Crítica:
La noticia es un catálogo de hipocresías donde el dato más relevante es el 'timing' del anuncio. Le falta profundizar en el coste real de los contratos fraccionados de Borràs para no quedarse solo en la cifra de la pena.
Indignación en el PSOE por los indultos del Gobierno a tres condenados por corrupción
Indultos 'de tapadillo': Corrupción y maquillaje político
Otros artículos
La Séptima: El salto prohibido de Ruiz
En el ecosistema mediático, donde las lealtades duran lo que tarda en enfriarse un café, José Miguel Contreras ha decidido jugar la carta maestra. El fundador de La Sexta quiere que Javier Ruiz, el actual rostro de 'Mañaneros' en La 1 de TVE, sea el primer director de 'La Séptima'. El plan es ambicioso: lanzar el canal el próximo 5 de noviembre desde San Sebastián de los Reyes, en un plató de más de 1.000 metros cuadrados que hace parecer pequeña la cocina de cualquier mortal. La jugada tiene un aroma a nostalgia profesional. Contreras y Ruiz ya habían soñado con esto hace dos años en un proyecto con PRISA que terminó en cisma y salidas abruptas. Ahora, Contreras vuelve a la carga con la oferta sobre la mesa, justo cuando Ruiz navega en una paradoja deliciosa: sus audiencias en RTVE están en lo más alto, pero el programa arrastra condenas judiciales por bulos y denuncias de manipulación. Es el clásico caso de 'vender humo' con éxito mientras los jueces pasan factura. Para completar el cuadro, Daniel Fernández, el cerebro de 'Mañaneros' y excolaborador de Ana Rosa Quintana, llegaría como director de Contenidos. Una estructura donde Informativos y Programas se fusionan en un abrazo incómodo para centrarse en la actualidad. Mientras nombres de peso como Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló se quedan fuera del reparto, Contreras apuesta por una mezcla de veteranos y chavales menores de 30 años, incluyendo a Sarah Santaolalla. Prometen una televisión 'sin gritos', una utopía en un país donde el ruido es la moneda corriente. Con una plantilla de 300 trabajadores (80 periodistas) y una meta modesta de alcanzar el 2% de cuota inicial y el 3% el primer año, La Séptima intenta convencer al público de que la actualidad puede ser elegante, aunque sus protagonistas vengan de la trinchera del escándalo.
VIPS sobre fuego: el sablazo de los Falcon
Hay prioridades en este país y luego están las prioridades del Palacio de la Moncloa. Mientras el verano se convierte en un deporte de riesgo y los bosques arden con la puntualidad de un reloj suizo, el Gobierno ha decidido que el confort de sus alas es sagrado. Hagamos cuentas de barrio: mantener los diez Canadair CL-215T y los cuatro Bombardier CL-415 —los que realmente se mojan la camiseta contra el fuego— ha costado unos 17 millones de euros desde 2018. Para que nos entendamos, es como si en una casa gastáramos en el extintor lo mismo que en un paquete de cerillas, mientras que el coche de lujo tiene el mantenimiento de un Fórmula 1. En la otra columna del libro de cuentas aparecen los Dassault Falcon 900. Esos aviones, diseñados para que las autoridades viajen sin que les suden las palmas de las manos, han absorbido 58 millones de euros. Pero esperen, que la ingeniería financiera no termina ahí. En julio de 2026, una licitación saltó a los 118,6 millones de euros al meter en el mismo saco a los Airbus A310 y los Cessna Citation V del Ejército del Aire y del Espacio. Un incremento del 30% respecto al lustro anterior. Básicamente, el Gobierno prefiere que el transporte VIP brille como un espejo mientras los hidroaviones sobreviven a base de parches. La hipocresía alcanza su cénit con la gestión del parque. Pasamos de 18 aviones anfibios a 14. En junio de 2023, el Ministerio de Transición Ecológica puso cuatro en subasta por 10 millones de euros, y la empresa Bridger Aerospace los compró el 20 de septiembre de ese año por 40,3 millones. Para rematar el chiste, el grupo Avincis anunció el 22 de julio de 2026 que arrendaba dos de esos aviones a los americanos para apagar fuegos en Portugal. En resumen: vendemos las herramientas de casa para que el vecino las use, mientras pagamos el detailing de los Falcon con el dinero de todos.
