Crítica:
La noticia mezcla dos eventos distintos (micrófonos y hackeo) para inflar la sensación de persecución. El texto original es puramente descriptivo, omitiendo cualquier contexto sobre el origen de los conflictos judiciales del implicado.
La noticia mezcla dos eventos distintos (micrófonos y hackeo) para inflar la sensación de persecución. El texto original es puramente descriptivo, omitiendo cualquier contexto sobre el origen de los conflictos judiciales del implicado.
En el ecosistema mediático actual, el periodismo de investigación ha sido sustituido por el 'periodismo de agenda', donde la noticia no se busca, se negocia como quien regatea el precio de un coche usado en un bazar. El caso de Chema Garrido, director de El Plural, es la joya de la corona de esta dinámica. Resulta que se han filtrado conversaciones del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero que dejan al descubierto que 'cerrar una entrevista' no consistía en lanzar preguntas incómodas, sino en asegurar que el entrevistado estuviera 'cómodo' y que todo saliera según el guion. Básicamente, un casting televisivo disfrazado de ejercicio informativo. Ante la evidencia de estos amaños, Garrido ha optado por la jugada maestra del manual de supervivencia política: gritar '¡cloacas!'. Según su versión en X el 24 de junio de 2026, que alguien filtre su móvil y sus pactos con la secretaria de Zapatero es una operación oscura, y no simplemente la consecuencia de que los secretos digitales tienen la vida útil de un helado al sol. Para el director, pactar fechas y dar tranquilidad al exmandatario es un 'truco común', como quien dice que ponerle azúcar al café es un hábito normal, aunque en este caso el azúcar sea la manipulación de la agenda pública. El ruido no termina ahí. Garrido ha lanzado un misil contra Alberto Pérez Giménez, subdirector de Nacional de El Confidencial, acusándolo de publicar su teléfono. Mientras el entorno de Zapatero organizaba cenas caseras con Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, o coordinaba apariciones estratégicas en El Intermedio, la élite periodística se dedica ahora a pelearse por quién borró el tuit más rápido. Es la danza de la hipocresía: se venden como guardianes de la verdad mientras coordinan los temas para que el poder no se despeine.
En el ecosistema de Ferraz, las opiniones tienen un precio de mercado y, al parecer, el PSOE maneja un catálogo de 'consultorías' bastante flexible. Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán, se presentó este jueves ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para jugar al juego de las confesiones a medias. El señor reconoce que el partido le pagó por emitir su 'opinión' sobre causas sensibles del Gobierno, aunque cuando la cosa se pone fea, se refugia en el secreto profesional como quien cierra la persiana de un comercio al primer signo de lluvia. El sumario habla de una cifra astronómica: 125.000 euros. Para que nos entendamos, es la cantidad que alguien normal invertiría en una hipoteca o en un retiro prematuro a una playa del Caribe, pero aquí servía para analizar la viabilidad de procesos judiciales. Eso sí, la ingeniería financiera de Ferraz tiene sus matices: el PSOE dice que no pagó dos facturas de 26.500 euros cada una (un total de 53.000 euros) emitidas el 10 de abril y el 23 de mayo del año pasado. ¿La razón? Una 'incompatibilidad' repentina al convertirse en el letrado de Cerdán. Es el clásico movimiento de 'te quiero, pero ya no te pago', una dinámica más propia de un divorcio tormentoso que de una gestión institucional. Teijelo, que soliviantó al juez Pedraz leyendo estatutos de abogacía para ganar tiempo, admite haber ido a reuniones con Diego Villafañe en la Fiscalía General del Estado en marzo y abril del año pasado, acompañado por Leire Díez. Esta última, que se presentaba como una 'compañera de despacho' para no levantar sospechas, parece haber sido la pieza clave en una trama para desestabilizar la justicia y desprestigiar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Mientras tanto, la lista de investigados sigue creciendo, arrastrando desde el exvicepresidente Gaspar Zarrías hasta Leticia de la Hoz, la abogada del caso Koldo, en un despliegue de 'derecho a la defensa' que huele a desesperación.
