El texto original es una declaración unilateral de Marruecos disfrazada de noticia; falta la versión del Gobierno español para no comprar el relato completo del ministro. Es un ejercicio de presión diplomática más que una crónica informativa equilibrada.
La diplomacia es un arte exquisito, especialmente cuando se trata de usar a los niños como fichas de dominó. El 30 de julio, Ceuta vivió un asalto masivo a nado que dejó centenares de menores en tierra española. Durante once días, el silencio desde Rabat fue tan absoluto que parecía que habían desaparecido del mapa. Pero el 6 de agosto, mágicamente, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, despertó con un sentido paternalista agudo: ahora exige la repatriación de sus 'hijos' por la vía legal y política. Es curioso que el 'interés superior' del menor aparezca justo cuando la factura de la acogida empieza a sumar en las cuentas españolas. Mientras Ouahbi lanza dardos acusando a España de mantener a los chicos lejos de su patria, la ministra Sira Rego juega al tenis diplomático asegurando que no hay trabas, solo el deseo de proteger a los niños. Pero el verdadero espectáculo ocurre en casa. El Gobierno quiere repartir a los menores por las comunidades autónomas, como quien distribuye folletos en una feria, pero se ha topado con un muro. Aragón, Extremadura y Castilla y León —donde el PP y Vox llevan el timón— han dicho que ni hablar. No piensan asistir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto y exigen que, en lugar de repartir el problema, se busque la reunificación familiar. En medio de este ping-pong institucional, los chavales han salido de sus escondites para acudir a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Allí, entre nervios y tensión, esperan que alguien decida si su futuro es un vuelo de vuelta a Marruecos o un billete de autobús hacia una comunidad autónoma que no los quiere. Al final, la política es como una cena familiar incómoda: todos discuten sobre quién paga la cuenta, mientras los invitados siguen esperando el plato principal.
En la Europa de los espejos, donde el espacio Schengen es más una sugerencia que una ley, Giorgia Meloni ha decidido que el pasaporte español ya no es el 'pase VIP' que solía ser. La Primera Ministra italiana ha suspendido el acuerdo con España, montando un muro invisible en los aeropuertos mientras el resto de nosotros seguimos peleándonos con la máquina del parking. El motivo es el ruido que dejaron los 80.000 inmigrantes que intentaron entrar por Ceuta, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un chiste de mal gusto. El balance de esta 'operación limpieza' es casi cómico en su desproporción: 15 personas. Sí, quince. En una semana y media, el ministro Tommaso Foti presume de haber interceptado a quince individuos de origen marroquí que aterrizaron desde España sin los papeles en regla. Es como cerrar una autopista entera para detener a un ciclista que va por el arcén, pero en la política del miedo, el simbolismo paga las cuentas. Mientras tanto, Matteo Salvini, el eterno incendiario, ha aprovechado para darle un zapatazo mediático a Pedro Sánchez, sugiriendo que el presidente español debería 'callarse' y barrer su propia casa antes de mirar la de los vecinos. La diplomacia ha muerto, sustituida por un Twitter gubernamental donde se lanzan dardos mientras Antonio Tajani confirma que el cerco durará al menos hasta el 15 de agosto. Tajani, con la sutileza de un martillo pilón, justifica el despliegue alegando que Italia no es Noruega ni Alemania y que el flujo subsahariano es una 'amenaza yihadista'. Al final, el espacio Schengen se ha convertido en un club selecto donde la puerta se cierra según sople el viento electoral, dejando a 15 personas como el trofeo de una guerra de egos entre Roma y Madrid.
