La noticia es un despliegue de cifras que ocultan la verdadera tragedia: la gestión negligente de los tiempos legislativos. El título original es descriptivo, pero le falta la mala leche necesaria para subrayar que se está canibalizando el futuro por la burocracia del presente.
Hay un arte casi místico en la capacidad de algunos políticos para descubrir problemas que ellos mismos ignoraron mientras tenían las llaves del coche. En Palma, la formación Més ha decidido que el Ayuntamiento de Jaime Martínez padece una ceguera climática terminal y le ha soltado una moción que es, básicamente, un mapa de sombras. Exigen que en seis meses se redacte un plan municipal de espacios y zonas de sombra, como si el sol de Baleares fuera una novedad de este trimestre y no un elemento básico del paisaje. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los regidores de Més, que ahora gritan desde la oposición con Neus Truyol al mando, claman por ampliar horarios en piscinas, bibliotecas y casales de barrio. Lo curioso es que esos horarios, que ahora les parecen un castigo medieval, son exactamente los mismos que ellos mismos diseñaron y mantuvieron durante las dos legislaturas pasadas cuando gobernaban coaligados con el PSOE y Podemos. Es el clásico caso de 'el perro que se muerde la cola': critican la inacción institucional mientras el reloj marca la misma hora que cuando ellos mandaban. Para rematar la jugada, exigen una campaña de sensibilización contra el calor. Un detalle menor: el Govern balear —donde sus colores también pintan— ya tiene en marcha la campaña 'La calor pot ser mortal, la prevenció és vital'. Parece que la comunicación interna entre sus propias filas es tan eficiente como un teléfono escacharracado en mitad de una tormenta. El pleno del jueves 30 será el escenario de este teatro, donde la urgencia climática se usa como moneda de cambio para el juego político, mientras el ciudadano sigue sudando la gota gorda esperando que alguien, alguna vez, deje de hacer inventarios de sombras y empiece a plantar árboles.
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que gastar 1.908.710 euros en un informe para reírse de sus adversarios es una inversión razonable. No es un folleto de barrio; es el proyecto 'DemocraZia con Z', una joya de la ingeniería financiera cofinanciada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Consejo de la Juventud de España (CJE), con el INJUVE soltando la pasta. El resultado es un tostón de 145 páginas titulado 'Entre el cuestionamiento y el cambio', que pretende analizar la desafección juvenil pero termina pareciendo el grupo de WhatsApp de un militante muy motivado. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos, el Gobierno paga para que una joven de 24 años describa a Santiago Abascal como 'Jesucristo reencarnado' en un tono de burla que haría palidecer a cualquier manual de neutralidad administrativa. Lo más fascinante es la gimnasia mental del texto. Vox, con sus más de 3 millones de votantes, es pintado como una 'amenaza' sistémica. En cambio, la corrupción del entorno de Sánchez —con Begoña Gómez y su hermano en el ojo del huracán— se diluye en un caldo primigenio donde 'todos son iguales' y la desconfianza es general. Es el truco del mago: distraer con el 'fascismo' del vecino mientras se barre el polvo de los propios casos de las cloacas bajo la alfombra de la 'desafección política'. Todo este despliegue de pedagogía selectiva tiene fecha de caducidad: octubre de 2026, coincidiendo con los 50 años de España en libertad. Un brindis con champán pagado con el dinero de quienes, precisamente, no confían en la política profesional.
