Crítica:
El texto original es un ping-pong de justificaciones judiciales. La noticia se centra en la respuesta del juez, pero deja en el aire la solidez de las cautelares originales.
El texto original es un ping-pong de justificaciones judiciales. La noticia se centra en la respuesta del juez, pero deja en el aire la solidez de las cautelares originales.
Hay una coreografía en el manejo del dinero público que ya roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Plus Ultra se gestionaban 53 millones de euros de ayuda pública como quien reparte cartas en una partida de póker clandestina. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno aprobaba el rescate; diez minutos después, Rodolfo Reyes le confirmaba a Ramón Gordils, viceministro de Maduro, que ya habían salido los primeros 500.000 euros. No era caridad, era un reloj suizo. Lo más cínico llega con el famoso '1,4 palo'. En la jerga de la calle, un 'palo' es un millón de dólares. Gordils preguntaba por ese millón y cuatrocientos mil justo cuando la SEPI soltaba la pasta. ¿Coincidencia? La Fiscalía Anticorrupción cree que es la firma de un blanqueo maestro. Los fondos, que presumiblemente vienen de la corrupción de los CLAP y el oro venezolano, hicieron un tour turístico: pasaron por el Banco Santander para aterrizar en cuentas de Gibraltar y Reino Unido, específicamente en sociedades como Valerian Corporation, Wailea Investment y Allpa Wira. Todo esto con el aroma del lobby político de alto nivel. El puente hacia José Luis Rodríguez Zapatero no se tendió con diplomacia, sino con llamadas de 11 minutos y contactos como Manuel Aarón Fajardo y Julio Martínez Martínez. Mientras el país se asfixiaba en pandemia, este circuito financiero —conectado con el banco suizo MBaer y personajes como Simon Verhoeven y Alessandro Bazzoni— operaba con la soltura de quien mueve fichas en un casino. Al final, el rescate público no fue un salvavidas para una aerolínea, sino el lubricante para que una maquinaria de blanqueo internacional siguiera girando sin chirridos.
Parece que el Ejecutivo ha descubierto que gobernar es aburrido y que lo realmente disruptivo es montar una firma de streetwear. Bajo el sello 'Dmocracia', el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de celebrar los '50 años de España en libertad' no es con libros de historia, sino con sudaderas y poses de Instagram. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor cada vez que sube el aceite, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sí, han leído bien: casi 15 millones de euros para que la democracia sea 'estética'. Para que el mensaje cale en la generación Z —esa que no lee decretos pero sí ve TikToks—, han fichado a la artillería pesada de la influencia. Marina Rivers, que asegura que 'cuando te vistes, te posicionas', y Sara Fructuoso, que propone sacar la democracia de los libros para llevarla al armario, son las caras visibles de este despliegue de ingeniería financiera pública. También se suma Elena Fructuoso, presumiendo de una 'colección cápsula' que convierte los derechos fundamentales en una prenda de temporada. El despliegue es fascinante: usar el Congreso de los Diputados como fondo para un catálogo de moda mientras se prepara el terreno para 2026 con festivales y talleres. El objetivo oficial es 'reforzar los valores democráticos', pero la traducción callejera es más simple: gastar el presupuesto público en pagar a influencers para que la libertad tenga el corte adecuado y el logo correcto. Al final, la democracia en España ha pasado de ser un sistema de convivencia a ser una marca de ropa financiada con el IVA de todos.
Hay quien viaja en metro con el aire acondicionado roto y quien confunde el presupuesto del Estado con la tarjeta de puntos de un hotel. Pedro Sánchez ha aterrizado en Londres este miércoles, pero no busquen el motivo en la agenda oficial del Gobierno, que brilla por su ausencia. El motivo es familiar: la graduación de su hija Ainhoa. Para el despliegue, nada de un vuelo comercial o el jet privado que suele usar para sus escapadas del PSOE; no, el presidente ha optado por el Airbus A310 del Ejército del Aire y del Espacio. Un bicho de 80 plazas para que el jefe no se sienta apretado mientras cruza los cielos desde Ankara. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se pone interesante. El salto desde Turquía hasta la capital británica —unos 3.000 kilómetros— ha costado más de 14.000 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si el Estado pagara el alquiler de un piso pequeño durante un año solo para que el presidente no tenga que hacer cola en el aeropuerto. El festín de queroseno ha sido de 16.000 litros, escupiendo 45 toneladas de CO₂ a la atmósfera, un dato que hace que cualquier campaña de sostenibilidad parezca un chiste de mal gusto. Mientras tanto, el tablero político se reorganiza para cubrir el hueco. Carlos Cuerpo está en Bélgica y Yolanda Díaz asume la presidencia en funciones este jueves. El toque final de surrealismo judicial lo pone Begoña Gómez. Tras el 'no' rotundo del juez Antonio Viejo para asistir a la cumbre de la OTAN, el magistrado ha sido más flexible con el pasaporte para el evento académico, devolviéndolo este miércoles en la Plaza de Castilla con fecha de caducidad el lunes 13 de julio. Todo muy coordinado, excepto la coherencia.