LAPD despide a Flock por fallar estrepitosamente
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tiene un apetito insaciable por los juguetes tecnológicos. Desde los contratos con Palantir hasta el despliegue de drones para vigilar manifestantes, el tercer cuerpo policial más grande de EE. UU. suele comprar cualquier software que prometa control total. Pero incluso para ellos, el contrato con Flock Safety ha resultado ser un producto defectuoso, como ese electrodoméstico barato que compras en oferta y termina quemando la cocina. La decisión de no renovar el acuerdo de tres años no ha sido un acto de generosidad hacia la privacidad ciudadana, sino un ejercicio de supervivencia legal. Dean Gialamas, el jefe de información del LAPD, ha tenido que admitir que existen 'serias preocupaciones' sobre las libertades civiles. Y es que los datos son demoledores: una auditoría del 10 de julio de la Oficina del Inspector General reveló que el sistema es una ruleta rusa. En solo dos meses, las cámaras generaron 161 alertas falsas de vehículos robados. Si sumamos los 337 casos reales, tenemos una tasa de error del 32,3 %. Traducido al lenguaje de la calle: uno de cada tres conductores detenidos es totalmente inocente. Lo verdaderamente escalofriante no es el fallo del software, sino el protocolo. El LAPD trata estas alertas como paradas de 'alto riesgo'. No es un simple 'licencia y registro'; es un despliegue de fuerza con apoyo aéreo y supervisores, convirtiendo un error de base de datos en una situación de rehén involuntario. Para la población negra de Los Ángeles —que representa el 19,5 % de los muertos a manos de la policía pese a ser solo el 9 % de la ciudad—, este margen de error del 32 % no es un dato estadístico, es una sentencia de riesgo vital. Al final, la ingeniería financiera de la vigilancia ha chocado con la realidad de que sus algoritmos no saben distinguir un Range Rover robado de un ciudadano yendo a comprar el pan.
Musk ahorra centavos y mata millones
Elon Musk ha descubierto que jugar al 'ajuste de cuentas' con la vida humana no es como optimizar el código de un Tesla. Resulta que el hombre más rico del mundo, en su delirio de eficiencia con el DOGE, decidió que USAID era un gasto superfluo. Para Musk, recortar la ayuda exterior es como quitarle el azúcar al café; para 4,5 millones de niños menores de cinco años, según el estudio de la revista Lancet, es una sentencia de muerte programada para 2030. La cosa se puso fea el fin de semana. Musk, con la arrogancia de quien cree que el mundo es un simulador, retó a cualquiera a dar un solo nombre de alguien muerto por sus tijeras presupuestarias. Nicholas Kristof, columnista del New York Times y alguien que sí sabe lo que es pisar el barro en Liberia o Sudán del Sur, aceptó el reto y le sirvió una lista detallada de víctimas, incluyendo bebés. ¿La respuesta del genio de X? Un berrinche digital digno de un niño al que le quitan la tablet. Musk pasó de la 'eficiencia gubernamental' a llamar a Kristof 'pedazo de mierda' y 'malvado' en una tormenta de tuits que olía a desesperación. Lo más delirante es la escala del ahorro. Mientras el presupuesto federal estadounidense se mueve en cifras astronómicas, la ayuda exterior representaba apenas entre el 0,7% y el 1,4% del gasto total. Es decir, Musk ha dinamitado la salud global por una cantidad que, en la contabilidad de su fortuna, no llega ni a un error de redondeo. Mientras tanto, la Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que el Ébola vuelve a hacer estragos en el Congo. Al final, el 'Departamento de Eficiencia' ha logrado lo impensable: ahorrar unos centavos a costa de millones de vidas, demostrando que la empatía no entra en el algoritmo de Musk.
Urtasun paga 300.000€ a los 'anti-guiris'
Hay quien dice que el dinero público es como el agua: se escapa por donde quiere. Pero en el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun, el agua fluye con una precisión quirúrgica hacia destinos muy concretos. Hablemos de la Obra Cultural Balear (OCB), una entidad que, mientras nos vende la 'sostenibilidad lingüística', se dedica a organizar marchas para echar a los turistas de Palma de Mallorca. El domingo 26 de julio, bajo el lema ‘Mallorca al límite’, la calle se llenó de gritos contra los 'guiris' y terminó con ocho heridos y cargas policiales. Todo muy cultural, desde luego. Lo fascinante no es el activismo, sino la ingeniería financiera. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con pánico, la OCB ha recibido un flujo constante de subvenciones 'a dedo', sin convocatoria pública. En 2023 empezaron con 200.000 euros; para 2024, la cifra subió a 300.000 euros anuales. En total, el Ministerio ha soltado casi un millón de euros en tres ejercicios. Para que nos entendamos: el Gobierno central paga más de la mitad de los ingresos de la entidad (que en 2025 fueron de 782.550,33 euros, con 511.317,99 procedentes de fondos públicos). Urtasun, que no se guarda nada, incluso les colgó la Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes en 2023, alabando su lucha por el 'autogobierno'. Es la paradoja perfecta: el Estado paga la fiesta de quienes quieren romper el Estado y que, además, consideran que la mejor forma de salvar el idioma es prohibiendo la entrada a los alemanes. Una gestión impecable donde el 'interés público' se traduce en financiar a quienes premiaron a los Jordis en 2017 por sus aventuras golpistas. Así se hace cultura en el siglo XXI: con dinero público y odio al turista.
