Crítica:
El texto original es un procesado judicial estándar que oculta la magnitud del cinismo tras tecnicismos. Falta profundizar en el vínculo exacto entre Servinabar y el poder político para no dejarlo como una simple mención pasajera.
La UCO apunta a que la trama Leire infló en más de 700.000 euros la reforma de la sede de Mercasa
Sablazo de 700k en sede de Mercasa
Otros artículos
Guardia Civil: Imputados por blindar al PSOE
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes prefieren tirar la mesa para que nadie vea las piezas. El caso es digno de una serie de suspense barata: la cúpula de la Guardia Civil sabía que Leire Díez y Santos Cerdán estaban montando una campaña de desinformación contra la UCO —la unidad que se encarga de limpiar la mugre de la corrupción— y decidieron que lo más prudente era no decir ni una palabra a los afectados. El teniente general Manuel Llamas recibió la alerta el 29 de abril de 2024, pero guardó el secreto como quien esconde un ticket de compra prohibido durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general Alfonso López Malo le puso la nota delante de la nariz. Mientras los agentes de la UCO hacían su trabajo, la directora Mercedes González se dedicaba a tomar café y coordinarse con la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez. Entre el 30 de septiembre y el 2 de abril de 2025, se vieron las caras para diseñar una estrategia de intimidación. No era una auditoría administrativa, era un sablazo psicológico: abrir expedientes disciplinarios para que los investigadores se pusieran 'de perfil' y dejaran de mirar donde no debían, especialmente en los casos que salpican al entorno de Pedro Sánchez y su hermano, David Sánchez. La hipocresía alcanza su cénit cuando el juez Pedraz imputa a Llamas y González por prevaricación y obstrucción a la Justicia, pero Moncloa decide que el relevo es innecesario. Para el guardia civil de a pie, una imputación es el camino rápido a la suspensión; para la cúpula, parece ser un simple contratiempo en la agenda. Mientras tanto, el general Rafael Yuste recuerda que le pidieron 'ponerse de perfil', una frase que en el lenguaje de la calle significa: 'mira hacia otro lado mientras pasamos el fajo'.
Sánchez vacía Hacienda para comprar Cataluña
Hay quien dice que gobernar es el arte de elegir a qué incendio echarle gasolina, y Pedro Sánchez ha decidido que la Agencia Tributaria es el lugar ideal para el espectáculo. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el pánico de quien ve una película de terror, en el despacho del presidente se preparan 'pruebas informáticas' para transferir el botín fiscal a Cataluña. No es una actualización de software cualquiera; es el lubricante necesario para que Junts y ERC firmen los Presupuestos de 2027 sin pedir más sacrificios humanos. La cosa ha escalado tanto que la cúpula de Hacienda ha decidido aplicar la técnica del 'salto del barco'. Soledad Fernández, la directora general, ha pasado de ser la jefa a ser la primera en la fila de salida. No es que no quiera trabajar, es que nadie quiere que su currículum termine pareciendo el acta de un accidente ferroviario. A ella se le unen el jefe de Inspección, Manuel Trillo, y otros responsables de Recaudación y Recursos Humanos que, convenientemente, han descubierto que Ginebra o Estados Unidos son sitios mucho más relajados para jubilarse que un organismo donde las reglas se doblan según el calendario electoral. El ambiente en la Agencia es eléctrico. Por un lado, tenemos el 'detalle' de José Luis Rodríguez Zapatero, que guardaba joyas por valor de 1,3 millones de euros en una caja fuerte, como quien guarda los tickets del súper, sin avisar a Hacienda. Por otro, la ingeniería financiera para aplazarle una deuda de 1,7 millones de euros a Víctor de Aldama. En resumen: para el de a pie, un descuido en la declaración es un drama; para los amigos del régimen, es una anécdota de gestión. La Agencia Tributaria ya no es un ente recaudador, es un tablero de Monopoly donde el Gobierno mueve las fichas y los funcionarios prefieren dimitir antes de que el tablero se desplome sobre sus cabezas.
