El artículo se centra demasiado en la cronología de las reuniones y los mensajes, perdiendo la oportunidad de profundizar en las motivaciones ocultas y los posibles implicados. El título, aunque llamativo, simplifica demasiado la complejidad del caso.
El PSOE, según parece, tenía una agenda secreta. Y no, no hablamos de política energética. El nombre de Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de Presidencia entre 2021 y 2024, ha aparecido en la libreta azul de Leire Díez, la ex fontanera de Ferraz convertida en fontanera de información comprometedora. ¿La fecha clave? 24 de noviembre de 2021, una reunión discreta con Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías (sobrino de Felipe González, la sangre tira mucho) y Javier Pérez Dolset. Hernando, según la libreta, estaba “previsto”. Mientras tú planeas la lista de la compra, ellos planeaban… ¿qué exactamente? La cosa se complica porque el juez Santiago Pedraz ya olfateaba la cloaca y quería saber qué hacía Hernando entrando y saliendo de Ferraz entre 2024 y 2025. La UCO de la Guardia Civil, con lupa en mano, ha descubierto que esta trama, con Santos Cerdán al mando, usaba la estructura del PSOE como un cajero automático para pagar facturas turbias. Es decir, el partido, tu partido y el mío, como un simple accesorio en una película de espías. Hernando, por su parte, declaró que una reunión en Ferraz en abril de 2024 duró “20 minutos” y que hablaron de una supuesta investigación a Sánchez en 2017. Veinte minutos para desentrañar una madeja que huele a podrido. El PP, lógicamente, ya ha pedido su cabeza en el Senado. Según los informes, el objetivo era “proteger los intereses del presidente”. Intereses que, al parecer, necesitan una red de contactos, una libreta azul y varios viajes a Ferraz. La pregunta ya no es si hubo cloacas, sino cuánto costó vaciarlas. Y, sobre todo, quién pagó la factura. Porque, seamos claros, las cloacas no se limpian solas.
La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que parece sacada de una serie de espías de baja estofa, le ha puesto el dedo en la llaga a Fernando Grande-Marlaska. Resulta que el ministro, con la misma soltura con la que uno pide un café, negó que la directora de la Benemérita, Mercedes González, haya charlado con Leire Díez, la ex fontanera convertida en enlace de tramas turbias. Pero los agentes, con un informe fechado el 5 de junio de 2026 (sí, ya estamos en el futuro, señores), demuestran lo contrario. La conversación clave, del 20 de diciembre de 2024, revela a Leire mencionando “lo de los hidrocarburos” justo después de reunirse con González. ¿Casualidad? Para la UCO, no tanto. Y aquí viene lo bueno: la directora de la Guardia Civil, ante la inminente evidencia, optó por el clásico borrado de mensajes. Un ‘reset’ digital que, curiosamente, no le ha convencido al juez Pedraz. Mientras tanto, Marlaska insiste en que todo está limpio, que Mercedes González no ha hecho nada malo y que Leire solo quería que le restituyeran el puesto a un comandante metido hasta el cuello en el caso Koldo. Un 'show' de confianza que, a juzgar por el informe de la UCO, parece más un intento desesperado por tapar agujeros contables que una defensa honesta. Tres reuniones confirmadas y una UCO que parece dispuesta a desenterrar más secretos. Y, para rematar, la directora de la Guardia Civil, con un pasado fugaz en las listas del PSOE, se aferra a su “honorabilidad”. Estamos ante un culebrón político donde las mentiras se amontonan como ropa sucia y la verdad parece una pieza de arqueología a punto de ser descubierta. Un drama donde los hidrocarburos, los casos Koldo y las reuniones secretas se entremezclan como espaguetis en un plato gigante.
Mientras la cesta de la compra se dispara y el semáforo está en rojo para las cuentas familiares, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la batuta de José Manuel Albares, se despacha a gusto concediendo 'blindajes' de pasaporte a la escolta de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿El destino? Venezuela. ¿La misión? Un enigma digno de novela de espías. El Grupo Popular, con el olfato de quien ha visto pasar demasiadas tormentas, ha presentado una batería de preguntas en el Senado. Quieren saber, con cara de pocos amigos, qué justificación oficial avaló esta concesión de pasaportes de servicio, esos documentos que agilizan los viajes como si fueran tarjetas VIP en un control fronterizo. La UDEF, que andaba ya caliente por el caso Plus Ultra y su testaferro, Julio Martínez Martínez (alias 'Julito'), no ha tardado en levantar la ceja. ¿Coincidencia? Aparentemente, sí. Pero en este país, la casualidad suele ser el disfraz de la ingeniería financiera. Agentes veteranos, que han protegido a más personalidades que días tiene el año, confiesan estupefacción. Nunca, jamás, habían visto algo así. La pregunta es clara: ¿qué necesidad imperiosa justificaba pasar de pasaporte ordinario a pasaporte de servicio de la noche a la mañana? Un decreto real (396/2025, por si quieren buscarlo) regula estos pasaportes, que facilitan la vida como si fueran un 'pase rápido' para evitar colas y papeleos. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, con su pasaporte lleno de sellos de paciencia, se pregunta si la igualdad ante la ley es solo una bonita frase. La marejada interna en las fuerzas de seguridad es evidente. Alguien, en algún despacho, ha encendido todas las alarmas.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha hecho un giro de guion digno de serie de Netflix: primero negó, ahora confiesa. Resulta que sí, se reunió con Leire Díez, la fontanera del PSOE, en al menos tres ocasiones. Tres cafés, quince minutos cada uno, suficientes para que la credibilidad saliera volando por los aires. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya está buscando un agujero donde esconderse, porque también había negado estos encuentros. La cosa huele a chamusquina, y no precisamente por el café. González, en un comunicado que parece escrito por un abogado experto en evasivas, insiste en que las reuniones fueron “personales”, una conversación sobre el tiempo, quizás, o sobre lo caras que están las lentejas. Pero la fontanera, aprovechando la confianza, soltó la bomba: ¿podía el comandante Rubén Villalba, envuelto hasta las cejas en el caso Koldo, volver a su puesto? Un “no” rotundo, dice González. Pero la sombra de la duda persiste, como el olor a fritanga en un bar a las tres de la mañana. Según la UCO, los encuentros fueron más frecuentes y las conversaciones más profundas, con filtraciones a la prensa como telón de fondo. ¿Intentaban tapar algo? ¿O simplemente echar barro a los demás? Lo que está claro es que, mientras el ciudadano de a pie paga sus impuestos con sudor y lágrimas, el club de las reuniones secretas se toma cafés a costa de la credibilidad pública. Y el precio, amigos, es altísimo. El caso Koldo, con sus millones en juego, parece un juego de niños comparado con esta trama de mentiras y desmentidos.
