Crítica:
La noticia es un esqueleto de datos; falta el contexto de cuánto dinero exacto se adjudicó en esos contratos. Es un avance quirúrgico, pero deja el hambre de cifras concretas sin saciar.
Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés, de nuevo en el foco de la UCO
Begoña Gómez y el 'truco' de Red.es
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Sánchez: Maquillaje económico y hambre real
El Gobierno se ha pasado la última temporada vendiéndonos que España es el alumno aventajado de Europa, el 'crack' del crecimiento. Pedro Sánchez presume de que dejará el país mejor, pero el relato tiene más agujeros que un queso gruyere. La realidad es que nuestra economía está bajo anestesia: la sostienen con inyecciones masivas de dinero público que, en cuanto se retiren, nos dejarán en coma. Es como intentar mantener una fiesta viva a base de tarjetas de crédito cuando la cuenta corriente está en números rojos. Mientras el Ejecutivo maquilla el PIB nominal usando la inflación como corrector de ojeras, la calle siente el sablazo. Desde que Sánchez aterrizó en Moncloa, el PIB per cápita en paridad de poder de compra ha empezado a retroceder frente a la media de la UE, perdiendo la posición que teníamos en 2017. Estamos haciendo la 'política del cangrejo': caminar hacia atrás mientras nos dicen que avanzamos. Países como Eslovenia, que antes ni mirábamos, ya nos han pasado por la derecha en prosperidad real. El truco consiste en inflar el gasto público para expulsar a la inversión privada y cambiar el nombre de los contratos temporales a 'fijos-discontinuos' para que la estadística sonría, aunque el empleo real no se mueva un milímetro. Pero los números de Eurostat no mienten y son demoledores: el 25,7% de la población está en riesgo de exclusión social, casi cinco puntos por encima de la media europea. Lo más doloroso es la pobreza infantil, que clava un 28,4%, situándose 8,8 puntos por encima del promedio de la UE. Al final, entre el intervencionismo, la inseguridad jurídica y una presión fiscal que asfixia hasta al que no tiene nada, el legado es un retroceso sistémico. Nos prometieron un jardín y nos han dejado un solar con la factura del agua sin pagar.
Guardia Civil: 'ponerse de perfil' y cloacas
En la Guardia Civil han decidido jugar al juego de la 'memoria selectiva'. Cuatro generales se han plantado ante el juez Santiago Pedraz para explicar que abrir expedientes internos contra la UCO por filtraciones 'no es habitual'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si el portero de tu comunidad te dijera que no es normal que revisen las cámaras de seguridad, justo cuando se han perdido tres paquetes de Amazon en el rellano. Una carambola narrativa fascinante. El escenario es el caso de las 'cloacas del PSOE', donde se sospecha que desde el corazón del partido se montó un sistema de tuberías para desviar causas judiciales que molestaban al entorno de Pedro Sánchez. Aquí entran en juego tres expedientes reservados contra agentes de la UCO, que parecen ser el 'castigo' por hablar de más. Mientras tanto, la directora general, Mercedes González, admite haber tenido tres encuentros con Leire Díez, la supuesta 'fontanera' encargada de limpiar el camino y desacreditar a los investigadores. Lo más delirante llega con el general Alfonso López Malo y el general Rafael Yuste. Estos admitieron que el anterior director, Leonardo Marcos, y el DAO, Manuel Llamas, sugirieron en julio de 2024 que se 'pusieran de perfil' en investigaciones con tinte político. Básicamente, que no fueran proactivos, que no remaran demasiado fuerte y que dejaran que el juez hiciera el trabajo sucio. Un 'estén quietos y no molesten' institucional para evitar que el caso del hermano de Sánchez cogiera demasiada velocidad. Yuste añadió que el 27 de mayo le pidieron un organigrama detallado de quiénes investigaban al presidente. Todo esto envuelto en una reunión el 29 de mayo de 2025 donde la directora González le dio un abrazo virtual de apoyo al teniente coronel Antonio Balas. Un despliegue de lealtades donde la verdad es el único elemento que no tiene plaza en el organigrama.
