Crítica:
El texto original es una noticia técnica correcta, pero carece de la malicia necesaria para exponer que redactar una ley sin sujetos es una negligencia profesional imperdonable.
Enésima chapuza legislativa del Gobierno: la nueva ley de infancia impondrá sanciones pero no dice a quién
Ley de Infancia: Multas sin destinatario
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Papeles fáciles: el coladero de la regularización
Hay quien dice que el Gobierno juega al Tetris con la demografía, pero esta vez han dejado que las piezas entren sin mirar el manual. La Policía Nacional ha soltado el bombazo: unos 400.000 solicitantes de la regularización extraordinaria son, básicamente, turistas del permiso de residencia. No es que hayan tenido mala suerte con el calendario, es que ni siquiera pisaron España los cinco meses exigidos antes del 1 de enero de 2026. Un 'efecto llamada' de manual que ha convertido el país en el destino preferido de Europa, mientras los vecinos del continente cierran la persiana con candado. La aritmética del asunto es para echarse a reír si no fuera tan triste. El Ejecutivo, en un despliegue de optimismo casi místico, calculó que había 500.000 irregulares. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que es la que patea la calle, ya avisaba en febrero de que la cifra real rondaba los 1.250.000. El Ministerio del Interior decidió que ese informe era ruido blanco y siguió adelante. Al final, la realidad dio el golpe: 1,17 millones de solicitudes a finales de junio. Es como si alguien te dice que en la cena habrá cinco personas y, de repente, aparecen doce y el anfitrión dice que 'ya barajaba' que fueran más. Lo más delirante es el sistema de control. El Ministerio de Migraciones, bajo el mando de Elma Saiz, ha decidido que la Policía es un estorbo y ha externalizado la verificación a Correos, la Seguridad Social y la UTEX en Vigo. ¿El resultado? Un coladero donde un tique de compra puede valer oro como prueba de residencia. Mientras la Ucrif detecta que las mafias venden el 'kit del inmigrante legal' a precio de oro, el Estado se limita a mirar hacia otro lado, dejando que la ingeniería financiera de los falsificadores gane la partida por goleada.
Zapatero y sus joyas: ¿Regalos o contrabando?
Hay gente que guarda el cambio en el sofá y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que prefería tener un pequeño museo de gemas en la caja fuerte de su despacho en Ferraz. Para el ciudadano medio, 1,3 millones de euros es la cifra de una hipoteca imposible o el precio de tres vidas sin estrés; para el exmandatario (2004-2011), parece haber sido simplemente un 'detalle de cortesía'. La Fiscalía Anticorrupción, que no compra el cuento del regalo anónimo, ha decidido que la tasación inicial de la joyería Ansorena se quedó corta. Elena Lorente, la fiscal del caso Plus Ultra, ha pedido al juez José Luis Calama que se revise el precio actual de mercado, porque sospecha que el botín de esmeraldas, rubíes y zafiros brilla mucho más que esos primeros 1,3 millones. La UDEF entró en escena el 19 de mayo, sacando a la luz un tesoro que no figuraba en ninguna declaración de bienes. Mientras nosotros peleamos con la declaración de la renta por un descuido de diez euros, Zapatero se enfrenta a imputaciones por contrabando y delitos contra la Hacienda Pública. El ex presidente apareció en TVE con Javier Ruiz para negar cualquier 'afán patrimonial', usando esa retórica de seda que consiste en decir que son regalos de hace años, pero sin soltar el nombre del generoso benefactor. Es la magia de la política: recibir piedras preciosas de valor millonario y llamarlo 'cortesía'. Ahora, la justicia quiere saber exactamente cuándo se engarzaron esas piezas, buscando la fecha exacta en que el lujo se convirtió en un agujero contable y legal.
