Crítica:
El texto original es sorprendentemente detallado en cifras pero ingenuo al no cuestionar por qué el Cifas detecta el riesgo después de firmar el contrato. Es una noticia de 'estupidez administrativa' disfrazada de fallo de seguridad.
Un informe de la inteligencia militar alerta de la «alta vulnerabilidad de España» por usar Palantir
España: Datos militares en manos ajenas
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Txistu: El terremoto que lo delató
Hay una ironía perversa en que la naturaleza sea el mejor agente de inteligencia del Estado. Luis María Olalde, alias 'Txistu', llevaba décadas jugando al escondite en Caracas, convencido de que el Caribe era el refugio perfecto para quien huyó en 1979 tras dejar un rastro de sangre. Pero el 25 de junio, la tierra decidió dejar de ser cómplice. Un terremoto en el barrio de San Bernardino no solo derrumbó paredes, sino que desmanteló un anonimato construido a base de distancia y silencio. Mientras el mundo contaba los daños, el rescate de Olalde entre los escombros funcionó como un GPS involuntario para la asociación Dignidad y Justicia. El contraste es brutal: mientras la tragedia se cobraba la vida de Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa, el destino le regalaba la vida a un hombre acusado de participar en el atentado del comando Urola en 1978, donde tres guardias civiles fueron ejecutados. Es el azar en su estado más cínico. Olalde intentó jugar la carta de la prescripción, esa herramienta legal que es como intentar borrar una deuda vieja diciendo que el banco ya no tiene el recibo. Sin embargo, el magistrado Francisco de Jorge no entró al trapo y, precisamente el mismo 25 de junio, mantuvo activa la orden de requisitoria internacional. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz, desde la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido la querella el 7 de julio. La maquinaria judicial española ya ha pasado el modo 'espera' al modo 'caza'. Buscan la captura y extradición de alguien que pensó que el cemento de Caracas sería su escudo eterno, solo para descubrir que, a veces, el cielo se cae sobre la cabeza de quien más quiere esconderse.
Zapatero y el 'rescate' mágico de UGT
Hay una forma muy elegante de decir 'estamos arruinados' y es llamar a tu problema una 'aventura inmobiliaria fallida'. La UGT, en los años 90, decidió jugar a los promotores con la empresa PSV y el resultado fue un agujero financiero que amenazaba con mandarlos a todos a casa. Mientras el gerente, Carlos Soto, se llevaba una condena por apropiación indebida, el sindicato se quedaba con la factura. Pero no se preocupen, que para eso existen los amigos en el despacho de al lado. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que era el momento de hacer un 'ajuste de cuentas' creativo. Mediante un Real Decreto-ley, modificaron la Ley 4/1986 para que el Estado devolviera el patrimonio sindical incautado tras la Guerra Civil. Lo curioso es que el gran botín vino de un testamento de 1915. El industrial Cesáreo del Cerro dejó un millón de pesetas de la época para formar a obreros y sus hijos; un gesto noble que prohibía explícitamente vender los bienes y obligaba a usar las rentas para la educación. El detalle cómico es que el nombre de UGT no aparece por ninguna parte en el documento. ¿El resultado de esta ingeniería financiera? En 2006, la UGT recibió una compensación de 149 millones de euros que fueron disparados directamente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para tapar el desagüe de PSV. Un rescate millonario basado en un legado que, según el propio testamento, debió acabar en los hospitales de Madrid al disolverse las sociedades obreras. El Tribunal Constitucional acabó tumbando la urgencia del decreto, pero para entonces el dinero ya había hecho su magia. Mientras CC.OO. y la CNT miraban desde la barrera, la UGT transformó un fondo educativo en un comodín para salvarse de su propia mala gestión.
