La noticia es un despliegue de datos contundentes, aunque se apoya excesivamente en la filtración de mensajes sin dar espacio a la defensa de los implicados. El ritmo es frenético, ideal para el consumo rápido pero deja lagunas sobre la estructura real de la SEPI.
Hay quien dice que el dinero público es un fondo común, pero en la 'trama Leire' parece que lo confunden con una hucha personal para repartir entre amigos. La historia es tan vieja como el camino: una empresa, Tubos Reunidos, recibe un rescate del Gobierno de Pedro Sánchez por 112,8 millones de euros. Hasta ahí, filantropía estatal. El problema llega cuando la compañía vende una planta en Sestao en julio de 2024 por 15 millones. Según las reglas del juego, 9,8 millones debían volver directos a la SEPI. Pero, claro, devolver el dinero es un hábito poco extendido en ciertos círculos. Aquí entra el grupo 'Hirurok', una suerte de agencia de viajes para el poder donde militan Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, y Leire Díez. Cuando la vía directa con la administración resultó ser un muro de hormigón, activaron el 'teléfono rojo' con Santos Cerdán. El guion es digno de una serie de suspense: una reunión en el despacho de Cerdán en noviembre de 2024 con Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. ¿El objetivo? Que la SEPI dejara de ser tan insistente con el cobro. La magia operó rápido. El 14 de marzo de 2025 pidieron el aplazamiento y, en solo 19 días, la SEPI dijo que sí. Mientras tanto, el contrato de 'asesoramiento' —esa palabra tan elegante para disfrazar un sablazo— prometía 40.000 euros por el éxito de la gestión. Para el ciudadano medio, 40.000 euros son años de ahorros o una hipoteca; para esta trama, es simplemente el precio de un favor bien colocado. Leire Díez, actuando como la gran arquitecta, incluso movió los hilos con el Vicelehendakari Mikel Torres Lorenzo en octubre de 2024, asegurando que podían ayudar 'desde otras vías'. Vías que, casualmente, siempre terminan en la cuenta corriente de alguien.
Hay quien dice que las primarias son la fiesta de la democracia interna, pero en el PSOE de 2017 fueron, más bien, el casting para montar un club de beneficios privados. Mientras Pedro Sánchez se peleaba con Patxi López y Susana Díaz para recuperar el mando, en los márgenes del camino, entre viaje y viaje por Navarra, se fraguaba una sociedad limitada basada en la confianza y el saqueo. José Luis Ábalos no solo buscaba votos; encontró en Koldo García al chófer ideal: uno que no solo supiera conducir el coche, sino también el flujo de dinero sucio. La sentencia del Supremo es un manual de instrucciones sobre cómo convertir un cargo público en un cajero automático. Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión, utilizó su silla de ministro de Fomento como el sello de garantía para que Koldo García (condenado a 19 años y ocho meses) y Víctor de Aldama pudieran operar sin miedo. Lo que empezó como un 'compromiso militante' recomendado por Santos Cerdán acabó siendo una ingeniería financiera donde los fondos públicos se confundían con la cartera personal del jefe. El despliegue de lujo es modesty pura: 10.000 euros al mes para los gastos fijos de Ábalos, el pago del piso a su expareja Jésica Rodríguez y el alquiler de villas en Marbella y La Alcaidesa. Todo esto a cambio de favores tan mundanos como una nota de prensa sobre Air Europa o licencias de hidrocarburos. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, este trío gestionaba el Estado como quien gestiona un chiringuito de playa, con Aldama como el comisionista que, irónicamente, se libra de la cárcel por cantar los pecados de sus socios. Un negocio redondo, hasta que el Supremo decidió cerrar la persiana.
