Crítica:
La noticia es un festín de fuentes anónimas ('fuentes gubernamentales', 'una fuente conocedora') que huele a filtración coordinada. El texto se centra más en la guerra de egos que en la solución real a la crisis migratoria.
Sánchez acelera por la crisis de Ceuta el plan para desgastar al Rey
Sánchez 'vacila' al Rey con Ceuta
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Kétchup comunitario: el nuevo lujo sostenible
Bruselas ha decidido que salvar el planeta es más urgente que evitar que el cliente de la mesa cuatro se deje un moco en la boquilla del kétchup. A partir de 2030, el nuevo Reglamento europeo fulminará las monodosis de mayonesa, mostaza, azúcar o leche en la hostelería. Sí, esas bolsitas que eran el búnker sanitario de nuestra comida y que ahora pasan a ser 'enemigas del clima'. La lógica es tan circular que marea: pasamos de prohibir las aceiteras rellenables hace una década por pura desconfianza higiénica a obligar a los restaurantes a volver al bote comunitario. Es como intentar ahorrar en la factura de la luz apagando la nevera; el ahorro es real, pero el resultado es que la comida se pudre. La alternativa será el dispensador o la botella que viaja de mesa en mesa, convirtiéndose en un autobús social de bacterias donde la economía circular se da la mano con la microbiología más salvaje. Lo más delirante es que el Reglamento admite que en hospitales, clínicas y residencias las monodosis son imprescindibles por seguridad sanitaria. O sea, que Bruselas cree que los virus son selectivos: atacan al cliente de la cafetería, pero respetan al paciente del hospital. Mientras tanto, la Comisión y la EFSA se tomarán su tiempo para publicar directrices, y para 2032 evaluarán si el experimento ha funcionado. Para entonces, habremos olvidado que existía la gloria de abrir un sobre de kétchup sabiendo que nadie, absolutamente nadie, había metido los dedos en él antes que nosotros. En 2013 rellenar un bote era sospechoso; en 2030 será 'sostenible'. La ciencia no ha avanzado, es que la prioridad política ha decidido que el plástico molesta más que una infección intestinal.
Moncloa y Rabat: el grifo del chantaje
Gestionar la frontera con Marruecos es, hoy por hoy, como vivir en un piso compartido donde el dueño tiene la llave de la válvula del agua y te amenaza con cortártela si no le llevas la razón en todo. En Moncloa saben que el grifo es ajeno. Mientras Pedro Sánchez se hace el desentendido en público, preguntando con una inocencia casi conmovedora qué podría ganar Rabat con estas tácticas, en los pasillos del poder se admite la realidad cruda: si la relación con el reino alauí se tuerce, podríamos tener a 70.000 migrantes a la semana tocando la puerta de Ceuta. Un sablazo demográfico que dejaría cualquier presupuesto de seguridad como una propina insuficiente. La hipocresía es el plato fuerte. El presidente cerró filas con Rabat tras la avalancha de más de 72.000 personas los días 30 y 31 de julio, prefiriendo culpar a fantasmas de la 'internacional ultraderechista' o a agentes de Rusia e Israel antes que señalar al vecino. Es la danza del 'estamos muy bien' mientras el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad miran el radar con sudor frío, sabiendo que los ataques híbridos no han terminado. El balance final es un ejercicio de contabilidad creativa: de los que entraron, el 90% ya se ha ido, pero quedan 5.000 personas en Ceuta, entre ellas 1.200 menores no acompañados. Sánchez dice que nadie predijo el caos, aunque Interior y Defensa se hayan tirado los trastos a la cabeza sobre quién sabía qué. Ahora, la prioridad es que los padres en Marruecos pidan el regreso de sus hijos, porque devolverlos sin el visto bueno de Rabat sería como intentar cobrar una deuda a quien tiene la sartén por el mango. España controla su valla, sí, pero el mando a distancia lo tiene Mohamed VI.
