Crítica:
El texto original es una mina de oro de datos, pero peca de excesiva frialdad técnica. Le falta conectar los puntos con la descarada ironía de que el dinero público sirviera de 'lavadora' en tiempo real.
El contacto de Plus Ultra con Zapatero preguntó el mismo día del rescate por una cifra similar a los pagos bajo sospecha
Plus Ultra: El rescate que olió a chabaco
Otros artículos
Serrano y el 'kit de enchufes' en Correos
Hay quienes llaman 'gestión de talento' a lo que en el barrio conocemos como el clásico 'tengo un primo'. Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, parece haber confundido la presidencia de Correos con una agencia de colocación para amistades del PSOE. La UCO no se ha andado con chiquitas y ha puesto el foco sobre Serrano por el aterrizaje forzoso de Leire Díez en la entidad postal, una maniobra de ingeniería administrativa que haría palidecer a cualquier gestor de recursos humanos. El guion es de manual: primero, Vicente le da el chispazo a Serrano para 'ponerlo en marcha'. Luego, Leire Díez aparece en escena con la capacidad casi mágica de retocar el perfil del puesto de trabajo a su medida. ¿El resultado? Otra directiva, convenientemente ciega, concluye que no hay candidatos internos que encajen. Es el truco del almendruque institucional: se cambia la cerradura para que solo entre la llave que ya tenemos en el bolsillo. La velocidad de ascenso de Leire fue vertiginosa. El 15 de diciembre de 2021, apenas un mes después de entrar, ya le presumía a Serrano que la filatelia estaba 'bajo control'. No era broma. El 1 de marzo de 2022, tras una solicitud de Patricia Álvarez Sánchez el 21 de febrero, Leire ya era Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, mandando sobre museos, tendencias y hasta el aire de la oficina, reportando directamente a Serrano. El juez Santiago Pedraz ahora rastrea estas 'cloacas' donde los contratos se apresuran para que la prórroga coincida con el mandato del jefe. Mientras el ciudadano medio pelea por una cita en el SEPE, en los despachos de arriba se coordinan 'coberturas jurídicas' para que el reparto de chiringuitos no deje rastro. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, nunca llega a la cartera del contribuyente.
Sablazo al Estado: Falsos menas y expulsiones
El Gobierno de Madrid ha decidido jugar al 'quién es quién' con el presupuesto de servicios sociales. Resulta que algunos adultos, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, intentaron colarse en el sistema fingiendo ser niños. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, bajo el mando de Ana Dávila, ha pasado de la acogida al código penal. Desde febrero, ya han denunciado a 28 falsos menores por estafa a la Administración. No es un simple malentendido de fechas; estamos hablando de un delito que puede costarles entre uno y seis años de cárcel y una multa de hasta un año. El caso paradigmático es el de Mohamed Rifai: 23 años, residente en el centro de primera acogida de Hortaleza y acusado de violar a una niña de 14. Un 'niño' con mucha experiencia y muy poca ética que terminó descubriéndose mediante pruebas de edad. Pero el deporte regional no termina ahí. La Comunidad de Madrid ha decidido que el 'estilo de vida' de algunos menores no encaja con la postal turística. Han enviado 123 expedientes a la Delegación del Gobierno para que los manden de vuelta a casa, y ya están cocinando otros cuatro más. En total, 127 jóvenes que, según los técnicos, tienen una 'mala adaptación'. Es la eterna pelea de patio: Ayuso quiere limpiar el barrio y Francisco Martín Aguirre, desde la Delegación del Gobierno, prefiere priorizar el bienestar del menor. Mientras Madrid hace el inventario de conflictivos, el Gobierno central mira hacia otro lado, probablemente porque pagar la manutención es un gasto que recae en la autonomía y no en el presupuesto de Moncloa. Es la ingeniería perfecta: unos piden la puerta y otros mantienen la cerradura echada mientras el contribuyente paga la factura del hotel.
