Crítica:
La noticia es un ejercicio de precisión técnica que evita conclusiones directas para no incurrir en imprudencias judiciales. Sin embargo, deja el vacío narrativo sobre cómo se justificó exactamente el 'punto 5' de la criba técnica.
El contrato de Red.es que investiga Peinado excluyó a seis de los nueve rivales de Barrabés
Criba maestra: El 'truco' técnico de Red.es
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Pasaportes retenidos y el Gobierno en llamas
En España, el pasaporte es ese librito que guardamos con celo para huir de la realidad en agosto, pero para Begoña Gómez se ha convertido en el trofeo de caza del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado, con una frialdad quirúrgica, ha citado a la esposa del presidente Pedro Sánchez y a su asesora, Cristina Álvarez, este miércoles a las 18:00 horas para que entreguen sus pasaportes. Básicamente, Peinado les ha puesto el 'grillete administrativo' para evitar que el avión despegue antes de que el jurado popular decida si hay delito o solo una tormenta perfecta de influencias. Mientras tanto, en el Palacio de la Moncloa el ambiente es de incendio forestal. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido al balcón con el guion ensayado para calificar las resoluciones del juez como «incomprensibles y contrarias a la ley». Es la clásica jugada: cuando el dato jurídico aprieta, se recurre al adjetivo político. Para rematar la jugada, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra Peinado, impulsado por un Fernando Grande-Marlaska que ve «suma gravedad» en que el juez insinuara que los guardaespaldas de Gómez podrían ser los copilotos de una fuga cinematográfica. El Financial Times, que mira nuestro circo desde la distancia cómoda de Londres, ha decidido recordarnos que el árbol genealógico y el círculo de confianza del Ejecutivo están en oferta. Entre el hermano del presidente, David Sánchez, esperando sentencia por presunta venta de influencias; el exministro José Luis Ábalos, que acaba de comerse una condena de 24 años del Tribunal Supremo; y las investigaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, la trama parece un juego de Jenga donde falta la pieza clave. Lo más irónico es que Peinado se jubila en septiembre al cumplir los 72 años. El juez se irá a casa con la satisfacción del deber cumplido, mientras que para los demás, el aterrizaje forzoso acaba de empezar.
Ábalos a la cárcel y el Gobierno señala a Ayuso
Hay que tener valor, o una capacidad de gimnasia mental digna de circo, para salir a la palestra cuando el Tribunal Supremo te ha dejado el camino marcado con cal. José Luis Ábalos se ha ganado un pase VIP al penal con 24 años y tres meses de cárcel, mientras que Koldo García se ha quedado con una 'oferta' de 19 años y ocho meses. Estamos hablando de una organización criminal operando en el corazón del Ejecutivo, un agujero contable y ético que haría temblar a cualquiera. Pero en Moncloa, en lugar de recoger los cristales, han decidido que la mejor defensa es un ataque a lo loco. El lunes empezaron intentando maquillar el asunto, quejándose de que Víctor de Aldama se ha librado con un castigo menor por ser el 'soplón' del grupo. Pero el martes, en la rueda de prensa, el giro fue digno de un guion de serie B. El ministro Óscar López, con la soltura del que sabe que el guion es absurdo, decidió equiparar la condena de un exministro por cohecho y malversación con la figura de Isabel Díaz Ayuso. Básicamente, López ha intentado vender que 'el que la hace la paga', poniendo en la misma balanza a alguien con una sentencia firme de dos décadas que a una presidenta regional que ni siquiera ha sido llamada como testigo en sus causas. Mientras Elma Saiz decía que no entraría en detalles (aunque entró hasta la cocina), el Gobierno insiste en que Pedro Sánchez ya asumió sus responsabilidades políticas hace un año. Según ellos, ya pasaron la 'pantalla final de la política'. Lo que olvidan es que, en la calle, cuando alguien te dice que 'ya lo solucionó todo' mientras su socio se lleva 24 años de cárcel, normalmente significa que el problema acaba de empezar. Intentar desviar la atención hacia la pareja de Ayuso es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: desesperado y, sobre todo, ridículo.
