Crítica:
El texto original es un reporte judicial estándar que oculta el escándalo tras tecnicismos. Le falta subrayar la obscenidad de pagar comisiones con fondos provenientes de un rescate público.
Tubos Reunidos pagó 247.000 euros a la trama de Leire Díez por sus gestiones sobre la SEPI
El rescate que salió carísimo: comisiones SEPI
Otros artículos
Rescate de 112 millones: el 'estirón' del PNV
En el mercado de los favores políticos, el tiempo es oro y la ética es un estorbo. Mientras el ciudadano medio espera tres meses para que le aprueben una ayuda de Hacienda, en los pasillos del poder el reloj vuela. La UCO ha destapado que Tubos Reunidos S.A. no solo recibió un rescate de 112,8 millones de euros, sino que el trámite tuvo la velocidad de un Fórmula 1 gracias a una 'llamada' oportuna. Según los mensajes del Grupo Hirurok, hablar con el PNV un martes y que el expediente se apruebe el siguiente martes no es una coincidencia cósmica, es ingeniería de influencias. El esquema es tan viejo como el camino: el secretario de Estado de Economía ponía pegas y Arantxa Tapia tenía su criterio, pero al final, el peso del PNV dinamitó cualquier resistencia. Para que la maquinaria girara, Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto a Leire Díez y Vicente Fernández, se habrían asegurado una comisión de 114.950 euros. Para disfrazar este 'agradecimiento', montaron el teatro de Mediaciones Martínez, una empresa instrumental que cobraba 60.000 euros anuales por unos 'asesoramientos' que probablemente consistieron en abrir la puerta adecuada. Pero la ambición no tiene botón de apagado. En 2024, la trama volvió a activarse para conseguir un aplazamiento de 10 millones de euros. Esta vez, el menú incluyó una reunión el 28 de enero de 2025 con la plana mayor: Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea. El resultado fue quirúrgico: validación financiera el 21 de marzo, jurídica el 25 y el visto bueno final el 28 de marzo. Un ritmo de gestión que envidiaría cualquier administración pública, siempre que se tenga el teléfono correcto y la billetera abierta.
Koldo: De mascarillas a millonarios públicos
La justicia ha decidido que 24 años de prisión son el precio justo para que José Luis Ábalos reflexione sobre su gestión del tiempo. El Tribunal Supremo no solo ha puesto el sello al 'caso Koldo', sino que ha dejado claro que el Ministerio de Transportes no era una oficina pública, sino la sede central de una organización criminal donde Víctor de Aldama se paseaba como si fuera el dueño del chiringuito. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no le diga 'adiós' a final de mes, algunos descubrieron la magia de la multiplicación rápida: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pasó de facturar cero euros en 2019 a embolsarse 53 millones gracias a la generosidad de Puertos del Estado y ADIF. Es el equivalente a que el vecino que no tiene ni para el pan acabe comprando un yate porque el Ayuntamiento le ha dado un contrato de emergencia. Pero el verdadero 'sablazo' maestro sigue en el limbo. Hablamos de los 263 millones de euros que Salvador Illa adelantó a FCS Select Products SL, una empresa de marketing para bebidas alcohólicas que no tenía ni un solo trabajador. Imaginen el surrealismo: contratar a alguien que hace etiquetas de botellas para gestionar la emergencia sanitaria. Lo más tierno es que la administradora de FCS ya tenía un currículum brillante: condenada en 2016 por estafa agravada. Ahora, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide seis meses más al juez Ismael Moreno para seguir rascando, el expediente de Sanidad duerme la siesta en la Fiscalía Europea desde julio de 2022. Mientras tanto, la lista de invitados al banquete judicial crece con 14 imputados, incluyendo a Santos Cerdán y el presunto 'cupo vasco' de obras. El caso Koldo no es una noticia, es un catálogo de cómo vaciar las arcas públicas bajo el pretexto del pánico colectivo.
