Crítica:
El texto original es una pieza de reporte estándar que evita señalar la obviedad: la complicidad institucional. Le sobra cortesía diplomática y le falta preguntar quién firmó los permisos de excavación en Castillejos.
Rabat esquiva la petición de la juez y se niega a dar datos de los narcotúnel
Rabat hace el vacío al narcotúnel
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Moncloa y Rabat: el grifo del chantaje
Gestionar la frontera con Marruecos es, hoy por hoy, como vivir en un piso compartido donde el dueño tiene la llave de la válvula del agua y te amenaza con cortártela si no le llevas la razón en todo. En Moncloa saben que el grifo es ajeno. Mientras Pedro Sánchez se hace el desentendido en público, preguntando con una inocencia casi conmovedora qué podría ganar Rabat con estas tácticas, en los pasillos del poder se admite la realidad cruda: si la relación con el reino alauí se tuerce, podríamos tener a 70.000 migrantes a la semana tocando la puerta de Ceuta. Un sablazo demográfico que dejaría cualquier presupuesto de seguridad como una propina insuficiente. La hipocresía es el plato fuerte. El presidente cerró filas con Rabat tras la avalancha de más de 72.000 personas los días 30 y 31 de julio, prefiriendo culpar a fantasmas de la 'internacional ultraderechista' o a agentes de Rusia e Israel antes que señalar al vecino. Es la danza del 'estamos muy bien' mientras el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad miran el radar con sudor frío, sabiendo que los ataques híbridos no han terminado. El balance final es un ejercicio de contabilidad creativa: de los que entraron, el 90% ya se ha ido, pero quedan 5.000 personas en Ceuta, entre ellas 1.200 menores no acompañados. Sánchez dice que nadie predijo el caos, aunque Interior y Defensa se hayan tirado los trastos a la cabeza sobre quién sabía qué. Ahora, la prioridad es que los padres en Marruecos pidan el regreso de sus hijos, porque devolverlos sin el visto bueno de Rabat sería como intentar cobrar una deuda a quien tiene la sartén por el mango. España controla su valla, sí, pero el mando a distancia lo tiene Mohamed VI.
Sánchez 'vacila' al Rey con Ceuta
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere tirar las piezas para ver qué ruido hacen al caer. Pedro Sánchez ha decidido que la crisis de Ceuta es el escenario perfecto para aplicarle un 'sablazo' reputacional a Felipe VI. La jugada es maestra en su cinismo: mientras el Gobierno mantenía la visita del Rey en el congelador —considerándola 'absolutamente imposible' para el 2 de septiembre—, el presidente ha decidido cambiar el relato. Ahora, en un giro de guion digno de telenovela, Sánchez se presenta como el impulsor del viaje, lanzando la pelota al tejado de Zarzuela con una elegancia que recuerda a quien te pide que pagues la cuenta después de haber pedido el menú más caro. El punto más delirante llega con las matemáticas. Sánchez soltó que el Monarca lleva '20 años' sin pisar las ciudades autónomas. Un dato que, si lo pasamos por el filtro de la realidad, es un chiste: Felipe VI fue proclamado en junio de 2014. Para que el presidente llegue a esa cifra, tendría que haber empezado a contar desde que el Rey llevaba el pañal. En realidad, se refería a la última visita de Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007, pero en la política de hoy, la precisión es un estorbo para la narrativa. Es una pelea desigual, un combate de boxeo donde el Rey tiene las manos atadas por la Constitución. Sánchez utiliza las conversaciones privadas como moneda de cambio pública, exponiendo al jefe del Estado mientras él se cuelga la medalla de ser el presidente que más ha visitado Ceuta y Melilla. Al final, el uso de la crisis migratoria y la tensión con Marruecos no son más que el decorado para una estrategia de desgaste. Moncloa ha descubierto que es mucho más fácil señalar la ausencia del Rey que gestionar la presencia de una crisis que no saben cerrar.
