Crítica:
La noticia es un ejercicio de equilibrismo donde el partido niega y admite sospechas en el mismo párrafo. El texto original es demasiado respetuoso con la contradicción flagrante de pedir secretismo mientras predican transparencia.
El PSOE pide al juez del ‘caso Leire’ que solo la Fiscalía acceda al análisis de sus cuentas
PSOE pide 'cortina de humo' bancaria
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Lujo sin agua: el 'regalo' seco del PNV
Hay regalos de Navidad que vienen con truco, y el palacete de la avenida Marceau, 11, es el ejemplo perfecto de cómo pasar del lujo absoluto al grifo seco en tiempo récord. Pedro Sánchez, en un alarde de generosidad navideña el 24 de diciembre de 2024, le entregó al PNV un edificio de 1.309 metros cuadrados en pleno corazón de París. Un detalle exquisito para Aitor Esteban y los suyos, que llevaban décadas insistiendo en que el inmueble era suyo, a pesar de que el Tribunal Supremo y los jueces franceses ya les habían dicho que, básicamente, no tenían ni un papel que lo demostrara. La jugada fue maestra en su opacidad. Para evitar el ruido, el Gobierno coló el traspaso en el Real Decreto-Ley 9/2024, un 'decreto ómnibus' donde mezclaron medidas de Seguridad Social y vulnerabilidad económica con el regalo de un palacio. Una especie de 'compra el pack de ayudas sociales y llévate un inmueble en París gratis'. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática terminó admitiendo que no había ni un solo informe técnico o jurídico que avalara la cesión. Se basaron en la 'vinculación histórica', una frase comodín que sirve para saltarse cualquier manual de administración pública. Pero claro, el lujo no incluye el mantenimiento si no sabes pagar la factura. Eau de Paris, la empresa pública del agua, ha cortado el suministro por irregularidades administrativas. Resulta que cambiar el dueño de un edificio no es como cambiar la contraseña del Wi-Fi; requiere papeleo, contratos y, sobre todo, que alguien se haga cargo de la cuenta. Mientras el PNV se limitó a usar el edificio en septiembre de 2025 para colgar la ikurriña, hacerse la foto y volver a cerrar la puerta con llave, el Ayuntamiento de París decidió que, sin contrato en regla, no hay gota de agua. Un palacete monumental, una cesión sin papeles y ahora, un baño que no tira de la cadena. Poesía administrativa pura.
Sánchez acusa a Rusia y Moscú responde
Pedro Sánchez ha decidido jugar al detective geopolítico en la Cadena Ser el pasado lunes, lanzando una bomba que, más que un análisis, parecía un reparto de culpas en una cena familiar incómoda. El presidente exoneró a Marruecos —con una delicadeza que ya quisiera cualquier diplomático en prácticas— y puso el dedo en el renglón de Moscú, Israel y la 'internacional ultraderechista' como los arquitectos de la crisis migratoria en Ceuta. Una jugada arriesgada, porque en el tablero internacional, señalar sin mostrar las cartas es como intentar cobrar una factura sin haber emitido la factura primero. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar y ha llegado este martes 1 de septiembre de 2026 con la frialdad de un congelador industrial. María Zajárova, la portavoz de Exteriores rusa, ha salido al paso en una rueda de prensa recogida por Interfax para pedir, básicamente, que Madrid deje de hablar y empiece a demostrar. Con una ironía que corta el aire, Zajárova ha dejado claro que sin cifras, fechas y nombres, las acusaciones de Sánchez no son más que ruido. Para Moscú, esto no es diplomacia, es una extensión de los 'Diálogos sobre bulos 4.0'. Lo fascinante es el contraste: mientras el Gobierno español corre a los micrófonos para repartir etiquetas, Rusia le recuerda que existen canales oficiales, la Embajada en Madrid o la ONU, para denunciar ciberataques. Al final, nos encontramos con el eterno dilema de la política moderna: lanzar el dardo primero y ver dónde cae, esperando que el ruido mediático sustituya a la prueba pericial. Sánchez ha tirado la piedra, pero el Kremlin le ha pedido que, por favor, enseñe la piedra antes de que alguien salga herido en el proceso.
