El texto original es una mina de oro de hipocresía institucional, aunque se apoya excesivamente en filtraciones de mensajes sin contrastar el 'porqué' geopolítico profundo. El título es honesto, pero la narrativa deja demasiado espacio a la benevolencia de los implicados.
Resulta fascinante cómo el derecho administrativo puede convertir un operativo de frontera en un laberinto de papeleo mientras el mar sigue ahí, imperturbable. El Tribunal Supremo ha decidido que, si un inmigrante llega a nado a Ceuta, no se le puede devolver 'en caliente'. ¿El motivo? No ha saltado ninguna valla. Para la justicia, si no hay un muro físico que escalar, el rechazo exprés es un invento ilegal. Así, un ciudadano argelino interceptado en noviembre de 2024 terminó de dinamitar un sistema que la Guardia Civil usaba como un borrador: llegas, te vemos, te devuelves. Fin de la historia. Ahora, la Benemérita y la Policía Nacional miran el horizonte con el pánico en los ojos. Pasar de una devolución inmediata a un procedimiento ordinario es como pasar de pagar el café en efectivo a rellenar un formulario de tres páginas para cada espresso. El colapso es la palabra de moda. Los datos son demoledores: en 2025 hubo más de 10.000 rescates en el mar, con picos de 700 nadadores en una sola semana durante el verano. Si a esto le sumamos que las llegadas terrestres subieron un 164% entre enero y junio (2.582 personas), el Ministerio del Interior tiene un agujero operativo del tamaño del Estrecho. Lo más cínico es que el Gobierno, liderado por Fernando Grande-Marlaska, tuvo la oportunidad de parchear esta ley en marzo de 2025 cuando redistribuían a los menores, pero prefirieron el silencio administrativo para evitar el ruido político. Mientras tanto, la AUGC y el SUP piden a gritos refuerzos y protocolos, mientras el Supremo, con una ironía exquisita, sugiere que si el Estado quiere seguir devolviendo gente, quizá debería instalar vallas flotantes en el mar. Básicamente, que compren el muro acuático o se preparen para que la burocracia se ahogue en el intento.
Imagínese que va al médico y, en lugar de decirle que tiene un resfriado, le informan de que su 'unidad orgánica de respiración' presenta una congestión. Suena a manual de instrucciones de un electrodoméstico chino, ¿verdad? Pues así es como RTVE ha decidido que debemos llamar a las mujeres. Ahora, en el ente público, el término 'mujer' es demasiado vintage. Lo nuevo es la 'persona con útero'. Un giro lingüístico que hace que el diccionario parezca un juego de Lego donde las piezas no encajan. El detonante fue el programa 'El Laboratorio de JAL' el pasado 9 de julio. Allí, el catedrático José Antonio López Guerrero soltó que la regla se repite unas 480 veces en la vida de una 'persona con útero'. Como si el útero fuera un accesorio opcional que se compra en el concesionario. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no se quedó muda y llamó a la puerta de Beatriz Ariño, la Defensora de la Audiencia, denunciando una ingeniería lingüística que huele a despacho airelcondicionado y poca calle. Lo más cómico es la gimnasia mental del Observatorio de Igualdad. Mientras la anterior presidenta, Concepción Carcajosa, admitía que 'personas menstruantes' era una expresión nula que invisibilizaba a las mujeres, la nueva jefa, Mercedes de Pablos, abraza el término con un fervor casi religioso, citando una Guía de Igualdad de 2020 donde, curiosamente, el concepto ni siquiera aparece. Es el arte de inventar la norma mientras la aplicas. Pero la fiesta no termina aquí. RTVE ha decidido hacer un 'rebranding' de la historia. En el programa 'Grandes maricas y bolleras de la historia' del 1 de julio, Catalina de Erauso y Elena de Céspedes pasaron de ser mujeres notables a ser hombres trans por decreto editorial. Es como si mañana decidieran que Cervantes era un experto en marketing digital. Todo esto ocurre mientras en abril de 2025 TVE defendía la participación de atletas trans en categorías femeninas, ignorando la genética y abrazando la ideología, en un ecosistema donde cuestionar el relato te convierte, según la pluma de Pablo Iglesias, en 'gentuza' o 'nazi'.
