Crítica:
El texto original es una danza de evasivas institucionales disfrazadas de legalidad. Falta la transparencia real que el propio Portal de Transparencia debería garantizar, convirtiendo el derecho a la información en una sugerencia opcional.
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El rescate que salió carísimo: comisiones SEPI
Hay que tener valor para llamar 'rescate' a una operación donde el dinero público fluye como agua en canalización mal puesta. Tubos Reunidos, la joya alavesa que recibió una inyección de 112,8 millones de euros en 2021 para no hundirse, decidió que el agradecimiento no bastaba y prefirió pagar la factura de los 'amigos'. En total, 247.459 euros se fueron en comisiones para la trama de Leire Díez, una cifra que para el ciudadano medio es un sueño febril, pero que para estos señores era simplemente el coste de lubricar los engranajes del poder. La ingeniería fue de manual: primero, 114.959 euros pasaron por Mediaciones Martínez, esa sociedad instrumental que servía de buzón para que Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, se repartieran el botín. Luego, cuando el hambre de comisiones apremia, Vicente Fernández decidió saltarse al intermediario y cobrar 132.500 euros directamente en su cuenta personal. Un movimiento audaz, casi poético, que el juez Santiago Pedraz no ha visto con buenos ojos, imputando ya a tres altos cargos, incluido el expresidente ejecutivo Francisco Irazusta. Pero el guion tiene un giro fascinante en la calle Ferraz. El informe de la UCO sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en una reunión de noviembre de 2024 que, mágicamente, cambió la actitud de la SEPI respecto a la amortización del rescate. Mientras el ciudadano lucha con la inflación, en las altas esferas se gestionan aplazamientos de deuda y desbloqueos del FASEE con llamadas y cenas. El grupo Hirurok no vendía tuberías, vendía accesos; y Tubos Reunidos pagó el pase VIP con el dinero que, irónicamente, ya era parte del rescate público.
Soria: Limpieza en el Área de Comercio
Hay una elegancia casi coreográfica en cómo se gestionan los relevos políticos cuando el aire empieza a oler a quemado. Carlos Martínez, el hombre que gobernó Soria desde 2007 hasta abril pasado, decidió que era el momento perfecto para saltar a las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE. Una mudanza administrativa impecable, justificada por la incompatibilidad legal de ser procurador y alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero, como ocurre con las facturas que llegan con sorpresa al final del mes, el pasado tiene una memoria implacable. Este martes, la Guardia Civil decidió que el Ayuntamiento de Soria necesitaba una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de archivos. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, ha puesto el foco en el Área de Comercio, ese rincón donde Yolanda Santos Grande, del PSOE, lleva el timón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un padrón, la justicia ha preferido ir directa al grano: seis detenidos. Cuatro en la provincia de Soria y dos en Madrid, porque al parecer la ingeniería financiera de los comercios locales requería algunas escalas en la capital. Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido el manual clásico de supervivencia política: piden 'prudencia' y 'respeto', palabras que en el lenguaje de la calle significan 'esperemos a ver si el incendio se apaga solo'. Aseguran prestar la 'máxima colaboración', entregando papeles como quien entrega la lista de la compra en el súper, mientras el secreto de sumario mantiene el misterio. Seis personas esposadas y un legado de casi veinte años que, de repente, parece haber dejado un agujero contable que no se soluciona con una simple dimisión el 13 de abril.