Amigotes del poder: el blindaje de Zapatero
En el tablero del poder, los hilos se mueven con una naturalidad que asusta. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de tres euros, en las altas esferas se gestionan 'comisiones del 1%' sobre rescates millonarios de aerolíneas como Plus Ultra. El escenario es digno de una comedia de enredos: José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el juez José Luis Calama por un menú degustación de delitos que incluye organización criminal, blanqueo de capitales y contrabando, juega la carta de la victimización. Según su abogado, Víctor Moreno Catena, sus derechos fundamentales han sido pisoteados, quejándose en TVE de que sus agendas y mensajes se filtran como si fueran chismes de peluquería. Pero aquí llega el giro irónico. La estrategia de defensa parece diseñada para aterrizar en el Tribunal Constitucional, donde el timón lo lleva Cándido Conde-Pumpido. Para quien no recuerde el árbol genealógico del poder, Zapatero nombró a Conde-Pumpido como fiscal general del Estado. Una relación de 'estrecha amistad' que, según el artículo 219.9 de la LOPJ y el artículo 80 de la LOTC, obligaría al presidente del TC a abstenerse. Es la danza del 'yo te pongo y tú me quitas'. El Tribunal Constitucional, hoy configurado con 7 magistrados de corte izquierdista y 5 conservadores, se convierte en el posible refugio de un expresidente que, según Julio Martínez Julito, pactó beneficios personales a cambio de salvar a una empresa con dinero público. El despliegue de escritos denunciando vulneraciones de derechos parece más un ejercicio de ingeniería jurídica para anular la causa que una búsqueda de justicia. Al final, el sistema se muerde la cola: el amigo que nombró al juez es el mismo que ahora necesita que el juez mire hacia otro lado.
Díaz a la OIT: ¿Inglés de adorno?
Colocar a alguien en la cima de un organismo internacional es como intentar meter un elefante en un Seat Panda: requiere maniobras, mucha paciencia y, sobre todo, ignorar que el coche no está diseñado para eso. El Gobierno ha decidido que Yolanda Díaz es la pieza ideal para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el comunicado oficial de Moncloa emitido este jueves. Pedro Sánchez, en un despliegue de entusiasmo digital, ya ha calificado la noticia en sus redes sociales como un «honor». Todo suena muy sofisticado hasta que aterrizamos en la realidad de los requisitos técnicos. Para mandar en la OIT no basta con tener buena voluntad o un discurso potente en castellano; hace falta dominar las lenguas oficiales. El inglés no es una sugerencia, es un requisito de alto nivel. Aquí es donde la ingeniería política choca con la gramática. Mientras el ciudadano medio lucha con la factura de la luz, el Gobierno parece luchar contra la evidencia de un vídeo de agosto de 2023. En aquella rueda de prensa, la ministra de Trabajo se enfrentó a una pregunta sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. El resultado fue un silencio sepulcral y una mirada de desconcierto que gritaba «no entiendo ni el saludo». La escena fue casi surrealista: la periodista hablaba en inglés y Díaz procesaba el sonido como si fuera ruido blanco. Fue necesaria la intervención de un traductor para que la ministra pudiera responder, y lo hizo, por supuesto, en un castellano impecable. El contraste es brutal. Pretender que alguien lidere la diplomacia laboral global cuando necesita un puente lingüístico para entender una pregunta estándar es, sinceramente, un salto de fe digno de un místico. La ambición política ha decidido que el diccionario es un detalle prescindible.
Examen sorpresa en bable: ¡Vaya sablazo!
Imagínate ir a comprar pan y que el panadero te cobre en rupias sin avisarte. Pues eso es lo que han hecho en el Principado de Asturias con un grupo de filólogos. El pasado martes, 24 valientes se presentaron al primer ejercicio para una plaza de Titulado Superior (Filólogo), Grupo A, solo para descubrir que las 17 páginas del examen estaban escritas íntegramente en asturiano. La portada, el único trozo de castellano, era básicamente el 'manual de instrucciones' antes del salto al vacío. Lo más delirante es que la convocatoria del BOPA de agosto de 2025 no decía ni 'mu' sobre este requisito. No hubo aviso, ni guiño, ni letra pequeña. De repente, los aspirantes se encontraron con 90 preguntas tipo test donde se les pedía analizar la política lingüística y los Premios Andrés Solar. Para añadirle sal al potaje, una de las preguntas preguntaba por el autor de unas encuestas sociolingüísticas, y la respuesta correcta era Ramón d'Andrés... que casualmente es miembro del tribunal calificador. Es como si en un examen de cocina el profesor te preguntara cuál es la mejor receta de tortilla y la respuesta fuera 'la del profesor'. El tribunal, presidido por Juncal Mónica García Velasco y compuesto por figuras como Marta López Fernández, Liliana Díaz Gómez y José Ángel Díaz Fernández, parece haber confundido una oposición pública con un club privado de entusiastas. Mientras Vox, con Javier Jové a la cabeza, grita que esto es oficialidad 'por la puerta de atrás' y un atentado a la igualdad de oportunidades, el Gobierno de Adrián Barbón juega al ajedrez con el marco jurídico. Ahora los candidatos tienen tres días para alegar, aunque intentar convencer a un tribunal que se pregunta a sí mismo en el examen es como intentar pedirle permiso al toro para entrar en la plaza.
