Crítica:
La noticia se limita a exponer los 'indicios' sin un análisis profundo de la credibilidad de las fuentes. El titular es sensacionalista y contribuye a la polarización sin aportar pruebas irrefutables.
La noticia se limita a exponer los 'indicios' sin un análisis profundo de la credibilidad de las fuentes. El titular es sensacionalista y contribuye a la polarización sin aportar pruebas irrefutables.
Barcelona se prepara para recibir al Papa León XIV como si fuera una piñata política. Mientras el mundo espera un mensaje de fe, Cataluña prepara su particular ‘performance’ lingüística. La visita, programada para el 9 de junio de 2026, se ha convertido en el campo de batalla de una vieja guardia independentista que, tras el espejismo del ‘procés’, ahora se aferra a la ‘emergencia lingüística’ como si fuera un salvavidas. Junts, con Miriam Nogueras a la cabeza, aprovecha el saludo papal para recordarle al Pontífice, en un inglés impecable, que ella, como Gaudí, es “catalana”. El ‘expresident’ Puigdemont, por su parte, clama al boicot, agitando las ‘esteladas’ y acusando al catolicismo de ser “opresor de minorías”. La ANC y Òmnium Cultural, convertidas en adalides del idioma, se preparan para desplegar un mar de banderas soberanistas. No es suficiente con el gesto del Papa, quien, tras ceder y bendecir la Sagrada Familia también en catalán, sigue siendo visto como un enemigo a vencer. El sindicato Ustec, en un movimiento que roza el esperpento, convoca un paro general con el lema “Colapsemos Barcelona”. Ante esta escalada de tensión, 5.600 Mossos d'Esquadra y 500 guardias urbanos se preparan para un despliegue de seguridad que costará, presumiblemente, más que una reforma decente de la sanidad pública. ¿El coste de todo esto? Un circo mediático donde la lengua es el arma y el Papa, el rehén.
La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha vuelto a abrir la caja de Pandora. Sus anotaciones, más que garabatos, parecen un manual de instrucciones para un 'golpe' empresarial con aroma a poder. Mientras tú y yo revisamos la lista de la compra, esta ex-empleada parece haber tenido acceso a 'secretos' de Telefónica, Indra y Prisa, información que, curiosamente, Moncloa también conocía. ¿Casualidad? Difícilmente. Las notas, requisadas por la UCO, han puesto en jaque al Ibex, donde el pánico se ha instalado como inquilino permanente. Menciona nombres y apellidos: Marc Murtra (Telefónica e Indra), Joseph Oughurlian (Prisa), Óscar López (Transformación Digital) y Manuel de la Rocha (Oficina Económica de Pedro Sánchez). Díez, sin tener acceso directo a las cúpulas, parecía estar al tanto de los movimientos, de las presiones para 'despedir' a Álvarez Pallete y Escribano, y de la posible absorción de Indra por Telefónica. Su libreta, un auténtico 'sablazo' a la transparencia, revela la intención de influir en la línea editorial de Prisa a cambio de 'favores', y la compra de Hispasat como moneda de cambio. Además, se atreve a juzgar la capacidad de Murtra y Escribano con una sinceridad brutal. La fontanera, al parecer, sabía dónde tocar para que las cosas pasaran. P.S., el jefe de filas, era el destinatario final de toda la información. Las cloacas de Ferraz, al parecer, llegaban hasta la cúspide empresarial. Esta historia huele a podrido, a una simbiosis tan estrecha entre partido y gobierno que, según fuentes empresariales, 'cualquier cosa es creíble'. La CNMV ya está en alerta máxima, pero el daño ya está hecho. La pregunta ya no es si, sino cuánto nos va a costar este nuevo 'agujero contable'.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con la velocidad de un flash y la sutileza de un mazo, ha decidido que el Primavera Sound, con sus decibelios y su público fiel, es de “excepcional interés público”. Pero ojo, no todo el mundo tiene el mismo acceso al paraíso fiscal. La Escuela de Salamanca, esa cantera de pensamiento que el Papa León XIV ensalzó en las Cortes, parece que no encaja en las prioridades del Ejecutivo. Mientras el Presidente y Begoña Gómez disfrutaban del festival barcelonés a bordo del Falcon –acompañados de una comitiva digna de un desfile militar: 7 coches, 2 furgonetas, Mossos y hasta un helicóptero–, la efeméride de la Cátedra de Francisco de Vitoria languidecía en el olvido burocrático. Dos reales decretos-leyes, el 12/2026 y el 8/2025, certifican la gracia concedida al festival, argumentando un “impacto social, económico y cultural” que justifica las exenciones fiscales. El Primavera Sound, que en 2027 cumplirá 25 años, parece ser más estratégico para la imagen de España que cinco siglos de un pensamiento que, según el Papa, sentó las bases de los derechos humanos. El PP, en el Senado, intentó mover ficha con una moción, pero el PSOE prefirió la abstención, dejando a Salamanca sin su merecido reconocimiento. La moraleja es clara: en la España de 2026, a veces, el volumen alto vale más que la sabiduría ancestral. Y el Gobierno, al parecer, tiene un excelente sistema de sonido.
