La noticia es predecible y cae en la trampa de analizar la forma (la corbata) en lugar del fondo (los escándalos). El titular, aunque pegadizo, simplifica demasiado una situación compleja. Se echa en falta una investigación más profunda sobre las implicaciones legales de los casos de corrupción mencionados.
El 'caso Leire' destapó una cloaca, pero el verdadero festín estaba en Gaslow. Juan Sánchez Yepes, exmando de la UCO, no solo se dedicaba a perseguir delincuentes, sino a negociar con ellos. Un auténtico 'traductor' entre la ley y el dinero sucio. El juez Pedraz, con 43 páginas de puro drama, desvela cómo Yepes infló su patrimonio un 134% entre 2018 y 2022, pasando de 251.587,89 euros a 590.300,21 euros, mientras el resto lidiábamos con la pandemia y la inflación. ¿Un golpe de suerte? No, un negocio redondo basado en 'servicios prestados'. ¿En qué consistían esos servicios? En chivatazos, claro. Yepes avisaba a los capos de la trama de hidrocarburos (Javier García Pérez, Antonio Rodríguez Estepa y José Luis Caramés Taboada) de las próximas detenciones, permitiéndoles esconder el dinero y limpiar el terreno. García Pérez, por ejemplo, le regaló 55.000 euros a través de testaferros, y a cambio recibió información privilegiada. Una 'novedad en el frente', como le preguntaba el empresario. El silencio, al parecer, se mide en billetes. La trama era tan amplia que implicó a la esposa, hijos, hermana y cuñado de Yepes, quienes canalizaban sobornos a través de tarjetas prepago hasta sumar 154.722,46 euros. Un 'aguinaldo' familiar cortesía de los defraudadores. Para colmo, Yepes fue destinado a enseñar Ética y Deontología Profesional en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, un giro argumental digno de una serie de Netflix. La ironía, a veces, es el mejor disfraz de la hipocresía. Ahora se enfrenta a 26 años de cárcel, una cifra que, considerando el nivel de impunidad en este país, podría ser una simple advertencia. Y todo, porque se atrevió a tirar de la cuerda demasiado corta. Las dádivas no se limitaban al dinero. Televisores Samsung, muebles de lujo, incluso viviendas a precio de saldo (un solar por 60.000 euros cuando valía 100.000) formaban parte del botín. El juez Pedraz, con lupa de detective y paciencia infinita, ha reconstruido una red de favores y corrupción que avergüenza al sistema. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos pagando el IVA de la gasolina y preguntándonos dónde está el dinero.
El expresidente Zapatero ha bailado sobre la cuerda floja en la Audiencia Nacional, pero el juez Calama le ha permitido seguir bailando. A pesar de que la Fiscalía pedía ataduras –retención de pasaporte, comparecencias quincenales, la guinda: prisión provisional–, el magistrado ha decidido que, por ahora, el señor Zapatero puede seguir haciendo la compra sin problemas. Mientras tanto, la acusación popular (Vox, Hazte oír y compañía) se queda con las ganas. La cosa va de 53 millones de euros rescatados a Plus Ultra en 2021, un rescate donde, según mensajes intervenidos, el 'pana' Zapatero movió los hilos. Y no solo eso. También aparecen transferencias entre cuentas del expresidente, sociedades mercantiles dudosas y, la joya de la corona, 1,3 millones de euros en joyas sin justificar, tasadas por la mismísima joyería Ansorena. Zapatero dice estar recabando información, pero el juez prefiere creer en su 'arraigo' y en el hecho de que, siendo quien es, no va a escaparse. El juez Calama argumenta que ya se han intervenido las pruebas y que Zapatero no puede obstaculizar la investigación. Además, considera que restringir su libertad sería desproporcionado. En resumen, un auto que huele a perfume caro y a impunidad. Mientras tanto, el expresidente ha negado cualquier influencia en el rescate y se ha desvinculado de su supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, quien, irónicamente, firmó un contrato para cobrar una comisión del 1% del rescate. Zapatero sí admite haber trabajado para la consultora de Martínez, Análisis Relevante, y haber cobrado 490.780 euros, cantidad que, casualmente, está bloqueada en sus cuentas. A esto hay que sumar otros 239.755 euros que fueron a parar a la agencia de sus hijas, Whathefav. Un entramado que, a simple vista, parece más enrevesado que un nudo de marinero.
