Crítica:
La noticia es un ejercicio de equidistancia irritante que oculta los nombres de los negociadores. El contraste entre la lona de la 'Democracia' y la realidad del pacto es la única verdad honesta del texto.
Polémica por la entrada de talibanes afganos en la Comisión Europea
Democracia de lona y pactos con talibanes
Otros artículos
Sueldos fantasma: el 'amor' caro de Ábalos
Hay quienes confunden la gestión pública con la gestión de un cajero automático familiar. El Alto Tribunal acaba de ponerle nombre y apellido a esta fantasía: malversación y tráfico de influencias. La trama es de un cinismo casi artesanal. José Luis Ábalos, mientras manejaba el Ministerio de Transportes, diseñó un plan maestro para que su entonces pareja, Jessica Rodríguez, disfrutara de la vida sin el estrés de, ya saben, trabajar. El esquema fue sencillo: usar la estructura del Estado como una agencia de colocación VIP. Primero entró en INECO el 1 de marzo de 2019. Allí, Jessica cobró 34.450 euros netos. ¿Su currículum de logros? Ir dos veces a la oficina: una para la entrevista y otra para recoger el ordenador corporativo, que probablemente sirvió más de pisapapeles que de herramienta laboral. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, ella realizaba trece viajes con el ministro sin pedir un solo permiso. Cuando los jefes de proyecto empezaron a preguntar qué hacía exactamente, ella enviaba informes telemáticos llenos de errores que hacían parecer que el teclado estaba roto. Pero el hambre de nómina pública es insaciable. El 2 de marzo de 2021, apenas dos días después de salir de INECO, la maquinaria —aceitada por el asesor Koldo García y el directivo de ADIF Ignacio Zaldívar— la aterrizó en TRAGSATEC. Sin entrevistas, sin méritos, solo con el 'estampillo' del ministro. Allí sumó otros 9.500,54 euros netos. Cuando en TRAGSATEC también empezaron a sospechar, Ábalos simplemente llamó a la presidencia de ADIF para que dejaran de molestar a la trabajadora. Al final, la fiesta ha pasado factura. La sentencia obliga a Ábalos y Koldo a devolver un total de 43.950,54 euros (34.477,86 para INECO y 9.500,54 para TRAGSATEC). Un sablazo contable que intenta reparar el agujero dejado por un amor basado en la malversación.
Sangre, idioma y un 'delito de odio'
Imaginen que van a donar sangre, un acto de generosidad pura, y terminan en medio de una guerra de trincheras lingüísticas. Así es la surrealista historia de Gabriel, un donante de 65 años que el pasado 6 de febrero decidió que su sangre era demasiado valiosa para ser gestionada por un médico que no dominaba el catalán. El facultativo, buscando precisión clínica para no meter la pata con la salud del paciente, pidió continuar el cuestionario en castellano. Gabriel, indignado, prefirió que la bolsa quedara vacía antes que ceder al idioma del vecino. Lo que podría haber sido una anécdota de mostrador terminó en un delirio judicial. Acció Cassandra, la misma entidad que defiende el insulto de «puto nazi» como libertad de expresión, ha decidido que pedir hablar en español es un «delito de odio» según el artículo 510.2.a del Código Penal. Es la gimnasia mental perfecta: llamar nazi es libertad, pero pedir castellano en una consulta es una agresión. Mientras tanto, en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares reina la perplejidad. La gerente, Rosa María Tarragó, confirma que no han recibido notificación oficial alguna, aunque el ruido mediático ya está haciendo su trabajo. Es fascinante el contraste: mientras Marga Prohens intenta poner la «alfombra roja» a los médicos en 2023 eliminando el requisito lingüístico para combatir la falta de personal, hay quienes prefieren que el paciente se quede sin médico —o el hospital sin sangre— con tal de que el diccionario sea el correcto. El Banco de Sangre ya pidió perdón, Gabriel ya volvió a donar y todo estaba zanjado, pero para algunos, el rencor ideológico es un combustible que no se agota ni con transfusiones.