Hay que reconocerle al PSOE un olfato electoral que envidiaría cualquier tiburón de Wall Street. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación haciendo malabares con la tarjeta de crédito para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, el Gobierno ha decidido ampliar el mercado. No con empleos, sino con pasaportes. La Ley de Memoria Democrática ha servido para que más de 540.000 descendientes de españoles en Sudamérica obtengan la nacionalidad. Un despliegue de generosidad administrativa que, casualmente, coincide con la necesidad de Pedro Sánchez de blindar su silla en el Palacio de la Moncloa. El despliegue es total. Desde Argentina hasta Uruguay, la maquinaria socialista ha activado sus cuentas oficiales para defender el voto exterior como si fuera el último bastión de la civilización. Para el PSOE, cualquier crítica al sistema de voto por correo o la petición de Vox de eliminarlo es, básicamente, un 'golpismo mediático'. Es la clásica táctica: si no puedes debatir la seguridad del proceso, llama 'discurso de odio' al que pregunta por ella. El contraste es delicioso. Mientras acusan al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de tratar a los residentes en el exterior como 'ciudadanos de segunda', el PSOE los abraza con fuerza, pero solo después de haberles abierto la puerta del censo electoral. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en el caladero perfecto. No es filantropía ni reparación histórica; es ingeniería electoral pura y dura. Buscan que este nuevo contingente de votantes, que probablemente no saben dónde queda la calle Alcalá pero sí saben quién es el 'compañero' Sánchez, sea el colchón que amortigüe cualquier caída en el voto nacional.
Hay una diferencia abismal entre lo que uno dice que tiene en la cartera y lo que el tasador ve bajo la lupa. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que nos enseñó a gestionar la crisis, ahora no sabe gestionar el inventario de su propia caja fuerte. El 19 de mayo, la UDEF entró en su despacho y encontró un tesoro que su secretaria, Gertrudis Alcázar, custodiaba con celo. Para su portavoz, Luis Arroyo, aquello eran unos 'detallitos' de 30.000 o 50.000 euros; una cifra manejable, como quien compra un coche usado. Pero la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español bajaron la persiana de la fantasía: el valor real escala hasta los 1,3 millones de euros. Pasamos de un capricho a un presupuesto que haría temblar a cualquier ciudadano que paga el IVA de un paquete de pipas. Ahora, su abogado Víctor Moreno Catena está en modo 'operación rescate', intentando pescar papeles en los Emiratos Árabes para que el delito fiscal prescriba. Es la clásica ingeniería financiera de última hora: buscar un rastro antiguo para borrar un pecado moderno. Mientras tanto, el juez José Luis Calama no compra el cuento y ha abierto una pieza separada por contrabando y fraude. La hipocresía tiene un brillo especial cuando Hacienda se persona en la causa y recuerda que ya tiene la lupa puesta sobre Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa y sus hijas Alba y Laura. Todo esto ocurre mientras el expresidente se hunde en la depresión y el caso Plus Ultra —donde se investiga un rescate de 53 millones de euros a una aerolínea— le cierra el cerco. Zapatero pidió que paralizaran las inspecciones tributarias, pero parece que el brillo de los 1,3 millones es demasiado cegador para que el juez mire hacia otro lado.
En Mallorca, el dinero público se ha convertido en el tablero de un juego de mesa donde las reglas cambian según quién mueva la ficha. El Consell, bajo la tutela de PP y Vox, soltó nueve millones de euros el pasado mes de abril para amortiguar el golpe económico del conflicto bélico con Irán. Pero ojo, que no era un buffet libre: para llevarse la tajada, pedían cinco años de residencia continuada en la isla. Una medida para evitar que el archipiélago se convirtiera en el destino favorito de la 'ruta argelina' y que el efecto llamada transformara las playas en salas de espera de la Seguridad Social. Sin embargo, el PSOE, con Francina Armengol al timón en Baleares, ha decidido que el reloj es un invento burgués. Para los socialistas, exigir que alguien haya cotizado o vivido media década en la isla es 'injustificado'. Quieren que la ayuda llegue sin mirar la fecha de aterrizaje, basándose solo en la 'necesidad acreditada'. Es la lógica del 'paga primero y pregunta después', donde la solidaridad se entiende como una tarjeta de crédito sin límite y sin fecha de corte. Mientras el ciudadano de a pie ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, el PSOE defiende que la cohesión social se construye eliminando los filtros. Argumentan que limitar el acceso fractura la convivencia, ignorando que los recursos públicos no son un pozo sin fondo ni una cuenta corriente heredada. En el pleno del Consell de este jueves, la moción socialista buscará convertir la red de protección en una alfombra roja para quien llegue en patera, independientemente de si ha aportado un solo céntimo al sistema que ahora le piden financiar.
Hay milagros que no ocurren en la catedral, sino en los tribunales de las oposiciones. El caso es fascinante por su sencillez: Inmaculada Fernández-Figueroa, sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha pasado de ser una aspirante invisible en Morón de la Frontera a convertirse en la estrella brillante de la Diputación. En Morón, la historia fue la de cualquier mortal que se queda a medio gas; un 5,63 en el test (donde dejó 25 preguntas en blanco, básicamente el cuarto de examen ignorando la existencia del papel) y un 7 en el práctico. Pero llegó el examen final, la prueba oral, y Inmaculada decidió que no comparecer era la mejor estrategia. Resultado: un cero rotundo y una media de 4,21. Patético, casi humano. Pero el guion cambia cuando el escenario es la Diputación de Sevilla. De repente, la memoria falla menos y la elocuencia florece. Inmaculada se marca un 9,08 en la prueba oral, la nota más alta de todo el proceso para Técnico de Administración General (TAG). Es un salto cualitativo que haría palidecer a cualquier atleta olímpico. Pasar de no presentarse a un examen a ser la mejor de la clase en la casa donde tu tío es el jefe se siente como comprar un billete de lotería y que te toque el premio gordo sin haber llenado el boleto. Claro, los papeles están en regla y no hay irregularidades acreditadas. Todo es legal, según el manual. Pero en la calle, donde las cosas se cuentan sin adornos, este 9,08 huele a una ingeniería de parentescos tan fina que parece soplada por el viento de la Diputación. Un ascenso meteórico que deja el mérito como un concepto muy elástico.
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