Crítica:
La fuente original es un festín de nombres y fechas, pero falla al no cuestionar la ética del conflicto de intereses de Mendoza Sánchez. Se limita a narrar el proceso administrativo sin morder el anzuelo de la impunidad.
La Diputación de Badajoz encarga dos informes para intentar colocar a los funcionarios inhabilitados por el...
Badajoz: Malabarismos para salvar a inhabilitados
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Sánchez presume de cita que nunca existió
Hay una diferencia abismal entre invitar a la jefa de la casa y acabar cenando con el portero porque la dueña no está en la ciudad. Eso es, en lenguaje cristiano, lo que Pedro Sánchez intentó colar en el Congreso este jueves. El presidente salió al Pleno con el pecho hinchado asegurando que había convocado a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, para darle un toque de atención por las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Un gesto de fuerza, una respuesta contundente, el manual del líder firme. El problema es que la embajadora no estaba en Madrid. Estaba, básicamente, haciendo cualquier otra cosa fuera de España. La realidad es mucho más modesta: el 21 de agosto quien pisó el Ministerio de Asuntos Exteriores fue el encargado de negocios, el sustituto que firma los papeles cuando el jefe no está. Es como presumir de haber tenido una reunión privada con el CEO de una multinacional cuando en realidad te atendió el secretario de recepción. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el precio de la cesta de la compra sube mientras los políticos juegan al teléfono escacharrado, esto es solo otro martes en Moncloa. Lo más surrealista es la coreografía del silencio. La reunión fue el 21 de agosto, pero el Gobierno decidió guardarla en el cajón hasta el jueves, usando la 'prudencia' como escudo para soltar la bomba justo en medio del debate parlamentario. Mientras tanto, José Manuel Albares, el ministro que tiene que limpiar los trastos, tuvo que salir al rescate para matizar que Benyaich no había acudido a la cita. Todo esto mientras en Rabat, figuras como Abdellatif Ouahbi o Ahmed Toufiq hablan de 'liberación' de nuestras ciudades autónomas. Al final, Sánchez nos vendió un despliegue diplomático de primera categoría que resultó ser un trámite de segunda, donde la precisión del relato importa menos que la foto del momento.
Ceuta: Cuentas locas y el número mágico
Gestionar la frontera de Ceuta se ha convertido en un ejercicio de matemáticas creativas que haría palidecer a cualquier contable en época de impuestos. El Gobierno se ha aferrado al número 5.000 como quien se agarra a un clavo ardiendo, convirtiéndolo en el mantra oficial de Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez. El problema es que, en la calle, los números bailan un tango surrealista. Empezamos el 3 de agosto con la Delegación del Gobierno diciendo que había 2.500 personas, mientras la Ciudad Autónoma, que es la que tiene el barro en las botas, hablaba de hasta 5.000. Diez días después, el Ejecutivo, en un arranque de generosidad estadística, disparó la cifra a 8.000. Básicamente, triplicaron la apuesta en una semana sin que nadie supiera muy bien dónde estaban los demás. Luego viene el truco de magia: miles de personas desaparecen del mapa, pero el número oficial no se mueve. Tenemos 3.658 retornos voluntarios según Ángel Víctor Torres, más 214 expulsiones y otros 148 aventureros que, hasta el 19 de agosto, se colaron hacia la Península en 29 embarcaciones rumbo a Málaga y Cádiz. Si hiciéramos la resta como en primaria, la cuenta no saldría. Pero claro, la Policía Nacional ya lo confesó en un informe del 26 de agosto: no hay datos fiables. Es como intentar contar granos de arena en una tormenta. Para rematar la jugada, el Gobierno suelta un plan de choque de 309 millones de euros —un sablazo al presupuesto que no envidiaría ningún fondo de inversión— para dar plazas a 6.000 personas, aunque solo hayan alojado a 3.400. Mientras los ceutíes salen a la calle hartos de la improvisación, el Estado sigue jugando al Tetris con la gente, sin saber cuántos duermen en centros, cuántos en habitaciones alquiladas y cuántos siguen durmiendo a la intemperie. Al final, los 5.000 son una cifra de catálogo, una foto borrosa de una realidad que nadie ha sabido censar.