Muelas, emojis y mordidas en Almería
En Almería, el silencio es el nuevo deporte nacional de la clase política. Tras cerrar la ronda de declaraciones del «caso Mascarillas», los protagonistas han montado un muro de contención que haría palidecer a cualquier fortificación militar. Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del PP de Almería, dio una masterclass de eficiencia: ocho minutos en el juzgado y una salida rauda hacia su coche, esquivando micrófonos como quien esquiva un charco en invierno. Su abogado, Joaquín Monterreal, sostiene que no declarar no es ocultar, mientras el sumario sugiere que el lenguaje cifrado era la verdadera lengua oficial de la corporación. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, Aureliano y su grupo coordinaban el reparto de 'mordidas' usando el código del odontólogo. Hablar de «visitar al dentista», «empastar muelas» o «hacerse una limpieza» no era una preocupación por la salud bucal, sino la señal para repartirse contratos públicos. El colmo de la ironía llegó con el emoji de una muela enviado al chat ‘Naranjito’ justo después de firmar un contrato de material sanitario con un sobrecoste del 42,27%. Un sablazo monumental disfrazado de higiene dental. La estrategia del mutismo es contagiosa. José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola y diputado de Sostenibilidad, ha copiado el manual del silencio, a pesar de que se le vincula con Óscar Liria para inflar las cuentas de las constructoras Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola, que se llevaron quince adjudicaciones en 2020. Mientras los políticos juegan a las cuatro esquinas con la justicia, los empresarios han empezado a cantar. Ya hay confesiones de testaferros y reuniones de reparto donde se dividían el botín como si fueran taifas medievales. El PSOE, a través de Javier Salvador, lo tiene claro: jefecillos locales controlando el grifo del dinero público mientras el resto espera que el 'dentista' termine la sesión.
Piso franco y WhatsApp: la cloaca del PSOE
Hay quien dice que el poder se ejerce desde despachos de mármol, pero la realidad es que, a veces, el verdadero mando reside en un 'piso franco'. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, en la sombra se montaban operativos de alta cocina política. Resulta que el empresario Javier Parra, un habitual de los juzgados por fraudes en los casos Hafesa y Servicios Omarpar, terminó sentando cabeza en una reunión donde el menú principal era el sabotaje judicial. El escenario: un inmueble que Leire Díez y Javier Pérez Dolset llamaban con orgullo 'piso franco del PSOE', un lugar que indiciariamente alquilaba Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, para usarlo como despacho. Allí, entre paredes que probablemente han oído más secretos que un confesonario, se fraguó el plan contra la magistrada Beatriz Biedma. El objetivo era sencillo: limpiar el camino para David Sánchez, el hermano del presidente, usando la influencia sobre una Fiscalía que, según la propia Díez, es básicamente una extensión del Gobierno donde los fiscales 'siguen órdenes'. Para entrar en este club VIP, Parra tuvo que pagar un peaje: información comprometedora sobre la jueza, facilitada por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Todo este despliegue de ingeniería corrupta se coordinaba en un grupo de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes'. Un nombre adorable para un grupo dedicado a gestionar 'injusticias' judiciales y a intentar que David Sánchez cambiara de abogado. El idilio terminó, como ocurre en todas las novelas negras de barrio, con traiciones y acusaciones de filtraciones a la prensa, todo capturado en el iPhone 15 de Leire. La UCO ha dejado claro que, en este juego, la justicia es solo un trámite que se puede negociar en un salón alquilado.
UCO: El arte de mirar hacia otro lado
En el manual de instrucciones del poder, hay una frase que es el equivalente a 'no toques el cuadro': ponerse de perfil. No es una sugerencia táctica, es el código para que los agentes de la UCO miren hacia otro lado mientras los peces gordos nadan tranquilos. El juez Santiago Pedraz ha tenido que escuchar este viernes la versión de cuatro mandos de la Guardia Civil, donde el general Rafael Yuste y Alfonso López Malo han confirmado que el Director Adjunto Operativo (DAO) les pidió, básicamente, que dejaran de ser proactivos. Traducido al lenguaje de la calle: que no se pasaran de listos investigando el entorno de Pedro Sánchez. La ingeniería del silencio es fascinante. Mientras el ciudadano común se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las altas esferas se coordinaban para que las investigaciones sobre el hermano y la esposa del presidente no molestaran. El DAO, Manuel Llamas, y el exdirector Leonardo Marcos habrían gestionado este 'blindaje' con la delicadeza de un mazo. Lo más surrealista es el castigo al rigor: un analista de la UCO acabó con una amonestación verbal solo por incluir correos entre David Sánchez y Begoña Gómez en un informe. Es como si te regañaran en el trabajo por hacer tu tarea demasiado bien. Para rematar el cuadro, el informe de la UCO revela una red de influencias donde Leire Díez y la directora general, Mercedes González, habrían impulsado investigaciones internas contra los agentes molestos. Tres 'informaciones reservadas' entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 sirvieron como correa de perro para disciplinar a quienes se atrevieron a rastrear las cloacas del PSOE. Al final, el mensaje es claro: en el Instituto Armado, la ley llega hasta donde empieza el interés político.
