Crítica:
El texto original es una mina de oro de datos, pero falla en conectar la condena con la absurda falta de devolución. Es la definición de 'justicia cosmética' donde la pena es simbólica y el beneficio económico es real.
El texto original es una mina de oro de datos, pero falla en conectar la condena con la absurda falta de devolución. Es la definición de 'justicia cosmética' donde la pena es simbólica y el beneficio económico es real.
Hay quienes llaman a esto 'gestión de recursos humanos', pero en la calle lo llamamos montar un chiringuito con la tarjeta de los demás. La Audiencia Provincial de Badajoz ha soltado una bomba de casi 400 páginas que no deja lugar a dudas: la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz no fue un proceso selectivo, fue un casting con el papel ya asignado. Mientras el ciudadano medio pelea contra la burocracia para pedir una cita médica, aquí se diseñó un 'traje a medida' para que el hermano del presidente del Gobierno tuviera un sueldo sin complicaciones. El tribunal es tajante. No hubo necesidad pública, sino una voluntad férrea de rescatar a alguien que, en aquel entonces, carecía de un trabajo estable. Los magistrados describen un 'proceso selectivo maquillado' donde los criterios de valoración se retocaron para que los méritos de David encajaran milimétricamente. Era la ingeniería administrativa aplicada al nepotismo: primero se decide quién entra y luego se inventa el puesto. Así nació la figura del Coordinador de Actividades de los Conservatorios, un cargo que, según la sentencia, sirvió más para financiar 'caprichos' y 'antojos' que para coordinar nada. Lo más delirante es el día a día. La sentencia revela que David Sánchez 'apenas si acudió a su puesto de trabajo'. Mientras nosotros pagamos el IBI y el IVA con un sudor frío, el adjudicatario se dedicaba a sus intereses operísticos y al proyecto Ópera Joven, usando la administración como un mecenazgo privado pagado con los impuestos de todos. La justicia ha dejado claro que el interés general fue sustituido por el interés familiar, transformando la función pública en una extensión del salón de casa.
Hay que tener valor, o una genealogía muy bien puesta, para que el sistema te regale un coche de lujo sin pedirte la llave. David Sánchez Pérez-Castejón ha logrado el 'hat-trick' de la impunidad administrativa: ha sido condenado por prevaricación, pero se queda con los 340.572 euros que cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Sí, ha sido culpable, pero el botín no se toca. Es el equivalente judicial a que te pillen robando el jamón en el súper y el juez te diga que, aunque te lleves la inhabilitación, el jamón ya ha sido digerido y no hace falta devolverlo. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado claro que, como la Fiscalía pidió el sobreseimiento desde el principio —básicamente, mirar para otro lado—, nadie pidió el dinero en el juicio. Para que David devolviera los fondos, el Ministerio Fiscal tendría que haber tenido la decencia de acusar, algo que no ocurrió. Así, mientras el ciudadano medio se pelea con Hacienda por un error de diez euros en la declaración, Sánchez se guarda un tesoro que empezó con 22.603,82 euros en 2017 y terminó escalando hasta los 57.627,07 euros en 2024. Todo esto por dirigir una 'Oficina de Artes Escénicas' que, según el propio interesado, no tenía oficina física. Un concepto vanguardista: cobrar un sueldo de jefe sin tener donde sentarse. El ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, se lleva 18 años de inhabilitación, pero el premio gordo es la ausencia de responsabilidad civil. Ahora la pelota queda en el tejado de la Diputación de Badajoz o del Tribunal de Cuentas. A ver quién se atreve a pedir que devuelva el dinero después de que los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero ya le hubieran puesto los puntos sobre las íes a la magistrada Beatriz Biedma. Un final de película donde el villano es culpable, pero el botín es propiedad privada.