Pueblos fantasma: más votos fuera que dentro
Imagínate vivir en Madarcos, un pueblo de 69 almas donde el silencio es la norma. De repente, te enteras de que para las próximas elecciones habrá 110 votantes. Sí, has leído bien: hay más gente decidiendo el futuro del pueblo desde un sofá en Suiza o Argentina que personas que pisan el barro del municipio. Es la magia de la 'ley de nietos' (la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática), una especie de 'promoción 2x1' en nacionalidades que ha convertido a 162 municipios españoles en sucursales electorales del extranjero. El perito Gabriel Araújo ha destapado un mapa surrealista. A 1 de julio de 2026, tenemos 451 municipios donde el voto CERA ya representa la mitad de la población. En sitios como Ventrosa, Valdeprado o Fuentestrún, la proporción es delirante: el voto exterior multiplica a los residentes por 6,5, 5,4 y 4,5 veces respectivamente. Es como si en tu comunidad de vecinos, donde viven cuatro gatos, de repente aparecieran treinta primos lejanos de Buenos Aires para votar si se pone ascensor o no, sin haber pisado el portal en su vida. La ingeniería financiera del voto tiene nombre y apellidos. Sofía Puente, con una instrucción del 25 de octubre de 2022, decidió que cualquiera que se fuera entre 1936 y 1955 era exiliado automático, sin preguntas. Resultado: 545.000 nacionalidades concedidas y más de un millón en cola. Mientras tanto, figuras como Paco Salazar o Adrián Barbón hacen turismo electoral por Argentina y Uruguay, moviendo hilos en un escenario donde la JEC no llega. Según Araújo, este 'inflado' del CERA podría mover hasta 16 escaños en provincias clave, permitiendo al PSOE esquivar socios incómodos. Básicamente, están jugando al Tetris con el censo para encajar la mayoría absoluta.
Voto exterior: el 'comodín' que mueve escaños
Imaginen que el resultado de las elecciones generales no se decidiera en los colegios electorales de barrio, sino en un café de Buenos Aires o en un rascacielos de Nueva York. Parece una broma, pero los números de la consultora De Madrid a Europa son un bofetón de realidad: el voto en el extranjero es el elefante en la habitación que podría mover hasta 23 escaños. Estamos hablando de que, a 1 de julio de 2026, hay 2.736.522 electores en el CERA, el 7,11% del censo. Para que nos entendamos: es diez veces más que en 1986. Mientras nosotros peleamos por el precio del aceite, hay un ejército invisible de votantes que, si se movilizan al máximo, aportarían 1.100.236 votos. La paradoja es deliciosa. En Orense, el 30,8% del censo vive fuera; hay 158 municipios donde hay más gente votando desde el extranjero que viviendo en el pueblo. Es como si el pueblo estuviera vacío, pero la urna estuviera llena. Argentina lidera el despliegue con 516.185 electores, y Buenos Aires es, técnicamente, una 'provincia' electoral más grande que casi cualquier otra, salvo Madrid, Barcelona y La Coruña. Pero aquí viene el giro de guion: la 'ley de nietos' de 2022 ha inflado el censo, especialmente en Madrid, que concentra 422.732 electores exteriores. Ahora el Tribunal Supremo tiene que decidir el 7 de septiembre de 2026 si este crecimiento es legal o si ha sido una 'ingeniería de inscripción' sin control. En Gerona, donde el último escaño se decidió por 285 votos, el voto exterior podría aportar hasta 10.592. Es pasar de jugar un partido de ajedrez a que alguien tire la mesa entera. El poder ya no está solo en la calle, sino en el consulado.
Ceuta: Cambian al fiscal por uno 'dócil'
En el tablero del poder, hay jugadas que son tan sutiles que resultan insultantes. El caso de la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio es el ejemplo perfecto. Hasta ahora, el fiscal José Perals llevaba el timón y no tenía miedo de navegar hacia aguas profundas: quería que la Audiencia Nacional investigara si aquello fue una operación organizada desde Marruecos, con personas vulnerables usadas como carne de cañón y un saldo trágico de ahogados. Perals es de los que no se callan; el mismo que fue a degüello en el caso Alsasua o contra los raperos de La Insurgencia. Un perfil combativo que, convenientemente, ha dejado de ser útil. De repente, la Fiscalía decide que el asunto tiene una «singularidad y trascendencia» tales que el jefe, Jesús Alonso, debe asumir personalmente las diligencias. Traducido al lenguaje de la calle: cuando el coche va hacia donde no conviene, el jefe quita el volante al conductor y decide él mismo la ruta. Es el clásico movimiento de 'limpieza de archivos' para evitar que la jueza María Tardón y la denuncia de Iustitia Europa terminen destapando delitos contra la seguridad del Estado. Jesús Alonso es un maestro de la supervivencia institucional. Nombrado en 2017 bajo Rajoy y renovado en marzo de 2022 por Dolores Delgado, ha sabido bailar al son de cualquier música. Mientras Perals buscaba la verdad, Alonso ha recolectado medallas, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil concedida por Grande-Marlaska. Ya lo hizo con el caso de Miguel Ángel Blanco, donde obligó al fiscal Vicente González Mota a aceptar que la causa había prescrito. Ahora, el guion se repite. Cambian el perro guardián por uno que sabe exactamente cuándo sentarse y cuándo callar, asegurando que el 'ruido' político no moleste el sueño del Ejecutivo.
