Crítica:
El titular original es demasiado suave para el escándalo que encierra la noticia. La falta de detalles sobre los países que supuestamente hicieron los regalos es sospechosa y podría ser una pista clave.
El titular original es demasiado suave para el escándalo que encierra la noticia. La falta de detalles sobre los países que supuestamente hicieron los regalos es sospechosa y podría ser una pista clave.
La partida de dominó política ha saltado de las vías. Pedro Sánchez, en un arrebato de indignación parlamentaria, acusó a THE OBJECTIVE (sí, con mayúsculas, como si fuera el villano de una peli) de propagar “bulos amarillentos” sobre la reestructuración de ADIF. ¿El meollo del asunto? Que el jefe de Seguridad, Salvador Almenar Antón, no es un ingeniero con décadas de experiencia, sino un periodista. Y que, para colmo, ese periodista pasó de cuidar la imagen de ADIF (Director de Comunicación, 2024) a supervisar la seguridad de las líneas (Director de Gabinete, 2025). Un ascenso meteórico que, según los expertos internos de la propia ADIF, es como poner a un panadero a pilotar un avión. El informe interno, convenientemente ignorado por la cúpula, alertaba de la falta de capacitación técnica de Almenar. El resultado: David Gómez-Rey, ingeniero de verdad, ahora rinde cuentas a un periodista. La lógica es implacable. Mientras el ciudadano de a pie se pregunta si el próximo tren llegará a tiempo, la seguridad ferroviaria se gestiona como un casting de televisión. Y el sablazo en la factura, claro, lo paga siempre el mismo. El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en el Congreso fue digno de estudio. Acusaciones cruzadas, negaciones vehementes y un periódico señalado como fuente de “odio y crispación”. La ironía es que la propia ADIF, mediante una solicitud de Transparencia, confirmó el cambio de puesto de Almenar. Un detalle que, al parecer, no llegó al despacho de Sánchez a tiempo para evitar el ridículo. ¿Será que la información “amarillenta” a veces tiene la virtud de la verdad? La pregunta queda en el aire, como el olor a óxido en una estación abandonada.
El PSOE, siempre tan inmaculado. La UCO de la Guardia Civil ha encontrado en el ordenador de Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, un documento que dibuja un panorama digno de una serie de Netflix: una lista de objetivos para “desestabilizar” a jueces y fiscales que osaban investigar los intereses del partido. ¿Manuel Marchena y Alejandro Luzón en la diana? Sí, señores, parece que la fontanería política tiene su precio. El documento, bautizado con la simpática etiqueta de “incumplimientos”, revela cómo Leire Díez, la “fontanera” en cuestión, rendía cuentas a Cerdán. Promesas de favores a cambio de información, llamadas que nunca se produjeron, y la sombra alargada de Villarejo, siempre dispuesto a colaborar… por un precio, claro. Todo esto mientras el PSOE se desvive por aparentar transparencia. ¡Qué ironía! La cosa se complica con Javier Pérez Dolset, un empresario con problemas financieros que, curiosamente, aparece con sus iniciales en los metadatos de los archivos. ¿Un peón más en este juego de poder? La UCO sospecha que sí. Y mientras tanto, Cerdán se desvincula de todo, alegando que no ha “montado ninguna trama” ni ha hecho “nada ilegal”. Como si un pendrive con 224 gigabytes de información comprometida simplemente apareciera por arte de magia. La fecha clave: los días de reflexión de Sánchez, el momento en que, según los investigadores, comenzó la operación. La UCO localizó el documento el 27 de mayo de 2024. La operación comenzó en diciembre de 2023. En resumen, una trama digna de un thriller político, con nombres propios, fechas, y una lista de objetivos que parece sacada de una película de espías. Y todo, aparentemente, para proteger los intereses de un partido y de su líder.