El Gobierno ha jugado al Monopoly con la supervivencia de las familias y ahora, al darse cuenta de que las cuentas no cuadran, quiere que los jugadores devuelvan las fichas. La jugada fue maestra en su cinismo: en el verano de 2020, para que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pareciera el éxito del siglo y el 'escudo social' de Sánchez brillara en los titulares, decidieron meter en el saco a 114.556 madres sin que estas movieran un dedo. Un SMS, una carta rápida y ¡pum!, reconversión de oficio. Pasaron de una ayuda por hijo a cargo a ser beneficiarias del IMV sin haberlo pedido. Fue el truco perfecto para inflar las estadísticas y presumir de alcance social mientras el Ejecutivo se colgaba la medalla. Pero claro, el truco tenía fecha de caducidad. Tras analizar los ingresos y patrimonios de 2020 y 2021, la Seguridad Social ha despertado con hambre de cobro. Ahora, esas mismas madres, que creyeron que la Administración finalmente funcionaba, se encuentran con que el regalo era un préstamo con intereses de demora. Es como si te obligaran a comer en un restaurante, te dieran la cuenta inflada años después y te exigieran el pago inmediato mientras tu nevera está vacía. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos: el Gobierno admite ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que hubo 'necesidades técnicas' y que ahora preparan una norma para no reclamar a quienes fueron revisados a partir de 2024. Traducción: los que llegaron tarde al error se salvan; los pioneros del engaño, que ya están en los juzgados gracias a ATD Cuarto Mundo, se quedan en la intemperie. Mientras Elma Saiz gestiona la cartera, miles de familias descubren que el 'escudo social' era, en realidad, un bumerán que vuelve para golpearte en la cartera.
Hay quien dice que el lujo es relativo, pero para Pedro Sánchez el lujo es que el Estado le borre el rastro mientras se sumerge en las aguas de Lanzarote. No basta con que el presidente se tome sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta; necesita que la Guardia Civil juegue a los escondites. La Moncloa ha dado la orden de tapar el nombre de la zodiac del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para que el jefe del Ejecutivo pueda bucear con una privacidad casi monacal, mientras el resto de los mortales lidiamos con el sablazo de la luz y la compra. La ingeniería logística es fascinante. Para que Sánchez se sienta cómodo con sus bombonas, han tenido que desplazar una de las tres únicas embarcaciones que tiene el GEAS en Las Palmas. Sí, han dejado la zona desguarnecida para que el presidente tenga su propio 'servicio de habitaciones' bajo el agua. Mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se desesperaba el lunes reuniéndose con Ángel Víctor Torres para gestionar el caos de entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales, Sánchez estaba probablemente contando peces, escoltado por dos buzos del GEAS y una lancha alquilada para no levantar sospechas. El despliegue es digno de una cumbre de la OTAN en medio del Atlántico: 40 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad, cámaras antipaparazzi en trípodes y una zona de exclusión marítima de 732.202 m². Básicamente, han privatizado un kilómetro de mar para que nadie moleste la siesta acuática del líder socialista. Todo esto ocurre mientras la Benemérita arrastra un agujero de 17.000 plazas vacantes. Es la clásica gestión del poder: escasez de medios para el ciudadano, pero despliegue de élite para el que firma los decretos.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el presupuesto familiar no explote antes del día quince, en los despachos del Consejo de Ministros el dinero fluye con la naturalidad de un grifo abierto en plena inundación. Marzo y abril de 2026 no han sido la excepción: 11.000 millones de euros decididos en reuniones rápidas, aunque si sumamos los 'efectos secundarios' como la sanidad gratuita inmediata para irregulares, la cifra se vuelve astronómica. El riego es constante. A principios de abril, la AECID soltó 40.000.000 de euros en subvenciones a ONG para la 'solidaridad global', un concepto tan etéreo que casi se puede tocar. Pero eso es calderilla comparado con los 264.820.000 euros en 'contribuciones voluntarias' a entes internacionales el mismo mes. En total, más de 300 millones se fueron volando fuera de nuestras fronteras mientras aquí contamos los céntimos. La ingeniería financiera sigue su curso con los 'suplementos de crédito', ese truco para alimentar a los amigos. El CIS, por ejemplo, recibió a mediados de marzo unos 2 millones de euros extra sobre sus 18 millones habituales para 'estudios técnicos'. Muy técnico todo. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha dinamitado el presupuesto con 1.339.500.000 euros para 'necesidades ineludibles'. Lo ineludible, por lo visto, es gastar sin freno. Desde los 500.000 euros urgentes para las lluvias en Mozambique —destino final desconocido— hasta los 286.715.807 euros del Fondo de Contingencia para atención a inmigrantes, la caja común es un buffet libre. Y para cerrar el círculo de la hipocresía, 175 millones de euros en abril para el despliegue de los Mossos d’Esquadra, el precio del alquiler de la estabilidad en Moncloa. Todo esto ocurre sin que el Poder Legislativo pueda decir ni 'mú', mientras nosotros, los que pagamos la fiesta, solo recibimos la factura.
