La noticia es un claro ejemplo de cómo las filtraciones selectivas pueden ser utilizadas para atacar a oponentes políticos. La dependencia de fuentes anónimas y agendas manuscritas plantea serias dudas sobre la veracidad de las acusaciones. El título es, cuanto menos, sensacionalista.
Mientras la cesta de la compra te deja en números rojos, la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero desentierra un tesoro de 1.3 millones de euros. Un pequeño detalle, si consideramos que el juez Calama ya ha abierto una pieza separada por posible delito fiscal y, atención, contrabando. ¿Contrabando? Sí, como esas series que te bajas sin pagar, pero con diamantes. La joyería Ansorena, la encargada de poner precio a tanto brillo, desglosa un inventario digno de Aladino: un collar de 278.000 euros con esmeraldas de Zambia (que no son de aquí, ni de cerca) y 13 zafiros de Tailandia, porque el buen gusto no entiende de fronteras. Y no nos olvidemos de otro collar, por 228.000 euros, con un “delicado diseño vegetal calado”. ¿Calado? Como la paciencia del contribuyente. Entre perlas de imitación que valen menos que un café con leche y pendientes a 25 euros (¡un chollazo!), hay anillos de 85.000 euros con esmeraldas zambianas y una sortija que grita “ostentación”. Un Dogma de acero a 100 euros convive con una cadena de oro con el grupo sanguíneo grabado, por 2.480 euros. Todo mezclado con un alfiler con el nombre de Alba, una de las hijas. ¿Será herencia o comisión? El juez lo está investigando. Y mientras tanto, la pregunta es: ¿dónde estaba todo esto cuando el país se ahogaba?
El Gobierno de Pedro Sánchez, autoproclamado adalid de la igualdad, parece haber perdido el norte... o, mejor dicho, el sexo. Sí, señoras y señores, del concepto biológico de sexo se ha decidido prescindir en los documentos oficiales sobre igualdad, sustituyéndolo por el sociocultural de género. ¿El resultado? Una nebulosa donde la mujer, esa categoría biológica con siglos de lucha, se diluye entre un abanico de identidades diversas. Más de 60 organizaciones feministas han alzado la voz, acusando al Ministerio de Albares de ignorar la base de la desigualdad femenina. El Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, vigente hasta 2030 y con una financiación que parece construida sobre arena (ningún Presupuesto General a la vista), alude al género 236 veces y al sexo, ¡solo 13! Como si el sexo fuera un detalle menor, una anécdota en la gran narrativa de la identidad. Y la cosa no mejora en otros ministerios: Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad... todos caídos en la trampa de confundir términos que, según la RAE, no tienen nada que ver. La Fundación Mujeres, presidida por Elena Valenciano y generosamente subvencionada, prefiere mantenerse al margen de la polémica. Mientras tanto, el Gobierno sigue impulsando una ‘arquitectura feminista’ que parece más un laberinto ideológico. Ana Redondo, ministra de Igualdad, vende la idea de una “economía basada en la igualdad” que suena tan bien como hueca. La Escuela Virtual de Igualdad del Instituto de las Mujeres ofrece 10 cursos online donde el sexo brilla por su ausencia, mientras el género se pasea como un pavoneo. Y para rematar la faena, el Instituto de las Mujeres ha publicado una Nueva Guía de lenguaje inclusivo para la Administración, redactada por filólogas inglesas que se atreven a emitir juicios antropológicos y biológicos. La RAE tiembla. El sentido común se cuestiona. Y la mujer, en medio de todo este embrollo, se pregunta si esta ‘igualdad’ no es, en realidad, una forma más sutil de invisibilización.