En Bandera, Texas, un concejal llamado Jeff Flowers ha protagonizado una escena digna de western futurista. Tras perder una votación (3-2) para cancelar el contrato con Flock Safety, empresa líder en lectores automáticos de matrículas (ALPR), Flowers ha declarado la guerra a la tecnología. No un simple berrinche, sino una propuesta para devolver a la ciudad a 1880, con libros de contabilidad en papel y transacciones solo en efectivo. La cosa no quedó ahí. Flowers, visiblemente irritado por las “miradas de soslayo” y las acusaciones de “nazismo” (sí, ha llegado a eso) por parte de quienes defienden la privacidad, propuso prohibir celulares, GPS, cámaras de seguridad (las de los vecinos también) e incluso el acceso a internet. Según Flowers, si Bandera quiere ser un refugio de “libertad”, los ladrones de coches y traficantes de personas tienen derecho a permanecer anónimos, y la seguridad de los residentes es secundaria. Lo irónico es que Flowers, en febrero, moderó una reunión en la que defendió los ALPR, argumentando que “quien no tiene nada que esconder, no debe preocuparse”. Ahora, parece que la preocupación es suya, por la pérdida de control y la creciente desconfianza hacia la vigilancia masiva. El contrato con Flock Safety, que instaló ocho lectores de matrículas en este pueblo de 900 habitantes, ha abierto una caja de Pandora de paranoia y retroceso tecnológico. Un agujero contable en la privacidad, disfrazado de seguridad. La factura, para los ciudadanos, podría ser una regresión de dos siglos.
Pere Navarro, director general de Tráfico, ha decidido que este verano la baliza V16 sea el nuevo deporte nacional. ¿El premio? Una multa. Sí, lo han leído bien. Mientras la inflación nos sabotea la lista de la compra, la DGT insiste en que lo urgente es tener un cacharro que la mayoría ignora y que, según los fabricantes, se vende a regañadientes. En enero, la demanda de estas balizas se desplomó, dejando almacenes repletos de un invento que, para colmo, es “únicamente español”, según el propio Navarro, como si eso fuera un mérito en lugar de una fuente inagotable de memes. El panorama es desolador para los distribuidores, que ya han visto cómo uno de los principales fabricantes españoles ha quebrado, y el resto se enfrenta a un futuro incierto. Navarro, lejos de reconocer el fracaso de la V16, ha optado por la coerción: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 en la guantera, ¿de acuerdo?”. La amenaza, velada pero existente, presagia una nueva fuente de ingresos para las arcas públicas, mientras los conductores se preguntan si esto es una medida de seguridad o un timo orquestado. Menos del 50% de los conductores ha sucumbido a la compra, y ahora, la DGT quiere convertir la posesión de este dispositivo en una cuestión de vida o muerte… fiscal. ¿El control? Aún es una incógnita, pero ya se habla de registros aleatorios de la Guardia Civil. Navarro, en un intento fallido de patriotismo, lamenta que se burlen de la V16, como si un producto innecesario y mal recibido pudiera ser motivo de orgullo nacional. La situación es tan surrealista que da para un monólogo de comedia, pero las multas, señores, son reales.
Mientras la cesta de la compra se resiste a bajar y las hipotecas ahogan, el Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Ana Redondo, ha decidido que lo urgente es… repartir folletos. Sí, han leído bien. 136.089,29 euros, el equivalente a un coche familiar de segunda mano, se han esfumado en la distribución de material del Instituto de las Mujeres, ese faro de la polémica que necesita urgentemente un plan de comunicación. Round Connect SL, la afortunada empresa adjudicataria, tendrá que alquilar un almacén de 120 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid (a menos de 30 kilómetros de la capital, por supuesto, que no sea mucho ir y venir) y asegurarse de que los folletos lleguen a su destino. Imaginen el plan: montañas de carteles, libros que nadie lee, CDs que ya nadie usa… todo esto custodiado, etiquetado, franqueado y enviado a destinatarios que, probablemente, ya tienen la información en Google. Y si el envío falla, Round Connect SL asume el coste de la devolución. Como si no tuviéramos suficientes problemas, ahora también hay que pagar 28,36 euros diarios por el depósito temporal de publicaciones mientras se hace la transición de una empresa a otra. El pliego de condiciones es un festival de detalles burocráticos: estanterías de tres o cuatro alturas, mantenimiento de las instalaciones, impuestos, tasas, reparaciones… Todo para “difundir y sensibilizar” sobre la igualdad. Uno se pregunta si con la mitad de ese dinero no se podrían haber solucionado problemas más acuciantes, pero, claro, eso no genera titulares tan jugosos. Y mientras tanto, el Instituto de las Mujeres sigue siendo el imán de controversias que necesita urgentemente una buena estrategia de comunicación… pagada con nuestros impuestos.