La justicia ha decidido que 24 años de prisión son el precio justo para que José Luis Ábalos reflexione sobre su gestión del tiempo. El Tribunal Supremo no solo ha puesto el sello al 'caso Koldo', sino que ha dejado claro que el Ministerio de Transportes no era una oficina pública, sino la sede central de una organización criminal donde Víctor de Aldama se paseaba como si fuera el dueño del chiringuito. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no le diga 'adiós' a final de mes, algunos descubrieron la magia de la multiplicación rápida: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pasó de facturar cero euros en 2019 a embolsarse 53 millones gracias a la generosidad de Puertos del Estado y ADIF. Es el equivalente a que el vecino que no tiene ni para el pan acabe comprando un yate porque el Ayuntamiento le ha dado un contrato de emergencia. Pero el verdadero 'sablazo' maestro sigue en el limbo. Hablamos de los 263 millones de euros que Salvador Illa adelantó a FCS Select Products SL, una empresa de marketing para bebidas alcohólicas que no tenía ni un solo trabajador. Imaginen el surrealismo: contratar a alguien que hace etiquetas de botellas para gestionar la emergencia sanitaria. Lo más tierno es que la administradora de FCS ya tenía un currículum brillante: condenada en 2016 por estafa agravada. Ahora, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide seis meses más al juez Ismael Moreno para seguir rascando, el expediente de Sanidad duerme la siesta en la Fiscalía Europea desde julio de 2022. Mientras tanto, la lista de invitados al banquete judicial crece con 14 imputados, incluyendo a Santos Cerdán y el presunto 'cupo vasco' de obras. El caso Koldo no es una noticia, es un catálogo de cómo vaciar las arcas públicas bajo el pretexto del pánico colectivo.
Hay que tener valor para llamar 'rescate' a una operación donde el dinero público fluye como agua en canalización mal puesta. Tubos Reunidos, la joya alavesa que recibió una inyección de 112,8 millones de euros en 2021 para no hundirse, decidió que el agradecimiento no bastaba y prefirió pagar la factura de los 'amigos'. En total, 247.459 euros se fueron en comisiones para la trama de Leire Díez, una cifra que para el ciudadano medio es un sueño febril, pero que para estos señores era simplemente el coste de lubricar los engranajes del poder. La ingeniería fue de manual: primero, 114.959 euros pasaron por Mediaciones Martínez, esa sociedad instrumental que servía de buzón para que Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, se repartieran el botín. Luego, cuando el hambre de comisiones apremia, Vicente Fernández decidió saltarse al intermediario y cobrar 132.500 euros directamente en su cuenta personal. Un movimiento audaz, casi poético, que el juez Santiago Pedraz no ha visto con buenos ojos, imputando ya a tres altos cargos, incluido el expresidente ejecutivo Francisco Irazusta. Pero el guion tiene un giro fascinante en la calle Ferraz. El informe de la UCO sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en una reunión de noviembre de 2024 que, mágicamente, cambió la actitud de la SEPI respecto a la amortización del rescate. Mientras el ciudadano lucha con la inflación, en las altas esferas se gestionan aplazamientos de deuda y desbloqueos del FASEE con llamadas y cenas. El grupo Hirurok no vendía tuberías, vendía accesos; y Tubos Reunidos pagó el pase VIP con el dinero que, irónicamente, ya era parte del rescate público.
Hay una elegancia casi coreográfica en cómo se gestionan los relevos políticos cuando el aire empieza a oler a quemado. Carlos Martínez, el hombre que gobernó Soria desde 2007 hasta abril pasado, decidió que era el momento perfecto para saltar a las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE. Una mudanza administrativa impecable, justificada por la incompatibilidad legal de ser procurador y alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero, como ocurre con las facturas que llegan con sorpresa al final del mes, el pasado tiene una memoria implacable. Este martes, la Guardia Civil decidió que el Ayuntamiento de Soria necesitaba una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de archivos. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, ha puesto el foco en el Área de Comercio, ese rincón donde Yolanda Santos Grande, del PSOE, lleva el timón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un padrón, la justicia ha preferido ir directa al grano: seis detenidos. Cuatro en la provincia de Soria y dos en Madrid, porque al parecer la ingeniería financiera de los comercios locales requería algunas escalas en la capital. Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido el manual clásico de supervivencia política: piden 'prudencia' y 'respeto', palabras que en el lenguaje de la calle significan 'esperemos a ver si el incendio se apaga solo'. Aseguran prestar la 'máxima colaboración', entregando papeles como quien entrega la lista de la compra en el súper, mientras el secreto de sumario mantiene el misterio. Seis personas esposadas y un legado de casi veinte años que, de repente, parece haber dejado un agujero contable que no se soluciona con una simple dimisión el 13 de abril.
