Crítica:
La noticia es un ejercicio de enumeración jurídica aburrida que oculta el escándalo detrás de términos procesales. Le sobra formalidad y le falta indignación ante el descaro del nepotismo.
La noticia es un ejercicio de enumeración jurídica aburrida que oculta el escándalo detrás de términos procesales. Le sobra formalidad y le falta indignación ante el descaro del nepotismo.
Hay quien confunde la geopolítica con un juego de Lego y cree que cambiarle la etiqueta a un territorio es, por arte de magia, anexionarlo. Esta vez, el sueño de los 'países catalanes' ha chocado frontalmente contra la apatía de los vecinos del Departamento de los Pirineos Orientales. Mientras el nacionalismo se moviliza con la urgencia de quien intenta rescatar un mueble en rebajas, la realidad es que a la gente le importa un bledo si viven en el Rosellón, el Vallespir, el Capcir, el Conflent, la Alta Cerdaña o la Fenolleda, siempre que el café siga costando lo mismo. La Plataforma per la Llengua, disfrazada de ONG, se lanzó a la piscina para impulsar la marca 'Pirineos Catalanes'. Pero el resultado es un auténtico agujero de participación. Hasta ahora, solo 27.843 personas han movido un dedo para votar —un 69 % por internet y el resto con el clásico papel—. Hagamos cuentas de barrio: eso es apenas el 7,4 % de un censo de 378.186 votantes. Es como intentar llenar un estadio de fútbol y que solo lleguen cuatro gatos y un perro. La ironía es deliciosa. El independentismo ya sufrió el primer sablazo cuando su opción estrella, 'País Catalán', fue descartada de entrada. Ahora se conforman con un nombre híbrido que debe luchar contra el actual o el postureo turístico de 'Pirineos Mediterráneos'. Lo más gracioso es que la consulta, activa hasta el 15 de agosto (con el papel cerrando el 10), no es vinculante. Para que el cambio sea real, necesita el visto bueno del Consejo de Ministros francés y del Consejo de Estado. En resumen: mucho ruido en el altavoz nacionalista y un silencio sepulcral en las urnas francesas.
La Universidad de Sevilla ha decidido que la vanguardia académica no solo pasa por los libros, sino por el plato. En el Campus Perdigones, el nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas para el Servicio de Cafetería y Comedor Universitario ha blindado la creación de un menú exclusivo para musulmanes. Nada de improvisaciones: el documento exige carne halal y la ausencia total de cerdo. Lo curioso es que el pliego pide que las dietas sean 'variadas', evitando la 'repetición monótona'. Porque claro, que el menú sea restringido no significa que el estudiante tenga que comer el mismo guiso todos los martes mientras intenta aprobar Cálculo. Es el típico despliegue de ingeniería administrativa donde se especifica que, si existen 'condiciones técnicas de adquisición', se pondrá la carne ritual; una frase que en el lenguaje de la calle significa: 'si el proveedor no nos clava un precio absurdo, lo ponemos'. Pero la fiesta de la inclusión no se queda en Sevilla. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha decidido llevar el mismo espíritu al Centro Eurolatinoamericano de Juventud en Mollina, Málaga. Allí, la sofisticación llega al nivel de un buffet self-service con tres tipos de menús halal diferentes, incluyendo cerveza sin alcohol y refrescos. Todo redactado con una precisión casi quirúrgica para que el servicio sea realizado 'escrupulosamente'. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación en la compra del súper, la administración pública se esmera en diseñar cuadros resumen y protocolos nutricionales para asegurar que el rito religioso esté perfectamente coordinado con la logística del comedor. Menos mal que hay un responsable del contrato para valorar la dieta; no sea que el buffet de ensaladas no cumpla con la mística del pliego técnico.