Resulta fascinante cómo el derecho administrativo puede convertir un operativo de frontera en un laberinto de papeleo mientras el mar sigue ahí, imperturbable. El Tribunal Supremo ha decidido que, si un inmigrante llega a nado a Ceuta, no se le puede devolver 'en caliente'. ¿El motivo? No ha saltado ninguna valla. Para la justicia, si no hay un muro físico que escalar, el rechazo exprés es un invento ilegal. Así, un ciudadano argelino interceptado en noviembre de 2024 terminó de dinamitar un sistema que la Guardia Civil usaba como un borrador: llegas, te vemos, te devuelves. Fin de la historia. Ahora, la Benemérita y la Policía Nacional miran el horizonte con el pánico en los ojos. Pasar de una devolución inmediata a un procedimiento ordinario es como pasar de pagar el café en efectivo a rellenar un formulario de tres páginas para cada espresso. El colapso es la palabra de moda. Los datos son demoledores: en 2025 hubo más de 10.000 rescates en el mar, con picos de 700 nadadores en una sola semana durante el verano. Si a esto le sumamos que las llegadas terrestres subieron un 164% entre enero y junio (2.582 personas), el Ministerio del Interior tiene un agujero operativo del tamaño del Estrecho. Lo más cínico es que el Gobierno, liderado por Fernando Grande-Marlaska, tuvo la oportunidad de parchear esta ley en marzo de 2025 cuando redistribuían a los menores, pero prefirieron el silencio administrativo para evitar el ruido político. Mientras tanto, la AUGC y el SUP piden a gritos refuerzos y protocolos, mientras el Supremo, con una ironía exquisita, sugiere que si el Estado quiere seguir devolviendo gente, quizá debería instalar vallas flotantes en el mar. Básicamente, que compren el muro acuático o se preparen para que la burocracia se ahogue en el intento.
Imagínese que va al médico y, en lugar de decirle que tiene un resfriado, le informan de que su 'unidad orgánica de respiración' presenta una congestión. Suena a manual de instrucciones de un electrodoméstico chino, ¿verdad? Pues así es como RTVE ha decidido que debemos llamar a las mujeres. Ahora, en el ente público, el término 'mujer' es demasiado vintage. Lo nuevo es la 'persona con útero'. Un giro lingüístico que hace que el diccionario parezca un juego de Lego donde las piezas no encajan. El detonante fue el programa 'El Laboratorio de JAL' el pasado 9 de julio. Allí, el catedrático José Antonio López Guerrero soltó que la regla se repite unas 480 veces en la vida de una 'persona con útero'. Como si el útero fuera un accesorio opcional que se compra en el concesionario. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no se quedó muda y llamó a la puerta de Beatriz Ariño, la Defensora de la Audiencia, denunciando una ingeniería lingüística que huele a despacho airelcondicionado y poca calle. Lo más cómico es la gimnasia mental del Observatorio de Igualdad. Mientras la anterior presidenta, Concepción Carcajosa, admitía que 'personas menstruantes' era una expresión nula que invisibilizaba a las mujeres, la nueva jefa, Mercedes de Pablos, abraza el término con un fervor casi religioso, citando una Guía de Igualdad de 2020 donde, curiosamente, el concepto ni siquiera aparece. Es el arte de inventar la norma mientras la aplicas. Pero la fiesta no termina aquí. RTVE ha decidido hacer un 'rebranding' de la historia. En el programa 'Grandes maricas y bolleras de la historia' del 1 de julio, Catalina de Erauso y Elena de Céspedes pasaron de ser mujeres notables a ser hombres trans por decreto editorial. Es como si mañana decidieran que Cervantes era un experto en marketing digital. Todo esto ocurre mientras en abril de 2025 TVE defendía la participación de atletas trans en categorías femeninas, ignorando la genética y abrazando la ideología, en un ecosistema donde cuestionar el relato te convierte, según la pluma de Pablo Iglesias, en 'gentuza' o 'nazi'.
