La noticia es predecible y carece de análisis profundo. Se limita a reproducir declaraciones sin cuestionar la viabilidad o el impacto real de la propuesta. El título, aunque llamativo, simplifica demasiado la complejidad del debate monárquico.
Mientras la cesta de la compra se resiste a bajar y las hipotecas ahogan, el Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Ana Redondo, ha decidido que lo urgente es… repartir folletos. Sí, han leído bien. 136.089,29 euros, el equivalente a un coche familiar de segunda mano, se han esfumado en la distribución de material del Instituto de las Mujeres, ese faro de la polémica que necesita urgentemente un plan de comunicación. Round Connect SL, la afortunada empresa adjudicataria, tendrá que alquilar un almacén de 120 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid (a menos de 30 kilómetros de la capital, por supuesto, que no sea mucho ir y venir) y asegurarse de que los folletos lleguen a su destino. Imaginen el plan: montañas de carteles, libros que nadie lee, CDs que ya nadie usa… todo esto custodiado, etiquetado, franqueado y enviado a destinatarios que, probablemente, ya tienen la información en Google. Y si el envío falla, Round Connect SL asume el coste de la devolución. Como si no tuviéramos suficientes problemas, ahora también hay que pagar 28,36 euros diarios por el depósito temporal de publicaciones mientras se hace la transición de una empresa a otra. El pliego de condiciones es un festival de detalles burocráticos: estanterías de tres o cuatro alturas, mantenimiento de las instalaciones, impuestos, tasas, reparaciones… Todo para “difundir y sensibilizar” sobre la igualdad. Uno se pregunta si con la mitad de ese dinero no se podrían haber solucionado problemas más acuciantes, pero, claro, eso no genera titulares tan jugosos. Y mientras tanto, el Instituto de las Mujeres sigue siendo el imán de controversias que necesita urgentemente una buena estrategia de comunicación… pagada con nuestros impuestos.
Valladolid, 13 de junio de 2026. Mientras el precio del aceite de oliva se ha disparado y la cesta de la compra es un campo de minas, el nacionalismo vasco desentierra un viejo mapa. El Enclave de Treviño, ese puñado de almas (menos de 2.000, para ser exactos) rodeado de Álava, vuelve a ser el objeto del deseo. Un deseo que, según el ministro Ángel Víctor Torres, es “plenamente constitucional”. Sí, como si la Constitución fuera un menú a la carta. La Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Álava, un club de fans del PNV y Bildu, ha puesto en marcha la operación “referéndum”. Quieren convencer a Castilla y León de que ceda un trozo de su historia, un territorio castellano desde hace casi un milenio. La estrategia: reuniones con políticos de todos los colores, desde el PP hasta Sumar, para intentar venderles la moto de una “situación anacrónica”. La ironía es que ni PP ni Vox, ni siquiera el PSOE de Castilla y León, están por la labor. Pero esto no detiene a los nacionalistas, que ya han celebrado su “Trebiñu Eguna” (un día de fiesta, sí, como si el problema se solucionara con un bocadillo y una canción). Ahora, buscan el visto bueno para un referéndum que, en la práctica, significaría amputar un pedazo de Castilla y León. Todo esto mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y la incertidumbre. Un detalle, por cierto, que a la Mesa para la Integración parece escapársele. La pregunta es: ¿alguien realmente cree que el futuro de España se decide en un enclave de 2.000 habitantes? No parece, pero la política, amigos, es así de surrealista.
