La noticia es un despliegue de datos quirúrgico, aunque el título original es demasiado plano para la magnitud del escándalo. El contraste entre la 'confianza' de Moncloa y las imputaciones judiciales es el verdadero agujero negro de la historia.
Parece que en el manual de supervivencia del poder, el capítulo 'Cómo aniquilar a un juez' es universal. Ya sea en la Italia de los años 2000 o en la España de hoy, la receta es la misma: si no puedes rebatir la ley, ensucia el juzgado. En 2009, Silvio Berlusconi convirtió al juez Raimondo Mesiano en el blanco de sus cámaras, pintándolo de excéntrico para distraer de una condena por corrupción en el caso Lodo Mondadori que le costó 750 millones de euros. Un sablazo monumental que Berlusconi intentó camuflar con ruido televisivo. Fast forward al pasado martes. El programa Mañaneros de TVE decidió que el juez Juan Carlos Peinado necesitaba un 'tour' turístico forzoso. Lo persiguieron por la calle el 14 de julio, lanzándole preguntas sobre el pasaporte de Begoña Gómez y su viaje a Londres con la sutileza de un martillo neumático. ¿El objetivo? Desacreditar la decisión de retirar el pasaporte a la mujer del presidente Pedro Sánchez por riesgo de fuga. Es la misma técnica de 'máquina del fango' que Umberto Eco ya denunciaba en Italia: contar una verdad irrelevante para sugerir una mentira conveniente. Lo más cómico —si nos gusta el humor negro— es que el propio Sánchez usó el término 'máquina del fango' en 2024 para defenderse de las imputaciones por tráfico de influencias y malversación que rodean a su esposa. Resulta que el Gobierno, mientras Patxi López y Óscar Puente hablan de 'acoso', parece haber montado su propia oficina de gestión de crisis. Desde la célula de Leire Díez hasta las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la 'fontanera' del PSOE, el guion es idéntico. Al final, el dinero público de TVE termina sirviendo para hacer el trabajo sucio que Berlusconi hacía con sus canales privados. Diferentes banderas, misma cloaca.
En España existe una especie de magia fiscal que solo funciona para los elegidos. Mientras el ciudadano medio vive con el pánico de que un error de un céntimo en la declaración le active una 'paralela' de Hacienda —esas cartas que llegan al buzón como una sentencia de muerte financiera—, el sistema parece desarrollar una ceguera selectiva cuando el apellido es el adecuado. Entre 2020 y 2023, la AEAT se dedicó a cazar errores en tres millones de expedientes: 722.148 en 2020, 740.564 en 2021, 792.992 en 2022 y 746.819 en 2023. Un despliegue de precisión quirúrgica para apretar el cuello del pequeño contribuyente. Pero entonces aparece Julio Martínez. El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero operaba una red de una veintena de empresas y cobraba sueldos que triplicaban los 22.000 euros del mínimo legal para declarar. ¿Su hazaña? Pasar cuatro años seguidos sin presentar el IRPF. Ni una alerta, ni un aviso, ni un susurro informático. El señor Martínez pagaba alquileres de miles de euros en la calle Diego de León mientras sus cuentas declaradas estaban a cero. Es el equivalente financiero a caminar desnudo por la Gran Vía y que el Ayuntamiento jure que no ha visto nada. Soledad Fernández Doctor, exdirectora de la Agencia Tributaria, tuvo que admitir el 13 de julio de 2026 ante el Senado que aquello fue un «lamentable error». Un error muy conveniente, considerando que Martínez movía Analysis Relevante y presuntas comisiones por el rescate de Plus Ultra. Ahora, que el ruido es insoportable, Hacienda ha decidido activar la maquinaria retroactiva sobre el patrimonio de Martínez, Zapatero y su familia. Lo curioso es que el software que detecta un error en la deducción de una cuota escolar funciona a la perfección; el que detecta a un empresario fantasma con veinte sociedades, parece que necesita una actualización de software... o un contacto político.
