El informe fiscal suena a justificación a posteriori de una investigación que, desde el principio, parecía dirigida. Falta transparencia sobre los “hallazgos casuales” que justifican la ampliación del caso. ¿Realmente fue una casualidad o una persecución política?
Valladolid, 13 de junio de 2026. Mientras el precio del aceite de oliva se ha disparado y la cesta de la compra es un campo de minas, el nacionalismo vasco desentierra un viejo mapa. El Enclave de Treviño, ese puñado de almas (menos de 2.000, para ser exactos) rodeado de Álava, vuelve a ser el objeto del deseo. Un deseo que, según el ministro Ángel Víctor Torres, es “plenamente constitucional”. Sí, como si la Constitución fuera un menú a la carta. La Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Álava, un club de fans del PNV y Bildu, ha puesto en marcha la operación “referéndum”. Quieren convencer a Castilla y León de que ceda un trozo de su historia, un territorio castellano desde hace casi un milenio. La estrategia: reuniones con políticos de todos los colores, desde el PP hasta Sumar, para intentar venderles la moto de una “situación anacrónica”. La ironía es que ni PP ni Vox, ni siquiera el PSOE de Castilla y León, están por la labor. Pero esto no detiene a los nacionalistas, que ya han celebrado su “Trebiñu Eguna” (un día de fiesta, sí, como si el problema se solucionara con un bocadillo y una canción). Ahora, buscan el visto bueno para un referéndum que, en la práctica, significaría amputar un pedazo de Castilla y León. Todo esto mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y la incertidumbre. Un detalle, por cierto, que a la Mesa para la Integración parece escapársele. La pregunta es: ¿alguien realmente cree que el futuro de España se decide en un enclave de 2.000 habitantes? No parece, pero la política, amigos, es así de surrealista.
Mientras el precio de la leche sigue subiendo y el alquiler te deja sin respiración, un grupo de diputados prefiere centrarse en cambiar de jefe de Estado. Este sábado, las calles de Madrid se llenarán de pancartas y consignas, cortesía de Podemos y Sumar, que han decidido que lo urgente es exigir el fin de Felipe VI y la proclamación de la III República. La cosa va en serio, según Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, para quien la cuestión republicana es “de pura actualidad” en medio de un contexto bélico internacional. En plan 'si no puedes resolver los problemas de la guerra, ataca al Rey'. Francisco Sierra, de Izquierda Unida (Sumar), va más allá: necesitamos una “ruptura democrática” y “un proceso de apertura a la ciudadanía”. Suena a planazo, pero ¿quién pagará la factura? Gerardo Pisarello, con la seriedad de quien ha pensado en todo, añade que sin una república laica, ni siquiera podremos soñar con la paz. Y claro, porque si hay algo que preocupa más que la inflación, es el privilegio de la Iglesia. Enrique Santiago (IU/PCE) y Alberto Ibáñez (Compromís/Sumar) también se apuntan al baile, demostrando que la unidad en la izquierda es posible… al menos en las fotos. Elena Ollero, portavoz de la Marcha Republicana, agradece el apoyo (necesario, visto el panorama) y anuncia que la movilización, que partirá de la Puerta del Sol y terminará en el Museo Reina Sofía (pasando por el Ministerio de Exteriores, por si acaso algún diplomático se anima), reunirá a gente de “todo el territorio nacional” para “clamar república”. El lema, 'República para la paz', suena bien, pero uno se pregunta si la paz se consigue cambiando de monarca o arreglando la lista de la compra. En resumen, un sábado más de debates trascendentales mientras la vida sigue su curso, y la hipocresía se pasea por la Gran Vía.