Valladolid, 13 de junio de 2026. Mientras el precio del aceite de oliva se ha disparado y la cesta de la compra es un campo de minas, el nacionalismo vasco desentierra un viejo mapa. El Enclave de Treviño, ese puñado de almas (menos de 2.000, para ser exactos) rodeado de Álava, vuelve a ser el objeto del deseo. Un deseo que, según el ministro Ángel Víctor Torres, es “plenamente constitucional”. Sí, como si la Constitución fuera un menú a la carta. La Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Álava, un club de fans del PNV y Bildu, ha puesto en marcha la operación “referéndum”. Quieren convencer a Castilla y León de que ceda un trozo de su historia, un territorio castellano desde hace casi un milenio. La estrategia: reuniones con políticos de todos los colores, desde el PP hasta Sumar, para intentar venderles la moto de una “situación anacrónica”. La ironía es que ni PP ni Vox, ni siquiera el PSOE de Castilla y León, están por la labor. Pero esto no detiene a los nacionalistas, que ya han celebrado su “Trebiñu Eguna” (un día de fiesta, sí, como si el problema se solucionara con un bocadillo y una canción). Ahora, buscan el visto bueno para un referéndum que, en la práctica, significaría amputar un pedazo de Castilla y León. Todo esto mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y la incertidumbre. Un detalle, por cierto, que a la Mesa para la Integración parece escapársele. La pregunta es: ¿alguien realmente cree que el futuro de España se decide en un enclave de 2.000 habitantes? No parece, pero la política, amigos, es así de surrealista.
Mientras el precio de la leche sigue subiendo y el alquiler te deja sin respiración, un grupo de diputados prefiere centrarse en cambiar de jefe de Estado. Este sábado, las calles de Madrid se llenarán de pancartas y consignas, cortesía de Podemos y Sumar, que han decidido que lo urgente es exigir el fin de Felipe VI y la proclamación de la III República. La cosa va en serio, según Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, para quien la cuestión republicana es “de pura actualidad” en medio de un contexto bélico internacional. En plan 'si no puedes resolver los problemas de la guerra, ataca al Rey'. Francisco Sierra, de Izquierda Unida (Sumar), va más allá: necesitamos una “ruptura democrática” y “un proceso de apertura a la ciudadanía”. Suena a planazo, pero ¿quién pagará la factura? Gerardo Pisarello, con la seriedad de quien ha pensado en todo, añade que sin una república laica, ni siquiera podremos soñar con la paz. Y claro, porque si hay algo que preocupa más que la inflación, es el privilegio de la Iglesia. Enrique Santiago (IU/PCE) y Alberto Ibáñez (Compromís/Sumar) también se apuntan al baile, demostrando que la unidad en la izquierda es posible… al menos en las fotos. Elena Ollero, portavoz de la Marcha Republicana, agradece el apoyo (necesario, visto el panorama) y anuncia que la movilización, que partirá de la Puerta del Sol y terminará en el Museo Reina Sofía (pasando por el Ministerio de Exteriores, por si acaso algún diplomático se anima), reunirá a gente de “todo el territorio nacional” para “clamar república”. El lema, 'República para la paz', suena bien, pero uno se pregunta si la paz se consigue cambiando de monarca o arreglando la lista de la compra. En resumen, un sábado más de debates trascendentales mientras la vida sigue su curso, y la hipocresía se pasea por la Gran Vía.
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