Argentina: la nueva 'ciudad' electoral española
Hacerse español hoy es más sencillo que conseguir una cita en el médico de cabecera. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir el grifo con la Ley de Nietos, transformando la geografía electoral en un juego de magia donde Argentina, de repente, se convierte en la tercera ciudad más poblada de España. No es que hayan construido rascacielos en el Plata, es que la ingeniería legislativa ha inflado el censo: pasamos de 200.000 descendientes con pasaporte en 2008 a una proyección de 1,5 millones de españoles residiendo allí. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si tu vecindario se multiplicara por ocho mientras tú sigues pagando la misma comunidad. El despliegue es fascinante. Mientras el ministro Óscar Puente intenta vendernos que el voto CERA es un ruido insignificante con una participación media del 8%, las matemáticas cuentan otra historia. Un 8% de este nuevo ejército de nacionalizados supone 120.000 votos. Para ponerlo en perspectiva, es como si de repente apareciera una provincia entera como Jaén, León o Algeciras votando desde el otro lado del charco, o el doble de lo que pesan ciudades como Segovia o Mérida. Detrás de la nostalgia por los abuelos que emigraron tras la Guerra Civil, hay un despliegue logístico con aroma a campaña electoral. El senador César Mogo, el hombre de Ferraz, ha estado recorriendo Buenos Aires, Uruguay, Paraguay y Chile, no precisamente para estudiar la fauna local, sino para cosechar votos. Mogo llegó a decir que Argentina sería la tercera o cuarta provincia española; se quedó corto en la escala, pero acertó en el objetivo: convertir el ultramar en el salvavidas del PSOE. Es la globalización del voto: nacionalidad exprés para asegurar la permanencia en el sillón.
AP-7: Camiones al carril derecho ya
Hacer un viaje por la AP-7 hoy en día es como intentar avanzar en una cola de Hacienda un lunes por la mañana: lento, desesperante y con la sensación de que alguien se está riendo de ti. Ahora, Salvador Illa y Jéssica Albiach han decidido que la solución al caos es jugar al Tetris con los vehículos. La propuesta de los Comunes es sencilla: que los camiones de más de 7.500 kilos se queden pegados al carril derecho, prohibiéndoles adelantar. Básicamente, quieren convertir el carril izquierdo en una zona VIP para los mortales que no conducen una mole de acero. Albiach define la autopista como una «sala de espera sobre ruedas», una metáfora brillante para describir una de las vías con más siniestralidad de España. Mientras tanto, Illa, con la prudencia de quien no quiere mojarse ni en una piscina inflable, se ha comprometido este miércoles en el pleno del Parlament a «estudiar» la medida. El problema es que, aunque el deseo sea genuino, la titularidad es del Estado; es decir, que Illa puede estudiar el manual de instrucciones, pero la llave del coche la tiene Madrid. Lo más jugoso, sin embargo, es la resaca del 'gratis'. Resulta que liberar los peajes fue como regalar las entradas de un concierto sin haber arreglado el sonido ni la seguridad. Illa ha soltado la bomba de que «quizás nos equivocamos» cuando todos pedían alegremente el fin de los peajes. Es la clásica ironía de la política: primero celebran el banquete y luego se preguntan quién va a pagar la cuenta del mantenimiento. Entre una Rodalies que funciona a base de fe y un transporte de mercancías por ferrocarril que sigue siendo un sueño futurista, la AP-7 se ha convertido en el monumento al optimismo ingenuo.
Sánchez: menos inmigrantes, más dinero por cabeza
Hay que tener un talento especial para intentar vender un producto y terminar convenciendo al cliente de que es mejor no comprarlo. Pedro Sánchez se presentó este martes en la inauguración del Plan de Integración y Ciudadanía, bajo el eslogan institucional «¿De dónde vienen? Vienen de hacer país», con la misión de defender la regularización masiva de inmigrantes. El problema es que, mientras el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones prepara los fuegos artificiales, el presidente se ha tropezado con su propia aritmética. Sánchez soltó que, sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075. Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si te dijeran que el presupuesto de casa va a caer en picado, pero que no te preocupes porque habrá menos bocas que alimentar. El presidente pintó un apocalipsis donde 90.000 bares tendrían que bajar la persiana y 50.000 aulas se quedarían vacías. El drama es que los datos, extraídos de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), dicen exactamente lo contrario a su intención política. Como bien analiza el economista Daniel Fernández, si la población cae un 27% (pasando de 55 a 40 millones de habitantes para 2075) y el PIB cae un 22%, el resultado es una paradoja deliciosa: el PIB per cápita subiría un 7,3%. En cristiano: seríamos más ricos por cabeza. El presidente, intentando justificar el flujo migratorio, ha acabado confesando, sin querer, que menos inmigración significaría más dinero en el bolsillo del español medio y, probablemente, alquileres que no requieran vender un riñón. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza sus propios estudios para dar argumentos a la oposición sin darse cuenta.
