La noticia es un festín de hipocresía administrativa, aunque omite deliberadamente quién está pagando el IBI o los costes de mantenimiento mientras el edificio permanece cerrado. El contraste entre la 'urgencia' del decreto y el uso nulo del inmueble es la verdadera joya del texto.
Hay una coreografía política que ya conocemos: el socio menor grita, el mayor ignora y el ciudadano paga la entrada. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, ha salido a la arena este lunes con un discurso que suena a gloria en el mitin, pero que en el supermercado es pura ciencia ficción. Mientras la inflación de agosto se clavó en un 4,3% interanual, Fernández acusa al Gobierno de una «sangrante inacción», como si Pedro Sánchez estuviera todavía tostándose en una hamaca mientras el país intenta descifrar cómo pagar la compra sin pedir un préstamo personal. La propuesta es directa: poner un tope a los alimentos de la cesta básica y meterle un sablazo del 30% a los beneficios de las energéticas. Porque claro, según la narrativa morada, mientras el ciudadano promedio mide los minutos del aire acondicionado para que no le llegue una factura que parezca el PIB de un pequeño país, el oligopolio energético y las petroleras están nadando en billetes. El dato que dinamita la calma es el repunte de los productos energéticos, que escalaron un 17% en agosto, superando por siete puntos la cifra de julio. Intervenir el mercado suena muy valiente en rueda de prensa, pero en la práctica es como intentar tapar una presa con chicle. Podemos pide que los supermercados y las eléctricas asuman el golpe porque tienen beneficios desorbitados, pero Fernández cierra la crónica con un giro melancólico: admite que «ya no tenemos ninguna esperanza» de que el Ejecutivo actúe. Es la paradoja perfecta: proponer la cura sabiendo que el paciente no quiere tomar la medicina, mientras el resto seguimos viendo cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo.
Hay una diferencia abismal entre 'no tener nada que ocultar' y pedirle a un juez que cierre las persianas y apague la luz. El PSOE, en un giro de guion digno de Oscar, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz que limite el acceso a sus cuentas bancarias exclusivamente a la Fiscalía. Básicamente, quieren que el análisis de sus finanzas sea como una cena privada en un club exclusivo donde no entra nadie que no tenga invitación VIP, evitando que la opinión pública se entere de qué se mueve por sus extractos. La trama es deliciosa en su complejidad. Pedraz ha puesto el ojo en 81 cuentas, algunas de ellas vinculadas al partido, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Se sospecha que montaron una especie de 'servicio de limpieza' judicial para boicotear causas incómodas. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para pagar el alquiler, aquí hablamos de que Santos Cerdán podría haber usado la caja del partido para financiar este operativo, habiendo fluido al menos 43.225 euros hacia Leire Díez a través de intermediarios. Es como si alguien usara la cuenta de ahorros comunitaria para pagarle a un gestor que haga desaparecer las multas de tráfico de los jefes. Lo más fascinante es la retórica: el PSOE pide 'expurgar' los datos no relacionados para proteger la intimidad de terceros. Pero luego, en un alarde de generosidad narrativa, sugieren que algunas cuentas podrían haber sido usadas 'ilegítimamente' para gastos ajenos a sus fines estatutarios. Traducción: 'si encuentran algo raro, fue un empleado rebelde o alguien que se saltó el protocolo, pero nosotros somos transparentes'. Una transparencia que, curiosamente, pide que el juez limite quién puede mirar los papeles.