En el Ayuntamiento de Soria han intentado jugar al escondite con la realidad, pero el tablero se les ha caído encima. Javier Antón, el alcalde del PSOE, ha tenido que admitir este miércoles que no fue una sorpresa del destino el registro de la Guardia Civil del martes; resultó que el lunes, sobre las 13 horas, ya tenía el aviso en el buzón. Básicamente, mientras el ciudadano medio se entera de que le han subido la luz cuando llega la factura, el alcalde sabía que el martes tendrían visitas oficiales con uniforme y talonario desde el mediodía anterior. La jugada es surrealista. El registro no era para buscar el gato perdido, sino que terminó con la detención de Yolanda Santos, la entonces concejala de Medio Ambiente y Turismo, y otras seis personas. Siete implicados en total, todos ahora en libertad pero con el teléfono atento al juzgado. ¿El menú del día? Un festín de irregularidades en la contratación municipal que huele a prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Prácticamente el catálogo completo de la ingeniería financiera creativa aplicada al erario público. El PP y Vox, que no han dormido mucho tras la noticia, han pasado de la cortesía verbal a la exigencia de papeles. No se tragan que el aviso llegara el lunes 22 de junio y que el gobierno municipal prefiera ahora el 'secreto de sumario' como manta para tapar el frío. La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria lleva el hilo, mientras el consistorio intenta explicar por qué el aviso llegó con tanta antelación. En la calle decimos que cuando alguien avisa que vienen los inspectores, es para que recojan los papeles prohibidos antes de que suene el timbre.
El Ministerio del Interior ha decidido que ya es hora de jugar al Tetris con el cemento y el metal. A contrarreloj, y con la urgencia de quien llega tarde a una cita médica, se están cargando la Verja de Gibraltar. El plan es que para el 15 de julio el paso fronterizo sea un recuerdo, una especie de fantasma arquitectónico que deje de estorbar. Mientras los operarios desmontan casetas y marquesinas en turnos nocturnos —como si estuvieran instalando un aire acondicionado sin despertar al vecino—, la Policía Nacional y la Guardia Civil se mudan a nuevas dependencias para vigilar que el 'límite invisible' no se convierta en un bazar sin control. En el papel, suena a utopía europea. En la calle, suena a 'ya veremos'. Para los 15.000 trabajadores que cruzan a diario —el 50% de la fuerza laboral del Peñón—, el fin de las colas es la gran promesa, aunque la cautela es la moneda local. Porque quitar la valla no quita la burocracia. El control de pasaportes y aduanas del espacio Schengen se muda al puerto y al aeropuerto, dejando que España asuma la responsabilidad de quien cierra la puerta de casa. Pero aquí llega el sablazo. Mientras los políticos brindan por la fluidez, los comerciantes gibraltareños sudan frío. El nuevo sistema tributario y la falta de instrucciones claras podrían disparar los costes hasta un 17%. Es la clásica ingeniería financiera: te quitan la valla de delante, pero te clavan la factura en el recibo. Entre el recuerdo del cierre de 1969 y la incertidumbre del Brexit, la Verja desaparece físicamente, pero el miedo a que el acuerdo sea un castillo de naipes sigue muy vivo en el Campo de Gibraltar.
Hay quienes hacen la compra en el súper y quienes, como los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, prefieren hacer la compra de influencias con 'bolsas de regalos'. La escena es casi surrealista: mediados de abril, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está en un avión, a punto de despegar, cuando recibe el aviso de su secretaria, Gertrudis Alcázar. El menú del día: tres bolsas con cajas de regalo que los venezolanos habían dejado allí. Zapatero, con la naturalidad de quien acepta un detalle en un cumpleaños, responde un 'A la orden' mientras surca las nubes. Lo curioso es el calendario, que parece escrito por un guionista de comedias negras. Los Amaro Chacón consiguieron la nacionalidad española en febrero de 2026 —con el DNI recién estrenado el 20 y 26 de febrero—, apenas dos meses antes de los regalos y semanas antes de que la justicia le pusiera la mirada al exmandatario. Mientras tanto, en el fondo del armario, la ingeniería financiera echaba humo. A través de Inteligencia Prospectiva, una sociedad que en los papeles parece un chiste (pérdidas recurrentes, un solo empleado y actividad operativa casi invisible), se movieron millones de euros. De ese flujo, más de 560.000 euros aterrizaron en Whathefav, la mercantil de las hijas del expresidente. Para rematar la función, Zapatero se descubre a sí mismo en un desliz de memoria digno de un examen suspendido: creía ser autónomo desde 2012, cuando en realidad se dio de alta el 1 de septiembre de 2015, tras dejar el Consejo de Estado. Todo este despliegue de 'confusiones' y cajas de regalo ocurre mientras la UDEF ya rastreaba el entorno de Plus Ultra y el presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, ya había pasado por el calabozo en diciembre de 2025. Al final, el poder no es solo mandar, es saber recibir paquetes sin preguntar qué hay dentro.