Placas solares: el 'talo' al bosque europeo
La transición ecológica es un concepto fascinante, especialmente cuando se explica desde el despacho de un funcionario que no ha pisado el barro en su vida. En Jalance, la Comunidad Valenciana, acabamos de presenciar una obra maestra del surrealismo administrativo. Resulta que en el año 2000, la Unión Europea decidió que era buena idea soltar fondos para reforestar tierras agrícolas. Plantaron miles de encinas, las cuidaron durante 25 años y dejaron que superaran los tres metros de altura. Un proyecto sólido, verde y, sobre todo, pagado con el dinero de todos. Pero claro, el viento cambió y ahora lo 'verde' es el silicio. Entra en escena Promonrg Solar Fotovoltaica I SL. La empresa quiere montar un mar de placas solares y, para ello, ha decidido que treinta hectáreas de encinar en el Campichuelo del Campo estorbaban. Lo más cómico es el baile burocrático: el 30 de noviembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Animal advirtió que se perdería un bosque ya instaurado y pidió salvar las parcelas 13, 14 y 17 del polígono 4. Fue un aviso claro, como quien te dice que no metas el televisor en la bañera. Sin embargo, tras unos cuantos escritos y reuniones donde seguramente se ajustaron las corbatas, la administración cambió de opinión en mayo de 2025. De repente, arrasar con el bosque era 'compatible'. La Asociación Naturalista de Ayora y Valle (ANAV) ha tenido que acudir a la Guardia Civil porque, mientras nosotros nos peleamos por reciclar el yogur, en Jalance trituraban árboles en plena época de nidificación. Han convertido un escudo contra la desertificación y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en un parking de espejos. Es la lógica del siglo XXI: gastamos dinero público en plantar un bosque para luego cobrar subvenciones por quitarlo. Eficiencia pura.
Zapatero y el chiringuito de sus hijas
Hay negocios que no venden servicios, venden apellidos. Whathefav, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, es el ejemplo perfecto de cómo montar un chiringuito de marketing donde el 'know-how' es, básicamente, tener un padre con contactos. La empresa cobró al menos 239.000 euros de firmas vinculadas al caso Plus Ultra, una cifra que en el mundo real equivaldría a cobrarle a alguien el precio de un coche deportivo por decirle que 'se ponga guapo' en Instagram, y todo esto sin que se pueda acreditar qué demonios hicieron para ganar ese dinero o con unos honorarios que rozan la fantasía. El castillo de naipes se derrumbó el 19 de mayo. Mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero veía cómo la UDEF registraba su casa en Las Rozas, siete agentes aterrizaban a las 10:00 en la calle San Germán para asaltar la oficina de las hijas. Desde entonces, la plantilla —que ya era un grupo reducido de cinco o seis personas— ha saltado por la ventana. El pánico es tal que algunos ex empleados han borrado la agencia de sus currículos como quien borra un mensaje comprometido antes de que lo lea su pareja. Hoy, Laura y Alba son las únicas que quedan al volante de un barco que ya no navega. Lo más tierno es el instinto paternal: Zapatero, viendo que el grifo de los clientes se cerraba y que marcas como Huawei ya no querían que su logo apareciera en la web de Whathefav, se puso el traje de comercial. El hombre no solo presionó a Julio Martínez (dueño de Análisis Relevante) para que contratara a sus hijas, sino que en abril intentó torear a Movistar Plus+ para conseguirles cuentas. Todo esto mientras la agencia presumía de un beneficio neto de 125.640 euros en el último ejercicio. Ahora, el juez José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción les esperan en la Audiencia Nacional para explicar cómo funciona exactamente ese 'marketing' de influencias.
Begoña Gómez: ¿Más ruido que el Papa?
Hay quien dice que el teatro es un arte, pero lo de Antonio Camacho en el Juzgado Número 41 de Madrid es, sencillamente, una obra maestra del surrealismo jurídico. Imaginen la escena: el abogado de Begoña Gómez mirando al juez Juan Carlos Peinado y soltando, sin pestañear, que este asunto tiene cuatro veces más impacto mediático que la muerte del Papa Francisco. Sí, cuatro veces. Básicamente, que el fin del pontífice es un trámite administrativo comparado con el ruido que genera la esposa de Pedro Sánchez en los pasillos de Plaza de Castilla. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se juega la partida del pasaporte. El magistrado no se ha dejado llevar por la lírica y ha decidido enviarla a juicio oral y quitarle el pasaporte. Un sablazo procesal que deja a la señora en tierra. El núcleo del conflicto es un software de la Universidad Complutense de Madrid que, según la defensa, fue un 'ofrecimiento generoso' de Begoña ponerlo a su nombre. Traducción para los que hablamos idioma calle: intentar registrar a tu nombre algo que es de la universidad y luego decir que era un favor cuando el juez ya te está pidiendo cuentas. Una jugada de esas que en el barrio llamaríamos 'querer colar el gol después de que el árbitro haya pitado falta'. La tensión alcanzó el clímax cuando Camacho decidió jugar al interrogatorio rápido con el abogado de la Complutense, olvidando que en el Juzgado Número 41 el que pone las reglas del juego es Peinado. El juez, con la paciencia de quien sabe que tiene el mazo en la mano, le recordó que él dirige la orquesta. Al final, nos queda la imagen de una lucha de egos donde la malversación y la apropiación indebida son el telón de fondo de una batalla por quién grita más fuerte en la televisión.