Pedro Sánchez ha decidido jugar al detective geopolítico en la Cadena Ser el pasado lunes, lanzando una bomba que, más que un análisis, parecía un reparto de culpas en una cena familiar incómoda. El presidente exoneró a Marruecos —con una delicadeza que ya quisiera cualquier diplomático en prácticas— y puso el dedo en el renglón de Moscú, Israel y la 'internacional ultraderechista' como los arquitectos de la crisis migratoria en Ceuta. Una jugada arriesgada, porque en el tablero internacional, señalar sin mostrar las cartas es como intentar cobrar una factura sin haber emitido la factura primero. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar y ha llegado este martes 1 de septiembre de 2026 con la frialdad de un congelador industrial. María Zajárova, la portavoz de Exteriores rusa, ha salido al paso en una rueda de prensa recogida por Interfax para pedir, básicamente, que Madrid deje de hablar y empiece a demostrar. Con una ironía que corta el aire, Zajárova ha dejado claro que sin cifras, fechas y nombres, las acusaciones de Sánchez no son más que ruido. Para Moscú, esto no es diplomacia, es una extensión de los 'Diálogos sobre bulos 4.0'. Lo fascinante es el contraste: mientras el Gobierno español corre a los micrófonos para repartir etiquetas, Rusia le recuerda que existen canales oficiales, la Embajada en Madrid o la ONU, para denunciar ciberataques. Al final, nos encontramos con el eterno dilema de la política moderna: lanzar el dardo primero y ver dónde cae, esperando que el ruido mediático sustituya a la prueba pericial. Sánchez ha tirado la piedra, pero el Kremlin le ha pedido que, por favor, enseñe la piedra antes de que alguien salga herido en el proceso.
España tiene un agujero en el asfalto que no es solo físico, sino financiero. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pavor, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la DGT nos recuerdan que el déficit de inversión en nuestras vías es de 13.000 millones de euros. Un sablazo monumental. Para intentar poner un parche, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en junio un plan de 1.006 millones de euros (sin IVA) repartidos en 29 lotes para mimar 3.670 kilómetros de carretera en 20 provincias. Parecía que, por una vez, el asfalto dejaría de parecer queso gruyere. Pero claro, en el juego de las licitaciones, el hambre de las constructoras es más fuerte que la urgencia del bache. Acex, la patronal del sector, ha dinamitado el plan interponiendo un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). ¿El motivo? Que el Gobierno quería hacer una 'subasta encubierta' donde el precio era el único rey, dejando la calidad en el banquillo. A esto se sumaron sindicatos preocupados por la subrogación de trabajadores en las autopistas de peaje. Resultado: el Ministerio, en lugar de pelear, ha preferido tirar la toalla y paralizar el proyecto. Ahora tenemos 1.000 millones en el aire y una gestión logística que es un auténtico incendio. El Estado debe asumir 1.000 kilómetros más en 2027 por la liberalización de los 'peajes en sombra' y tiene contratos que expiran a final de año, como el de la AP-68. La solución propuesta es el 'contrato de emergencia' o alargar los actuales seis meses. Básicamente, seguir poniendo tiritas en una fractura expuesta mientras Acex insiste en que necesitamos 5.000 millones anuales para no conducir sobre un campo de minas. Una gestión ejemplar.
En la administración pública, el 'no me llegó el correo' es el equivalente moderno al 'el perro se comió mis deberes', pero con la diferencia de que aquí el perro es un organismo autonómico extinguido y los deberes son el futuro educativo de miles de chavales. La Generalitat ha jugado a las escondidas con los datos del Informe PISA, y el resultado es un desastre administrativo que hace que cualquier gestión de comunidad de vecinos parezca la NASA. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, en los despachos de Educación se ignoraron siete avisos del Ministerio entre abril y mayo del año pasado. Siete. No fue un despiste, fue una coreografía de la sordera. El dato es demoledor: un 23,2% de los alumnos seleccionados en 2025 quedaron fuera de las pruebas. Para que nos entendamos, la OCDE recomienda un máximo del 5%. Es como si en un examen de conducir dejaran fuera a casi una cuarta parte de la clase porque 'no sabían leer las señales' y luego pretendieran decir que el resto conduce perfectamente. La consejera Esther Niubó admite que el INEE alertó repetidamente sobre esta exclusión masiva por motivos cognitivos o lingüísticos, pero las notificaciones se quedaron atrapadas en un limbo burocrático, en el ahora desaparecido Consejo Superior de Evaluación. La respuesta institucional ha sido la clásica: abrir expedientes y mover los muebles. Tres trabajadores, entre ellos un alto cargo, están en el punto de mira por 'errores de interpretación', que es la forma elegante de decir que alguien durmió la siesta mientras el barco se hundía. Y aunque Niubó jura que no tiene nada que ver, su secretaria general, Teresa Sambola, ha volado del cargo. Para sustituirla llega Marta Clari, rescatada del Ayuntamiento de Barcelona. Al final, el 8 de septiembre se publicarán los datos, pero los de Cataluña tienen el valor de una promesa de político en campaña: nulo.