Carreteras: el plan millonario que acabó en bache
España tiene un agujero en el asfalto que no es solo físico, sino financiero. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pavor, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la DGT nos recuerdan que el déficit de inversión en nuestras vías es de 13.000 millones de euros. Un sablazo monumental. Para intentar poner un parche, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en junio un plan de 1.006 millones de euros (sin IVA) repartidos en 29 lotes para mimar 3.670 kilómetros de carretera en 20 provincias. Parecía que, por una vez, el asfalto dejaría de parecer queso gruyere. Pero claro, en el juego de las licitaciones, el hambre de las constructoras es más fuerte que la urgencia del bache. Acex, la patronal del sector, ha dinamitado el plan interponiendo un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). ¿El motivo? Que el Gobierno quería hacer una 'subasta encubierta' donde el precio era el único rey, dejando la calidad en el banquillo. A esto se sumaron sindicatos preocupados por la subrogación de trabajadores en las autopistas de peaje. Resultado: el Ministerio, en lugar de pelear, ha preferido tirar la toalla y paralizar el proyecto. Ahora tenemos 1.000 millones en el aire y una gestión logística que es un auténtico incendio. El Estado debe asumir 1.000 kilómetros más en 2027 por la liberalización de los 'peajes en sombra' y tiene contratos que expiran a final de año, como el de la AP-68. La solución propuesta es el 'contrato de emergencia' o alargar los actuales seis meses. Básicamente, seguir poniendo tiritas en una fractura expuesta mientras Acex insiste en que necesitamos 5.000 millones anuales para no conducir sobre un campo de minas. Una gestión ejemplar.
PISA en Cataluña: el arte de ignorar
En la administración pública, el 'no me llegó el correo' es el equivalente moderno al 'el perro se comió mis deberes', pero con la diferencia de que aquí el perro es un organismo autonómico extinguido y los deberes son el futuro educativo de miles de chavales. La Generalitat ha jugado a las escondidas con los datos del Informe PISA, y el resultado es un desastre administrativo que hace que cualquier gestión de comunidad de vecinos parezca la NASA. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, en los despachos de Educación se ignoraron siete avisos del Ministerio entre abril y mayo del año pasado. Siete. No fue un despiste, fue una coreografía de la sordera. El dato es demoledor: un 23,2% de los alumnos seleccionados en 2025 quedaron fuera de las pruebas. Para que nos entendamos, la OCDE recomienda un máximo del 5%. Es como si en un examen de conducir dejaran fuera a casi una cuarta parte de la clase porque 'no sabían leer las señales' y luego pretendieran decir que el resto conduce perfectamente. La consejera Esther Niubó admite que el INEE alertó repetidamente sobre esta exclusión masiva por motivos cognitivos o lingüísticos, pero las notificaciones se quedaron atrapadas en un limbo burocrático, en el ahora desaparecido Consejo Superior de Evaluación. La respuesta institucional ha sido la clásica: abrir expedientes y mover los muebles. Tres trabajadores, entre ellos un alto cargo, están en el punto de mira por 'errores de interpretación', que es la forma elegante de decir que alguien durmió la siesta mientras el barco se hundía. Y aunque Niubó jura que no tiene nada que ver, su secretaria general, Teresa Sambola, ha volado del cargo. Para sustituirla llega Marta Clari, rescatada del Ayuntamiento de Barcelona. Al final, el 8 de septiembre se publicarán los datos, pero los de Cataluña tienen el valor de una promesa de político en campaña: nulo.
VIPs blindados mientras Ceuta arde
Hay una ironía casi poética en el despliegue de seguridad en Ceuta. Imagínese usted que su casa se está inundando, el agua llega al cuello y, justo cuando llega el fontanero con el equipo de emergencia, este decide que lo más urgente es colocar una alfombra roja y escoltar al dueño de la empresa de fontanería para que no se moje los zapatos. Eso es, básicamente, lo que ha pasado en la ciudad autónoma. El 31 de julio, mientras 80.000 migrantes hacían que una ciudad de 83.000 habitantes pareciera un concierto de rock sin control, el Ministerio del Interior envió un primer retén de 18 antidisturbios. Pero no se equivoquen: no fueron a poner orden en el caos, sino a montar el 'cortapisos' para que Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska pasearan tranquilos. La desfachatez institucional alcanzó su pico el 17 de agosto. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, aterrizó y, en lugar de gestionar la crisis, le pidió al alcalde Juan Jesús Vivas que le pusiera más policías de Ayuntamiento a sus escoltas. Vivas, que probablemente estaba intentando averiguar cómo evitar que la ciudad colapsara, le soltó un 'no' rotundo. ¿Cómo voy a darte más seguridad a ti, que ya vienes blindada, si mis vecinos están encerrados en casa por miedo? Pero el surrealismo no termina ahí. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que Ángel Víctor Torres, el mando único, se pasea con un coche 'zeta' de patrulla como si fuera un accesorio de lujo, mientras los agentes escuchan por radio que sus compañeros necesitan ayuda y no hay coches libres. En total, 26 cargos públicos —incluyendo a Margarita Robles, Sira Rego y Mónica García— han usado la policía local como servicio de chóferes VIP. Mientras el Ministerio del Interior dice que 'todo está cubierto', los policías de Jupol y el SUP se suben por las paredes. Es la gestión de siempre: el ciudadano paga la factura del caos, mientras el VIP viaja en primera clase con escolta pagada con el dinero de todos.