El PSOE valenciano parece haber descubierto una nueva forma de 'agradecer' favores. Olvídate de sobres en B, aquí hablamos de pintura vial, contratos a dedo y un ciudadano rumano llamado Constantin V. que, según el alcalde socialista de Almusafes, Toni González, fue el encargado de “llevar a todos los rumanos a votar” en 2019. Un servicio que, como buen vecino, recibió su recompensa: primero, 15.000 euros por pintar pasos de cebra. Pero la cosa no acabó ahí. Tras la pandemia, y con la excusa de mantener las líneas blancas impecables, Constantin V. fue contratado por Girsa, la empresa pública de residuos dependiente de la Diputación de Valencia, entonces en manos socialistas. ¿Coincidencia? La empresa pública le pagó por hacer... exactamente lo mismo. La historia se complica cuando descubrimos que la familia de Constantin V. se benefició de más de 21.000 euros en ayudas al alquiler, subvenciones para emprendedores (para la esposa) y ayudas por maternidad. Un verdadero 'combo' de beneficios públicos. Y todo esto mientras el alcalde, en audios internos, lo elogiaba como el 'gurú' del voto rumano. El Ayuntamiento, eso sí, defiende la legalidad de todo, alegando que los contratos y ayudas se tramitaron siguiendo los procedimientos. Pero la pregunta es: ¿era necesario gastar dinero público en pintar pasos de cebra si luego ese favor se 'traducía' en votos? Porque, seamos honestos, en tiempos de crisis, es más fácil encontrar un paso de cebra desgastado que un enchufista sin trabajo. ¿Un nuevo caso de 'si me haces un favor, yo te hago uno'? Parece que sí. Y con sabor a pintura fresca.
Mientras tú y yo debatimos si el pan está a 2 o a 2,50 euros el kilo, en la política y la gran empresa se mueven 112,8 millones de euros en “rescates” que parecen sacados de un guion de serie negra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que la presunta trama, bautizada como ‘Leire’, no solo teje redes de favores, sino que directamente puso en hora el reloj para que Tubos Reunidos no se fuera a pique. ¿Cómo? Pues, según la UCO, haciendo la pelota a algún miembro del PNV, esos que saben dónde están guardadas las llaves del SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La jugada, con un coste de 114.950 euros para las arcas públicas, se cocinó a través de la mercantil Mediaciones Martínez, una de esas sociedades que aparecen y desaparecen como conejos de sombrero. Leire Díez y Vicente Fernández, al ver que el rescate se atascaba, recurrieron a Santos Cerdán y Antxon Alonso, como quien llama al fontanero cuando la tubería está a punto de reventar. Y parece que la llamada funcionó. Después, para redondear la faena, se intentó aplazar el pago de los intereses de la deuda, con Cerdán moviendo los hilos desde su despacho en Ferraz. Una reunión con directivos de Tubos Reunidos, una documentación incautada en Bilbao y Amurrio... todo un espectáculo. La UCO, mientras tanto, rastrea adjudicaciones públicas bajo sospecha, buscando el origen de esa ingeniería financiera que parece diseñada para esquivar la lógica. En resumen, un baile de millones con aroma a podrido.
La libreta azul de Leire Díez, exresponsable socialista, no es un simple bloc de notas, sino una radiografía envenenada de las cloacas del poder. 53 páginas garabateadas que destapan una madeja de acusaciones, espiados y operaciones encubiertas digna de una novela de intriga, pero con nombres y apellidos. Mientras el ciudadano de a pie ve cómo la cesta de la compra se dispara, Díez apuntaba minuciosamente en su libreta los entresijos de una corrupción que parece no tener fin. Desde las reuniones secretas con exdirigentes como Elena Valenciano y Gaspar Zarrías, hasta las anotaciones sobre el exministro venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal y sus supuestos vínculos con Podemos, la libreta desvela un laberinto de intereses cruzados y financiación opaca. No faltan los detalles jugosos: Repsol y Telefónica señaladas por comisiones, el rescate con 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos (que acabó en concurso de acreedores) y la obsesión de un exministro por conseguir el pasaporte español. Pero la joya de la corona es la acusación directa: Ayuso, según Díez, “montó un CNI” para investigar contratos de mascarillas durante la pandemia. Una acusación vertida a través de Alfonso Serrano, su mano derecha. La libreta, descubierta por la UCO, es ahora una caja de Pandora judicial que amenaza con salpicar a todo el PSOE. Y todo, mientras la fontanera del partido, como la han apodado, anotaba meticulosamente cada movimiento, cada sospecha, cada posible amenaza. Ahora, la pregunta es: ¿quién estaba realmente al tanto de todo esto y quién se beneficiaba de la sombra?
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