La fontanera socialista Leire Díez, convertida en involuntaria protagonista de un culebrón judicial, ha visto su petición de nulidad de causa rechazada por la Fiscalía. Un giro de guion que, para los que llevamos años viendo pasar trenes, es tan predecible como el sablazo en la factura del gas. La defensa de Díez alegaba extralimitación del juez Santiago Pedraz, quien, tras investigar las adjudicaciones públicas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), se encontró, según parece, con “hallazgos casuales” que le llevaron a husmear en las cloacas del PSOE. ¡Casualidades, ya! La Fiscalía, en un auto que huele a formalidad y poca sorpresa, defiende que ampliar la investigación es plausible. Es decir, si encuentras una gotera, revisa toda la tubería, ¿no? Y la cosa va más allá. Pedraz solicitó la inhibición del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde ya se investigaba la cloaca socialista, para que la Audiencia Nacional mantenga el control del tinglado. La Fiscalía aplaude la jugada: mejor un solo cirujano que dos peleándose el bisturí. Pero lo jugoso está en la descripción que la Fiscalía hace de la organización: una “organización criminal permanente y estructurada” desde 2021. Traducido a lenguaje llano: una trama que lleva años moviendo hilos para favorecer a unos pocos y protegerse de la justicia. El objetivo, según el informe, es orientar expedientes administrativos a cambio de favores y, simultáneamente, construir una muralla de protección contra investigaciones. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando la cuenta. El caso, con su fecha clave de 26 de mayo de 2026, parece un eco lejano de las cloacas de antaño, ahora con fontaneros en el centro del escenario.
El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, ha pedido perdón. ¿Por qué? Por subestimar el valor de las joyas de su jefe en un módico 1.250.000 euros. Sí, lo has leído bien. Primero dijo 50.000, luego, tras la tasación de Ansorena y el Instituto Geológico Español, la cifra se disparó a 1,3 millones. Un pequeño detalle, dirán algunos. Como si la diferencia entre comprar una baguette y un yate fuera una cuestión de gustos. Arroyo, defensor a ultranza del “argumentario” de Zapatero sobre el origen de ese tesoro hallado en su despacho (¿de dónde sale tanta joya, José Luis?), ahora se desmarca. “Él dará explicaciones ante el juez”, se lava las manos con una honestidad que chirría. Como si la comunicación, según él, fuera algo que se practica con la verdad por delante, y no con la estrategia de minimizar daños. Recordemos que Arroyo aseguraba que las joyas eran herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”. Ahora, con una tasación que las eleva a una fortuna, la historia suena a cuento chino. ¿Regalos de viajes? ¿De qué, de la joyería Ansorena? La tasación, solicitada por el juez Calama, no solo revela el valor económico, sino también la naturaleza y autenticidad de las piezas. Un detalle importante, porque en estos casos, la procedencia es tan relevante como el brillo. El 12 de junio de 2026, Arroyo se disculpó en X (antes Twitter), pero el daño ya está hecho. La credibilidad, como un jarrón de porcelana, una vez rota, es difícil de recomponer. Y el sablazo en la factura, esta vez, es para la reputación.
Mientras la cesta de la compra te deja en números rojos, la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero desentierra un tesoro de 1.3 millones de euros. Un pequeño detalle, si consideramos que el juez Calama ya ha abierto una pieza separada por posible delito fiscal y, atención, contrabando. ¿Contrabando? Sí, como esas series que te bajas sin pagar, pero con diamantes. La joyería Ansorena, la encargada de poner precio a tanto brillo, desglosa un inventario digno de Aladino: un collar de 278.000 euros con esmeraldas de Zambia (que no son de aquí, ni de cerca) y 13 zafiros de Tailandia, porque el buen gusto no entiende de fronteras. Y no nos olvidemos de otro collar, por 228.000 euros, con un “delicado diseño vegetal calado”. ¿Calado? Como la paciencia del contribuyente. Entre perlas de imitación que valen menos que un café con leche y pendientes a 25 euros (¡un chollazo!), hay anillos de 85.000 euros con esmeraldas zambianas y una sortija que grita “ostentación”. Un Dogma de acero a 100 euros convive con una cadena de oro con el grupo sanguíneo grabado, por 2.480 euros. Todo mezclado con un alfiler con el nombre de Alba, una de las hijas. ¿Será herencia o comisión? El juez lo está investigando. Y mientras tanto, la pregunta es: ¿dónde estaba todo esto cuando el país se ahogaba?