Vender la casa para que el vecino no se enfade: así resume el manual de instrucciones de la Moncloa el reparto del Mundial 2030. Mientras a nosotros nos vendieron el cuento de que Marruecos entró en marzo de 2023 como un 'aporte estratégico' para sumar los votos de la CAF, la realidad es que el pastel se repartió en el verano de 2018, con la discreción de quien esconde un ticket de apuestas bajo la alfombra. Todo empezó con Luis Rubiales haciendo de lobista en el hotel Royal Tulip Tanger City Centre el 8 de julio de 2018. El exdirigente de la RFEF no solo se hospedó allí, sino que se dedicó a prometerle a la embajadora Karima Benyaich que era 'un hombre de palabra', asegurándole el 10 de junio que organizarían el torneo juntos. Fue un 'sablazo' a la exclusividad ibérica antes siquiera de que el proyecto estuviera en marcha. Lo más fascinante es el ritmo de la operación. Pedro Sánchez, recién aterrizado en la Moncloa tras la moción de censura, no tardó ni un mes en entrar al trapo. Rubiales le lanzó el anzuelo el mismo 8 de julio, definiendo el pacto como una 'cuestión de Estado'. Para el presidente, no era un problema de soberanía deportiva, sino un 'proyecto ilusionante'. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta corriente, Sánchez ya estaba gestionando la entrada de Rabat para engrasar las relaciones bilaterales y evitar tensiones fronterizas. El 19 de noviembre de 2018, el trato estaba cerrado: 'Los marroquíes están de acuerdo en echar a andar el proyecto del Mundial a tres!', escribió el mandatario. Cinco años después, el Rey Mohamed VI simplemente salió a recoger los laureles en Kigali, Ruanda, fingiendo que la idea acababa de nacer, cuando el contrato ya estaba firmado en el WhatsApp de los poderosos.
El surrealismo patrio ha alcanzado un nuevo pico. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le multen por dejar una bolsa de plástico fuera de horario, una red internacional decidió que Cataluña era el vertedero ideal para 46.000 toneladas de residuos franceses. No hubo persecuciones nocturnas ni camiones camuflados; los tipos cruzaron la frontera con la tranquilidad de quien va a comprar pan, porque sus papeles estaban 'en teoría' en regla. La jugada maestra fue un truco de magia semántica: llamar 'tierra' a la basura. Así, el material viajaba por Europa sin levantar sospechas, saltándose el canon catalán de 75 euros frente a los 69 franceses. Al final, el ahorro era ridículo, pero la audacia era infinita. El desastre terminó enterrado en un campo de frutales, donde la naturaleza fue sustituida por escombros importados. Lo más hilarante es que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires detectó el entuerto y propuso una multa de 814.900 euros. ¿El motivo principal? Talar árboles. Es la cumbre de la hipocresía administrativa: mientras la Guardia Civil, Europol y la Gendarmería francesa desmantelaban una mafia de residuos, el ente local se centraba en la poda no autorizada. Este es el tercer episodio en cuatro meses, sumándose a los 167.000 toneladas de amianto en la Axarquía y la macrooperación de marzo con 337 detenidos. El problema es que nuestra ley es un colador; exige que haya un 'perjuicio grave' para actuar. Al final, a los culpables no les dolerá haber envenenado la tierra, sino haber rellenado mal el formulario. En España, el medio ambiente es un detalle, pero el papeleo es sagrado.
La ciencia tiene esa manía de prometernos el futuro mientras nos vende gato por liebre. El caso más reciente es Colossal Biosciences, una firma de biotecnología que salió a presumir en 2024 que habían 'desextinguido' al lobo gigante. Nos presentaron a Romulus, Remus (nacidos el 1 de octubre de 2024) y a Khaleesi (30 de enero de 2025). Suena a milagro, pero si rascas un poco la pintura, el engaño es evidente: solo editaron 14 genes de los 19,000 que tiene un lobo gris. Es decir, han modificado el 0.073% del ADN. En lenguaje de calle: no han traído de vuelta a una especie extinta hace 10,000 años, sino que han puesto a un lobo gris común con un abrigo blanco y un par de kilos extra. Es como tunear un Seat Ibiza y decir que has fabricado un Ferrari desde cero. Ahora, saltemos al plato fuerte: los neandertales. La pregunta es la misma, pero la respuesta es un 'ni de broma'. Para clonar a alguien, como hicieron con la oveja Dolly en 1996 en la Universidad de Edimburgo, necesitas un núcleo celular intacto. El ADN es duro, pero no es eterno; después de decenas de miles de años enterrado, el código genético está más roto que un contrato de alquiler en crisis. Aunque el Proyecto Genoma Humano (que terminó formalmente en 2003 y cerró el mapa del cromosoma Y en 2023) nos haya dado la hoja de ruta, no tenemos la 'pieza original' sin daños. Además, está la hipocresía ética. Queremos jugar a ser Dios por curiosidad científica, ignorando que la tasa de mortalidad de los clones es altísima y que los supervivientes suelen venir con fallos de fábrica. Traer a un neandertal solo para que sea la atracción de un circo genético o el experimento de un laboratorio es, sencillamente, una crueldad con presupuesto público o privado.
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