Hacer malabares con el presupuesto doméstico es el deporte nacional, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha descubierto una ingeniería demográfica fascinante. Mientras nosotros contamos los céntimos en la caja, el número de extranjeros no acompañados con residencia en vigor ha pegado un salto del 168% en cinco años. Pasamos de 7.878 personas en junio de 2021 a 21.104 actualmente. Una cifra que, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, es solo la punta del iceberg, porque deja fuera a los menores de 16 y a los que aún no han logrado el sello mágico de la regularización. La jugada maestra ocurrió en octubre de 2021. Se reformó la Ley de Extranjería para que el permiso de residencia no caducara a los 18 años. Nos dijeron, con esa solemnidad institucional que ya conocemos, que no habría «efecto llamada». Spoiler: hubo llamada, y fue una videollamada en 4K. Los jóvenes de entre 18 y 23 años con residencia saltaron de 5.727 en junio de 2021 a 17.044 en marzo de 2026. Un crecimiento del 197,6% que deja cualquier fondo de inversión en ridículo. El mapa ha cambiado. Marruecos ya no es el monopolio (bajó del 76% al 48%, con 10.216 personas), dejando espacio a Gambia (14%), Argelia (12%) y Senegal (11%). Y mientras en África mandan los varones, desde Honduras (62%), Brasil (67%) y Colombia (61%) llegan mayoritariamente mujeres. Pero aquí viene el chiste: la inserción laboral es un mito. El 44% de los extutelados con permiso de trabajo no cotiza ni un duro a la Seguridad Social. Y en los de 16 a 17 años, la cosa es desoladora: de 4.060 autorizados, solo 446 (un 11%) trabajan. Básicamente, el sistema los mantiene en una sala de espera infinita. Ahora, el Ejecutivo quiere repartir 1.500 menas de Ceuta por las comunidades autónomas, ignorando que Marruecos, a través de Abdellatif Ouahbi, ya ha pedido que vuelvan a casa apelando al tratado de 2007. Una partida de ajedrez donde las piezas son personas y el tablero está saturado.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras revisas si la puerta del vecino tiene el cerrojo flojo. Abdellatif Ouahbi, el ministro de Justicia de Marruecos, acaba de recordarnos desde Estambul que Ceuta y Melilla no son un recuerdo olvidado, sino un plato que sigue sobre la mesa, calentándose a fuego lento. La jugada es maestra: dos semanas después de un asalto masivo a Ceuta, Rabat sale a decir que tiene 'paciencia', una palabra que en lenguaje político suele significar 'no tengo prisa porque sé que el tiempo juega a mi favor'. Es como aquel primo que te pide prestado el coche y te dice que 'eventualmente' te lo devolverá, pero mientras tanto, se siente el dueño del asiento del conductor. Ouahbi, en una entrevista con Asharq News, ha desplegado el manual completo del cinismo institucional. Por un lado, jura y perjura que no usa la inmigración como herramienta de presión —como quien niega que el mando de la tele esté escondido bajo el sofá mientras el otro lo busca desesperado—, pero acto seguido lanza un dardo envenenado a Madrid. Acusa a España de regalar permisos de residencia a los inmigrantes, convirtiendo la frontera en una especie de puerta giratoria donde Marruecos pone el muro y España, supuestamente, pone la alfombra roja. El contraste es delirante. Mientras Rabat se llena la boca hablando de 'diálogo' y 'valores islámicos' para exigir que los menores regresen a su tierra, admite que Europa vacía sus universidades de médicos e ingenieros mediante una 'selectividad' económica que les conviene. Básicamente, nos dicen que no quieren ser nuestra policía, pero que tampoco quieren que nos llevemos el talento que ellos pagan. Una negociación donde Marruecos pide las llaves de la casa, pero se queja de que no limpiamos el pasillo.
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