Sinfonía de enchufes y fantasmas musicales
Hay quien dice que el talento es un don y quien prefiere que sea un trámite administrativo. David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del jefe de la Moncloa, parece haber optado por lo segundo. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, David disfrutaba de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, creada 'a dedo' y cocinada a fuego lento desde 2017. Un puesto ideal para quien, según los expertos, tiene la técnica musical de un gato caminando sobre un teclado. El centro del ruido es 'La danza de las chirimoyas', una pieza presentada en 2016 que es el único trofeo en su catálogo. El problema es que la obra es tan sofisticada que musicólogos y expertos se preguntan cómo es posible que la haya escrito alguien que, según las malas lenguas, no sabe ni dónde está el Do central. Aquí entra en juego la figura del 'autor fantasma', esa especie de jardinero invisible que poda la obra para que el dueño se lleve los aplausos. Se puso el foco en Leonel Morales, un pianista cubano de pedigrí, acostumbrado a interpretar a Alberto Ginastera. Morales, con la elegancia de quien no quiere líos, ha negado haber escrito la pieza. Dice que solo fue a casa de David Sánchez para una consulta técnica porque un alumno no entendía la partitura. Una visita de cortesía que ahora parece un interrogatorio policial. Mientras tanto, David se refugia en la Moncloa, esperando una sentencia que podría darle seis años de prisión. Pasar de los conservatorios a la celda es un giro dramático que ni la mejor composición contemporánea podría haber previsto.
TVE: Maratón de cine y trinchera ideológica
TVE ha decidido que este domingo 12 de julio no es día de sofá y manta, sino de hacer un 'estirón' ideológico. Mientras el ciudadano medio intenta que el presupuesto del súper no parezca un atraco a mano armada, la televisión pública ha montado un maratón de cinco películas sobre la Guerra Civil, adelantándose al aniversario del 17 de julio. No es un ciclo de cine, es un despliegue de artillería narrativa. La jornada arranca a las 15:50 con 'El maestro que prometió el mar', donde Enric Auquer da vida a Antoni Beinages, el profesor republicano que terminó mal en Bañuelos de Bureba. A las 17:25 llega 'La vaquilla', la joya de Berlanga con Landa y Sacristán, que es básicamente la prueba de que el humor es la única forma de digerir que nos matamos entre vecinos. Para equilibrar el menú, a las 19:25 sueltan 'La mula', con Mario Casas y Mario Valverde, donde el bando nacional tiene su espacio, aunque sea en un plato pequeño. El plato fuerte llega tras el Telediario de las 21:00 con el estreno de '¿Es el enemigo?', una cinta sobre Miguel Gila que aprovecha su 25º aniversario luctuoso para recordarnos que el humor nace del trauma. Y para cerrar la persiana, 'Gernika. The Movie' de Koldo Serra nos lleva al bombardeo de 1937 con María Valverde. Entre 'La Hora de la 1', 'Mañaneros 360' y 'Informe Semanal', TVE ha decidido que el domingo es el día perfecto para recordarnos que, aunque pasen 90 años, el mando a distancia sigue siendo la trinchera favorita de los gestores culturales de turno.
Motosierra en RTVE: castigo por criticar
En la televisión pública, donde el aire se corta con cuchillo, José Pablo López ha decidido que la diplomacia es para los débiles. El presidente de RTVE ha sacado la 'motosierra' —esa herramienta que tanto asusta a Vox en sus pesadillas parlamentarias— para podar el Consejo de Informativos de RNE. El método es tan sutil como un golpe de sartén: ha abierto expedientes disciplinarios contra siete de los nueve miembros del Consejo. ¿El pecado? Emitir dos informes sobre el programa '24 Horas' que no le sentaron bien a la cúpula. Es como si en tu trabajo te pusieran una sanción administrativa por decir que el café de la oficina sabe a calcetín. Lo más delirante es que la Comisión de Acoso Psicológico, el órgano que precisamente debe filtrar estas cosas, ya dijo que las acusaciones eran mentira. Pero a López parece no importarle que la auditoría interna haya dado un 'no' rotundo; prefiere tirar la casa por la ventana y seguir adelante con el castigo. CCOO recuerda que no veíamos un despliegue de artillería así desde 2013, cuando Leopoldo González-Echenique manejaba los hilos bajo el Gobierno del PP. La historia se repite, solo cambia el color de la corbata. El asunto ha escalado tanto que hasta UGT, que suele ser el escudo humano de la dirección, ha tenido que admitir que esto es 'extremo y peligroso'. Incluso Reporteros sin Fronteras ha asomado la cabeza para decir que expedientar a quienes velan por la independencia es, básicamente, una locura. Mientras tanto, la dirección de RTVE se escuda en un comunicado diciendo que 'nadie goza de impunidad', como si estuviéramos en un juicio de la Haya y no en una oficina de Prado del Rey donde Roberto Lakidain ya ha empezado a pedir dimisiones por querer hacer una encuesta sobre programas como 'Mañaneros' o 'Malas Lenguas'. En resumen: si criticas el menú, te expulsan del comedor.