Soria: Limpieza en el Área de Comercio
Hay una elegancia casi coreográfica en cómo se gestionan los relevos políticos cuando el aire empieza a oler a quemado. Carlos Martínez, el hombre que gobernó Soria desde 2007 hasta abril pasado, decidió que era el momento perfecto para saltar a las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE. Una mudanza administrativa impecable, justificada por la incompatibilidad legal de ser procurador y alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero, como ocurre con las facturas que llegan con sorpresa al final del mes, el pasado tiene una memoria implacable. Este martes, la Guardia Civil decidió que el Ayuntamiento de Soria necesitaba una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de archivos. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, ha puesto el foco en el Área de Comercio, ese rincón donde Yolanda Santos Grande, del PSOE, lleva el timón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un padrón, la justicia ha preferido ir directa al grano: seis detenidos. Cuatro en la provincia de Soria y dos en Madrid, porque al parecer la ingeniería financiera de los comercios locales requería algunas escalas en la capital. Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido el manual clásico de supervivencia política: piden 'prudencia' y 'respeto', palabras que en el lenguaje de la calle significan 'esperemos a ver si el incendio se apaga solo'. Aseguran prestar la 'máxima colaboración', entregando papeles como quien entrega la lista de la compra en el súper, mientras el secreto de sumario mantiene el misterio. Seis personas esposadas y un legado de casi veinte años que, de repente, parece haber dejado un agujero contable que no se soluciona con una simple dimisión el 13 de abril.
Sepides oculta contratos del IE por 'secretos'
Hay un mantra en la administración pública que suena a música celestial: 'transparencia'. Pero cuando la música llega al complejo Campos Velázquez en Madrid, la partitura cambia. La Sepides, el brazo inmobiliario de la SEPI, ha decidido que jugar al escondite con los contratos de alquiler del Instituto de Empresa (IE) es la mejor estrategia comercial. Según ellos, soltar los papeles podría dejarlos en desventaja frente a otros promotores, como si alquilar oficinas fuera una partida de póker de alta tensión donde revelar la mano es un pecado mortal. Lo curioso es que el IE no es cualquier inquilino; es el lugar donde Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, dejó su huella profesional. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o ajusta el presupuesto del súper, la Sepides gestiona tres contratos (firmados en 2010, 2013 y 2017) que suman una superficie ridícula de 20.320,57 metros cuadrados. Sí, más de veinte mil metros de moqueta y aire acondicionado que, según la resolución, se pagan a 'precios de mercado'. Pero el plato fuerte no es el alquiler, sino el 'empujoncito' financiero de 2020. En plena pandemia, cuando el mundo se caía a pedazos, la Sepides le soltó al IE un préstamo de cinco millones de euros. Un movimiento que dejó perplejo incluso a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, quien admitió que le 'sorprendió' tal generosidad. La entidad dice que el dinero volvió en seis meses con sus intereses (Euríbor + 2%) y penalizaciones, como quien devuelve un libro a la biblioteca antes de que la multa sea prohibitiva. Todo bajo la bendición de la Intervención General de la Administración del Estado para los ejercicios 2023 y 2024. Eficiencia pura, dicen ellos; opacidad selectiva, dice la calle.
Placas solares: el 'talo' al bosque europeo
La transición ecológica es un concepto fascinante, especialmente cuando se explica desde el despacho de un funcionario que no ha pisado el barro en su vida. En Jalance, la Comunidad Valenciana, acabamos de presenciar una obra maestra del surrealismo administrativo. Resulta que en el año 2000, la Unión Europea decidió que era buena idea soltar fondos para reforestar tierras agrícolas. Plantaron miles de encinas, las cuidaron durante 25 años y dejaron que superaran los tres metros de altura. Un proyecto sólido, verde y, sobre todo, pagado con el dinero de todos. Pero claro, el viento cambió y ahora lo 'verde' es el silicio. Entra en escena Promonrg Solar Fotovoltaica I SL. La empresa quiere montar un mar de placas solares y, para ello, ha decidido que treinta hectáreas de encinar en el Campichuelo del Campo estorbaban. Lo más cómico es el baile burocrático: el 30 de noviembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Animal advirtió que se perdería un bosque ya instaurado y pidió salvar las parcelas 13, 14 y 17 del polígono 4. Fue un aviso claro, como quien te dice que no metas el televisor en la bañera. Sin embargo, tras unos cuantos escritos y reuniones donde seguramente se ajustaron las corbatas, la administración cambió de opinión en mayo de 2025. De repente, arrasar con el bosque era 'compatible'. La Asociación Naturalista de Ayora y Valle (ANAV) ha tenido que acudir a la Guardia Civil porque, mientras nosotros nos peleamos por reciclar el yogur, en Jalance trituraban árboles en plena época de nidificación. Han convertido un escudo contra la desertificación y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en un parking de espejos. Es la lógica del siglo XXI: gastamos dinero público en plantar un bosque para luego cobrar subvenciones por quitarlo. Eficiencia pura.