Hay quienes guardan la letra del alquiler en un sobre bajo el colchón, y luego está Julio Martínez Martínez, alias 'Julito'. Este caballero, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió convertir su ático de la milla de oro de Madrid en una sucursal bancaria de guerrilla, donde la seguridad no dependía de claves biométricas, sino de bolsas de tela escocesa y cajas de vasos. El 11 de diciembre, la UDEF entró en el domicilio y se encontró con un escenario digno de una película de serie B: 286.070 euros repartidos por la casa como quien esconde dulces en Navidad. La logística era, sencillamente, delirante. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, Julito tenía 540 euros abandonados sobre la encimera del lavabo, como si fueran el jabón de manos. En el baño, una mochila deportiva y una bolsa de papel custodiaban 74.900 euros; en el salón, una bolsa de viaje escocesa guardaba 4.550 euros. Pero el toque maestro llegó con el radiador, donde 50.000 euros se calentaban cómodamente, y cinco sobres con caligrafía china que sumaban otros 50.000 euros, etiquetados con una precisión que haría envidiar a cualquier gestor. Lo más fascinante es la 'ingeniería financiera' de la defensa. Julito alega que el dinero viene de la venta de un inmueble por unos 350.000 euros. Claro, porque hoy en día, cuando vendes un piso, lo normal es evitar la transferencia bancaria para preferir el método 'fajo en la caja de mudanza'. Según THE OBJECTIVE, el sujeto admitió que había más pasta que la incautada, sugiriendo que unos 100.000 euros adicionales lograron esquivar el radar policial. Un agujero contable doméstico que deja en ridículo cualquier intento de justificación legal.
Hay quienes llaman a esto 'gestión de recursos humanos', pero en la calle lo llamamos montar un chiringuito con la tarjeta de los demás. La Audiencia Provincial de Badajoz ha soltado una bomba de casi 400 páginas que no deja lugar a dudas: la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz no fue un proceso selectivo, fue un casting con el papel ya asignado. Mientras el ciudadano medio pelea contra la burocracia para pedir una cita médica, aquí se diseñó un 'traje a medida' para que el hermano del presidente del Gobierno tuviera un sueldo sin complicaciones. El tribunal es tajante. No hubo necesidad pública, sino una voluntad férrea de rescatar a alguien que, en aquel entonces, carecía de un trabajo estable. Los magistrados describen un 'proceso selectivo maquillado' donde los criterios de valoración se retocaron para que los méritos de David encajaran milimétricamente. Era la ingeniería administrativa aplicada al nepotismo: primero se decide quién entra y luego se inventa el puesto. Así nació la figura del Coordinador de Actividades de los Conservatorios, un cargo que, según la sentencia, sirvió más para financiar 'caprichos' y 'antojos' que para coordinar nada. Lo más delirante es el día a día. La sentencia revela que David Sánchez 'apenas si acudió a su puesto de trabajo'. Mientras nosotros pagamos el IBI y el IVA con un sudor frío, el adjudicatario se dedicaba a sus intereses operísticos y al proyecto Ópera Joven, usando la administración como un mecenazgo privado pagado con los impuestos de todos. La justicia ha dejado claro que el interés general fue sustituido por el interés familiar, transformando la función pública en una extensión del salón de casa.
Hay que tener valor, o una genealogía muy bien puesta, para que el sistema te regale un coche de lujo sin pedirte la llave. David Sánchez Pérez-Castejón ha logrado el 'hat-trick' de la impunidad administrativa: ha sido condenado por prevaricación, pero se queda con los 340.572 euros que cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Sí, ha sido culpable, pero el botín no se toca. Es el equivalente judicial a que te pillen robando el jamón en el súper y el juez te diga que, aunque te lleves la inhabilitación, el jamón ya ha sido digerido y no hace falta devolverlo. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado claro que, como la Fiscalía pidió el sobreseimiento desde el principio —básicamente, mirar para otro lado—, nadie pidió el dinero en el juicio. Para que David devolviera los fondos, el Ministerio Fiscal tendría que haber tenido la decencia de acusar, algo que no ocurrió. Así, mientras el ciudadano medio se pelea con Hacienda por un error de diez euros en la declaración, Sánchez se guarda un tesoro que empezó con 22.603,82 euros en 2017 y terminó escalando hasta los 57.627,07 euros en 2024. Todo esto por dirigir una 'Oficina de Artes Escénicas' que, según el propio interesado, no tenía oficina física. Un concepto vanguardista: cobrar un sueldo de jefe sin tener donde sentarse. El ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, se lleva 18 años de inhabilitación, pero el premio gordo es la ausencia de responsabilidad civil. Ahora la pelota queda en el tejado de la Diputación de Badajoz o del Tribunal de Cuentas. A ver quién se atreve a pedir que devuelva el dinero después de que los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero ya le hubieran puesto los puntos sobre las íes a la magistrada Beatriz Biedma. Un final de película donde el villano es culpable, pero el botín es propiedad privada.