El 'milagro' del PNV y los 112 millones
Hay quienes juegan al Monopoly con el dinero de todos, pero con la diferencia de que las casas son empresas rescatadas y los billetes son reales. La UCO ha desguarnecido el telón de la trama de Leire Díez, donde el grupo 'Hirurok' —esa selecta tertulia compuesta por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— operaba como una especie de gestoría de influencias VIP. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda de 200 euros, Tubos Reunidos recibió un chute de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La coreografía fue casi musical. El 15 de junio de 2021, el expediente llegó al Consejo Gestor solo para 'informar', es decir, para ver si alguien se atrevía a decir que no. Como hubo dudas, Vicente Fernández activó el protocolo de la calle: pidió a Antxon que 'tanteara' al PNV para desbloquear el grifo. Un mensaje de WhatsApp, una llamada a Sabin Etxea y, mágicamente, el 13 de julio de 2021 el expediente volvió a subir y fue aprobado sin pestañear. La recompensa por este 'servicio de intermediación' no fue un apretón de manos; el grupo Hirurok se embolsó 114.950 € de la compañía rescatada. Una comisión que, comparada con los 112 millones, parece calderilla, pero que demuestra que en los despachos la meritocracia es un mito y el contacto adecuado es la única moneda que cuenta. Vicente Fernández, con la sutileza de un mazo, resumió la operación: hablar con el PNV un martes y que se apruebe el siguiente no es casualidad. No es gestión, es ingeniería de contactos aplicada al erario público.
SEPI: El 'manual' para cobrar 112 millones
Hay quien gestiona la administración pública y hay quien la usa como un club de lectura privada para amigos con hambre de millones. La UCO de la Guardia Civil acaba de destapar un manual de instrucciones sobre cómo 'aceitar' la maquinaria del Estado. En el centro del baile, la SEPI, que en lugar de actuar como guardiana del erario, parece haber funcionado como una agencia de filtraciones VIP durante la pandemia. La jugada es de manual: Vicente Fernández, el hombre de confianza de María Jesús Montero, decidió que los expedientes confidenciales eran sugerencias abiertas. Según el informe entregado a la Audiencia Nacional, Fernández no solo movió hilos, sino que ejecutó una 'hoja de ruta' para que la información privilegiada llegara a los oídos adecuados. El objetivo era claro: presionar al PNV y asegurar que el rescate de Tubos Reunidos no se quedara en un simple 'estamos evaluándolo'. Mientras el ciudadano medio peleaba con la burocracia para cobrar un subsidio, en julio de 2021, Fernández y Antxón Alonso (socio de Santos Cerdán en la ya investigada Servinabar) se escribían por Threema, esa aplicación para los que no quieren que el rastro quede escrito en piedra. En esos mensajes, la 'perspectiva del PNV' era la llave maestra. El resultado de esta ingeniería de pasillo fue un sablazo épico: Tubos Reunidos se embolsó 112,8 millones de euros de los Fondos FASEE. No fue suerte, fue asesoramiento premium. Fernández filtró dictámenes y acuerdos de dirección para que la empresa supiera exactamente qué palabras decir y qué casillas marcar para cobrar el cheque. Al final, el dinero público fluye con una facilidad pasmosa cuando el camino está pavimentado con influencias y aplicaciones cifradas.
El rescate público que terminó en bolsillo
Hay quienes llaman 'networking' a lo que el resto de los mortales llamamos un atraco a mano armada con traje de lino. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o reza para que la compra del mes no supere el presupuesto, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI entre el 23.06.2018 y el 04.10.2019, parece haber perfeccionado el arte de la 'ingeniería financiera' personal. La UCO ha dejado al descubierto que Fernández no solo se paseaba por los pasillos del poder, sino que cobró 132.500 euros de Tubos Reunidos. Sí, de esa misma empresa que el Gobierno rescató con la generosa suma de 112,8 millones de euros. Un detalle exquisito: usar la llave del tesoro público para abrirse la cartera propia. Pero la gula tiene niveles. Fernández no operaba solo; formaba parte del grupo 'Hirurok' junto a Leire Díez y Antxon Alonso. Este trío dinámico se repartió otras 'ganancias' por valor de 114.959 €, utilizando a Mediaciones Martínez S.L. como el colchón perfecto para que el dinero aterrizara sin hacer ruido. Si sumamos los números, el sablazo total para Vicente asciende a 247.459 euros, IVA incluido, porque hasta en la opacidad son meticulosos con los impuestos. El guion es de manual: contactos públicos, información privilegiada y una reunión estratégica el 28 de enero de 2025. En ese cónclave de intereses, Fernández habría servido de puente entre Tubos Reunidos, representada por Carlos de las Heras, y los pesos pesados del PNV, Andoni Ortúzar y Joseba Aurrekoetxea. Todo para que el rescate fluyera y el porcentaje personal llegara puntual a la cuenta. Así funciona la maquinaria: el Estado pone los millones y el gestor pone la firma y el hambre.