Ceuta: Burocracia paralizada por miedo al juez
El Gobierno juega a los números mágicos. Presumen de que el 90% de los que saltaron la valla del Tarajal el pasado 30 de julio regresaron a Marruecos, pero la realidad es que el resto del proceso tiene el ritmo de una tortuga con asma. Mientras Moncloa intenta vender una gestión impecable, la maquinaria administrativa se ha quedado congelada. El motivo es tan humano como cínico: el miedo. Los funcionarios han decidido que no van a firmar ni un papel que se salga un milímetro de la norma porque nadie quiere acabar como Salvadora Mateos o Mabel Deu. Aquella sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en 2025, que les encajó nueve años de inhabilitación por prevaricación tras devolver 55 menores en 2021, ha dejado un trauma colectivo en los despachos. Ahora, el 'cumplir el libro' es la religión oficial para evitar que el juez les toque la cartera o la carrera. El resultado es un goteo ridículo. De los 1.200 inmigrantes que siguen en Ceuta, esta semana pretenden enviar a unos 25 menores; quizás lleguen a 35 si alguien se siente generoso. Estamos hablando de un 2% del total. Es como intentar vaciar una piscina con una cuchara de café mientras el vecino te dice que no hay problema. Para maquillar la cifra, sacan a relucir que han expulsado a 200 adultos por la vía extraordinaria debido a delitos menores, pero el embudo burocrático es real y asfixiante. Para rematar la faena, la ministra Sira Rego ha soltado que Marruecos retiene 600 expedientes de menores previos al 30 de julio. El Gobierno, en un ejercicio de optimismo casi poético, insiste en que el vecino colabora y que el retraso es 'nuestro' por ser demasiado garantistas. En resumen: el Estado tiene el coche encendido, Marruecos dice que tiene la puerta abierta, pero el funcionario que tiene la llave no quiere girarla por miedo a que el coche explote en su cara.
Kétchup comunitario: el nuevo lujo sostenible
Bruselas ha decidido que salvar el planeta es más urgente que evitar que el cliente de la mesa cuatro se deje un moco en la boquilla del kétchup. A partir de 2030, el nuevo Reglamento europeo fulminará las monodosis de mayonesa, mostaza, azúcar o leche en la hostelería. Sí, esas bolsitas que eran el búnker sanitario de nuestra comida y que ahora pasan a ser 'enemigas del clima'. La lógica es tan circular que marea: pasamos de prohibir las aceiteras rellenables hace una década por pura desconfianza higiénica a obligar a los restaurantes a volver al bote comunitario. Es como intentar ahorrar en la factura de la luz apagando la nevera; el ahorro es real, pero el resultado es que la comida se pudre. La alternativa será el dispensador o la botella que viaja de mesa en mesa, convirtiéndose en un autobús social de bacterias donde la economía circular se da la mano con la microbiología más salvaje. Lo más delirante es que el Reglamento admite que en hospitales, clínicas y residencias las monodosis son imprescindibles por seguridad sanitaria. O sea, que Bruselas cree que los virus son selectivos: atacan al cliente de la cafetería, pero respetan al paciente del hospital. Mientras tanto, la Comisión y la EFSA se tomarán su tiempo para publicar directrices, y para 2032 evaluarán si el experimento ha funcionado. Para entonces, habremos olvidado que existía la gloria de abrir un sobre de kétchup sabiendo que nadie, absolutamente nadie, había metido los dedos en él antes que nosotros. En 2013 rellenar un bote era sospechoso; en 2030 será 'sostenible'. La ciencia no ha avanzado, es que la prioridad política ha decidido que el plástico molesta más que una infección intestinal.
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