La fontanera socialista Leire Díez, aparentemente aficionada a dejar constancia de sus pensamientos en agendas manuscritas, ha desatado un avispero. No es que haya descubierto la pólvora, pero sí ha puesto nombres y fechas a una trama que huele a podrido. Resulta que, según sus anotaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no solo estaba 'pillado' por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), sino que también se dedicaba a 'enchufar' al cuñado de alguien con las siglas de 'S.E.' –el misterioso secretario de Estado, vaya usted a saber quién–. La cosa no acaba ahí: la agenda menciona 'comprar' jueces de la Audiencia Nacional, específicamente a Alfonso Guevara, con la promesa de un ascenso a cambio de favores. Es como si la justicia fuera un mercadillo de segunda mano. El nombre de Rafael Pérez Ruiz, director de Gabinete y luego secretario de Estado de Seguridad, aparece también en el punto de mira, traído de Sevilla a Madrid y con una 'mochila' llena de secretos. ¿Casualidad? No lo parece. Todo esto, mientras la UCO investigaba posibles intentos de desprestigiarla. El ministro Marlaska, como buen estratega, ha intentado minimizar el asunto, primero negando escolta policial para la señora Díez, para luego admitir que sí la tuvo, pagada por el erario público, dos meses. Dos meses de 'protección' para la que ahora nos cuenta los entresijos del poder. Las agendas también mencionan bloquear puertas, cloacas para proteger a empresas y una 'oferta' para Koldo García. En resumen, un auténtico catálogo de vicios al poder. La cosa pinta tan fea que hasta el comandante Villalba, vinculado al caso Koldo, sale a colación. La fontanera, al parecer, usaba las agendas como si fueran un muro de WhatsApp, anotando todo lo que escuchaba o intuía.
El Gobierno de Pedro Sánchez, autoproclamado adalid de la igualdad, parece haber perdido el norte... o, mejor dicho, el sexo. Sí, señoras y señores, del concepto biológico de sexo se ha decidido prescindir en los documentos oficiales sobre igualdad, sustituyéndolo por el sociocultural de género. ¿El resultado? Una nebulosa donde la mujer, esa categoría biológica con siglos de lucha, se diluye entre un abanico de identidades diversas. Más de 60 organizaciones feministas han alzado la voz, acusando al Ministerio de Albares de ignorar la base de la desigualdad femenina. El Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, vigente hasta 2030 y con una financiación que parece construida sobre arena (ningún Presupuesto General a la vista), alude al género 236 veces y al sexo, ¡solo 13! Como si el sexo fuera un detalle menor, una anécdota en la gran narrativa de la identidad. Y la cosa no mejora en otros ministerios: Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad... todos caídos en la trampa de confundir términos que, según la RAE, no tienen nada que ver. La Fundación Mujeres, presidida por Elena Valenciano y generosamente subvencionada, prefiere mantenerse al margen de la polémica. Mientras tanto, el Gobierno sigue impulsando una ‘arquitectura feminista’ que parece más un laberinto ideológico. Ana Redondo, ministra de Igualdad, vende la idea de una “economía basada en la igualdad” que suena tan bien como hueca. La Escuela Virtual de Igualdad del Instituto de las Mujeres ofrece 10 cursos online donde el sexo brilla por su ausencia, mientras el género se pasea como un pavoneo. Y para rematar la faena, el Instituto de las Mujeres ha publicado una Nueva Guía de lenguaje inclusivo para la Administración, redactada por filólogas inglesas que se atreven a emitir juicios antropológicos y biológicos. La RAE tiembla. El sentido común se cuestiona. Y la mujer, en medio de todo este embrollo, se pregunta si esta ‘igualdad’ no es, en realidad, una forma más sutil de invisibilización.
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