El 'Hermanísimo' y la factura del aire
Hay quienes trabajan para ganar la vida y quienes, simplemente, existen para cobrarla. El caso del «hermanísimo», David Sánchez Pérez-Castejón, ha pasado de la condena por prevaricación a un problema de cartera. Resulta que la asociación Iustitia Europa ha decidido que 340.000 euros de sueldo público son demasiados para alguien que, según la Audiencia Provincial de Badajoz, visitaba su puesto de trabajo con la frecuencia con la que algunos visitan al dentista: casi nunca. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio se pelea con el precio del aceite, David cobró la cifra mencionada en la Diputación de Badajoz por unos contactos con conservatorios que fueron, cito textualmente, «prácticamente inexistentes». Es la ingeniería del vacío: cobrar el máximo haciendo el mínimo. Pero no estaba solo en este festín de la inacción. Su colega de aventuras, Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también tiene que mirar el saldo de su cuenta, pues le reclaman 86.988,76 euros percibidos entre enero de 2024 y junio de 2025. El total de la factura asciende a 427.561,12 euros. Una cantidad que haría palidecer a cualquier autónomo que intente deducirse un café. Y como si el sueldo no fuera suficiente, aparece el toque artístico: la obra teatral 'La Paz Perpetua'. Un despliegue de generosidad pública donde la Diputación de Badajoz soltó 128.000 euros para que la recaudación en taquilla fuera de unos modestos 2.000 euros. Un negocio redondo, si lo que buscabas era quemar dinero público con estilo. Ahora el Tribunal de Cuentas deberá decidir si este agujero contable se llena con el patrimonio de los implicados o si el arte de no trabajar sigue siendo gratuito.
Joyas 'de cortesía' y 53 millones rescatados
Hay quien recibe una tarjeta de felicitación por su cumpleaños y quien recibe un tesoro nacional en una caja fuerte. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que el mejor momento para explicar que sus joyas son un «regalo de cortesía personal» es justo cuando el viento sopla en contra. No es casualidad. El calendario es quirúrgico: mientras el expresidente intenta convencer a Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 de TVE de que no hay aroma a fraude, su amigo y socio, Julio Martínez Martínez, le ha dejado el camino pavimentado de espinas. Martínez no ha sido precisamente delicado. Ha soltado la bomba sobre un presunto tráfico de influencias para que la aerolínea Plus Ultra se embolsara un rescate de 53 millones de euros en 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. Para el ciudadano medio, 53 millones es una cifra que requiere un Excel y una calculadora científica; para la ingeniería financiera de los despachos, parece ser el precio de un favor bien colocado. El contraste es delicioso. Por un lado, la modestia del «error» de aceptar joyas que ahora resultan ser un lastre judicial; por otro, la magnitud de un rescate público que hace que la lista de la compra de cualquier hogar parezca un chiste. Zapatero, acorralado entre el registro de su domicilio y la traición de su socio, ha aplicado la técnica del 'silencio selectivo'. Cuando le preguntan quién le regaló el brillo o de dónde vienen, la respuesta es la clásica: «Solo ante el juez». Es la danza habitual del poder: el regalo es 'personal' cuando es un lujo, pero la responsabilidad es 'judicial' cuando es un problema.
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