Vuelos de Ceuta: el sablazo sanitario
Hay una diferencia abismal entre el discurso de la salud pública y la factura que llega al final del mes. En Ceuta, el transporte sanitario aéreo ha pasado de ser un servicio eficiente a una especie de safari financiero. En 2014, cuando el INGESA estaba bajo el mando del PP y Fernando Pérez-Padilla llevaba el timón, el contrato con Inaer Helicópteros cerraba en 2,4 millones de euros. Una cifra razonable, casi modesty. Pero entonces llegó el relevo. Jesús Lopera, rescatado de la era Zapatero y colocado a dedo por el PSOE, decidió que el aire de Ceuta debía ser más caro. El resultado fue un salto acrobático: el contrato de 2018 se disparó a 11 millones de euros. Cinco veces más. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si el alquiler de tu piso pasara de 400 a 2.000 euros de la noche a la mañana sin que hayan puesto ni una sola baldosa nueva. Y lo más delirante no es el precio, sino a quién se le paga. La UTE Eliance-Hélity se llevó el gato al agua tras un baile de recursos ante el TACRC que dejó fuera a Babcock España. Pero aquí viene lo jugoso: el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (STLA) denunció que la empresa vendió el servicio con un catálogo de lujo pero entregó un producto 'low cost', omitiendo flotadores esenciales para volar sobre el mar. Seguridad sacrificada en el altar del beneficio económico. A esto sumemos quejas de médicos y enfermeros sobre turnos inhumanos y una plantilla reducida al mínimo. A pesar de todo este ruido, Mónica García y su Ministerio de Sanidad han decidido que en 2024 la mejor opción era renovar la confianza en Eliance-Hélity por 11,9 millones de euros. Mientras tanto, Lopera sigue siendo el 'comisario político' favorito, aquel que, en enero de 2021, decidió que su brazo era más urgente que el de los ancianos de las residencias o el de los sanitarios de primera línea para recibir la vacuna del Covid.
El 'alquiler' de Ceuta: el plan de Rabat
Hacer geopolítica con el Estrecho de Gibraltar es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones: alguien acaba rompiendo algo y el resultado nunca es el que prometía el catálogo. Rabat ha vuelto a sacar el libro de jugadas y la estrategia es tan vieja como el polvo de las alfombras de Marrakech. Primero, te lanzan un 'sablazo' migratorio —80.000 personas entrando en Ceuta en dos días— para recordarte que el grifo lo llevan ellos. Luego, con la tranquilidad de quien sabe que tiene la sartén por el mango, te venden la 'prosperidad compartida'. Suena a folleto turístico, pero en lenguaje de calle significa: 'te ayudo con la factura de la luz a cambio de que me des las llaves de la casa'. Mohamed VI no es un novato; solo está reciclando el 'pack premium' que su padre, Hassan II, intentó encasquetar a Felipe González en 1987. Aquella 'célula de reflexión' era el eufemismo perfecto para una transferencia de soberanía sin ruido. González dijo que no, Aznar en 1997 y 1998 también cerró la persiana advirtiendo que una vía militar sería una 'guerra perdida', pero el tiempo es un animal traicionero. Ahora, con el apoyo de Estados Unidos e Israel y el reciente acuerdo sobre el Peñón con el Reino Unido, Rabat juega a la 'soberanía compartida'. Es la técnica del goteo: primero el codesarrollo, luego un estatus especial tipo Andorra y, finalmente, que Ceuta y Melilla pasen a ser provincias del sur. Mientras Margarita Robles comparece en el Congreso y el PSOE mantiene un silencio sepulcral sobre el fondo del asunto, hay analistas como Fernando Cucho Pérez que ya ven el calendario marcado para 2030-2032. Básicamente, nos están proponiendo un alquiler con opción a compra donde nosotros ponemos el depósito y ellos se quedan la propiedad.
Sánchez regala fronteras por votos separatistas
El arte de hacer negocios mientras el barrio arde. Así es como Junts ha decidido jugar sus cartas en la crisis de Ceuta. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no parezca un atraco a mano armada, en los despachos de Madrid y Barcelona se reparten el mapa como si fuera una pizza. Miriam Nogueras, la voz de Puigdemont en el Congreso, ha desempolvado una promesa verbal de Pedro Sánchez: el traspaso de la política de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat. Un regalo envuelto en papel de seda que Sánchez ya había aceptado, pero que se quedó en el limbo porque Podemos, en un arranque de pureza moral, lo tachó de racista. La hipocresía es el combustible de esta maquinaria. Junts, que históricamente ha mirado con buenos ojos que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla, ahora se pone el traje de 'vigilante de la frontera' para no perder votos frente a Silvia Orriols y su Aliança Catalana. Es el clásico movimiento de quien quiere comer el pastel y quedarse con la receta: piden el control migratorio para decir que no quieren recibir a ningún menor de Ceuta, aunque Salvador Illa, desde la Generalitat, pase de ellos y siga abriendo las puertas. El contraste es sangrante. Mientras Canarias soporta el peso real con 5.800 menores no acompañados, Andalucía con 2.600, Madrid con 2.400 y Cataluña con 2.200, los políticos discuten si el preámbulo de una ley es lo suficientemente 'progresista' para que Belarra y Podemos den el visto bueno. Al final, la seguridad es el tabú que Junts intenta colar en el BOE, mientras el Gobierno de Sánchez hace malabares mediáticos para que nadie llame racista a sus socios, reservando ese adjetivo exclusivamente para el PP o Vox. Una ingeniería financiera de votos donde la moneda de cambio es la frontera.