El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, ha pedido perdón. ¿Por qué? Por subestimar el valor de las joyas de su jefe en un módico 1.250.000 euros. Sí, lo has leído bien. Primero dijo 50.000, luego, tras la tasación de Ansorena y el Instituto Geológico Español, la cifra se disparó a 1,3 millones. Un pequeño detalle, dirán algunos. Como si la diferencia entre comprar una baguette y un yate fuera una cuestión de gustos. Arroyo, defensor a ultranza del “argumentario” de Zapatero sobre el origen de ese tesoro hallado en su despacho (¿de dónde sale tanta joya, José Luis?), ahora se desmarca. “Él dará explicaciones ante el juez”, se lava las manos con una honestidad que chirría. Como si la comunicación, según él, fuera algo que se practica con la verdad por delante, y no con la estrategia de minimizar daños. Recordemos que Arroyo aseguraba que las joyas eran herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”. Ahora, con una tasación que las eleva a una fortuna, la historia suena a cuento chino. ¿Regalos de viajes? ¿De qué, de la joyería Ansorena? La tasación, solicitada por el juez Calama, no solo revela el valor económico, sino también la naturaleza y autenticidad de las piezas. Un detalle importante, porque en estos casos, la procedencia es tan relevante como el brillo. El 12 de junio de 2026, Arroyo se disculpó en X (antes Twitter), pero el daño ya está hecho. La credibilidad, como un jarrón de porcelana, una vez rota, es difícil de recomponer. Y el sablazo en la factura, esta vez, es para la reputación.
Mientras la cesta de la compra te deja en números rojos, la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero desentierra un tesoro de 1.3 millones de euros. Un pequeño detalle, si consideramos que el juez Calama ya ha abierto una pieza separada por posible delito fiscal y, atención, contrabando. ¿Contrabando? Sí, como esas series que te bajas sin pagar, pero con diamantes. La joyería Ansorena, la encargada de poner precio a tanto brillo, desglosa un inventario digno de Aladino: un collar de 278.000 euros con esmeraldas de Zambia (que no son de aquí, ni de cerca) y 13 zafiros de Tailandia, porque el buen gusto no entiende de fronteras. Y no nos olvidemos de otro collar, por 228.000 euros, con un “delicado diseño vegetal calado”. ¿Calado? Como la paciencia del contribuyente. Entre perlas de imitación que valen menos que un café con leche y pendientes a 25 euros (¡un chollazo!), hay anillos de 85.000 euros con esmeraldas zambianas y una sortija que grita “ostentación”. Un Dogma de acero a 100 euros convive con una cadena de oro con el grupo sanguíneo grabado, por 2.480 euros. Todo mezclado con un alfiler con el nombre de Alba, una de las hijas. ¿Será herencia o comisión? El juez lo está investigando. Y mientras tanto, la pregunta es: ¿dónde estaba todo esto cuando el país se ahogaba?
La fontanera socialista Leire Díez, aparentemente aficionada a dejar constancia de sus pensamientos en agendas manuscritas, ha desatado un avispero. No es que haya descubierto la pólvora, pero sí ha puesto nombres y fechas a una trama que huele a podrido. Resulta que, según sus anotaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no solo estaba 'pillado' por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), sino que también se dedicaba a 'enchufar' al cuñado de alguien con las siglas de 'S.E.' –el misterioso secretario de Estado, vaya usted a saber quién–. La cosa no acaba ahí: la agenda menciona 'comprar' jueces de la Audiencia Nacional, específicamente a Alfonso Guevara, con la promesa de un ascenso a cambio de favores. Es como si la justicia fuera un mercadillo de segunda mano. El nombre de Rafael Pérez Ruiz, director de Gabinete y luego secretario de Estado de Seguridad, aparece también en el punto de mira, traído de Sevilla a Madrid y con una 'mochila' llena de secretos. ¿Casualidad? No lo parece. Todo esto, mientras la UCO investigaba posibles intentos de desprestigiarla. El ministro Marlaska, como buen estratega, ha intentado minimizar el asunto, primero negando escolta policial para la señora Díez, para luego admitir que sí la tuvo, pagada por el erario público, dos meses. Dos meses de 'protección' para la que ahora nos cuenta los entresijos del poder. Las agendas también mencionan bloquear puertas, cloacas para proteger a empresas y una 'oferta' para Koldo García. En resumen, un auténtico catálogo de vicios al poder. La cosa pinta tan fea que hasta el comandante Villalba, vinculado al caso Koldo, sale a colación. La fontanera, al parecer, usaba las agendas como si fueran un muro de WhatsApp, anotando todo lo que escuchaba o intuía.
