Crítica:
El texto original es una crónica judicial estándar que oculta la magnitud del escándalo tras tecnicismos. La noticia es un despliegue de hipocresía institucional donde el silencio de la Diputación habla más que cualquier sentencia.
El Tribunal de Cuentas pregunta a la Diputación de Badajoz si activa el proceso para que el hermano de Sánchez devuelva sus nóminas
El sablazo de Badajoz: ¿paga el hermano?
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Supremo frena el 'inflado' del voto CERA
El Tribunal Supremo acaba de darle un zarpazo monumental a la ingeniería electoral del Gobierno. Resulta que Sofía Puente decidió que la 'Ley de Memoria Democrática' no era solo para reparar el daño a los exiliados, sino que cualquier descendiente de alguien que hubiera hecho las maletas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 podía collinear para el pasaporte y el voto. Básicamente, convirtieron una medida de reparación histórica en un buffet libre de nacionalidades. El resultado fue un inflado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que parece una cuenta bancaria en paraíso fiscal: pasamos de 2.328.260 electores en 2023 a unos delirantes 2.736.522 el 1 de julio de 2026. Estamos hablando de 408.262 nuevos votantes que aparecieron por arte de magia, la mayor subida de la historia. Para que nos entendamos, es como si en una comunidad de vecinos de repente aparecieran cuatrocientos mil inquilinos nuevos que no pagan comunidad pero quieren decidir el color de la fachada. La anomalía es tan bestia que en 162 municipios el CERA ya pesa más que el censo residente (75.182 contra 56.171), y en 558 pueblos el voto exterior ya es el 50% del total. Iustitia Europa y Vox, que no se quisieron perder la fiesta, llevaron el asunto al Supremo, que ha decidido suspender los efectos de esta 'argucia'. Ahora, salvo que el consulado certifique un exilio real y documentado —algo que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior admite que ocurre en 'muy poca gente'—, esos cientos de miles de nuevos españoles se quedan fuera de las urnas. Mientras Félix Bolaños se pone la mano en el pecho hablando de 'enorme trascendencia' y derechos vulnerados, el Tribunal aplica el 'periculum in mora'. En cristiano: que si no actúan ya, el daño es irreparable. El Gobierno quería jugar al Monopoly con el censo, pero el Supremo les ha recogido el tablero.
Soplón policial vende espía por millones
Hay que tener el valor, o la cara dura, de convertir la seguridad nacional en un mercadillo de barrio. Mientras el ciudadano medio se pelea con la letra pequeña de la hipoteca, un colaborador de la Policía Nacional decidió que el paradero de un espía era el activo perfecto para hacer un 'golpe de suerte'. No hubo banderas, ni ideales, ni patriotismo de manual; solo la fría calculadora de quien ve una oportunidad de negocio donde otros ven un delito. La escena parece sacada de una serie de bajo presupuesto: marzo, el hotel Eurobuilding de Madrid,lejos del ruido pero cerca del poder. Allí, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se sentó a negociar la cabeza de Mehdi Hijaouy. ¿El precio del soplo? Entre dos y tres millones de euros. Un sablazo considerable que convierte la información clasificada en una simple transacción comercial, como quien vende un coche usado en una web de anuncios. Hijaouy no es un cualquiera; fue la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. El hombre que guarda los secretos sucios de Mohamed VI y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez mediante el spyware Pegasus. El colaborador policial no solo sabía que existía, sino que le dio a los marroquíes el mapa exacto: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. La ironía es deliciosa y amarga: el tipo que debería haber avisado a sus superiores prefirió intentar cobrar la comisión. Al final, Hijaouy, que ya había pasado por la Audiencia Nacional en septiembre de 2024 antes de saltar el teléfono y convertirse en prófugo, resultó ser la moneda de cambio en un juego de espejos donde la lealtad tiene un precio fijo y el espionaje es el deporte nacional.
Sablazo en Badajoz: ¿Devuelve el hermano?