UCO: Presiones y secretos del Gobierno
En el tablero del poder, la verdad es como un chicle: se estira hasta que alguien pone el dedo en la llaga. Dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, han jugado al juego del 'primero digo que no y luego confieso'. Ante el juez Santiago Pedraz, la historia es un delirio de presupuestos invisibles y órdenes susurradas. Resulta que estos mandos negaron inicialmente haber recibido presiones de la cúpula para 'ponerse de perfil' en causas que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, cuando los agentes de su propia unidad empezaron a apretar las tuercas, la verdad salió a flote: sí hubo presiones, y el hilo conducía directo al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Es la clásica maniobra de oficina: te piden que mires hacia otro lado mientras el hermano del presidente, David Sánchez, tiene sus asuntos en la Diputación de Badajoz bajo la lupa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se gestionan 'informaciones reservadas' como quien pide un menú del día. El imbroglio escala con Leire Díez y Santos Cerdán, señalados como los arquitectos de una trama para desestabilizar causas judiciales. Para añadir sal al guiso, se investiga si Díez pudo influir en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para abrir expedientes contra la UCO. Todo esto envuelto en notas de despacho y secretos de estado que parecen sacados de una mala serie de espionaje, donde la lealtad institucional tiene un precio y la honestidad es un accesorio opcional que solo aparece cuando el juez pide explicaciones.
Ábalos: condena, mascarillas y dramas de WhatsApp
Hay quienes confunden la gestión de un Ministerio con la gestión de un grupo de WhatsApp de barrio, y el entorno de José Luis Ábalos parece haber optado por la segunda. Mientras el Tribunal Supremo le cae encima con una condena de 24 años de prisión por el caso Mascarillas, su pareja, Andrea de la Torre Maeso, ha decidido que la culpa no es de la ingeniería financiera del exministro, sino de la exmujer, Carolina Perles. El lunes, a las 18:53 horas, De la Torre lanzó un mensaje que parece sacado de una telenovela de bajo presupuesto, preguntando cuánto le habrían pagado a Perles por 'traicionarlo' y lanzando sentencias lapidarias sobre los hijos del condenado. Es fascinante el patrón: cuando los datos aprietan, surge la narrativa del 'pago secreto'. Ábalos ya lo hizo en 2024, intentando desviar la atención de que pagaba unos 6.000 euros al mes —lo mismo que su sueldo de ministro— a una prostituta, Jésica Rodríguez García, quien cobraba la módica suma de 1.500 euros diarios por acompañarlo en viajes oficiales. En aquel entonces, el exministro llamó 'correo fake' a la evidencia, una táctica tan sofisticada como intentar tapar el sol con un colador. Ahora, la joven malagueña, que tiene una edad similar a la de Rocío, la hija mayor de Ábalos, ha recurrido a cambiar de número de teléfono para seguir el hostigamiento. Desde septiembre de 2025, con el documental 'El precio de la corrupción', hasta el pasado 17 de octubre, la estrategia ha sido la misma: amenazas sobre la maternidad de Perles y difamaciones sobre supuestas condenas por conducir ebria que nunca existieron. Al final, mientras uno se prepara para la celda, la otra se cree la directora de una campaña de desprestigio que solo consigue sumar expedientes judiciales por acoso.
Sablazo en Soria: registros y cinco detenidos
Imaginen que el Ayuntamiento de Soria es ese cajón de sastre donde guardamos los tickets del súper y las facturas pendientes. Pues bien, la Guardia Civil ha decidido hacer limpieza general. Desde primera hora de la mañana, la Policía Judicial ha entrado a saco en el Consistorio, buscando rastros de lo que en la calle llamamos 'el juego de los contactos' y en el juzgado 'organización criminal'. El menú de delitos es variado, casi un buffet libre de irregularidades: blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Básicamente, el kit completo de la ingeniería financiera municipal. Todo esto ocurre bajo la batuta del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Lo curioso, casi poético, es el timing. Carlos Martínez, el actual líder del PSOE en Castilla y León, fue el patrón de Soria hasta abril de este año, justo antes de saltar a las autonómicas. Ahora el timón lo lleva Javier Antón, también del bando socialista. Es fascinante cómo la 'máxima colaboración' que presume el Ayuntamiento en sus notas de prensa suena a disculpa de quien ha sido pillado con las manos en la masa pero insiste en que solo estaba ayudando a limpiar la cocina. La operación no se ha quedado en el despacho del alcalde. Ha habido tres entradas y registros, incluyendo domicilios particulares, y ya hay cinco detenidos: cuatro en Soria y uno en Madrid. Porque claro, para que el dinero 'desaparezca' con elegancia, a veces hace falta un puente hacia la capital. Mientras el Ayuntamiento nos pide 'prudencia' y 'respeto', la calle se pregunta cuántos ceros tenía la factura de este Área de Comercio que ha dinamitado la tranquilidad de la provincia.