En el tablero político español, el Gran Premio de Madrid no es solo una carrera de monoplazas, es el nuevo campo de batalla donde Isabel Díaz Ayuso ha decidido pisar el acelerador del sarcasmo. La presidenta madrileña, en un desayuno del Nueva Economía Fórum, ha dejado claro que mientras Madrid monta el circo sin pedir un duro, el Gobierno de Pedro Sánchez parece tener una debilidad crónica por financiar el asfalto vecino. La cuenta es sencilla y escuece: cero euros para la capital frente a los 40 millones que las administraciones públicas han soltado en Montmeló. Ayuso maneja la narrativa con la precisión de un ingeniero de pista. Vende la F1 como una mina de oro que dejará 450 millones de euros anuales y 8.000 empleos, asegurando que el contribuyente madrileño no ha tenido que poner un céntimo. Es la eterna paradoja: Madrid se presenta como el emprendedor que monta el negocio con sus ahorros mientras el Estado actúa como el socio que solo paga la cena en Cataluña. Pero la presidenta no se queda en la pista. Ha sacado la calculadora para exponer lo que ella llama la 'estrategia de supervivencia' de la Moncloa. Según sus datos, el 91,8% de las subvenciones culturales directas aterrizan en Cataluña, dejando a Madrid con una migaja del 1,59%. Y si hablamos de deporte municipal desde 2023, el 100% de las ayudas estatales han ido al territorio catalán. Para Ayuso, Madrid no es una región, es el cajero automático del Gobierno, una entidad que suministra fondos pero que, a la hora de recibir el premio, se encuentra con la ventanilla cerrada. El mensaje es lapidario: la igualdad ante la ley ahora depende de cuántos escaños necesitas para no caerte del sillón presidencial.
Imagínese usted que tiene un agujero en el bolsillo por donde se escapan billetes mientras camina, y que, al mirar atrás, descubre que no es un agujero, sino una autopista. En el País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha decidido jugar al escondite, y el premio es el dinero público. Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, se ha dado cuenta de que tiene a 41.000 personas en modo 'fantasma'. Sí, cuarenta y un mil. Para que nos entendamos: es como si en una cena de diez amigos, uno se hubiera largao con la cartera de todos y nadie supiera dónde vive, pero el camarero sigue sirviéndole vino y caviar en su mesa vacía. El dato es demoledor: el 10% de los perceptores de la RGI están ilocalizados. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren un reciprocity la tasa de basuras, hay miles de expedientes donde el beneficiario podría estar viviendo en otra comunidad, haber cambiado de código postal sin avisar o, en el caso más surrealista, haber pasado a mejor vida mientras el cheque sigue llegando puntualmente. Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha tenido que tirar de solicitud oficial para que Lanbide confesara que ahora mismo están publicando notificaciones en boletines oficiales porque las vías habituales —ya saben, el teléfono o el correo— sirven para lo mismo que un cenicero en una moto. La hipocresía es deliciosa. Se habla de justicia social y de red de seguridad, pero la red tiene tantos agujeros que parece un colador. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de sus subsidios y el IMV, en el País Vasco gestionan la laxitud como si fuera una virtud. De Andrés pide suspender los pagos hasta que alguien encuentre a los desaparecidos, porque mantener el grifo abierto para gente que no sabemos si existe es, técnicamente, una ingeniería financiera del absurdo.
España es el país donde la salud es un concepto elástico. Resulta fascinante que seamos la potencia mundial en esperanza de vida, pero que nos pongamos la camiseta de la enfermedad justo los lunes. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a remover el avispero denunciando un 'cáncer' sistémico: la paradoja de cobrar lo mismo estando en el sofá que picando piedra en la oficina. Según Amat, en el ejercicio 2025 ya hay 1.789.369 personas que, técnicamente, no han pisado su puesto ni para saludar. Lo verdaderamente cómico ocurre cuando el dinero entra en juego. En 2012, Mariano Rajoy aplicó un tijeretazo quirúrgico con el Real Decreto-ley 20/2012. De repente, estar de baja dejó de ser un negocio redondo: los primeros tres días se pagaban al 50% y del cuarto al veinte al 75%. ¿El resultado? Un milagro médico sin precedentes. La salud de los funcionarios mejoró de golpe y el índice de bajas cayó un 25,08% entre 2012 y 2013, bajando de 26,31 a 19,71 procesos por cada 1.000 empleados. Era la prueba irrefutable de que el mejor analgésico contra el absentismo es que la cartera sufra un pequeño síncope. Pero el bienestar duró lo que duró el ahorro. En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que el bienestar era recuperar esos complementos del 100%. Y como si alguien hubiera soltado un gas tóxico en las oficinas públicas, las bajas volvieron a dispararse: un 11,81% en 2018 y un brutal 26,56% en 2019. Para 2025, el funcionario ya registra 43 procesos por cada 1.000 empleados, superando los 38,16 del sector privado. Mientras Yolanda Díaz y Mónica García se indignan por hablar de fraudes, el mercado de detectives especializados en 'cazar' enfermos en la playa crece más que la inflación. Al final, parece que en España la salud no depende de la medicina, sino de cuánto te complementan la nómina mientras descansas.