Von der Leyen: aire fresco para pocos
En Bruselas, el clima es traicionero, pero la jerarquía es eterna. El pasado viernes, mientras Bélgica activaba la tercera alerta roja de su historia con termómetros rozando los 40 grados, el edificio Berlaymont se convirtió en un experimento social sobre la casta. A mediodía, 3.000 empleados recibieron un SMS con el tacto de un mensaje de WhatsApp de un jefe tóxico: el aire acondicionado se apagaba de la planta 1 a la 7 por 'condiciones climáticas extremas'. Traducido al idioma de la calle: 'Suda el cuello, que el planeta sufre'. Sin embargo, la física del calor es curiosa en la Comisión Europea. El aire seguía soplando fresco de la planta 8 a la 13. Casualmente, ahí arriba, en el ático del poder, Ursula von der Leyen y sus comisarios disfrutaban de una brisa envidiable. Mientras los rasos se asaban en los pisos bajos, la jefa se mantenía fresca, ignorando que hace dos años tuiteaba que subir un poco la temperatura del aire traía 'resultados impresionantes' para ahorrar energía. Es el clásico manual del 'haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga'; una suerte de ingeniería financiera aplicada al confort térmico donde el ahorro energético solo se aplica a quienes no tienen el mando a distancia. La Comisión llegó incluso a repartir una guía de supervivencia, sugiriendo beber agua y entrar antes al trabajo, como si el problema fuera la falta de hidratación y no el hecho de trabajar en un horno humano. Un funcionario lo definió con precisión quirúrgica: 'esto es como el feudalismo'. Y tiene razón. En el Berlaymont, el aire acondicionado no es un servicio básico, es un símbolo de estatus. Si estás en la planta 1, eres un siervo del calor; si estás en la 13, eres la nobleza del frío.
Sánchez, Ábalos y el 'bien' de 120 millones
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo usa como un grupo de WhatsApp para cuadrar facturas pendientes. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le suban la cuota del gas, en las altas esferas del poder se manejan 120 millones de euros de la SEPI con la misma naturalidad con la que uno pide un café. El rescate a Duro Felguera en marzo de 2021 no fue un acto de generosidad patriótica, sino una coreografía donde el dinero público servía de lubricante para aceitar relaciones con el régimen de Maduro. La trama, destapada por las notas de Nervis Villalobos —antiguo viceministro de Chávez y experto en el arte de la supervivencia política—, nos revela que Pedro Sánchez no estaba precisamente mirando el paisaje. Según Villalobos, José Luis Ábalos actuaba como el mensajero personal del presidente, reportándole que las reuniones con Jorge Rodríguez habían sido 'exitosas' porque la empresa ya había cobrado una de sus facturas. Es fascinante: la Fiscalía española ya acusaba a la compañía de corrupción, pero el Gobierno decidió soltarle el cheque. Sánchez, con la parsimonia de quien sabe que el tablero le favorece, respondió con un 'bien' en WhatsApp. Un 'bien' que costó 70 millones en préstamos participativos, 20 millones en préstamos ordinarios y otros 30 millones en capital directo. Todo esto mientras Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, exministros de Zapatero, vigilaban el chiringuito desde el Consejo directivo. El telón de fondo es un contrato de 1.500 millones de dólares para la central Termocentro en 2009, donde las 'mordidas' eran el lenguaje oficial. La Audiencia Nacional ha fijado el juicio del 19 al 22 de octubre, pero la hipocresía ya tiene sentencia firme: el dinero es público, pero el beneficio es muy privado.
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