Confad: La comisión que 'olvidó' el Negreirazo
Imaginen que contratan a una empresa de seguridad privada para vigilar que nadie robe en el barrio, instalan cámaras en cada esquina y, mientras tanto, el jefe de la seguridad se toma un café con el ladrón mientras este vacía la caja fuerte. Eso es, básicamente, la Confad. El 9 de julio de 2019, Carmen Calvo firmó la creación de esta comisión para combatir el fraude deportivo, una joya burocrática impulsada por María Jesús Montero y sus colegas de Interior y Cultura. Lo cómico es que nació apenas cuatro días después de que Hacienda empezara a rastrear el rastro de José María Enríquez Negreira. Coincidencia poética. En la mesa de juego estaban todos los sospechosos habituales: el CSD, la Policía, la Guardia Civil y la RFEF, entonces capitaneada por Luis Rubiales. Albert Soler, quien timoneó el CSD entre mayo de 2021 y enero de 2023, fue nombrado dos veces por el Gobierno mientras se investigaba que el FC Barcelona soltara 8,4 millones de euros a Negreira. Para que nos entendamos: es como si el Ayuntamiento crea una oficina contra el fraude inmobiliario y pone al frente a alguien que ignora que su vecino ha construido un rascacielos con dinero invisible. La RFEF ya sabía que Hacienda preguntaba por Negreira el 18 de octubre de 2021, y la Fiscalía volvió a insistir en junio de 2022. Pero en la Confad, el silencio era sepulcral. Ni un acta, ni un susurro, ni una nota en el grupo de WhatsApp. Mientras Aleksander Ceferin calificaba el asunto de 'excepcionalmente grave' en abril de 2023, la comisión seguía debatiendo sobre la protección de menores en sus reuniones, como la del 3 de junio de 2026, fingiendo que la integridad deportiva no era un chiste de mal gusto. El informe 'Pelícano 2.0' lo deja claro: la Confad fue el gran teatro de la omisión.
Cartas de Begoña: el 'empujoncito' millonario
En el mundo de las licitaciones públicas, existen reglas y luego existe la 'magia'. La UCO acaba de destapar que en los contratos de formación digital de Red.es, la magia consistía en adjuntar cartas de apoyo que, aunque no valían más que un ticket de parking en un pliego técnico, sirvieron para inflar la puntuación de la UTE formada por Innova Next y The Valley Business School. Entre esas misivas, destaca una firmadita en julio de 2020 por Begoña Gómez, la esposa del presidente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren una tasa indebida, aquí se gestionaban 8,4 millones de euros de fondos europeos (Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con una laxitud pasmosa. La Intervención General de la Administración del Estado no se ha andado con rodeos: llamar 'valoración técnica' al hecho de contar cartas de recomendación es, básicamente, adulterar el examen para que el alumno favorito apruebe. El sistema era un buffet libre de influencias. Barrabés presentó 35 documentos de apoyo, usando una plantilla que parecía un formulario de Ikea, donde Begoña Gómez reconoció explícitamente que la jugada estaba financiada con dinero público. Los expedientes 014 y 016, adjudicados en julio de 2021, fueron el escenario de este baile. Lo más cínico es el contraste: mientras una evaluadora decía que le 'costaba horrores' creer que los rivales eran malos, la jefa de área blindaba el sistema alegando que esas cartas 'daban valor'. Al final, el juez Juan Carlos Peinado tiene sobre la mesa un atestado donde la firma de la mujer del presidente no es un detalle anecdótico, sino un activo que sumó puntos reales en un tablero que ya estaba inclinado a favor de Barrabés.
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