Crítica:
La noticia es un ejercicio de transparencia presupuestaria, pero el título original es demasiado tibio. Le falta subrayar la contradicción legal entre el gasto y la Ley 29/2005.
El Gobierno de Sánchez gasta 8 millones en propaganda para «dar a conocer mejoras y nuevos avances en la Ad...
Sánchez gasta 8 millones en autopromoción
Otros artículos
Adiós a los 120: Europa nos frena
Bruselas ha decidido que el camino más corto hacia el paraíso de la seguridad vial pasa por pisar el freno. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) y la ONU han lanzado una propuesta que suena a castigo escolar: bajar el límite de las autopistas a 100 km/h en toda la Unión Europea. El argumento es el de siempre, el del miedo. Nos venden que reducir solo 1 km/h la velocidad media salvaría a 2.200 personas al año, mientras que subir 10 km/h dispara el riesgo de acabar en una noticia policial en un 220 %. Para los burócratas, que en 2025 murieron 19.500 personas y otras 100.000 quedaron heridas de gravedad, la solución no es mejorar la formación del conductor, sino recortar la velocidad como quien recorta el presupuesto de una fiesta. Es la lógica del 'parche': si no sabemos conducir, que vayamos más lento. Mientras tanto, los Países Bajos ya han abrazado este ritmo de paseo, pero el resto de Europa mira con escepticismo. La paradoja tiene nombre y apellido: Alemania. El país de la ingeniería y la Autobahn, donde en algunos tramos el límite es el sentido común y la potencia del motor, presume de una de las tasas de mortalidad más bajas del continente. Es el equivalente a decir que puedes comer dulces si sabes cómo digerirlos, mientras que en España nos quieren poner a dieta forzada. En casa, la DGT sigue jugando al gato y al ratón. En agosto, la Guardia Civil montó 3.466 puntos de control y chequeó más de un millón de coches, cazando a 69.231 conductores que decidieron que el límite de 120 km/h era más una sugerencia que una ley. Al final, pasaremos de los 120 km/h españoles o los 140 km/h polacos a un ritmo uniforme europeo que hará que los viajes largos se sientan como una cola en el supermercado un sábado por la tarde.
Calabozos de Ceuta: Ruinas y cerrojos rotos
Gestionar la frontera de Ceuta se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo sobre escombros. Mientras el Gobierno presume de control migratorio, el puesto fronterizo de El Tarajal parece más el decorado de una película de terror que una instalación de seguridad nacional. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha dejado que los calabozos se conviertan en ruinas, transformando la custodia de inmigrantes en una lotería de riesgos. La cronología es un monumento a la desidia: una inspección en 2023 ya gritaba que el área estaba 'inutilizada parcialmente'. En 2024, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta volvió a enviar un oficio, básicamente un 'socorro' administrativo. Pero en el despacho central, el reloj corre a ritmo de siesta. Las obras no arrancaron hasta abril de este año, con un plazo de 10 meses que parecen una eternidad cuando tienes a 90.000 inmigrantes cruzando el espigón el pasado 30 de julio. Traducido al lenguaje de la calle: tenemos una frontera que es un colador y unas celdas que son un chiste. Hablamos de instalaciones donde los detenidos podían manipular los cerrojos desde dentro —como quien abre una puerta mal ajustada en casa— y donde la videovigilancia era un mito urbano. Sin interfonos ni micrófonos, la seguridad dependía más de la buena voluntad que de la técnica. Para rematar la faena, el SUP, a través de Ismael Derdabi Montegordo, advierte que la ciudad está saturada. Mientras Interior se toma su tiempo con el hormigón, la Jefatura de Policía de Ceuta hace malabares con el espacio, intentando encajar en un vaso de agua a miles de personas foráneas. Una gestión brillante: dejar que la infraestructura se caiga a trozos justo cuando el flujo migratorio revienta las costuras del enclave.