Pasaportes retenidos y el Gobierno en llamas
En España, el pasaporte es ese librito que guardamos con celo para huir de la realidad en agosto, pero para Begoña Gómez se ha convertido en el trofeo de caza del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado, con una frialdad quirúrgica, ha citado a la esposa del presidente Pedro Sánchez y a su asesora, Cristina Álvarez, este miércoles a las 18:00 horas para que entreguen sus pasaportes. Básicamente, Peinado les ha puesto el 'grillete administrativo' para evitar que el avión despegue antes de que el jurado popular decida si hay delito o solo una tormenta perfecta de influencias. Mientras tanto, en el Palacio de la Moncloa el ambiente es de incendio forestal. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido al balcón con el guion ensayado para calificar las resoluciones del juez como «incomprensibles y contrarias a la ley». Es la clásica jugada: cuando el dato jurídico aprieta, se recurre al adjetivo político. Para rematar la jugada, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra Peinado, impulsado por un Fernando Grande-Marlaska que ve «suma gravedad» en que el juez insinuara que los guardaespaldas de Gómez podrían ser los copilotos de una fuga cinematográfica. El Financial Times, que mira nuestro circo desde la distancia cómoda de Londres, ha decidido recordarnos que el árbol genealógico y el círculo de confianza del Ejecutivo están en oferta. Entre el hermano del presidente, David Sánchez, esperando sentencia por presunta venta de influencias; el exministro José Luis Ábalos, que acaba de comerse una condena de 24 años del Tribunal Supremo; y las investigaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, la trama parece un juego de Jenga donde falta la pieza clave. Lo más irónico es que Peinado se jubila en septiembre al cumplir los 72 años. El juez se irá a casa con la satisfacción del deber cumplido, mientras que para los demás, el aterrizaje forzoso acaba de empezar.
Ábalos a la cárcel y el Gobierno señala a Ayuso
Hay que tener valor, o una capacidad de gimnasia mental digna de circo, para salir a la palestra cuando el Tribunal Supremo te ha dejado el camino marcado con cal. José Luis Ábalos se ha ganado un pase VIP al penal con 24 años y tres meses de cárcel, mientras que Koldo García se ha quedado con una 'oferta' de 19 años y ocho meses. Estamos hablando de una organización criminal operando en el corazón del Ejecutivo, un agujero contable y ético que haría temblar a cualquiera. Pero en Moncloa, en lugar de recoger los cristales, han decidido que la mejor defensa es un ataque a lo loco. El lunes empezaron intentando maquillar el asunto, quejándose de que Víctor de Aldama se ha librado con un castigo menor por ser el 'soplón' del grupo. Pero el martes, en la rueda de prensa, el giro fue digno de un guion de serie B. El ministro Óscar López, con la soltura del que sabe que el guion es absurdo, decidió equiparar la condena de un exministro por cohecho y malversación con la figura de Isabel Díaz Ayuso. Básicamente, López ha intentado vender que 'el que la hace la paga', poniendo en la misma balanza a alguien con una sentencia firme de dos décadas que a una presidenta regional que ni siquiera ha sido llamada como testigo en sus causas. Mientras Elma Saiz decía que no entraría en detalles (aunque entró hasta la cocina), el Gobierno insiste en que Pedro Sánchez ya asumió sus responsabilidades políticas hace un año. Según ellos, ya pasaron la 'pantalla final de la política'. Lo que olvidan es que, en la calle, cuando alguien te dice que 'ya lo solucionó todo' mientras su socio se lleva 24 años de cárcel, normalmente significa que el problema acaba de empezar. Intentar desviar la atención hacia la pareja de Ayuso es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: desesperado y, sobre todo, ridículo.
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