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra para que el presupuesto no explote antes del día quince, en Badajoz se practicó una ingeniería financiera de la vieja escuela. David Sánchez no solo tuvo la suerte de encontrar un empleo, sino que el puesto fue diseñado a medida, como un traje de sastre italiano pagado con el dinero de todos. La Audiencia Provincial de Badajoz ya puso la etiqueta de 'arbitraria' a esa plaza y sentenció al hermano del presidente por prevaricación administrativa. Ahora, la cosa se pone seria. El Tribunal de Cuentas ha trasladado a su Sala de Enjuiciamiento la petición de Hazte Oír para recuperar 340.572 euros. Para que nos entendamos: no estamos hablando de un descuido en la declaración de la renta, sino de un sablazo monumental repartido durante casi ocho años. Es la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para que te creen un puesto donde el currículum es el apellido. La lista de invitados a esta fiesta del erario público es larga. Hazte Oír no solo quiere que David Sánchez devuelva el botín, sino que apunta con el dedo a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz; a Cristina Núñez, exdiputada de Cultura; y a Elisa Moriano, exdirectora del área. Todos ellos, junto a la maquinaria de empleados públicos que firmaron los cheques sin pestañear, están ahora en el radar para responder por el agujero contable. La petición es clara: que suelten el dinero o que preparen el inventario de sus bienes para el embargo. Porque, al final, la justicia es como una factura pendiente: tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
Ceuta respira con el pecho apretado. Apenas han tenido tiempo de limpiar el rastro del caos del pasado 30 de julio y ya les llega el aviso de que la función se repite. El guion es el mismo, el casting es idéntico y la fecha está marcada en el calendario como quien anota una cita con el dentista: 15 de agosto. No es una corazonada; Golden Owl, que se dedica a rastrear la huella digital, ha detectado que los mismos perfiles de Telegram y TikTok que movilizaron a la masa la última vez están volviendo a dar la señal. Es la danza de siempre. Mientras la ciudad intenta gestionar a los 3.000 o 5.000 inmigrantes que quedaron como residuo de la última crisis, Rabat juega al gato y al ratón con la frontera. La hipocresía es el plato principal: se habla de seguridad, pero la realidad es que si la policía marroquí decide mirar hacia otro lado, no hay barrera que valga. De hecho, el Gobierno ha instalado una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal, una medida que suena a poner un parche de colores en una tubería que ya ha reventado. Kissy Chandiramani, vicepresidenta de la ciudad, lo ha soltado sin anestesia en Canal Sur Radio: si Marruecos quiere, esto se repite. Es el uso de la miseria humana como moneda de cambio diplomática. Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, senador del PP y excomandante de Melilla, lo ha resumido en El Debate con una crudeza necesaria: 50.000 personas avanzando con permiso marroquí son una fuerza imparable. Entre el miedo de los sindicatos policiales y la fragilidad de los recursos de acogida, Ceuta se queda esperando el 15 de agosto, sabiendo que la frontera es, en realidad, un interruptor que alguien en Rabat decide accionar según le convenga el viento.
Hay una receta clásica para evitar hablar de los propios errores: culpar al vecino y, si puedes, pedirle que te regale la casa. Así opera la prensa marroquí. Mientras miles de personas intentan cruzar la frontera a nado, el diario Le360 decide que la solución no es gestionar el flujo migratorio, sino que España entregue las llaves de Ceuta y Melilla. Según su narrativa, estas ciudades son «ciudades ocupadas» y su «restitución» es la única salida. Una gimnasia mental fascinante. Traducido al lenguaje de la calle: es como si tu vecino dejara que la gente saltara su valla para entrar en tu jardín y, cuando te quejas del caos, te dijera que el jardín es suyo porque «está en su barrio» y que mantener el césped cortado te sale demasiado caro. El diario alauita se atreve a hablar de «anomalía geopolítica» y menciona que el coste financiero y logístico de la protección española pesa sobre las arcas públicas. Claro, porque ahora resulta que mantener la frontera es un gasto superfluo que España debería ahorrar regalando territorio. El argumento histórico es el colmo de la ironía. Le360 evoca la presencia árabe-musulmana en España durante ocho siglos para justificar que Ceuta y Melilla son «vestigios de una época pasada». Olvidan, convenientemente, que cuando estas plazas se incorporaron a la Monarquía Hispánica, el Estado marroquí moderno ni siquiera figuraba en el mapa. No hubo colonialismo, hubo presencia centenaria. Ahora, entre Fnideq y Nador, el régimen de Mohamed VI juega a que la geografía y la demografía son mandatos divinos. Al final, el mensaje es transparente: el caos migratorio no es un problema de gestión, sino una herramienta de presión inmobiliaria a escala estatal.