Hay quien gestiona el patrimonio familiar con un libro de cuentas y quien prefiere el 'estilo creativo' de los testaferros. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre de la calma imperturbable, ha visto cómo su ecosistema de influencias empezaba a chispear. Todo arranca el 11 de diciembre, cuando la UDEF arresta a Julio Martínez Martínez, el empresario que hacía las veces de 'caja fuerte' y presunto testaferro del exmandatario en el turbio rescate de la aerolínea Plus Ultra. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, en los despachos de lujo se movían fondos a través de Análisis Relevante, la mercantil de Martínez que servía de grifo para alimentar otras cuentas. El 15 de diciembre de 2025, la tensión llegó a los WhatsApps. Gertrudis Alcázar, secretaria y confidente, soltó la bomba: estaba preocupada por 'las lobas'. No hablaba de fauna silvestre, sino de Laura y Alba Zapatero Espinosa, las hijas del expresidente, quienes operan la empresa Whathefav. Resulta que Whathefav cobraba sumas interesantes de la empresa de Martínez, un flujo de dinero que ahora tiene el juez entre ceja y ceja, dejando a las hermanas formalmente imputadas. La reacción de las 'lobas' fue la clásica maniobra de quien incendia el archivo antes de que llegue la inspección: un apagón digital total el mismo 15 de diciembre, borrando redes sociales y rastros corporativos para evitar que el viento soplara donde no debía. Zapatero, con una frialdad que ya quisiera un cirujano, resumió la situación a su secretaria diciendo que les esperaba una 'temporada ácida'. Una forma elegante de decir que el banquete de las influencias ha terminado y que ahora toca pagar la cuenta en los juzgados, mientras él intenta convencerse de que su mujer, Sonsoles Espinosa, y sus hijas han aguantado el tirón mejor de lo esperado.
Donald Trump ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: usar la diplomacia como si fuera un combate de lucha libre. Este miércoles, mientras se tomaba un café en el Despacho Oval con Mark Rutte, el mandatario estadounidense decidió que España era el 'espectáculo horroroso' de la temporada. Para Trump, Madrid es un 'auténtico desastre', básicamente porque queremos el seguro a todo riesgo de la OTAN pero nos negamos a pagar la prima. El problema es que mientras el ciudadano medio lucha con la inflación de la cesta de la compra, el Gobierno español se ha puesto tiquismiquis con el presupuesto. Somos el único miembro de la Alianza que ha pasado del compromiso de subir el gasto en Defensa al 5% del PIB; una negativa que en el lenguaje de Trump suena a querer vivir en un hotel de lujo sin dejar la tarjeta en recepción. Pero el salseo no termina en los números. Washington está furioso porque Madrid puso trabas al uso de las bases de Rota y Morón durante la campaña contra Irán. Trump, que presume de haber neutralizado a Irán en una semana —como quien dice que ha terminado de limpiar la casa en un suspiro—, no entiende por qué sus socios no fueron más 'solidarios'. En medio del incendio, Mark Rutte ha llegado con un extintor de azúcar. El secretario general de la OTAN intentó calmar las aguas llamando a Trump el 'líder del mundo libre' y comparando su capacidad de sacar dinero a Europa con una hazaña que ni Eisenhower consiguió. Rutte intentó salvar los muebles diciendo que 5.000 aeronaves despegaron de suelo europeo en seis semanas, pero el castillo de naipes se derrumbó rápido: Giorgia Meloni, desde Italia, ha calificado esas cifras de 'falaces'. Al final, la Alianza Atlántica parece más una comunidad de vecinos peleándose por el ascensor que un bloque estratégico de seguridad.
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