El caso Plus Ultra, ese rescate de 53 millones de euros que parece sacado de un chiste malo, ha vuelto a escandalizar. Y esta vez, el expresidente Zapatero está en el punto de mira. No por una crisis de esnobismo con corbatas floreadas, sino por joyas valoradas en 1.323.915 euros cuyo origen es, digamos, turbio. Unos adornos que no vienen con la factura del El Corte Inglés, vamos. La cosa se ha puesto seria: delitos fiscales, contrabando… el menú completo. El revés, según fuentes policiales que prefieren no dar su nombre (porque en esto de remover mierda, siempre hay riesgo de salpicaduras), es que el nuevo DAO, José Santafé, parece no ser tan maleable como su predecesor, José Ángel González, quien tuvo que dimitir por un presunto caso de agresión sexual. El gobierno, al parecer, creía tener a Santafé atado con alambre de piano, pero el hombre ha decidido abrir el grifo de la investigación. ¿Será que a Santafé le ha dado por ser un Indiana Jones de la justicia? La UDEF, esa unidad que se dedica a perseguir a los que se apropian más de lo debido, parece dispuesta a reivindicarse después de años de ser “defenestrada”, como dicen los expertos. Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía y hombre de confianza del exministro José Bono, observa desde arriba, con un control férreo. La partida de ajedrez está servida. Mientras tanto, el caso ha saltado del juzgado de Madrid a la Audiencia Nacional, indicando que esto va más allá de una simple disputa vecinal. El currículum de Santafé es impecable: ingresó en la Policía en 1990, ascendió poco a poco, diplomado en Magisterio y un sinfín de cursos de formación. Pero lo que importa ahora no es su expediente académico, sino si tiene el valor de enfrentarse a los poderosos y desentrañar este embrollo.
El juez Calama, un tipo con la paciencia de un santo y el olfato de un detective de novela negra, le ha dicho a la Fiscalía que, por mucho que insistan, José Luis Rodríguez Zapatero no se va a escapar con la pasta. No, señor. El expresidente, investigado por cuatro delitos –más que algunos atracadores de bancos–, ha visto cómo su pasaporte se mantenía intacto, como un billete de ida a la tranquilidad (o eso parece). Mientras el ciudadano de a pie se pelea con Hacienda por 30 euros, el caso Plus Ultra y sus comisiones siguen dando vueltas, con un empresario amigo, Julio Martínez Martínez, en el centro del huracán. Zapatero se desvincula de todo, como si fuera un espectador en un partido que él mismo armó. Su empresa, Análisis Relevante, canalizaba comisiones, dice la UDEF, pero él nada sabe, nada. Sus hijas, con una empresa de marketing que casualmente también recibió encargos de Martínez Martínez, prestaban servicios reales, insiste. Y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que encontraron en su despacho oficial… mejor no hablar de eso, claro. Calama, eso sí, no se come el cuento del riesgo de fuga. Zapatero es “figura pública” y tiene “arraigo”. En resumen, el ex-presidente puede seguir viajando, mientras el resto de mortales soñamos con las vacaciones. El caso, lejos de desvelar una trama turbia, parece más un sainete de poder y amistades influyentes. La Fiscalía pedía medidas cautelares, pero el juez ha decidido que, por ahora, el expresidente puede seguir disfrutando de su “manifiesto arraigo” con el dinero de todos.