Zapatero y el chiringuito de sus hijas
Hay negocios que no venden servicios, venden apellidos. Whathefav, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, es el ejemplo perfecto de cómo montar un chiringuito de marketing donde el 'know-how' es, básicamente, tener un padre con contactos. La empresa cobró al menos 239.000 euros de firmas vinculadas al caso Plus Ultra, una cifra que en el mundo real equivaldría a cobrarle a alguien el precio de un coche deportivo por decirle que 'se ponga guapo' en Instagram, y todo esto sin que se pueda acreditar qué demonios hicieron para ganar ese dinero o con unos honorarios que rozan la fantasía. El castillo de naipes se derrumbó el 19 de mayo. Mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero veía cómo la UDEF registraba su casa en Las Rozas, siete agentes aterrizaban a las 10:00 en la calle San Germán para asaltar la oficina de las hijas. Desde entonces, la plantilla —que ya era un grupo reducido de cinco o seis personas— ha saltado por la ventana. El pánico es tal que algunos ex empleados han borrado la agencia de sus currículos como quien borra un mensaje comprometido antes de que lo lea su pareja. Hoy, Laura y Alba son las únicas que quedan al volante de un barco que ya no navega. Lo más tierno es el instinto paternal: Zapatero, viendo que el grifo de los clientes se cerraba y que marcas como Huawei ya no querían que su logo apareciera en la web de Whathefav, se puso el traje de comercial. El hombre no solo presionó a Julio Martínez (dueño de Análisis Relevante) para que contratara a sus hijas, sino que en abril intentó torear a Movistar Plus+ para conseguirles cuentas. Todo esto mientras la agencia presumía de un beneficio neto de 125.640 euros en el último ejercicio. Ahora, el juez José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción les esperan en la Audiencia Nacional para explicar cómo funciona exactamente ese 'marketing' de influencias.
Begoña Gómez: ¿Más ruido que el Papa?
Hay quien dice que el teatro es un arte, pero lo de Antonio Camacho en el Juzgado Número 41 de Madrid es, sencillamente, una obra maestra del surrealismo jurídico. Imaginen la escena: el abogado de Begoña Gómez mirando al juez Juan Carlos Peinado y soltando, sin pestañear, que este asunto tiene cuatro veces más impacto mediático que la muerte del Papa Francisco. Sí, cuatro veces. Básicamente, que el fin del pontífice es un trámite administrativo comparado con el ruido que genera la esposa de Pedro Sánchez en los pasillos de Plaza de Castilla. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se juega la partida del pasaporte. El magistrado no se ha dejado llevar por la lírica y ha decidido enviarla a juicio oral y quitarle el pasaporte. Un sablazo procesal que deja a la señora en tierra. El núcleo del conflicto es un software de la Universidad Complutense de Madrid que, según la defensa, fue un 'ofrecimiento generoso' de Begoña ponerlo a su nombre. Traducción para los que hablamos idioma calle: intentar registrar a tu nombre algo que es de la universidad y luego decir que era un favor cuando el juez ya te está pidiendo cuentas. Una jugada de esas que en el barrio llamaríamos 'querer colar el gol después de que el árbitro haya pitado falta'. La tensión alcanzó el clímax cuando Camacho decidió jugar al interrogatorio rápido con el abogado de la Complutense, olvidando que en el Juzgado Número 41 el que pone las reglas del juego es Peinado. El juez, con la paciencia de quien sabe que tiene el mazo en la mano, le recordó que él dirige la orquesta. Al final, nos queda la imagen de una lucha de egos donde la malversación y la apropiación indebida son el telón de fondo de una batalla por quién grita más fuerte en la televisión.
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