Begoña Gómez: ¿Escolta o servicio de fuga?
Que el juez Peinado haya retirado el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga no es un capricho judicial, es sentido común para quien conoce el patio deنا casa. Mientras el ciudadano medio suda la gota gorda para que no le suban la cuota de la hipoteca, aquí hablamos de una señora acusada de cuatro delitos y bajo investigación por otros dos, sospechosa de usar la Presidencia del Gobierno como una oficina de gestoría privada para sus negocios. El entramado es digno de una serie de Netflix: fondos públicos moviéndose sin permiso, la complicidad de Cristina Álvarez —funcionaria de la Moncloa que parece haber confundido el servicio público con un club de favores— y el amigo Barrabés aceitando la cátedra. Lo verdaderamente delirante es la sorpresa de algunos ante la posibilidad de que la policía, en lugar de ponerle las esposas, le abra la puerta del garaje para que desaparezca. Pero es que en este país tenemos una tradición ancestral en 'ayudas logísticas' para los amigos. No hemos aprendido nada del Caso Zapatero, donde el idealismo de fachada escondía una caja fuerte llena de joyones y una fortuna amasada sirviendo al régimen de Caracas. Si ya tuvimos la comedia de Puigdemont escapando en el maletero de un coche con la bendición de los cuerpos de seguridad, ¿quién puede asegurar que la escolta de Gómez no reciba una llamada de 'órdenes superiores' para mirar hacia otro lado? Desde las cloacas de Rubalcaba hasta los brindis de la marisquería Rianxo, el sistema parece venir corrompido de fábrica. El juez Peinado no es un cínico; es un observador que recuerda que, entre detenciones ilegales como la de Nacho Cano y despliegues militares en la Plaza de Castilla para proteger la entrada de la esposa del Presidente, la ley a veces es solo una sugerencia dependiendo de quién firme el cheque o el decreto.
Facturas falsas y negocios chinos: el menú
Hay una coreografía muy fina en el arte de gestionar el poder: mientras el ciudadano medio suda tinta para que el banco no le cobre una comisión por mirar la cartilla, en las altas esferas del PSOE la contabilidad parece un juego de Lego donde las piezas nunca encajan a propósito. Teresa Gómez ha desgranado el 'modus operandi' de las facturas falsas en el partido, esa ingeniería creativa donde el gasto público se convierte en un truco de magia para borrar rastros. Es la eterna historia del sablazo institucional disfrazado de gestión administrativa. Luego tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha vuelto a la escena pública para recordarnos que el camino desde Moncloa hasta los negocios en China es más corto que la cola del supermercado un domingo por la tarde. Pelayo Barro ha puesto el foco en Miguel Sebastián, quien ahora se pone la capa de defensor del expresidente, pero que en su día fue el asesor cabecera para que los negocios chinos fluyeran sin demasiadas preguntas. Es el clásico 'yo te cuido la espalda y tú me abres la puerta del Pando'. Para rematar el menú de la hipocresía, Marcos Sierra nos recuerda que el fútbol no es menos cínico. El caso Negreira sigue ahí, flotando como un recordatorio de que, en el deporte como en la política, hay recibos que no son por servicios prestados, sino por silencios comprados. Todo esto mientras Rocío Regidor dirige el circo en 'Al tanto', la tertulia de THE OBJECTIVE, donde se analiza la actualidad del 19 de junio de 2026. Al final, entre el Mundial, el debut de España y las exclusivas, nos queda la sensación de que el país es una empresa donde los dividendos siempre se los llevan los mismos, mientras nosotros seguimos intentando entender la letra pequeña del contrato.
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