En la Benemérita, parece que el manual de disciplina se aplica según el rango: para la tropa, la guillotina; para el mando, un masaje en la espalda. Mientras Carlos Román y Manuel Velarde, dos veteranos con el currículum lleno de cruces al mérito y experiencia en antiterrorismo, fueron suspendidos de empleo y sueldo justo antes de Navidad por publicar un comunicado defendiendo el Estado de Derecho el 10 de noviembre de 2023, la cúpula opera en otra dimensión. A estos agentes les aplicaron la 'máxima', dejándolos sin un euro en la cuenta bancaria por una nota redactada por abogados, tratándolos como si fueran golpistas en lugar de quienes persiguieron el procés. El Tribunal de Justicia Central Militar tuvo que intervenir para decir que la medida era 'desproporcionada con creces', pero el daño psicológico ya estaba hecho. La comedia se vuelve surrealista cuando miramos hacia arriba. Manuel Llamas, el DAO, lleva casi dos semanas imputado por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso de las 'cloacas del PSOE', y sigue en su despacho como si nada hubiera pasado. Es la doble vara de medir en estado puro: a un agente como Serviliano Valencia le clavan 15 días de suspensión y un sablazo de 1.400 euros por mirar la matrícula de Carles Puigdemont —un prófugo con euroorden—, mientras que los mandos imputados no pierden ni el sitio en el parking. Desde Agustín Leal, suspendido seis meses por decir que sin Guardia Civil España sería como Venezuela, hasta Braulio J. Calvo, procesado por buscar el DNI de su hermano desaparecido, el mensaje es claro. Si eres la escala básica, cualquier 'exasperación' retórica te deja en la calle; si eres el DAO o la directora Mercedes González, la imputación es solo un trámite administrativo que no interfiere con el horario de oficina.
En España, una orden de expulsión judicial tiene hoy el mismo valor práctico que un ticket del parking caducado. Según los datos del Poder Judicial para 2024, el 94% de los condenados con orden de salida se queda aquí cómodamente instalado. De 22.977 casos proyectados, solo 1.338 fueron efectivos. Una eficiencia tan baja que haría llorar a cualquier gestor de barrio. ¿El truco de magia? El bendito 'arraigo'. Basta con decir que tienes un primo, un perro o un contrato de alquiler para que la sentencia se convierta en una sugerencia decorativa. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la cuota del gas, el Estado se gasta 770 millones de euros anuales en mantener a presos extranjeros. Para que nos entendamos: el 33,45% de la población reclusa es extranjera, y en Cataluña esa cifra se dispara al 52,85%. Es como pagar la cena de un desconocido que, además, te ha robado la cartera antes de sentarse a la mesa. Vox, que no piensa dejar pasar el desliz, ha registrado una batería de medidas para acabar con este 'oscurantismo'. Denuncian que el sistema SEC maquilla la realidad al contar como españoles a los 3 millones de nacionalizados, independientemente de su origen. Para solucionar este agujero contable, proponen copiar a la Ertzaintza y publicar el lugar de nacimiento. El objetivo es claro: que el origen no sea un escudo y que el artículo 89 del Código Penal se modifique para revocar la nacionalidad a quien cometa cualquier delito. Al final, el mensaje es simple: si vienes a jugar con las reglas de la casa pero rompes los muebles, la maleta te espera en la puerta, sin importar cuánto tiempo lleves aquí.
Hacienda tiene un radar que detecta hasta el último céntimo de un autónomo que no ha dormido en tres días, pero parece que sufre de amnesia selectiva cuando el sujeto es Julio Martínez, el socio y amigo íntimo de Zapatero. Es fascinante. Mientras el ciudadano medio tiembla al abrir el buzón, Martínez vivió cuatro años en un limbo fiscal absoluto, sin presentar declaraciones de renta a pesar de cobrar un sueldo en ASP Renta. Un detalle: la empresa sí practicaba la retención mediante el modelo 190 y deducía los gastos en Sociedades. Es decir, el dinero salía, el Estado lo anotaba, pero al llegar al destinatario, el rastro se borraba como si fuera un dibujo en la arena durante una tormenta. La comedia llega al clímax con el alquiler. Martínez paga su piso con cuentas vacías, mientras el casero, muy diligente, lo declaraba todo en el modelo 180. Un cortocircuito administrativo que haría llorar a cualquier gestor de barrio. Soledad Fernández, quien dirigió la AEAT desde 2022, compareció en el Senado con la mirada perdida, calificando este agujero contable como un "lamentable error". Curioso que este error coincida con la salida precipitada de la propia Fernández y de la directora de RRHH, justo cuando el organismo se convierte en un coladero de favores. Entre la entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña y el trato preferente al hermano de Pedro Sánchez en Portugal, la AEAT parece haber pasado de ser un perro guardián a un mayordomo complaciente. Si realmente existió un error, encontrar al responsable es cuestión de un clic en el sistema de trazabilidad. Pero el silencio es ensordecedor. Quizás es que, en los círculos de poder, el 'olvido' es la herramienta de ingeniería financiera más eficiente de todas.
