra' para comprar silencios, ha desatado el caos. Resulta que el PSOE, según sus apuntes, no solo quería silenciar a Víctor de Aldama –al que, ojo, calificaban de 'cocainómano' en una anotación digna de un culebrón– sino también a los allegados de Isabel Díaz Ayuso. ¿El precio? Intento de 'quedar' con el abogado de González Amador, el novio de la presidenta, y hasta 300.000 euros para 'ayudar' a un fiscal con un 'problema con una menor'. Un sablazo a la ética, disfrazado de estrategia política. La UCO, que desenterró este tesoro de la corrupción, investiga la trama SEPI, un agujero negro de fondos públicos que parece no tener fondo. El cuaderno, con casi un centenar de páginas, revela nombres como Carlos Neira, abogado de González Amador, y Ramón Bermejo, el portavoz de Aldama, quien, por cierto, mantiene un pulso judicial con el ministro Bolaños. ¿Casualidad? No lo parece. Las anotaciones sugieren una operación orquestada para neutralizar cualquier amenaza judicial y cargar con la culpa a Aldama. La estrategia, según la libreta, incluía colocar a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, en una posición 'no visible pero oficial' para seguir moviendo los hilos. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ordenó la liberación con medidas cautelares de los detenidos, pero la libreta azul sigue bajo lupa. Cada página descifrada añade una nueva pieza al puzzle de esta trama, que conecta espionaje político, testigos manipulados y una red de favores que apesta a podrido. La pregunta ahora es: ¿cuántas operaciones más se esconden en esas páginas?
El PSOE, según parece, tenía una agenda secreta. Y no, no hablamos de política energética. El nombre de Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de Presidencia entre 2021 y 2024, ha aparecido en la libreta azul de Leire Díez, la ex fontanera de Ferraz convertida en fontanera de información comprometedora. ¿La fecha clave? 24 de noviembre de 2021, una reunión discreta con Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías (sobrino de Felipe González, la sangre tira mucho) y Javier Pérez Dolset. Hernando, según la libreta, estaba “previsto”. Mientras tú planeas la lista de la compra, ellos planeaban… ¿qué exactamente? La cosa se complica porque el juez Santiago Pedraz ya olfateaba la cloaca y quería saber qué hacía Hernando entrando y saliendo de Ferraz entre 2024 y 2025. La UCO de la Guardia Civil, con lupa en mano, ha descubierto que esta trama, con Santos Cerdán al mando, usaba la estructura del PSOE como un cajero automático para pagar facturas turbias. Es decir, el partido, tu partido y el mío, como un simple accesorio en una película de espías. Hernando, por su parte, declaró que una reunión en Ferraz en abril de 2024 duró “20 minutos” y que hablaron de una supuesta investigación a Sánchez en 2017. Veinte minutos para desentrañar una madeja que huele a podrido. El PP, lógicamente, ya ha pedido su cabeza en el Senado. Según los informes, el objetivo era “proteger los intereses del presidente”. Intereses que, al parecer, necesitan una red de contactos, una libreta azul y varios viajes a Ferraz. La pregunta ya no es si hubo cloacas, sino cuánto costó vaciarlas. Y, sobre todo, quién pagó la factura. Porque, seamos claros, las cloacas no se limpian solas.