Ceuta: jugar a la ruleta con el agua
Gestionar la seguridad nacional en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo ciego que roza la negligencia. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno ha decidido que dejar a miles de personas acampadas junto a las arterias vitales de la ciudad es un 'riesgo asumible'. Estamos hablando de un espacio de apenas 20 kilómetros cuadrados donde la desalinizadora de Playa Benítez y los embalses del Infierno y el Renegado —el grifo que da de beber a 83.000 ceutíes— conviven en un abrazo incómodo con asentamientos improvisados. La teoría del 'no pasará nada' dinamitó su credibilidad el jueves pasado. En Benzú, entre 30 y 40 personas organizaron una emboscada a un vehículo del Ejército; piedras grandes, cuatro militares heridos y un resultado judicial rápido: doce detenidos, once de ellos condenados a dos años de prisión (canjeados por la expulsión y prohibición de entrada por cinco años). Al día siguiente, otro ataque contra una patrulla militar dejó a un sargento herido. Dieciséis detenidos en dos días. No es una coincidencia, es una señal de humo que el Ministerio de Defensa parece ignorar. Lo verdaderamente surrealista es que el mapa de riesgos parece dibujado por alguien que no sabe leer un plano. Tenemos depósitos de combustible de ATLAS S.A.-CEPSA y el Polvorín El Renegado justo ahí, en el epicentro del caos. La ministra Mónica García confesó el sábado que es 'imposible filiar a la gente' en la playa. Traducción: no sabemos quién está ahí ni qué quiere. Si el Estado no puede ponerle nombre y apellidos a quienes duermen junto a la infraestructura crítica, ¿cómo puede decir que el perímetro está seguro? Margarita Robles presumía de los datos del CNI sobre la movilización previa, pero parece que el Centro de Seguridad Nacional olvidó que un polvorín y una crisis migratoria no son buenos vecinos.
Jueza 'anormal' y el Supremo le frena
En el teatro del absurdo que llamamos justicia, hay quien confunde la toga con una licencia para el desprecio. El Tribunal Supremo acaba de darle un toque de atención al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por intentar barrer bajo la alfombra un episodio que huele a prepotencia de despacho. La historia es sencilla: un ciudadano acude el 29 de mayo de 2024 a una exploración judicial en Majadahonda, en un proceso de apoyo a personas con discapacidad promovido por su hija. En lugar de garantías, se encontró con un 'anormal' lanzado a la cara. Un sablazo al honor que, en cualquier otro contexto, terminaría en comisaría, pero que aquí se gestionó con la delicadeza de un elefante en una cristalería. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien se ríe en este juzgado— es que la magistrada decidió que la grabación de la sesión era un accesorio opcional, como el cilantro en los tacos. Sin video y sin la presencia del Ministerio Fiscal, el CGPJ decidió archivar la queja en febrero de 2025. La lógica era brillante: 'Si no hay grabación, no podemos probar que te llamó anormal, así que no pasó nada'. Es como si te roban el coche y la policía archiva el caso porque el ladrón tuvo la precaución de apagar las cámaras de seguridad. El Supremo, sin embargo, no ha comprado este truco de magia. Ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil no son sugerencias de lectura, sino obligaciones. Que las salas de vistas estuvieran ocupadas no es una excusa válida para improvisar un interrogatorio en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia sin dejar rastro audiovisual. Ahora, el órgano de gobierno de los jueces tendrá que explicar por qué permitieron que el silencio y la falta de actas sirvieran de escudo para una magistrada que parece haber olvidado que el respeto es la base del cargo.
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