Gobierno oculta riesgos de regularización masiva
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'está prohibido mirar' con una maestría digna de un mago de feria. Mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo en una declaración de la renta, el Ejecutivo ha decidido que los informes de la Policía Nacional sobre la regularización de inmigrantes son, de repente, 'documentos de inteligencia'. Básicamente, han puesto un candado de acero a la información para evitar que los parlamentarios de Vox —concretamente Alcaraz, Asarta, Gil Lázaro y García— sepan qué riesgos conlleva meter en el sistema a medio millón de personas. Para blindar el secreto, la administración ha sacado del baúl unos acuerdos del Consejo de Ministros de 1986 y 1994, y se ha apoyado en la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Es como si para justificar que no te dejan entrar en un local usaran un decreto de la época de Franco: effectiveness pura. El Gobierno afirma que cualquier nota técnica de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI o el CENIF es material clasificado. Así, de簡単. La paradoja es deliciosa. Por un lado, la ministra Elma Saiz presume de un éxito administrativo con 1.174.978 solicitudes registradas, superando con creces los 500.000 previstos inicialmente. Por otro, el Ejecutivo niega que existan avisos sobre los riesgos para el espacio Schengen, pero se niega a entregar los papeles que lo demuestren porque son 'secretos'. Para el ciudadano, regularizarse es cuestión de presentar un padrón o un billete de autobús; para el Gobierno, la transparencia es un lujo que no pueden permitirse cuando hay que explicar el impacto de un proceso que podría sumar 300.000 personas más vía arraigo. Menudo malabarismo contable y político.
Marlaska: más policías, pero todos en oficina
Fernando Grande-Marlaska juega al Tetris con la seguridad ciudadana, pero las piezas no encajan. El Ministro del Interior presume de tener una plantilla récord de 75.000 policías, un dato que suena muy bien en un PowerPoint, pero que en la calle huele a humo. La realidad es que casi el 50% de esos agentes están atrapados en el purgatorio de las oficinas, rellenando papeles y gestionando expedientes mientras la violencia callejera se dispara un 72% bajo el mandato de Pedro Sánchez. Es el colmo del surrealismo: tenemos a profesionales formados para neutralizar amenazas convirtiéndolos en mecanógrafos de lujo. Mientras el Director de la Policía, Francisco Pardo, insiste en que España es un referente de seguridad, los datos cuentan otra historia. El año pasado se registraron 31.481 infracciones penales por riñas y lesiones, superando el máximo de la última década. En Madrid, la cosa es peor: un incremento del 12,22% en delitos de desórdenes públicos. Para combatir un machete en la mano hace falta un equipo de cuatro a seis agentes, pero el Ministerio prefiere que esos agentes estén emitiendo tarjetas de identidad. De hecho, la regularización masiva de un millón de personas va a devorar 31.250 jornadas laborales solo en trámites de DNI. Es como contratar a un cirujano para que organice la agenda de la clínica mientras el paciente se desangra en la sala de espera. La calle clama por 6.000 agentes más en radiopatrulla, pero la ingeniería financiera de Interior prefiere ahorrar en funcionarios civiles y usar al policía como el 'comodín' administrativo más barato del Estado. Con 121.000 delitos de atentado contra fuerzas de seguridad durante este Gobierno, el 'récord de plantilla' de Marlaska no es más que un maquillaje contable para ocultar un fracaso de gestión donde la burocracia ha ganado la partida a la seguridad.
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