Sánchez lanza 'Dmocracia': Moda con dinero público
Parece que el Ejecutivo ha descubierto que gobernar es aburrido y que lo realmente disruptivo es montar una firma de streetwear. Bajo el sello 'Dmocracia', el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de celebrar los '50 años de España en libertad' no es con libros de historia, sino con sudaderas y poses de Instagram. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor cada vez que sube el aceite, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sí, han leído bien: casi 15 millones de euros para que la democracia sea 'estética'. Para que el mensaje cale en la generación Z —esa que no lee decretos pero sí ve TikToks—, han fichado a la artillería pesada de la influencia. Marina Rivers, que asegura que 'cuando te vistes, te posicionas', y Sara Fructuoso, que propone sacar la democracia de los libros para llevarla al armario, son las caras visibles de este despliegue de ingeniería financiera pública. También se suma Elena Fructuoso, presumiendo de una 'colección cápsula' que convierte los derechos fundamentales en una prenda de temporada. El despliegue es fascinante: usar el Congreso de los Diputados como fondo para un catálogo de moda mientras se prepara el terreno para 2026 con festivales y talleres. El objetivo oficial es 'reforzar los valores democráticos', pero la traducción callejera es más simple: gastar el presupuesto público en pagar a influencers para que la libertad tenga el corte adecuado y el logo correcto. Al final, la democracia en España ha pasado de ser un sistema de convivencia a ser una marca de ropa financiada con el IVA de todos.
Escoltas no son grilletes: el 'efecto Craxi'
Hay quien confunde la seguridad del Estado con un servicio de GPS para evitar que alguien se pierda camino a la frontera. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, ha decidido jugar al juego de la memoria histórica en su informe del 30 de junio. Mientras Begoña Gómez solicitaba recuperar su pasaporte para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres —viaje este último autorizado el lunes por el magistrado Antonio Viejo Llorente—, la defensa intentó vender la idea de que tener escoltas es como llevar una correa invisible que impide la fuga. Peinado, con una ironía que corta el aire, ha recordado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están ahí para que no le pase nada malo, no para hacerle de canguro ni de carcelero. Para el juez, confiar la custodia a la profesionalidad absoluta de un cuerpo es como creer que en el supermercado nunca te cobrarán de más: una ingenuidad. Para rematar la jugada, el magistrado ha sacado el manual de historia y ha evocado el fantasma de Bettino Craxi. Porque, según Peinado, que un presidente de la Unión Europea se fugue en medio de una trama de corrupción con toda su escolta a cuestas no es ciencia ficción, sino un precedente real. El juez se ha tomado la molestia de defender que no insulta a los policías, pero recuerda que existe la Unidad de Asuntos Internos precisamente porque hay funcionarios que, en lugar de seguir el manual, deciden improvisar. En resumen: que tener escolta no es un grillete, y que en política, el camino hacia el aeropuerto suele estar muy bien vigilado, pero también muy bien asfaltado para los que saben cómo irse.
Sánchez: Airbus de 80 plazas para graduación
Hay quien viaja en metro con el aire acondicionado roto y quien confunde el presupuesto del Estado con la tarjeta de puntos de un hotel. Pedro Sánchez ha aterrizado en Londres este miércoles, pero no busquen el motivo en la agenda oficial del Gobierno, que brilla por su ausencia. El motivo es familiar: la graduación de su hija Ainhoa. Para el despliegue, nada de un vuelo comercial o el jet privado que suele usar para sus escapadas del PSOE; no, el presidente ha optado por el Airbus A310 del Ejército del Aire y del Espacio. Un bicho de 80 plazas para que el jefe no se sienta apretado mientras cruza los cielos desde Ankara. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se pone interesante. El salto desde Turquía hasta la capital británica —unos 3.000 kilómetros— ha costado más de 14.000 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si el Estado pagara el alquiler de un piso pequeño durante un año solo para que el presidente no tenga que hacer cola en el aeropuerto. El festín de queroseno ha sido de 16.000 litros, escupiendo 45 toneladas de CO₂ a la atmósfera, un dato que hace que cualquier campaña de sostenibilidad parezca un chiste de mal gusto. Mientras tanto, el tablero político se reorganiza para cubrir el hueco. Carlos Cuerpo está en Bélgica y Yolanda Díaz asume la presidencia en funciones este jueves. El toque final de surrealismo judicial lo pone Begoña Gómez. Tras el 'no' rotundo del juez Antonio Viejo para asistir a la cumbre de la OTAN, el magistrado ha sido más flexible con el pasaporte para el evento académico, devolviéndolo este miércoles en la Plaza de Castilla con fecha de caducidad el lunes 13 de julio. Todo muy coordinado, excepto la coherencia.