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha encontrado una forma original de lidiar con las peticiones de ayuda de las víctimas de la okupación: llamarlas “peperos”. Sí, como si el drama de ver tu hogar invadido se solucionara con etiquetas políticas. Mientras el ciudadano de a pie lucha por llegar a fin de mes, la señora ministra prefiere desviar la atención con chistes de mal gusto. La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) lleva desde octubre de 2021 solicitando una reunión, un simple gesto que parece más complicado que una operación a corazón abierto. Según la PAO, Rodríguez no solo esquivó la petición, sino que justificó su inacción acusándolos de militantes del PP. ¿En serio? ¿Que la angustia de perder tu casa depende de tu papeleta electoral? El PSOE, al parecer, practica la doble moral: empatía a puerta cerrada con los afectados, pero desprecio público si la ministra se cruza con ellos. El senador socialista Juan Espadas, conocido por su interés en el tema, se limitó a encogerse de hombros ante la petición de interceder. Rodríguez, además, minimizó el problema de la okupación, argumentando que lo verdaderamente grave es que los alquileres se llevan el 50, 60 o incluso el 70% del sueldo. Como si una cosa fuera incompatible con la otra. En 2025 se registraron 10.971 allanamientos y usurpaciones, un 10,5% menos que el año anterior, según la ministra, pero para las 80.000 familias afectadas, la estadística es un consuelo muy pobre. La ministra parece vivir en una burbuja, ajena a la realidad de quienes han visto su derecho a la propiedad pisoteado. Un 0,04% de las viviendas afectadas, dice ella. Una nimiedad, aparentemente.
Dos millones de euros y un montón de buena fe. Así ha decidido invertir el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, en 53 coches nuevos para la policía del Campo de Gibraltar. El problema, según Jupol, el sindicato mayoritario, es que esos coches son como ir a una guerra con pistolas de agua. Mientras los narcos descargan ametralladoras (recientemente, un coche de la Guardia Civil terminó hecho trizas en Huelva, sin víctimas, afortunadamente, pero con 1.100 kilos de hachís confiscados), la policía recibirá vehículos que, al parecer, no resistirían un embestimiento de un carrito de la compra. Jupol, con Laura García a la cabeza, lo deja claro: “Necesitamos todoterrenos blindados, no coches para postureo”. La inversión, enmarcada en el Plan Especial del Campo de Gibraltar, alcanzó los 2.020.989,61 euros. Una cifra que, para algunos, podría haber sido mejor empleada en blindaje o vehículos de alto rendimiento, similares a los que usan los policías en Estados Unidos (los llamados PPV o Police Interceptor Vehicles). La ironía es que esta renovación de flota se anuncia justo después de que dos guardias civiles perdieran la vida en Huelva persiguiendo una narcolancha. La realidad es que, según la policía, los narcos se sienten “impunes” por la falta de medios. Marlaska, mientras tanto, apuesta por una “imagen de modernización” que, a juicio de Jupol, está muy alejada de las necesidades reales de los agentes. En resumen: más coches bonitos, menos seguridad, y la sensación de que, a veces, las prioridades están un poco… torcidas.
El PSOE está marcando distancias con José Luis Rodríguez Zapatero más rápido que un político esquivando preguntas. Inicialmente, clamaban a gritos “¡Lawfare!”, una palabra que suena sofisticada pero que, traducida del latín, significa “guerra judicial”. Ahora, tras la revelación de que las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero alcanzan la friolera de 1,3 millones de euros –más que el presupuesto anual de algunas ONGs–, la melodía ha cambiado. “Zapatero tendrá que explicarse”, susurran desde Ferraz, como si la cosa no les salpique. Pedro Sánchez, que hace unos días defendía a Zapatero con el fervor de quien defiende su última paella, ahora guarda un silencio que retumba más que un pleno parlamentario. El cambio es notable: de “defender el buen nombre” a una prudente inquietud, alimentada por el temor a que salgan más trapitos al sol. El asunto Plus Ultra, ya de por sí enredado, se ha complicado con imputaciones por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, delito fiscal y contrabando. ¡Un menú completo! Luis Arroyo, el sociólogo portavoz de Zapatero, primero aventuró una valoración de las joyas entre 30.000 y 50.000 euros. Una cifra que, visto lo que realmente valen, parece la lista de la compra en un pueblo pequeño. Ahora, el ex presidente se prepara para comparecer ante el juez Calama el 17 de junio, esperando que sus explicaciones sean más convincentes que un descuento del 70% en una rebaja. Mientras tanto, el PSOE se lava las manos, insistiendo en que Zapatero actuó siempre por su cuenta. ¿Será verdad? En política, como en el bar, siempre hay alguien que paga la cuenta.