Dana: 25 millones y solo un 6%
Hay una diferencia abismal entre el lenguaje de los boletines oficiales y la realidad de quien no tiene techo. El Gobierno, en un despliegue de generosidad administrativa, aprobó el Real Decreto-ley 7/2024 el 11 de noviembre para inyectar 25 millones de euros destinados a comprar viviendas para los damnificados de la dana en Valencia. Una cifra que suena a solución definitiva, pero que en la práctica ha tenido la agilidad de un caracol con artritis. Al cierre de 2025, las cuentas de CASA 47 (la entidad que nació del antiguo Sepes mientras cambiaba de nombre y estatutos el 10 de diciembre de 2025) revelan que solo se han ejecutado 1,516 millones de euros. Traducido al lenguaje de la calle: han gastado el 6,1% del presupuesto. Mientras las familias esperaban un techo, la administración se dedicó a hacer compras quirúrgicas: una casa en Catarroja por 61.320 euros, otra en Sot de Chera por 41.700 euros y un par de inmuebles en Sollana por 81.270 y 74.920 euros. El resto del dinero, unos 23,4 millones, descansa plácidamente en una cuenta bancaria, como quien guarda el cambio en un cajón mientras la casa se quema. La ironía alcanza niveles artísticos cuando vemos que se gastaron 11.620 euros en mobiliario, probablemente para que las pocas casas compradas no parecieran museos del vacío. Y por si fuera poco, el Tesoro Público juega al escondite con los 30 millones de euros en donaciones ciudadanas. Hacienda solo ha dado detalles de un tercio; los otros 20 millones son un misterio contable que no aparece en ningún desglose público. El Estado ha demostrado que es experto en aprobar decretos urgentes, pero un desastre gestionando la urgencia.
Vacunas en Ceuta: solidaridad o parche urgente
Gestionar la salud pública en España es, a veces, como intentar organizar una mudanza en medio de un huracán mientras discutes quién ha pagado el camión. El Ministerio de Sanidad, bajo el mando de Mónica García, ha convocado para el lunes 24 de agosto a las comunidades autónomas con un único punto en la agenda: el 'Mecanismo de solidaridad para vacunas'. Traducción para el ciudadano de a pie: Ceuta está desbordada y ahora toca pedir limosna de dosis a las regiones para cubrir a los inmigrantes que saltaron la valla desde el 30 de julio, un flujo que ya alcanzó las 80.000 personas. La lista de la compra sanitaria es larga: triple vírica, varicela, polio, tétanos y difteria. Mientras tanto, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y presidente del Ingesa, prepara las maletas para visitar la ciudad autónoma y evaluar el impacto en el Hospital Universitario y la Atención Primaria. Es la clásica visita de 'estudio de campo' que llega ocho días después de que la ministra García aterrizara allí y, al volver a Madrid, decidiera que el Gobierno local no había sido 'lo suficientemente ágil'. El contraste es delicioso. Mónica García tilda de 'xenofobia' cualquier preocupación por el sobrecoste o la saturación del sistema, como si el presupuesto público fuera un pozo sin fondo y no una cuenta corriente que ya está en números rojos. Por su parte, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, no se ha quedado callado, recordando que nadie da lecciones de solidaridad a quien tiene el agua al cuello. Al final, entre el juego de culpas y la retórica del Congreso, lo único cierto es que las vacunas no llegan por decreto, sino por una solidaridad convocada de urgencia cuando el incendio ya es visible desde el satélite.
Rodalies: el hijo mimado de ADIF
Hablemos de matemáticas para optimistas. Mientras el ciudadano medio mira su cuenta bancaria y siente que el dinero se evapora antes de llegar al día diez, ADIF ha decidido que el mantenimiento de las vías tiene un favorito claro. Para 2026, la red de Rodalies se llevará 333,8 millones de euros. Para que nos entendamos: es el 44% de un pastel total de 760,2 millones. Casi la mitad de la tarta para un solo jugador. No es un descuido, es el resultado de aquel pacto de noviembre de 2023 entre el PSOE y ERC, donde se acordó doblar la inversión hasta 2030 y montar la empresa mixta Rodalies de Cataluña. Una especie de 'tarjeta gold' presupuestaria mientras el resto de España se conforma con el saldo mínimo. Si miramos el retrovisor de 2025, la historia se repite con un volumen más gordo. De los 1.428 millones invertidos, 574,8 millones (un 40,2%) aterrizaron en Cataluña, a pesar de que el servicio tiene más averías que un coche de desguace. Mientras tanto, Madrid y la Comunidad Valenciana se pelean las migajas del segundo puesto. En 2026, Valencia captará 143,7 millones (18,9%) y Madrid 141,7 millones (18,6%). Una diferencia ridícula que demuestra que, en la jerarquía del raíl, hay ciudadanos de primera y pasajeros de segunda. El verdadero drama ocurre en el mapa del olvido. Cantabria, País Vasco y Asturias se reparten porcentajes que parecen errores de redondeo (6%, 4,5% y 4,4% respectivamente). Y luego está Andalucía, que cierra la tabla con 27,3 millones en 2026 (un 3,6%), una cifra que apenas sube respecto a los 24,7 millones de 2025. En total, entre 2025 y mediados de 2026, ADIF ha soltado 2.189 millones de euros, pero el mapa es claro: el dinero fluye hacia donde el pacto político manda, dejando al resto del país esperando en un andén vacío.