Pasaportes express: el caladero electoral del PSOE
Hay que reconocerle al PSOE un olfato electoral que envidiaría cualquier tiburón de Wall Street. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación haciendo malabares con la tarjeta de crédito para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, el Gobierno ha decidido ampliar el mercado. No con empleos, sino con pasaportes. La Ley de Memoria Democrática ha servido para que más de 540.000 descendientes de españoles en Sudamérica obtengan la nacionalidad. Un despliegue de generosidad administrativa que, casualmente, coincide con la necesidad de Pedro Sánchez de blindar su silla en el Palacio de la Moncloa. El despliegue es total. Desde Argentina hasta Uruguay, la maquinaria socialista ha activado sus cuentas oficiales para defender el voto exterior como si fuera el último bastión de la civilización. Para el PSOE, cualquier crítica al sistema de voto por correo o la petición de Vox de eliminarlo es, básicamente, un 'golpismo mediático'. Es la clásica táctica: si no puedes debatir la seguridad del proceso, llama 'discurso de odio' al que pregunta por ella. El contraste es delicioso. Mientras acusan al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de tratar a los residentes en el exterior como 'ciudadanos de segunda', el PSOE los abraza con fuerza, pero solo después de haberles abierto la puerta del censo electoral. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en el caladero perfecto. No es filantropía ni reparación histórica; es ingeniería electoral pura y dura. Buscan que este nuevo contingente de votantes, que probablemente no saben dónde queda la calle Alcalá pero sí saben quién es el 'compañero' Sánchez, sea el colchón que amortigüe cualquier caída en el voto nacional.
Zapatero y sus joyas: el sablazo millonario
Hay una diferencia abismal entre lo que uno dice que tiene en la cartera y lo que el tasador ve bajo la lupa. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que nos enseñó a gestionar la crisis, ahora no sabe gestionar el inventario de su propia caja fuerte. El 19 de mayo, la UDEF entró en su despacho y encontró un tesoro que su secretaria, Gertrudis Alcázar, custodiaba con celo. Para su portavoz, Luis Arroyo, aquello eran unos 'detallitos' de 30.000 o 50.000 euros; una cifra manejable, como quien compra un coche usado. Pero la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español bajaron la persiana de la fantasía: el valor real escala hasta los 1,3 millones de euros. Pasamos de un capricho a un presupuesto que haría temblar a cualquier ciudadano que paga el IVA de un paquete de pipas. Ahora, su abogado Víctor Moreno Catena está en modo 'operación rescate', intentando pescar papeles en los Emiratos Árabes para que el delito fiscal prescriba. Es la clásica ingeniería financiera de última hora: buscar un rastro antiguo para borrar un pecado moderno. Mientras tanto, el juez José Luis Calama no compra el cuento y ha abierto una pieza separada por contrabando y fraude. La hipocresía tiene un brillo especial cuando Hacienda se persona en la causa y recuerda que ya tiene la lupa puesta sobre Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa y sus hijas Alba y Laura. Todo esto ocurre mientras el expresidente se hunde en la depresión y el caso Plus Ultra —donde se investiga un rescate de 53 millones de euros a una aerolínea— le cierra el cerco. Zapatero pidió que paralizaran las inspecciones tributarias, pero parece que el brillo de los 1,3 millones es demasiado cegador para que el juez mire hacia otro lado.
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