Mientras en Europa nos ponemos a discutir si poner una valla en Ceuta o Melilla es 'demasiado' después de que Marruecos nos recordara que las fronteras son sugerencias, Donald Trump ha decidido que la cortesía no detiene caravanas. El hombre ha vuelto a la Casa Blanca con un manual de instrucciones muy simple: más acero, más botas y cero romanticismo. Para el 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya presume de cifras que parecen sacadas de un libro de contabilidad optimista: los cruces ilegales han caído a niveles no vistos en tres décadas, manteniendo las detenciones mensuales por debajo de los 9,000. Es un desplome del 95% respecto a los picos de la era Biden, lo que en lenguaje de calle significa que el grifo se ha cerrado de golpe. No es magia, es presupuesto. Gracias a la Ley One Big Beautiful Bill Act (HR 1) de abril de 2025, Trump ha montado un 'Muro Inteligente' de 3,145 kilómetros que hace que la seguridad de un banco suizo parezca un colador. No es solo cemento; es una mezcla de bolardos de acero de hasta 9 metros, cámaras y sensores subterráneos. Han avanzado 300 kilómetros del nuevo proyecto y han sustituido otros 270, mientras que 700 kilómetros dependen puramente de la tecnología de detección. Pero el verdadero sablazo está en el personal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha inflado su plantilla de 10,000 a 22,000 agentes, logrando que el año fiscal 2026 sea el año de la escoba: más de 350,000 deportaciones. Y para los que creen que el río es la salida fácil, han instalado boyas cilíndricas de hasta 15 pies en el Río Grande. Básicamente, han convertido la frontera en un club privado donde la entrada está prohibida y el portero tiene órdenes de no dejar pasar ni el aire.
Hay una receta clásica para cocinar una dictadura: un puñado de caos social, una moneda que no vale ni para comprar tabaco y un trauma militar que deje a la nación en estado de shock. En septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera decidió que el país necesitaba un 'tajo político', presentándose como el cirujano de hierro mientras el Parlamento era básicamente un club de lectura cerrado. El detonante no fue una idea brillante, sino la carnicería de Annual, donde más de 10.000 soldados españoles fueron masacrados por las milicias de Abd el-Krim. Imaginen el impacto: cuerpos dejados al sol rifeño y una humillación colectiva que hizo que el ciudadano medio aceptara cambiar la urna por la bota militar sin que volara una sola bala. El Rey Alfonso XIII, que prefería la estabilidad de un cuartel a que el 'Expediente Picasso' le salpicara los zapatos con chanchullos y mordidas del ejército, no puso pegas. Así, entre vítores y el silencio impuesto a intelectuales como Unamuno —quien ya advertía que un país no se gobierna como un cortijo—, nació el Directorio Militar. La tragedia del Rif, que duró diez años, fue el caldo de cultivo perfecto. Mientras la Legión, fundada el 28 de enero de 1920, romantizaba la muerte como si fuera un beso de ángel según José Millán-Astray, la realidad eran camiones aplastando cadáveres en Monte Arruit. El clímax llegó el 8 de septiembre de 1925 con el desembarco de Alhucemas. Un éxito táctico que catapultó a figuras como Sanjurjo y ascendió a un joven Franco a coronel. Irónicamente, aquellos guerreros de Abd el-Krim que España no pudo domar terminaron siendo los 'Regulares' que diez años después aterrorizarían la Ciudad Universitaria de Madrid. La historia nos deja un aviso: cuando el liderazgo es mediocre y el conflicto colonial se gestiona con incompetencia, el camino hacia la autocracia está pavimentado con buenas intenciones y muchos muertos.
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