La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que parece sacada de una serie de espías de baja estofa, le ha puesto el dedo en la llaga a Fernando Grande-Marlaska. Resulta que el ministro, con la misma soltura con la que uno pide un café, negó que la directora de la Benemérita, Mercedes González, haya charlado con Leire Díez, la ex fontanera convertida en enlace de tramas turbias. Pero los agentes, con un informe fechado el 5 de junio de 2026 (sí, ya estamos en el futuro, señores), demuestran lo contrario. La conversación clave, del 20 de diciembre de 2024, revela a Leire mencionando “lo de los hidrocarburos” justo después de reunirse con González. ¿Casualidad? Para la UCO, no tanto. Y aquí viene lo bueno: la directora de la Guardia Civil, ante la inminente evidencia, optó por el clásico borrado de mensajes. Un ‘reset’ digital que, curiosamente, no le ha convencido al juez Pedraz. Mientras tanto, Marlaska insiste en que todo está limpio, que Mercedes González no ha hecho nada malo y que Leire solo quería que le restituyeran el puesto a un comandante metido hasta el cuello en el caso Koldo. Un 'show' de confianza que, a juzgar por el informe de la UCO, parece más un intento desesperado por tapar agujeros contables que una defensa honesta. Tres reuniones confirmadas y una UCO que parece dispuesta a desenterrar más secretos. Y, para rematar, la directora de la Guardia Civil, con un pasado fugaz en las listas del PSOE, se aferra a su “honorabilidad”. Estamos ante un culebrón político donde las mentiras se amontonan como ropa sucia y la verdad parece una pieza de arqueología a punto de ser descubierta. Un drama donde los hidrocarburos, los casos Koldo y las reuniones secretas se entremezclan como espaguetis en un plato gigante.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, parece que ha descubierto el 'modo incógnito' en WhatsApp un poco tarde. Justo cuando su nombre empezaba a sonar con más fuerza en las pesquisas del caso Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, activó el borrado automático de mensajes con la exmilitante socialista. Un clásico: cuando la cosa se pone fea, la memoria selectiva entra en juego. La UCO, la unidad de élite que investiga el caso, ha desvelado que estas reuniones, al menos tres desde septiembre de 2024, se producían en las inmediaciones de la Dirección General, a un café de distancia, según consta. Leire Díez, la pieza clave de este rompecabezas, no solo pedía favores (restituir a un comandante investigado), sino que presumía de tener ‘puentes’ directos con el ‘one’, es decir, con el mismísimo Presidente del Gobierno. Y vaya si los tenía. A González le urgía esa confianza, tanto que llegó a recibir una multa de aparcamiento de regalo, cortesía de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien amablemente le ofreció pagarla ‘con descuento’. ¡Un detalle! Mientras tanto, la UCO recopilaba pruebas de llamadas, mensajes y reuniones secretas, revelando cómo Díez intentaba influir en la Guardia Civil a cambio de protección judicial. El Gobierno, a través del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, primero negó las reuniones y luego las justificó, alabando la ‘ejemplaridad y honestidad’ de González. Un giro de guion digno de Hollywood. Y la UCO, mientras tanto, sigue investigando si tras todo este embrollo hay una trama para proteger los intereses del PSOE, con 27.225 euros cambiando de manos. El caso, como suele suceder, huele a podrido, a encubrimiento y a un ‘sablazo’ a la ciudadanía.
Mientras la cesta de la compra se dispara y el semáforo está en rojo para las cuentas familiares, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la batuta de José Manuel Albares, se despacha a gusto concediendo 'blindajes' de pasaporte a la escolta de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿El destino? Venezuela. ¿La misión? Un enigma digno de novela de espías. El Grupo Popular, con el olfato de quien ha visto pasar demasiadas tormentas, ha presentado una batería de preguntas en el Senado. Quieren saber, con cara de pocos amigos, qué justificación oficial avaló esta concesión de pasaportes de servicio, esos documentos que agilizan los viajes como si fueran tarjetas VIP en un control fronterizo. La UDEF, que andaba ya caliente por el caso Plus Ultra y su testaferro, Julio Martínez Martínez (alias 'Julito'), no ha tardado en levantar la ceja. ¿Coincidencia? Aparentemente, sí. Pero en este país, la casualidad suele ser el disfraz de la ingeniería financiera. Agentes veteranos, que han protegido a más personalidades que días tiene el año, confiesan estupefacción. Nunca, jamás, habían visto algo así. La pregunta es clara: ¿qué necesidad imperiosa justificaba pasar de pasaporte ordinario a pasaporte de servicio de la noche a la mañana? Un decreto real (396/2025, por si quieren buscarlo) regula estos pasaportes, que facilitan la vida como si fueran un 'pase rápido' para evitar colas y papeleos. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, con su pasaporte lleno de sellos de paciencia, se pregunta si la igualdad ante la ley es solo una bonita frase. La marejada interna en las fuerzas de seguridad es evidente. Alguien, en algún despacho, ha encendido todas las alarmas.
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