Rabat hace el vacío al narcotúnel
Hay cosas que se entierran para que no huelan, y el narcotúnel de la «Operación Hades» es el ejemplo perfecto de ingeniería del silencio. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una ayuda al alquiler, la jueza María Tardón lleva más de un año enviando cartas a Rabat que parecen haber caído en un agujero negro. No es un descuido; es un muro de silencio más sólido que el hormigón de la frontera. El asunto es sencillo: en marzo de 2025 se descubrió una galería a doce metros de profundidad que conectaba una marmolería del polígono del Tarajal en Ceuta con el lado marroquí. Diez años de funcionamiento. Diez años moviendo hachís, armas y, según se rumorea, personas, justo debajo de las narices de una zona de seguridad máxima en Castillejos. Para que un túnel así sobreviva una década sin que nadie en Rabat «escuche» el ruido de las palas, hace falta una coreografía muy ensayada. La jueza Tardón, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha pedido auxilio judicial tres veces: el 21 de febrero de 2025, en julio de 2025 y nuevamente en enero de este año. El Ministerio de Justicia y el de Presidencia han hecho de mensajeros, pero la respuesta es el vacío absoluto. Es la diplomacia del 'no te cuento nada'. Lo más jugoso es el contraste: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez gestiona el 'vía crucis' de la crisis migratoria de julio, la justicia intenta averiguar si ese mismo túnel sirvió para meter inmigrantes. Y para rematar el cuadro, cuatro agentes de la Guardia Civil están imputados por cobrar el 'alquiler' de la seguridad del túnel. En resumen, tenemos un agujero en la tierra, un agujero en la ley y un silencio administrativo que vale oro.
Vuelos de Ceuta: el sablazo sanitario
Hay una diferencia abismal entre el discurso de la salud pública y la factura que llega al final del mes. En Ceuta, el transporte sanitario aéreo ha pasado de ser un servicio eficiente a una especie de safari financiero. En 2014, cuando el INGESA estaba bajo el mando del PP y Fernando Pérez-Padilla llevaba el timón, el contrato con Inaer Helicópteros cerraba en 2,4 millones de euros. Una cifra razonable, casi modesty. Pero entonces llegó el relevo. Jesús Lopera, rescatado de la era Zapatero y colocado a dedo por el PSOE, decidió que el aire de Ceuta debía ser más caro. El resultado fue un salto acrobático: el contrato de 2018 se disparó a 11 millones de euros. Cinco veces más. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si el alquiler de tu piso pasara de 400 a 2.000 euros de la noche a la mañana sin que hayan puesto ni una sola baldosa nueva. Y lo más delirante no es el precio, sino a quién se le paga. La UTE Eliance-Hélity se llevó el gato al agua tras un baile de recursos ante el TACRC que dejó fuera a Babcock España. Pero aquí viene lo jugoso: el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (STLA) denunció que la empresa vendió el servicio con un catálogo de lujo pero entregó un producto 'low cost', omitiendo flotadores esenciales para volar sobre el mar. Seguridad sacrificada en el altar del beneficio económico. A esto sumemos quejas de médicos y enfermeros sobre turnos inhumanos y una plantilla reducida al mínimo. A pesar de todo este ruido, Mónica García y su Ministerio de Sanidad han decidido que en 2024 la mejor opción era renovar la confianza en Eliance-Hélity por 11,9 millones de euros. Mientras tanto, Lopera sigue siendo el 'comisario político' favorito, aquel que, en enero de 2021, decidió que su brazo era más urgente que el de los ancianos de las residencias o el de los sanitarios de primera línea para recibir la vacuna del Covid.
El 'alquiler' de Ceuta: el plan de Rabat
Hacer geopolítica con el Estrecho de Gibraltar es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones: alguien acaba rompiendo algo y el resultado nunca es el que prometía el catálogo. Rabat ha vuelto a sacar el libro de jugadas y la estrategia es tan vieja como el polvo de las alfombras de Marrakech. Primero, te lanzan un 'sablazo' migratorio —80.000 personas entrando en Ceuta en dos días— para recordarte que el grifo lo llevan ellos. Luego, con la tranquilidad de quien sabe que tiene la sartén por el mango, te venden la 'prosperidad compartida'. Suena a folleto turístico, pero en lenguaje de calle significa: 'te ayudo con la factura de la luz a cambio de que me des las llaves de la casa'. Mohamed VI no es un novato; solo está reciclando el 'pack premium' que su padre, Hassan II, intentó encasquetar a Felipe González en 1987. Aquella 'célula de reflexión' era el eufemismo perfecto para una transferencia de soberanía sin ruido. González dijo que no, Aznar en 1997 y 1998 también cerró la persiana advirtiendo que una vía militar sería una 'guerra perdida', pero el tiempo es un animal traicionero. Ahora, con el apoyo de Estados Unidos e Israel y el reciente acuerdo sobre el Peñón con el Reino Unido, Rabat juega a la 'soberanía compartida'. Es la técnica del goteo: primero el codesarrollo, luego un estatus especial tipo Andorra y, finalmente, que Ceuta y Melilla pasen a ser provincias del sur. Mientras Margarita Robles comparece en el Congreso y el PSOE mantiene un silencio sepulcral sobre el fondo del asunto, hay analistas como Fernando Cucho Pérez que ya ven el calendario marcado para 2030-2032. Básicamente, nos están proponiendo un alquiler con opción a compra donde nosotros ponemos el depósito y ellos se quedan la propiedad.