Hablemos de la 'economía del detalle'. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra para que el presupuesto no explote antes del día veinte, en las altas esferas del Partido Socialista se manejan conceptos más creativos. Santos Cerdán y su entorno familiar parecen haber descubierto el secreto de la eterna prosperidad gracias a una tarjeta de crédito de la sociedad Servinabar. No es que hayan vaciado el banco, pero entre 2015 y 2024 se habrían beneficiado de la módica suma de 323.178 euros. Para algunos, eso es un capricho; para la UCO de la Guardia Civil, es una hoja de ruta de irregularidades. El informe es quirúrgico. Detectaron 40 pagos específicos por 3.560 euros que Cerdán o los suyos usaron como si fuera una tarjeta de fidelidad de supermercado. Pero el truco de magia está en la tubería del dinero. Entre el 1 de febrero de 2022 y el 1 de septiembre de 2024, entraron en la cuenta 257.563,42 euros, de los cuales 230.000 euros llegaron vía traspasos directos desde Servinabar. Es la ingeniería financiera de barrio: mover el dinero de un bolsillo a otro para que no se note el roce. ¿De dónde salía el combustible para este despliegue? Aquí entra el 'confirming', esa palabra elegante para cobrar facturas antes de tiempo. El 61,49% de los ingresos totales de la cuenta, que alcanzó los 2.168.049,49 euros, provenía de este sistema. El rastro conduce directo a Acciona Construcción SA y a la UTE Variante de Logroño. También asoman la cabeza la UTE Túnel de Belate y la UTE Pabellón de Navarra Arena. Al final, el esquema es sencillo: obras públicas, contratos millonarios y una tarjeta de crédito que, mágicamente, siempre tiene saldo para el entorno del exsecretario de Organización.
Hay quien gestiona su agenda con Google Calendar y quien monta una 'boutique' de influencias para que el dinero fluya sin dejar rastro, como si fuera un truco de magia de feria. La Justicia acaba de destapar que José Luis Rodríguez Zapatero no tenía un solo camino hacia el rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra, sino que operaba con un sistema de redundancia digno de la NASA. Por un lado, el entramado de 38 sociedades instrumentales de Julio Martínez —el famoso 'Julito'—; y por otro, la red de Manuel Aarón Fajardo, el 'hombre de Venezuela'. Para el ciudadano medio, conseguir que el banco no te cobre una comisión por un descubierto es una odisea. Para Plus Ultra, bastó con activar el 'equipo del amigo'. Mientras nosotros peleamos con la administración, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, solo tuvo que escribirle a Fajardo el 29 de abril de 2020 siguiendo el hilo de Ramón Gordils. El resultado fue una llamada de 11 minutos con 'ZP' el 30 de abril, donde se le pidió al expresidente que 'empujara' el rescate de la SEPI porque la banca privada, curiosamente, ponía trabas. Lo más exquisito es el lenguaje: se hacían llamar 'el equipo' y hablaban de 'misiones de Z'. Fajardo, que vive en Caracas y se mueve en el sector financiero, no era un simple contacto, era el lugarteniente. Incluso se mencionan rentas mensuales de entre 6.000 y 10.000 euros para la 'boutique' por operar plantas empaquetadoras. Al final, el rescate de 53 millones de euros otorgado en 2021 no fue una cuestión de solvencia técnica, sino de tener la llave correcta para abrir la puerta de la SEPI. Una ingeniería financiera donde el mérito no estaba en volar, sino en saber a quién llamar.
Comentarios