Mientras la cesta de la compra te deja temblando, el ex presidente Zapatero acumulaba un brillo que deslumbra: 1,3 millones de euros en joyas. Sí, has leído bien. Un collar con esmeraldas zambianas, tasado en 278.000 euros, lidera la lista de la ostentación. ¿Herencia familiar, dicen? ¿Regalos de viaje? Pues la Agencia Tributaria tiene un morbo irresistible por desentrañar el origen de tanto lujo. Porque, seamos serios, para comprar semejante despliegue de diamantes y rubíes, no basta con recortar gastos en café. El juez Calama, con la paciencia de un santo y la lupa de un joyero, sospecha que algo huele mal. No solo por el valor de las piezas –otro collar, con zafiros tailandeses, en 220.000 euros, para que no se sienta solo–, sino por la falta de facturas, de justificantes, de una explicación coherente. ¿Dónde está el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales? Preguntas que ahora atormentan al ex presidente. La UDEF, la unidad que no perdona ni un alfiler, registró su despacho en Ferraz y lo que encontraron fue digno de un bazar de sultán: pulseras, pendientes, sortijas… hasta un reloj Omega. Zapatero, imputado por delito fiscal y contrabando, deberá explicar de dónde salió semejante botín. ¿Será que los viajes oficiales tenían un incentivo extra? ¿O que las herencias familiares eran más generosas de lo que aparentan? La trama se complica y el aroma a hipocresía impregna el aire. Mientras, los ciudadanos de a pie seguimos ajustando cinturones, preguntándonos si la justicia llegará a desenredar este nudo de intereses y, sobre todo, de diamantes.
Cataluña ha encontrado una forma curiosa de lidiar con el teletrabajo: pagarte para que dejes la comodidad de tu sofá y vuelvas a la oficina. Sí, lo has leído bien. Mientras el precio de la gasolina sigue siendo una puñalada en el bolsillo, la Generalitat, liderada por Albert Dalmau, ofrece entre 90 y 200 euros al mes para que los 14.900 funcionarios que disfrutan del trabajo remoto renuncien a él. La excusa, como siempre, es la "supervisión eficaz". Como si la productividad se midiera en metros cuadrados de oficina. Esta decisión, que recuerda al “modelo del siglo XIX” según 200 altos cargos que ya firmaron un manifiesto, llega con un retraso considerable. En enero de 2025, la Generalitat ya le puso la zancadilla al teletrabajo de sus altos cargos. Ahora, la jugada se extiende al resto de la plantilla. El “complemento de asistencia operativa inmediata” es, en esencia, un soborno legalizado para que vuelvas a perder tiempo en atascos. La ironía es que Moncloa, con un 52,4% de sus 93.600 funcionarios ya en modalidad híbrida, apoya el teletrabajo, justo en el momento en que se implanta la jornada de 35 horas. Catalunya, por su parte, ha decidido atar la reducción de la jornada laboral a la vuelta a la oficina. Los sindicatos, como es habitual, están divididos: IAC-CATAC se opone frontalmente, mientras que UGT y CCOO negocian para que el incentivo sea para todos los que trabajan presencialmente, evitando así un agravio comparativo. ¿Acaso no es suficiente el sablazo de la inflación? Ahora, hasta para estar en la oficina te tienen que pagar. El Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 47 bis 3, definía el teletrabajo como “neutro” económicamente. Parece que en Cataluña han decidido reescribir las reglas del juego. Y todo esto, con una reunión decisiva programada para el 1 de julio y una posible implementación en enero de 2027. Tiempo suficiente para que el debate se enfríe... o explote.
Comentarios