Seguridad Social: 'No sabemos quién cobra'
Gestionar el dinero público en este país es como llevar la contabilidad de una casa donde nadie sabe quién se ha gastado el presupuesto de la compra. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo el mando de Elma Saiz, ha soltado una perla digna de manual: no tienen ni idea de cuántos jóvenes de entre 23 y 29 años cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) mientras siguen durmiendo en la habitación de sus padres. Cuando THE OBJECTIVE preguntó por el desglose de estos beneficiarios y la evolución de los pagos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aplicó el clásico 'no me busques que no me encuentres'. Básicamente, dicen que sacar esos datos requeriría un esfuerzo informático y humano que no pueden asumir. Traducido al lenguaje de la calle: tienen la información ahí, pero les da una pereza monumental cruzar los archivos porque no quieren que el agujero contable o la anomalía social quede expuesta con nombres y apellidos. Es fascinante. Mientras que en julio el IMV movió una cifra astronómica de 473,3 millones de euros, repartidos en una media de 504,5 euros por hogar para 879.225 unidades de convivencia (donde viven 2.682.646 personas), la Administración se vuelve ciega cuando hay que analizar el detalle. Nos dicen que el 53,4% de los beneficiarios son mujeres y que hay 1.089.965 niños y adolescentes protegidos, pero que saber si un chico de 25 años cobra una ayuda independiente viviendo con sus padres es 'inasumible'. La ley dice que, salvo casos de violencia de género o desahucios, el hijo no puede cobrar un IMV aparte si los padres ya lo hacen. Pero en el limbo administrativo, donde el software es prehistórico y la transparencia es un concepto sugerido, parece que hay espacio para el misterio. No es falta de datos, es falta de ganas de mirar el espejo.
Visados a la carta: el negocio de BLS
Hay quien dice que el servicio público es una vocación; otros, como el canciller Vicente Moreno, prefieren tratarlo como una franquicia personal de alta rentabilidad. En el Consulado de Argel, la diplomacia no consistía en estrechar manos, sino en contar billetes. Mientras el ciudadano honesto esperaba una cita que nunca llegaba —como quien espera que el autobús pase puntual un lunes por la mañana—, una estructura criminal operaba un sistema de 'fast-track' donde el requisito no era el pasaporte, sino el fajo de euros. El precio de saltarse la cola era un sablazo de hasta 25.000 euros por familia, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Para que el negocio rodara, hacía falta un portero que decidiera quién entraba y quién no. Ahí entra BLS, la empresa india que el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la mirada de José Manuel Albares, contrató en 2016 por unos jugosos 175 millones de euros. Resulta curioso que Exteriores eligiera a una compañía ya salpicada por escándalos en India y EE. UU., pero supongo que en el mundo de las adjudicaciones, el currículum es lo de menos si el sello es el correcto. La ingeniería financiera era de manual: el efectivo se recogía en la calle y se blanqueaba en España comprando coches, transformando sobornos en chapa y motor. La jueza María Tardón ya ha puesto el ojo en Moreno, en el trabajador local Mohamed Boutouchent y hasta en la mujer del canciller. Lo más surrealista es el 'castigo' de Moreno: tras quedar libre, Exteriores lo ha recolocado en la subdirección general de Asuntos Patrimoniales. Básicamente, lo han pasado al rincón de los castigados, donde gestionan 500 edificios con un presupuesto congelado de 13,5 millones de euros. Un movimiento maestro: el zorro ahora cuida la gallinera de los inmuebles.
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