Crítica:
El texto original es demasiado amable con la administración. No cuestiona el flujo de dinero entre la promotora y el cambio repentino de criterio técnico en mayo de 2025.
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Soria: Limpieza en el Área de Comercio
Hay una elegancia casi coreográfica en cómo se gestionan los relevos políticos cuando el aire empieza a oler a quemado. Carlos Martínez, el hombre que gobernó Soria desde 2007 hasta abril pasado, decidió que era el momento perfecto para saltar a las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE. Una mudanza administrativa impecable, justificada por la incompatibilidad legal de ser procurador y alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero, como ocurre con las facturas que llegan con sorpresa al final del mes, el pasado tiene una memoria implacable. Este martes, la Guardia Civil decidió que el Ayuntamiento de Soria necesitaba una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de archivos. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, ha puesto el foco en el Área de Comercio, ese rincón donde Yolanda Santos Grande, del PSOE, lleva el timón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un padrón, la justicia ha preferido ir directa al grano: seis detenidos. Cuatro en la provincia de Soria y dos en Madrid, porque al parecer la ingeniería financiera de los comercios locales requería algunas escalas en la capital. Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido el manual clásico de supervivencia política: piden 'prudencia' y 'respeto', palabras que en el lenguaje de la calle significan 'esperemos a ver si el incendio se apaga solo'. Aseguran prestar la 'máxima colaboración', entregando papeles como quien entrega la lista de la compra en el súper, mientras el secreto de sumario mantiene el misterio. Seis personas esposadas y un legado de casi veinte años que, de repente, parece haber dejado un agujero contable que no se soluciona con una simple dimisión el 13 de abril.
Sepides oculta contratos del IE por 'secretos'
Hay un mantra en la administración pública que suena a música celestial: 'transparencia'. Pero cuando la música llega al complejo Campos Velázquez en Madrid, la partitura cambia. La Sepides, el brazo inmobiliario de la SEPI, ha decidido que jugar al escondite con los contratos de alquiler del Instituto de Empresa (IE) es la mejor estrategia comercial. Según ellos, soltar los papeles podría dejarlos en desventaja frente a otros promotores, como si alquilar oficinas fuera una partida de póker de alta tensión donde revelar la mano es un pecado mortal. Lo curioso es que el IE no es cualquier inquilino; es el lugar donde Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, dejó su huella profesional. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o ajusta el presupuesto del súper, la Sepides gestiona tres contratos (firmados en 2010, 2013 y 2017) que suman una superficie ridícula de 20.320,57 metros cuadrados. Sí, más de veinte mil metros de moqueta y aire acondicionado que, según la resolución, se pagan a 'precios de mercado'. Pero el plato fuerte no es el alquiler, sino el 'empujoncito' financiero de 2020. En plena pandemia, cuando el mundo se caía a pedazos, la Sepides le soltó al IE un préstamo de cinco millones de euros. Un movimiento que dejó perplejo incluso a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, quien admitió que le 'sorprendió' tal generosidad. La entidad dice que el dinero volvió en seis meses con sus intereses (Euríbor + 2%) y penalizaciones, como quien devuelve un libro a la biblioteca antes de que la multa sea prohibitiva. Todo bajo la bendición de la Intervención General de la Administración del Estado para los ejercicios 2023 y 2024. Eficiencia pura, dicen ellos; opacidad selectiva, dice la calle.