Rescate público: favores, tramas y 40.000 euros
Hay quien dice que el dinero público es un fondo común, pero en la 'trama Leire' parece que lo confunden con una hucha personal para repartir entre amigos. La historia es tan vieja como el camino: una empresa, Tubos Reunidos, recibe un rescate del Gobierno de Pedro Sánchez por 112,8 millones de euros. Hasta ahí, filantropía estatal. El problema llega cuando la compañía vende una planta en Sestao en julio de 2024 por 15 millones. Según las reglas del juego, 9,8 millones debían volver directos a la SEPI. Pero, claro, devolver el dinero es un hábito poco extendido en ciertos círculos. Aquí entra el grupo 'Hirurok', una suerte de agencia de viajes para el poder donde militan Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, y Leire Díez. Cuando la vía directa con la administración resultó ser un muro de hormigón, activaron el 'teléfono rojo' con Santos Cerdán. El guion es digno de una serie de suspense: una reunión en el despacho de Cerdán en noviembre de 2024 con Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. ¿El objetivo? Que la SEPI dejara de ser tan insistente con el cobro. La magia operó rápido. El 14 de marzo de 2025 pidieron el aplazamiento y, en solo 19 días, la SEPI dijo que sí. Mientras tanto, el contrato de 'asesoramiento' —esa palabra tan elegante para disfrazar un sablazo— prometía 40.000 euros por el éxito de la gestión. Para el ciudadano medio, 40.000 euros son años de ahorros o una hipoteca; para esta trama, es simplemente el precio de un favor bien colocado. Leire Díez, actuando como la gran arquitecta, incluso movió los hilos con el Vicelehendakari Mikel Torres Lorenzo en octubre de 2024, asegurando que podían ayudar 'desde otras vías'. Vías que, casualmente, siempre terminan en la cuenta corriente de alguien.
Primarias del PSOE: El nido de la corrupción
Hay quien dice que las primarias son la fiesta de la democracia interna, pero en el PSOE de 2017 fueron, más bien, el casting para montar un club de beneficios privados. Mientras Pedro Sánchez se peleaba con Patxi López y Susana Díaz para recuperar el mando, en los márgenes del camino, entre viaje y viaje por Navarra, se fraguaba una sociedad limitada basada en la confianza y el saqueo. José Luis Ábalos no solo buscaba votos; encontró en Koldo García al chófer ideal: uno que no solo supiera conducir el coche, sino también el flujo de dinero sucio. La sentencia del Supremo es un manual de instrucciones sobre cómo convertir un cargo público en un cajero automático. Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión, utilizó su silla de ministro de Fomento como el sello de garantía para que Koldo García (condenado a 19 años y ocho meses) y Víctor de Aldama pudieran operar sin miedo. Lo que empezó como un 'compromiso militante' recomendado por Santos Cerdán acabó siendo una ingeniería financiera donde los fondos públicos se confundían con la cartera personal del jefe. El despliegue de lujo es modesty pura: 10.000 euros al mes para los gastos fijos de Ábalos, el pago del piso a su expareja Jésica Rodríguez y el alquiler de villas en Marbella y La Alcaidesa. Todo esto a cambio de favores tan mundanos como una nota de prensa sobre Air Europa o licencias de hidrocarburos. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, este trío gestionaba el Estado como quien gestiona un chiringuito de playa, con Aldama como el comisionista que, irónicamente, se libra de la cárcel por cantar los pecados de sus socios. Un negocio redondo, hasta que el Supremo decidió cerrar la persiana.
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