Hay quienes viajan para descubrir el mundo y quienes lo hacen para jugar al Monopoly con la diplomacia real. José Luis Rodríguez Zapatero, con la soltura de quien pide un café en el bar de siempre, organizó el 31 de julio de 2025 un 'viaje exprés' a República Dominicana. Pero no se confundan: Santo Domingo no era el destino, sino la sala de espera de un aeropuerto sofisticado. El objetivo real era Caracas, el terreno donde las 'muy buenas noticias' suelen escribirse con tinta invisible y acuerdos de pasillo. Para este despliegue de ingeniería logística, Zapatero contó con Juan Segovia, el hombre de confianza de José Bono y experto en abrir puertas que para el ciudadano común están blindadas. Mientras nosotros peleamos con la web de Renfe, el expresidente coordinaba con su secretaria, Gertrudis Alcázar, el famoso 'vuelo salto'. Un término casi tierno para describir el tránsito hacia Venezuela en una aeronave privada vinculada a PDVSA. Nada de filas en el control de pasaportes ni estrés por el equipaje; aquí se viaja con la discreción de un agente 007, durmiendo en casas privadas para evitar que el hotel se convierta en un escenario periodístico. El calendario es el verdadero delator. El viaje ocurrió apenas dos meses después de las cuestionables elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela. Mientras la oposición llamaba a la abstención, Zapatero aterrizaba en el Caribe para gestionar intereses de empresas con fondos bloqueados o, quizás, para hacer de puente con el régimen de Maduro. Todo coordinado por Segovia, que vive en Dominicana asesorando al presidente Luis Abinader gracias a los contactos de Bono. Un ecosistema perfecto donde la política se mezcla con los negocios y el 'resarcirse de la basura y mentiras' se traduce en asegurar que el flujo de favores no se detenga.
Hay una gimnasia mental que solo los políticos dominan: la capacidad de pedir la cabeza de alguien mientras protegen el cuello de los suyos con almohadones de seda. Óscar López ha decidido que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, debe hacer las maletas inmediatamente tras ser imputado por acoso laboral y sexual. El ministro, con la indignación bien puesta, lanza dardos a Isabel Díaz Ayuso acusándola de proteger al 'acosador'. Es un relato redondo, casi cinematográfico, si no fuera porque la memoria de López tiene más agujeros que un colador viejo. Resulta fascinante que el mismo hombre que exige dimisiones quirúrgicas para el rival, se vuelva sordo y mudo cuando el expediente tiene el logo del PSOE. De los 126 investigados vinculados al partido, López ha aplicado la técnica del 'no pasa nada' a casi todos, salvo a los ya condenados como José Luis Ábalos y Koldo García. Cuando Juan Manuel Serrano fue imputado este viernes, la respuesta fue un bostezo institucional: el gobierno está 'absolutamente tranquilo'. Es el equivalente político a que te pillen con la mano en la caja y respondas que 'no tienes nada que temer' mientras sigues cogiendo billetes. La cosa escala al nivel del surrealismo. López ha defendido al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, llamándolo 'íntegro' incluso cuando la sentencia decía lo contrario. Para él, los sumarios judiciales son casi novelas dignas del Premio Planeta, sugiriendo que los jueces inventan tramas literarias para hundir al gobierno. Ha puesto la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero basándose en que lo conoce desde hace 26 años, como si la amistad fuera un eximente penal. Mientras para el alcalde de Móstoles la imputación es el fin del camino, para los suyos es simplemente un malentendido redactado con mala letra por la UDEF.
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