Zapatero y el chiringuito de sus hijas
Hay negocios que no venden servicios, venden apellidos. Whathefav, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, es el ejemplo perfecto de cómo montar un chiringuito de marketing donde el 'know-how' es, básicamente, tener un padre con contactos. La empresa cobró al menos 239.000 euros de firmas vinculadas al caso Plus Ultra, una cifra que en el mundo real equivaldría a cobrarle a alguien el precio de un coche deportivo por decirle que 'se ponga guapo' en Instagram, y todo esto sin que se pueda acreditar qué demonios hicieron para ganar ese dinero o con unos honorarios que rozan la fantasía. El castillo de naipes se derrumbó el 19 de mayo. Mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero veía cómo la UDEF registraba su casa en Las Rozas, siete agentes aterrizaban a las 10:00 en la calle San Germán para asaltar la oficina de las hijas. Desde entonces, la plantilla —que ya era un grupo reducido de cinco o seis personas— ha saltado por la ventana. El pánico es tal que algunos ex empleados han borrado la agencia de sus currículos como quien borra un mensaje comprometido antes de que lo lea su pareja. Hoy, Laura y Alba son las únicas que quedan al volante de un barco que ya no navega. Lo más tierno es el instinto paternal: Zapatero, viendo que el grifo de los clientes se cerraba y que marcas como Huawei ya no querían que su logo apareciera en la web de Whathefav, se puso el traje de comercial. El hombre no solo presionó a Julio Martínez (dueño de Análisis Relevante) para que contratara a sus hijas, sino que en abril intentó torear a Movistar Plus+ para conseguirles cuentas. Todo esto mientras la agencia presumía de un beneficio neto de 125.640 euros en el último ejercicio. Ahora, el juez José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción les esperan en la Audiencia Nacional para explicar cómo funciona exactamente ese 'marketing' de influencias.
Begoña Gómez: ¿Más ruido que el Papa?
Hay quien dice que el teatro es un arte, pero lo de Antonio Camacho en el Juzgado Número 41 de Madrid es, sencillamente, una obra maestra del surrealismo jurídico. Imaginen la escena: el abogado de Begoña Gómez mirando al juez Juan Carlos Peinado y soltando, sin pestañear, que este asunto tiene cuatro veces más impacto mediático que la muerte del Papa Francisco. Sí, cuatro veces. Básicamente, que el fin del pontífice es un trámite administrativo comparado con el ruido que genera la esposa de Pedro Sánchez en los pasillos de Plaza de Castilla. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se juega la partida del pasaporte. El magistrado no se ha dejado llevar por la lírica y ha decidido enviarla a juicio oral y quitarle el pasaporte. Un sablazo procesal que deja a la señora en tierra. El núcleo del conflicto es un software de la Universidad Complutense de Madrid que, según la defensa, fue un 'ofrecimiento generoso' de Begoña ponerlo a su nombre. Traducción para los que hablamos idioma calle: intentar registrar a tu nombre algo que es de la universidad y luego decir que era un favor cuando el juez ya te está pidiendo cuentas. Una jugada de esas que en el barrio llamaríamos 'querer colar el gol después de que el árbitro haya pitado falta'. La tensión alcanzó el clímax cuando Camacho decidió jugar al interrogatorio rápido con el abogado de la Complutense, olvidando que en el Juzgado Número 41 el que pone las reglas del juego es Peinado. El juez, con la paciencia de quien sabe que tiene el mazo en la mano, le recordó que él dirige la orquesta. Al final, nos queda la imagen de una lucha de egos donde la malversación y la apropiación indebida son el telón de fondo de una batalla por quién grita más fuerte en la televisión.
Begoña Gómez: ¿Escolta o servicio de fuga?
Que el juez Peinado haya retirado el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga no es un capricho judicial, es sentido común para quien conoce el patio deنا casa. Mientras el ciudadano medio suda la gota gorda para que no le suban la cuota de la hipoteca, aquí hablamos de una señora acusada de cuatro delitos y bajo investigación por otros dos, sospechosa de usar la Presidencia del Gobierno como una oficina de gestoría privada para sus negocios. El entramado es digno de una serie de Netflix: fondos públicos moviéndose sin permiso, la complicidad de Cristina Álvarez —funcionaria de la Moncloa que parece haber confundido el servicio público con un club de favores— y el amigo Barrabés aceitando la cátedra. Lo verdaderamente delirante es la sorpresa de algunos ante la posibilidad de que la policía, en lugar de ponerle las esposas, le abra la puerta del garaje para que desaparezca. Pero es que en este país tenemos una tradición ancestral en 'ayudas logísticas' para los amigos. No hemos aprendido nada del Caso Zapatero, donde el idealismo de fachada escondía una caja fuerte llena de joyones y una fortuna amasada sirviendo al régimen de Caracas. Si ya tuvimos la comedia de Puigdemont escapando en el maletero de un coche con la bendición de los cuerpos de seguridad, ¿quién puede asegurar que la escolta de Gómez no reciba una llamada de 'órdenes superiores' para mirar hacia otro lado? Desde las cloacas de Rubalcaba hasta los brindis de la marisquería Rianxo, el sistema parece venir corrompido de fábrica. El juez Peinado no es un cínico; es un observador que recuerda que, entre detenciones ilegales como la de Nacho Cano y despliegues militares en la Plaza de Castilla para proteger la entrada de la esposa del Presidente, la ley a veces es solo una sugerencia dependiendo de quién firme el cheque o el decreto.