El CNI avisa a Feijóo: ¡Limpia la casa!
Imaginen que contratan a un gestor para organizar sus cuentas y resulta que el tipo es el mejor amigo de su exmujer. Así de pánico suena el aviso que ha llegado a Alberto Núñez Feijóo: si llega a Moncloa y no hace una limpieza a fondo en el CNI, el Gobierno podría saltar por los aires en seis meses. No es una película de James Bond, es la realidad de un servicio de inteligencia que, según agentes consultados por THE OBJECTIVE, ha sido 'colonizado' por el PSOE. El problema es que el corazón del Estado no es un mueble de IKEA que se monta y desmonta según el color del partido. Ahora mismo, la cúpula —directora, secretario general y tres directores generales— tiene un perfil más político que profesional. Los espías advierten que los 3.700 miembros del centro son una maquinaria potente, pero que si quedan al servicio de intereses ajenos al Estado, se convierten en bombas de relojería. Es como dejar que el enemigo gestione la llave de tu caja fuerte mientras tú intentas dormir tranquilo. Mientras Pedro Sánchez juega al calendario, apuntando a 2027 o quizás a un adelanto técnico, en los pasillos de la Policía y la Guardia Civil ya se huele el cambio de guardia. Hay una guerra de egos donde los mandos se posicionan, perpetuando esa costumbre tan nuestra de premiar la afinidad ideológica sobre el currículum. Para colmo, ya hay nombres sobre la mesa, como Miguel Ángel Sánchez San Venancio, quien pasó de la inteligencia técnica a ser jefe de Seguridad de Telefónica bajo José María Álvarez Pallete. Pero ojo, que los de 'la Casa' no están convencidos. Piden a gritos a alguien que conozca el barro del servicio, no a un ejecutivo de traje caro que venga a aplicar manuales de empresa en el mundo del espionaje.
Drones contra violentos: el delegado se atrinchera
Palma de Mallorca se ha convertido en el escenario de una comedia de errores donde el guion es digno de un mal episodio de precinct. Mientras la ciudad lidia con la turismofobia, un grupo de 'especialistas' decidió que la mejor forma de protestar contra las masas era lanzando piedras y vallas, convirtiendo una marcha pacífica en un campo de batalla improvisado. Ahora, la Policía Nacional ha sacado el 'ojo de Sauron': la Unidad de Drones está analizando cada frame para ponerle nombre y apellidos a los que confundieron una manifestación con una pelea de bar en la calle Antoni Maura. Pero lo verdaderamente fascinante no es que alguien haya decidido que golpear a un agente con el palo de una bandera es una estrategia política brillante. El espectáculo real ocurre en el despacho del delegado del Gobierno en Baleares. El señor delegado, en un alarde de 'empatía' institucional, ha calificado las cargas policiales de desmedidas. Básicamente, le ha dicho a los agentes —cuatro de los cuales terminaron heridos en el operativo de la UIP— que quizás fueron demasiado entusiastas al defenderse de las piedras. Es el clásico movimiento de quien mira un incendio y critica que el bombero moje demasiado la alfombra. Mientras tanto, la Confederación Española de Policía (CEP) y los grupos de Información y Policía Judicial intentan hacer su trabajo sin que la política les sople la nuca. Hay una investigación interna por un fotoperiodista golpeado en el rostro —zona prohibida según el manual, para los que no leemos los protocolos—, pero el malestar en las comisurías es palpable. Los agentes ya amenazan con pedir amparo judicial para que el delegado deje de jugar al director de orquesta con la seguridad pública. Al final, entre drones que todo lo ven y políticos que prefieren mirar hacia otro lado, el ciudadano paga la factura de un espectáculo donde los violentos son pocos, pero el ruido es ensordecedor.
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