Sánchez regala fronteras por votos separatistas
El arte de hacer negocios mientras el barrio arde. Así es como Junts ha decidido jugar sus cartas en la crisis de Ceuta. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no parezca un atraco a mano armada, en los despachos de Madrid y Barcelona se reparten el mapa como si fuera una pizza. Miriam Nogueras, la voz de Puigdemont en el Congreso, ha desempolvado una promesa verbal de Pedro Sánchez: el traspaso de la política de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat. Un regalo envuelto en papel de seda que Sánchez ya había aceptado, pero que se quedó en el limbo porque Podemos, en un arranque de pureza moral, lo tachó de racista. La hipocresía es el combustible de esta maquinaria. Junts, que históricamente ha mirado con buenos ojos que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla, ahora se pone el traje de 'vigilante de la frontera' para no perder votos frente a Silvia Orriols y su Aliança Catalana. Es el clásico movimiento de quien quiere comer el pastel y quedarse con la receta: piden el control migratorio para decir que no quieren recibir a ningún menor de Ceuta, aunque Salvador Illa, desde la Generalitat, pase de ellos y siga abriendo las puertas. El contraste es sangrante. Mientras Canarias soporta el peso real con 5.800 menores no acompañados, Andalucía con 2.600, Madrid con 2.400 y Cataluña con 2.200, los políticos discuten si el preámbulo de una ley es lo suficientemente 'progresista' para que Belarra y Podemos den el visto bueno. Al final, la seguridad es el tabú que Junts intenta colar en el BOE, mientras el Gobierno de Sánchez hace malabares mediáticos para que nadie llame racista a sus socios, reservando ese adjetivo exclusivamente para el PP o Vox. Una ingeniería financiera de votos donde la moneda de cambio es la frontera.
Ceuta: jugar a la ruleta con el agua
Gestionar la seguridad nacional en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo ciego que roza la negligencia. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno ha decidido que dejar a miles de personas acampadas junto a las arterias vitales de la ciudad es un 'riesgo asumible'. Estamos hablando de un espacio de apenas 20 kilómetros cuadrados donde la desalinizadora de Playa Benítez y los embalses del Infierno y el Renegado —el grifo que da de beber a 83.000 ceutíes— conviven en un abrazo incómodo con asentamientos improvisados. La teoría del 'no pasará nada' dinamitó su credibilidad el jueves pasado. En Benzú, entre 30 y 40 personas organizaron una emboscada a un vehículo del Ejército; piedras grandes, cuatro militares heridos y un resultado judicial rápido: doce detenidos, once de ellos condenados a dos años de prisión (canjeados por la expulsión y prohibición de entrada por cinco años). Al día siguiente, otro ataque contra una patrulla militar dejó a un sargento herido. Dieciséis detenidos en dos días. No es una coincidencia, es una señal de humo que el Ministerio de Defensa parece ignorar. Lo verdaderamente surrealista es que el mapa de riesgos parece dibujado por alguien que no sabe leer un plano. Tenemos depósitos de combustible de ATLAS S.A.-CEPSA y el Polvorín El Renegado justo ahí, en el epicentro del caos. La ministra Mónica García confesó el sábado que es 'imposible filiar a la gente' en la playa. Traducción: no sabemos quién está ahí ni qué quiere. Si el Estado no puede ponerle nombre y apellidos a quienes duermen junto a la infraestructura crítica, ¿cómo puede decir que el perímetro está seguro? Margarita Robles presumía de los datos del CNI sobre la movilización previa, pero parece que el Centro de Seguridad Nacional olvidó que un polvorín y una crisis migratoria no son buenos vecinos.
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