El expresidente Zapatero, un tipo que solía hablar de “tener poco y dar mucho”, ahora tiene que explicar a un juez de dónde salió lo “mucho”. Entró a la Audiencia Nacional como si fuera VIP, por una puerta reservada para jueces, mientras el exministro Ábalos, presumiblemente con menos contactos, hacía la cola como un ciudadano más. La cosa huele a chamusquina, a privilegio y a “ingeniería financiera” de la que pocos se libran. Los gritos de “¡sinvergüenza!” y “¡chorizo!” al bajar del coche, un clásico, le recibieron como una factura de la luz en pleno invierno. Zapatero, imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se enfrenta a preguntas sobre el caso Plus Ultra y, aunque no declarará sobre las joyas encontradas en su despacho (otro detalle curioso), ya está en el punto de mira por tráfico de influencias, falsedad documental y, para rematar, posibles delitos contra la Hacienda Pública. El hombre que prometió cambiar España, ahora es el primer expresidente en pisar la Audiencia Nacional como imputado. Un giro de guion digno de Netflix. La entrada reservada, a 100 metros de la principal, no evitó los improperios. ¿Privilegio o simple cortesía? La pregunta está en el aire, igual que el olor a corrupción que impregna los pasillos de la justicia. La declaración ante el juez Calama promete ser un espectáculo, aunque Zapatero se acoja a su derecho a no declarar sobre el tema de las joyas. En resumen, un día de emociones fuertes para el establishment y una confirmación más de que, en este país, todos somos iguales… pero algunos más iguales que otros.
El Gobierno, en una de esas reuniones semanales donde decide gastar nuestro dinero sin que nadie le pida cuentas, ha soltado 32 millones de euros para los sindicatos. ¿Paz social? No, amigos, es comprar el silencio. Mientras tú aprietas el cinturón para llegar a fin de mes, Unai Sordo y Pepe Álvarez se dan un festín con fondos públicos. Y no son solo esos 32 millones, ojo. El Ministerio de Trabajo reparte dinero como si fuera confeti: 11.760 francos suizos (¿para qué?), casi 70.000 euros, 14.000 dólares… una orgía de divisas que te dejaría a ti sin un duro para el café. Pero la fiesta no para ahí. La 30 Cumbre Iberoamericana nos saldrá por 29.020.236 euros. Sí, has leído bien. Y RTVE, que está más agujereada que un queso gruyer, recibe una compensación por impuestos no deducibles, cortesía del contribuyente. ¡Claro! Porque la televisión pública es un lujo que todos podemos permitirnos. Luego se sorprenden de que la gente se compre una Smart TV y se olvide de sus programas. En Defensa, la cosa va en serio: 3.521 millones de euros para armamento y 118.600.000 euros para mantener los aviones del Gobierno. Aparentemente, llevar al presidente a conciertos es una cuestión de seguridad nacional. Y para rematar, 1.400 millones de euros para Industria, más deuda para Cataluña (3.186 millones) y para Baleares (450 millones) y un regalo de 20, 19.9 y 18 millones a productoras de cine. Un derroche que haría palidecer al maharajá más despilfarrador. ¿Control? ¿Transparencia? Palabras vacías en este circo.
Badalona hierve. No por el sol, sino por la indignación del alcalde Xavier García Albiol, quien, tras el 'tirón' a una vecina de 81 años –un clásico, vamos, como el gazpacho en verano– ha soltado un tuit que levanta ampollas. Un hombre, identificado como de origen marroquí, perpetró el atraco, y la respuesta del edil fue tan contundente como predecible: devolverlo 'a nado' a Marruecos. Imaginen la escena: un 'plan renueva tu país' con chaleco salvavidas. La cosa no acaba ahí. Albiol, con la velocidad de un tuit bien lanzado, aprovechó para criticar al gobierno actual, acusándolo de ser cómplice de la reincidencia. Según el alcalde, gracias a las políticas imperantes, el individuo volverá a la calle más rápido que un caracol con turbo. Y mientras tanto, la señora de 81 años, que seguramente se preguntaba si el precio de la cesta de la compra no era suficiente drama, se enfrenta a la angustia del incidente. El detalle del escolta de Albiol, que persiguió al ladrón 'a pie de varios minutos' (¡vaya maratón!), añade un toque de surrealismo. ¿Será que la seguridad del alcalde es más prioritaria que la de una anciana? La pregunta queda en el aire, como el olor a rancio de una promesa incumplida. Y, claro, la foto adjunta al tuit. Una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso, parece que solo sirve para inflar el ego del alcalde y avivar la polémica. Todo esto, mientras el presupuesto de seguridad de Badalona, en 2025, ascendió a 6.7 millones de euros, una cifra que, vista así, parece evaporarse ante un simple 'tirón'.
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