Hay un mantra en la administración pública que suena a música celestial: 'transparencia'. Pero cuando la música llega al complejo Campos Velázquez en Madrid, la partitura cambia. La Sepides, el brazo inmobiliario de la SEPI, ha decidido que jugar al escondite con los contratos de alquiler del Instituto de Empresa (IE) es la mejor estrategia comercial. Según ellos, soltar los papeles podría dejarlos en desventaja frente a otros promotores, como si alquilar oficinas fuera una partida de póker de alta tensión donde revelar la mano es un pecado mortal. Lo curioso es que el IE no es cualquier inquilino; es el lugar donde Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, dejó su huella profesional. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o ajusta el presupuesto del súper, la Sepides gestiona tres contratos (firmados en 2010, 2013 y 2017) que suman una superficie ridícula de 20.320,57 metros cuadrados. Sí, más de veinte mil metros de moqueta y aire acondicionado que, según la resolución, se pagan a 'precios de mercado'. Pero el plato fuerte no es el alquiler, sino el 'empujoncito' financiero de 2020. En plena pandemia, cuando el mundo se caía a pedazos, la Sepides le soltó al IE un préstamo de cinco millones de euros. Un movimiento que dejó perplejo incluso a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, quien admitió que le 'sorprendió' tal generosidad. La entidad dice que el dinero volvió en seis meses con sus intereses (Euríbor + 2%) y penalizaciones, como quien devuelve un libro a la biblioteca antes de que la multa sea prohibitiva. Todo bajo la bendición de la Intervención General de la Administración del Estado para los ejercicios 2023 y 2024. Eficiencia pura, dicen ellos; opacidad selectiva, dice la calle.
La transición ecológica es un concepto fascinante, especialmente cuando se explica desde el despacho de un funcionario que no ha pisado el barro en su vida. En Jalance, la Comunidad Valenciana, acabamos de presenciar una obra maestra del surrealismo administrativo. Resulta que en el año 2000, la Unión Europea decidió que era buena idea soltar fondos para reforestar tierras agrícolas. Plantaron miles de encinas, las cuidaron durante 25 años y dejaron que superaran los tres metros de altura. Un proyecto sólido, verde y, sobre todo, pagado con el dinero de todos. Pero claro, el viento cambió y ahora lo 'verde' es el silicio. Entra en escena Promonrg Solar Fotovoltaica I SL. La empresa quiere montar un mar de placas solares y, para ello, ha decidido que treinta hectáreas de encinar en el Campichuelo del Campo estorbaban. Lo más cómico es el baile burocrático: el 30 de noviembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Animal advirtió que se perdería un bosque ya instaurado y pidió salvar las parcelas 13, 14 y 17 del polígono 4. Fue un aviso claro, como quien te dice que no metas el televisor en la bañera. Sin embargo, tras unos cuantos escritos y reuniones donde seguramente se ajustaron las corbatas, la administración cambió de opinión en mayo de 2025. De repente, arrasar con el bosque era 'compatible'. La Asociación Naturalista de Ayora y Valle (ANAV) ha tenido que acudir a la Guardia Civil porque, mientras nosotros nos peleamos por reciclar el yogur, en Jalance trituraban árboles en plena época de nidificación. Han convertido un escudo contra la desertificación y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en un parking de espejos. Es la lógica del siglo XXI: gastamos dinero público en plantar un bosque para luego cobrar subvenciones por quitarlo. Eficiencia pura.
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