Resulta fascinante cómo el derecho administrativo puede convertir un operativo de frontera en un laberinto de papeleo mientras el mar sigue ahí, imperturbable. El Tribunal Supremo ha decidido que, si un inmigrante llega a nado a Ceuta, no se le puede devolver 'en caliente'. ¿El motivo? No ha saltado ninguna valla. Para la justicia, si no hay un muro físico que escalar, el rechazo exprés es un invento ilegal. Así, un ciudadano argelino interceptado en noviembre de 2024 terminó de dinamitar un sistema que la Guardia Civil usaba como un borrador: llegas, te vemos, te devuelves. Fin de la historia. Ahora, la Benemérita y la Policía Nacional miran el horizonte con el pánico en los ojos. Pasar de una devolución inmediata a un procedimiento ordinario es como pasar de pagar el café en efectivo a rellenar un formulario de tres páginas para cada espresso. El colapso es la palabra de moda. Los datos son demoledores: en 2025 hubo más de 10.000 rescates en el mar, con picos de 700 nadadores en una sola semana durante el verano. Si a esto le sumamos que las llegadas terrestres subieron un 164% entre enero y junio (2.582 personas), el Ministerio del Interior tiene un agujero operativo del tamaño del Estrecho. Lo más cínico es que el Gobierno, liderado por Fernando Grande-Marlaska, tuvo la oportunidad de parchear esta ley en marzo de 2025 cuando redistribuían a los menores, pero prefirieron el silencio administrativo para evitar el ruido político. Mientras tanto, la AUGC y el SUP piden a gritos refuerzos y protocolos, mientras el Supremo, con una ironía exquisita, sugiere que si el Estado quiere seguir devolviendo gente, quizá debería instalar vallas flotantes en el mar. Básicamente, que compren el muro acuático o se preparen para que la burocracia se ahogue en el intento.
Imagínese que va al médico y, en lugar de decirle que tiene un resfriado, le informan de que su 'unidad orgánica de respiración' presenta una congestión. Suena a manual de instrucciones de un electrodoméstico chino, ¿verdad? Pues así es como RTVE ha decidido que debemos llamar a las mujeres. Ahora, en el ente público, el término 'mujer' es demasiado vintage. Lo nuevo es la 'persona con útero'. Un giro lingüístico que hace que el diccionario parezca un juego de Lego donde las piezas no encajan. El detonante fue el programa 'El Laboratorio de JAL' el pasado 9 de julio. Allí, el catedrático José Antonio López Guerrero soltó que la regla se repite unas 480 veces en la vida de una 'persona con útero'. Como si el útero fuera un accesorio opcional que se compra en el concesionario. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no se quedó muda y llamó a la puerta de Beatriz Ariño, la Defensora de la Audiencia, denunciando una ingeniería lingüística que huele a despacho airelcondicionado y poca calle. Lo más cómico es la gimnasia mental del Observatorio de Igualdad. Mientras la anterior presidenta, Concepción Carcajosa, admitía que 'personas menstruantes' era una expresión nula que invisibilizaba a las mujeres, la nueva jefa, Mercedes de Pablos, abraza el término con un fervor casi religioso, citando una Guía de Igualdad de 2020 donde, curiosamente, el concepto ni siquiera aparece. Es el arte de inventar la norma mientras la aplicas. Pero la fiesta no termina aquí. RTVE ha decidido hacer un 'rebranding' de la historia. En el programa 'Grandes maricas y bolleras de la historia' del 1 de julio, Catalina de Erauso y Elena de Céspedes pasaron de ser mujeres notables a ser hombres trans por decreto editorial. Es como si mañana decidieran que Cervantes era un experto en marketing digital. Todo esto ocurre mientras en abril de 2025 TVE defendía la participación de atletas trans en categorías femeninas, ignorando la genética y abrazando la ideología, en un ecosistema donde cuestionar el relato te convierte, según la pluma de Pablo Iglesias, en 'gentuza' o 'nazi'.
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