Ceuta: El aviso que Moncloa ignoró
En el Congreso, la ministra Margarita Robles puso cara de pocos amigos y se ahorró los aplausos mientras Pedro Sánchez intentaba vender que la crisis de Ceuta fue un imprevisto del destino. Pero en el mundo real, donde las cosas no se arreglan con comunicados oficiales, la realidad es mucho más cruda. Tres días antes del caos, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) ya tenía el mapa del tesoro: un informe que calificaba como «muy probable» la entrada masiva de inmigrantes justo el día de la Fiesta del Trono. No era una corazonada de cafetería; era el Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW-32) de Sevilla, que interceptó comunicaciones de agentes marroquíes usando tecnología que hoy llamaríamos 'vintage', pero que para la inteligencia es oro puro (fuentes A-1). Mientras nosotros peleamos con el precio de la luz, en Rabat se organizaba el asalto como quien planifica una boda: órdenes de que nadie abandonara su puesto y coordinaciones para que la masa entrara tanto por valla como por mar. Incluso hubo quien ordenara pinchar flotadores a familias para que no estorbaran. El informe del Cenif enviado a la jueza María Tardón lo deja claro: hubo oleadas diseñadas para desbordar la seguridad, con agentes marroquíes de uniforme organizando la fila como si fuera la cola de la panadería. Lo verdaderamente cómico es el juego de sillas en Moncloa. La nota pasó por el JEME, el teniente general Romero Losada, el almirante general Teodoro Esteban López-Calderón y llegó al CNI. Es decir, el aviso llegó a todas las mesas importantes. Que el Ministerio del Interior y Presidencia digan que no recibieron información clara es como decir que no viste el incendio mientras tenías el humo en la sala. Margarita Robles lo sabe: los servicios hicieron su trabajo; el problema es que alguien decidió que el aviso no era prioridad.
Badajoz: El juego de sillas de los inhabilitados
En la Diputación de Badajoz han descubierto que las sentencias judiciales son como las multas de tráfico: solo duelen cuando llegan notificadas al buzón. Mientras el ciudadano medio se juega el sueldo en cada compra del súper, en los despachos pacenses se juega una partida de ajedrez surrealista para ver si los inhabilitados del 'Caso David Sánchez' pueden seguir cobrando del erario público, aunque sea moviéndolos de silla. La jugada es maestra. Para evitar que el barco se hunda, la administración ha pedido dos informes: uno al Gabinete de Asuntos Judiciales y otro a la Intervención General. El primero, firmado por Francisco Mendoza Sánchez —que tiene la curiosa virtud de haber sido abogado de los condenados Félix González Márquez y Cristina Núñez Fernández—, concluyó el 20 de agosto de 2026 que, como la sentencia no era firme ni estaba notificada, no pasaba nada. Es la técnica del 'no he visto el correo', aplicada a la alta gestión pública. Pero el ruido en la calle es ensordecedor. Mientras Vox y el sindicato Manos Limpias exigen que David Sánchez y su asesor, Luis Carrero —el del afectuoso 'querido hermanito'—, devuelvan hasta el último céntimo de sus salarios, la Diputación responde con notas genéricas que sirven para cubrir el expediente, como quien pone un parche en una tubería rota. La incertidumbre ahora recae sobre figuras como Juana Calderón, Francisco Martos y Ricardo Cabezas, quienes esperan que la Junta Electoral Provincial haga un milagro interpretativo y decida que la inhabilitación es solo para el puesto concreto y no para cualquier ente público. Mientras tanto, David Sánchez, que no es empleado público pero tiene el camino cerrado en España, podría considerar un billete solo a San Petersburgo o Japón. Una salida elegante para quien dejó una mancha imborrable en el buen nombre de la institución.
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