Hay una ironía casi poética en el despliegue de seguridad en Ceuta. Imagínese usted que su casa se está inundando, el agua llega al cuello y, justo cuando llega el fontanero con el equipo de emergencia, este decide que lo más urgente es colocar una alfombra roja y escoltar al dueño de la empresa de fontanería para que no se moje los zapatos. Eso es, básicamente, lo que ha pasado en la ciudad autónoma. El 31 de julio, mientras 80.000 migrantes hacían que una ciudad de 83.000 habitantes pareciera un concierto de rock sin control, el Ministerio del Interior envió un primer retén de 18 antidisturbios. Pero no se equivoquen: no fueron a poner orden en el caos, sino a montar el 'cortapisos' para que Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska pasearan tranquilos. La desfachatez institucional alcanzó su pico el 17 de agosto. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, aterrizó y, en lugar de gestionar la crisis, le pidió al alcalde Juan Jesús Vivas que le pusiera más policías de Ayuntamiento a sus escoltas. Vivas, que probablemente estaba intentando averiguar cómo evitar que la ciudad colapsara, le soltó un 'no' rotundo. ¿Cómo voy a darte más seguridad a ti, que ya vienes blindada, si mis vecinos están encerrados en casa por miedo? Pero el surrealismo no termina ahí. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que Ángel Víctor Torres, el mando único, se pasea con un coche 'zeta' de patrulla como si fuera un accesorio de lujo, mientras los agentes escuchan por radio que sus compañeros necesitan ayuda y no hay coches libres. En total, 26 cargos públicos —incluyendo a Margarita Robles, Sira Rego y Mónica García— han usado la policía local como servicio de chóferes VIP. Mientras el Ministerio del Interior dice que 'todo está cubierto', los policías de Jupol y el SUP se suben por las paredes. Es la gestión de siempre: el ciudadano paga la factura del caos, mientras el VIP viaja en primera clase con escolta pagada con el dinero de todos.
El Gobierno juega a los números mágicos. Presumen de que el 90% de los que saltaron la valla del Tarajal el pasado 30 de julio regresaron a Marruecos, pero la realidad es que el resto del proceso tiene el ritmo de una tortuga con asma. Mientras Moncloa intenta vender una gestión impecable, la maquinaria administrativa se ha quedado congelada. El motivo es tan humano como cínico: el miedo. Los funcionarios han decidido que no van a firmar ni un papel que se salga un milímetro de la norma porque nadie quiere acabar como Salvadora Mateos o Mabel Deu. Aquella sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en 2025, que les encajó nueve años de inhabilitación por prevaricación tras devolver 55 menores en 2021, ha dejado un trauma colectivo en los despachos. Ahora, el 'cumplir el libro' es la religión oficial para evitar que el juez les toque la cartera o la carrera. El resultado es un goteo ridículo. De los 1.200 inmigrantes que siguen en Ceuta, esta semana pretenden enviar a unos 25 menores; quizás lleguen a 35 si alguien se siente generoso. Estamos hablando de un 2% del total. Es como intentar vaciar una piscina con una cuchara de café mientras el vecino te dice que no hay problema. Para maquillar la cifra, sacan a relucir que han expulsado a 200 adultos por la vía extraordinaria debido a delitos menores, pero el embudo burocrático es real y asfixiante. Para rematar la faena, la ministra Sira Rego ha soltado que Marruecos retiene 600 expedientes de menores previos al 30 de julio. El Gobierno, en un ejercicio de optimismo casi poético, insiste en que el vecino colabora y que el retraso es 'nuestro' por ser demasiado garantistas. En resumen: el Estado tiene el coche encendido, Marruecos dice que tiene la puerta abierta, pero el funcionario que tiene la llave no quiere girarla por miedo a que el coche explote en su cara.
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