Facturas falsas y negocios chinos: el menú
Hay una coreografía muy fina en el arte de gestionar el poder: mientras el ciudadano medio suda tinta para que el banco no le cobre una comisión por mirar la cartilla, en las altas esferas del PSOE la contabilidad parece un juego de Lego donde las piezas nunca encajan a propósito. Teresa Gómez ha desgranado el 'modus operandi' de las facturas falsas en el partido, esa ingeniería creativa donde el gasto público se convierte en un truco de magia para borrar rastros. Es la eterna historia del sablazo institucional disfrazado de gestión administrativa. Luego tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha vuelto a la escena pública para recordarnos que el camino desde Moncloa hasta los negocios en China es más corto que la cola del supermercado un domingo por la tarde. Pelayo Barro ha puesto el foco en Miguel Sebastián, quien ahora se pone la capa de defensor del expresidente, pero que en su día fue el asesor cabecera para que los negocios chinos fluyeran sin demasiadas preguntas. Es el clásico 'yo te cuido la espalda y tú me abres la puerta del Pando'. Para rematar el menú de la hipocresía, Marcos Sierra nos recuerda que el fútbol no es menos cínico. El caso Negreira sigue ahí, flotando como un recordatorio de que, en el deporte como en la política, hay recibos que no son por servicios prestados, sino por silencios comprados. Todo esto mientras Rocío Regidor dirige el circo en 'Al tanto', la tertulia de THE OBJECTIVE, donde se analiza la actualidad del 19 de junio de 2026. Al final, entre el Mundial, el debut de España y las exclusivas, nos queda la sensación de que el país es una empresa donde los dividendos siempre se los llevan los mismos, mientras nosotros seguimos intentando entender la letra pequeña del contrato.
Escoltas 'fugitivos': el salseo del CGPJ
Hay que tener valor para despertar un domingo a las 10 de la mañana con una reunión telemática de urgencia. Pero claro, cuando el juez Juan Carlos Peinado decide que los escoltas de Begoña Gómez no son precisamente ángeles guardianes, sino potenciales cómplices de una fuga cinematográfica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pone el pijama de gala. Peinado ha enviado a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos, pero el verdadero 'bombazo' no es la retirada del pasaporte ni la comparecencia quincenal; es la sugerencia de que los agentes del Estado podrían ayudarla a desaparecer, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes de arriba. Es como si el juez pensara que el servicio de protección es, en realidad, una agencia de viajes clandestinos. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, no ha tardado ni un segundo en montar el escenario. Ha lanzado una 'queja enérgica' a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, indignado porque el juez ha puesto en duda la profesionalidad de sus agentes. Para Marlaska, que Peinado sospeche que un superior podría dictar órdenes ilegales para facilitar una huida es un 'hecho de máxima gravedad'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración para renovar el DNI, en las altas esferas se pelean por ver quién tiene el guion más dramático. El CGPJ ahora debe decidir si el juez Peinado ha cruzado la línea o si simplemente ha tenido una epifanía sobre cómo funcionan los favores en el poder. Al final, el auto judicial es el detonante de una guerra de egos donde la profesionalidad de la policía es la moneda de cambio en un tablero de ajedrez político.
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