El Gobierno de Pedro Sánchez, autoproclamado adalid de la igualdad, parece haber perdido el norte... o, mejor dicho, el sexo. Sí, señoras y señores, del concepto biológico de sexo se ha decidido prescindir en los documentos oficiales sobre igualdad, sustituyéndolo por el sociocultural de género. ¿El resultado? Una nebulosa donde la mujer, esa categoría biológica con siglos de lucha, se diluye entre un abanico de identidades diversas. Más de 60 organizaciones feministas han alzado la voz, acusando al Ministerio de Albares de ignorar la base de la desigualdad femenina. El Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, vigente hasta 2030 y con una financiación que parece construida sobre arena (ningún Presupuesto General a la vista), alude al género 236 veces y al sexo, ¡solo 13! Como si el sexo fuera un detalle menor, una anécdota en la gran narrativa de la identidad. Y la cosa no mejora en otros ministerios: Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad... todos caídos en la trampa de confundir términos que, según la RAE, no tienen nada que ver. La Fundación Mujeres, presidida por Elena Valenciano y generosamente subvencionada, prefiere mantenerse al margen de la polémica. Mientras tanto, el Gobierno sigue impulsando una ‘arquitectura feminista’ que parece más un laberinto ideológico. Ana Redondo, ministra de Igualdad, vende la idea de una “economía basada en la igualdad” que suena tan bien como hueca. La Escuela Virtual de Igualdad del Instituto de las Mujeres ofrece 10 cursos online donde el sexo brilla por su ausencia, mientras el género se pasea como un pavoneo. Y para rematar la faena, el Instituto de las Mujeres ha publicado una Nueva Guía de lenguaje inclusivo para la Administración, redactada por filólogas inglesas que se atreven a emitir juicios antropológicos y biológicos. La RAE tiembla. El sentido común se cuestiona. Y la mujer, en medio de todo este embrollo, se pregunta si esta ‘igualdad’ no es, en realidad, una forma más sutil de invisibilización.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha encontrado una forma original de lidiar con las peticiones de ayuda de las víctimas de la okupación: llamarlas “peperos”. Sí, como si el drama de ver tu hogar invadido se solucionara con etiquetas políticas. Mientras el ciudadano de a pie lucha por llegar a fin de mes, la señora ministra prefiere desviar la atención con chistes de mal gusto. La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) lleva desde octubre de 2021 solicitando una reunión, un simple gesto que parece más complicado que una operación a corazón abierto. Según la PAO, Rodríguez no solo esquivó la petición, sino que justificó su inacción acusándolos de militantes del PP. ¿En serio? ¿Que la angustia de perder tu casa depende de tu papeleta electoral? El PSOE, al parecer, practica la doble moral: empatía a puerta cerrada con los afectados, pero desprecio público si la ministra se cruza con ellos. El senador socialista Juan Espadas, conocido por su interés en el tema, se limitó a encogerse de hombros ante la petición de interceder. Rodríguez, además, minimizó el problema de la okupación, argumentando que lo verdaderamente grave es que los alquileres se llevan el 50, 60 o incluso el 70% del sueldo. Como si una cosa fuera incompatible con la otra. En 2025 se registraron 10.971 allanamientos y usurpaciones, un 10,5% menos que el año anterior, según la ministra, pero para las 80.000 familias afectadas, la estadística es un consuelo muy pobre. La ministra parece vivir en una burbuja, ajena a la realidad de quienes han visto su derecho a la propiedad pisoteado. Un 0,04% de las viviendas afectadas, dice ella. Una nimiedad, aparentemente.
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