La Diputación de Badajoz, en pleno verano de 2017, se lió a inventar criterios para adjudicar una plaza a medida. ¿El candidato? David Sánchez, hermano de Pedro, claro. No es que tuvieran prisa por encontrar al más capacitado, es que primero apareció el apellido, y luego, como quien busca las gafas en la cabeza, se inventaron el puesto, los requisitos y hasta una baremación exprés. El caso, que ha llegado a juicio, destapa una trama de “ingeniería financiera” institucional digna de estudio: actas sin firma, puntuaciones infladas (90 puntos que inexplicablemente se convirtieron en 95), y un responsable de Cultura que confiesa haber estado “viendo a los participantes” antes de la evaluación. Manuel Candalija, ese es su nombre, se preparó a conciencia. La cosa es tan evidente que la acusación habla de “dolo”, de “maquinación” y de un proceso sin “transparencia”. ¿La guinda del pastel? La primera valoración dejaba a todos suspendidos, excepto al hermano. La segunda, convenientemente manipulada, aprobaba a seis. Todo esto, mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números de la lista de la compra. El abogado de Liberum, Alexis Aneas, lo resume a la perfección: primero el nombre, luego el puesto, la urgencia, los criterios y el expediente. Luego, a ver cómo se disimula el asunto. Incluso Iustitia Europa denuncia la arbitrariedad y la creación de un puesto “impuesto” a los funcionarios. Es decir, un sablazo a la legalidad con la excusa de un favor familiar.
Manuel Llamas, el DAO de la Guardia Civil que aconsejó a la UCO “disimular” con el hermano de Sánchez, ahora exige a sus agentes instalar una app de mensajería, IMBox Defense, en sus teléfonos personales. La ironía, como un sablazo en la factura, es que esta app no solo permite la comunicación oficial sino que también geolocaliza a los agentes y registra su información. ¿Un simple sistema de mensajería o el control remoto de la tropa? La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) huele la trampa, especialmente tras los escándalos de las “cloacas del PSOE” y las presiones para frenar investigaciones internas. Desde 2022, IMBox Defense sustituyó a WhatsApp, pero la obligación de instalarla en teléfonos personales (y la prohibición en ordenadores) levanta ampollas. La Dirección General insiste en que es por la comodidad de las comunicaciones, pero los agentes se preguntan si no será una forma de vigilar sus movimientos y conversaciones. La AEPD ya dio la razón a la AUGC en 2023, sancionando a la Guardia Civil por no cumplir con la normativa de protección de datos, pero la Benemérita ha hecho caso omiso. El asunto se complica aún más con la posibilidad de que la app acceda al micrófono del dispositivo y el reciente “consejo” de Llamas a la UCO. La AUGC denuncia que la aplicación podría usarse para espiar a los agentes y pide que se abra un expediente al DAO. La pregunta es simple: ¿qué necesitan de nuestros teléfonos? ¿El dato de la geolocalización? ¿La activación discreta de la grabación? El caso ha escalado hasta el punto de una nueva denuncia ante la AEPD, buscando paralizar el uso de la app y, esta vez, con la posibilidad de una sanción económica para el DAO, Manuel Llamas.
La memoria del PSOE parece tener agujeros más grandes que el presupuesto de una película de Hollywood. Tres millones de euros que entraron con el Plan Luz Verde en 2020, en plena pandemia, y que en las cuentas del partido parecen haberse evaporado como calcetines en la lavadora. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no se anda con chiquitas, está investigando si esos microcréditos eran, en realidad, una forma de financiar la maquinaria del partido con el dinero de los militantes, prometiendo una transformación ecológica que, a día de hoy, sigue siendo más un jardín botánico en la imaginación que en la sede de Ferraz. Lo curioso es que el PSOE sí que desglosa al milímetro los microcréditos electorales posteriores –7.439.800 euros en 2023, con la devolución certificada a fecha de mayo de 2024–, pero cuando se trata del Plan Luz Verde, silencio absoluto. Es como si hubieran tirado de la alfombra para esconder algo debajo. La partida de “Otros pasivos a largo plazo” se disparó de 24.752 euros en 2019 a 3.672.338 euros en 2020, un sablazo que el entonces director gerente, Mariano Moreno, firmó sin pestañear, pero que no explica en ningún detalle. Para colmo, la auditora externa ha decidido dejar al PSOE tirado a su suerte, alegando que solo fiscalizaban la formación política. ¿Casualidad? La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, señala que los informes del Tribunal de Cuentas se limitan a repetir lo que dice el partido. En resumen, un baile de sombras y un silencio que grita a los cuatro vientos. El PSOE prometió “pasar de las ideas a los hechos”, pero lo único que ha pasado es que la UCO ha encontrado el camino a la sede de Ferraz, solo que no para regar las plantas.
El aire huele a chamusquina en Plus Ultra. La aerolínea, con más agujeros en el balance que un queso Gruyère, recurrió a la artillería pesada: el ex-presidente Zapatero. No para pedir un café, sino para que soltara una llamada de 11 minutos que, según la UDEF, acabó materializándose en una carta oficial al Santander. Una misiva donde, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, se solicitaba un crédito ICO “siguiendo instrucciones” del mandatario. La jugada, orquestada en pleno estado de alarma por la Covid-19 – cuando la aviación estaba más parada que un domingo por la tarde – buscaba inyectar liquidez a una plantilla de 354 personas y evitar el desastre. Plus Ultra, que en 2019 facturó 94,5 millones de euros, se había quedado sin fuelle. Rodolfo Reyes, ex-accionista, tendió un puente con Zapatero, y el expresidente, lejos de quedarse en la tangente, ofreció su “ayudita”. El Santander, tras un intento fallido por la vía rápida (“los créditos ICO no son suficientes”, lamentan en la carta), se vio ante la tesitura de lidiar con una solicitud respaldada por un nombre con peso político. La operación, que culminó en un rescate de 53 millones de euros de la SEPI en marzo de 2021, levanta más sospechas que un billete de tres euros. Y mientras tanto, el enlace directo con el ex-presidente, Julio Martínez Martínez, se lucía como asesor en Venezuela, abriendo puertas con mandos militares chavistas. ¿Coincidencia? Lo dejamos a la justicia. La pregunta ahora es: ¿cuánto cuesta una llamada de 11 minutos? Y, más importante aún, ¿quién pagó la factura?
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