Hay una danza muy curiosa en la Diputación de Badajoz. Resulta que David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de un puesto de alta dirección como coordinador de conservatorios y jefe de la Oficina de Artes Escénicas durante ocho años. El problema es que la justicia ya le ha colgado el cartel de prevaricador con nueve años de inhabilitación. Pero aquí viene lo fascinante: la Diputación, que es quien soltó la pasta, decidió que no era 'perjudicada'. Es como si te vaciaran la cartera en el metro y, cuando llega la policía, tú dijeras que el dinero no te hacía falta y que el ladrón puede quedarse con el cambio. Estamos hablando de 340.572 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda: es el precio de comprarse un piso decente o sobrevivir varias décadas sin que la inflación te coma el desayuno, todo pagado con una plaza que, según las acusaciones, fue creada arbitrariamente y no servía para nada material. Un invento presupuestario de manual. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha despertado y ha dado cinco días de plazo a la institución socialista para que decida si quiere recuperar sus fondos o si prefiere seguir haciendo la vista gorda. Lo más cínico es que la Audiencia Provincial de Badajoz ya había dejado la puerta abierta, pero como la Diputación no pidió ni un céntimo y la Fiscalía pidió la absolución, el dinero se quedó cómodamente en el bolsillo del músico. Ahora, impulsados por Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, el Tribunal de Cuentas obliga a la Diputación a mojarse. Si guardan silencio, la Fiscalía y las acusaciones populares tomarán el relevo. Al final, la pregunta es simple: ¿por qué una administración pública se resiste a recuperar más de 340 mil euros de un cargo inexistente? La respuesta, probablemente, no esté en los libros de contabilidad, sino en el árbol genealógico.
Marlaska y la 'inseguridad subjetiva' de Ceuta
Fernando Grande Marlaska ha aterrizado en Ceuta por tercera vez desde aquel asalto masivo del 30 y 31 de julio, y lo ha hecho con el maletín lleno de eufemismos. Mientras el ciudadano de a pie siente que el perímetro es un colador, el ministro ha decidido bautizar el miedo de los ceutíes como 'inseguridad subjetiva'. Es una jugada maestra: básicamente, te dice que el peligro está en tu cabeza y no en la calle, como quien te explica que el agujero de tu cuenta bancaria es solo una 'percepción negativa de tu saldo'. Pero los números, esos que no entienden de subjetividades, son el verdadero sablazo. El Gobierno insiste en que hay 6.000 inmigrantes, mientras que la ciudad y los sindicatos policiales, que son quienes ponen el cuerpo, hablan de 8.000. De ese montón de gente, solo se han filiado 1.100. Un éxito rotundo si el objetivo fuera hacer el proceso a paso de tortuga. ¿La excusa? Que ahora la normativa europea es más exigente: ya no vale con una foto y una huella como para sacar el DNI, ahora hay que escanear hasta las palmas de las manos. Es como si para entrar en el cine ahora te pidieran el árbol genealógico completo y una muestra de ADN. Para solucionar este atasco burocrático, el Ministerio ha desplegado 25 líneas de trabajo —repartidas entre El Tarajal, la Jefatura Superior y el CATE provisional—, y pretenden subir a 20 las líneas del CATE. Pero aquí viene el giro cómico: Marlaska quiere enviar más funcionarios de la Oficina de Asilo, pero no sabe dónde meterlos. Sí, han gestionado la frontera, pero se han quedado cortos con las reservas de hotel. Todo esto mientras el reloj corre hacia el 1 de enero, fecha límite para renovar el mando único de Ángel Víctor Torres. El ministro confía en que todo esté 'encauzado' para entonces. Ojalá la realidad fuera tan flexible como su vocabulario.
Marruecos: el 'espía' que fingió sorpresa
Hablemos claro: decir que el asalto a Ceuta fue una sorpresa es como decir que te pilló desprevenido el aguacero después de ver el cielo negro y escuchar el trueno. En el barrio decimos que 'no somos tontos', y los documentos de seguridad de Rabat confirman que ellos tampoco lo son. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, el Gobierno marroquí presumía de una maquinaria de vigilancia digital que haría palidecer a cualquier agencia de marketing. En 2024, la DGSN y la DGST no solo miraban, sino que presumían de haber desmantelado 123 redes criminales y haber interceptado a 32.449 candidatos a saltar la valla. Es una cifra astronómica; es como si pudieran contar cada grano de arena de Castillejos y supieran exactamente cuál se mueve. La hipocresía es el plato fuerte. Desde septiembre de 2021, Rabat ya monitorizaba redes sociales y apps de mensajería. Para diciembre de 2024, ya habían catalogado TikTok y el fenómeno de los 'harragas' como un 'modo operativo criminal'. O sea, que tenían el mapa, la brújula y el GPS encendido. El informe de José María Gil Garre, 'Ceuta 2026', deja claro que el Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW-32) interceptó comunicaciones donde los propios agentes marroquíes avisaban de la entrada masiva durante la Fiesta del Trono. No fue un fallo del sistema; fue el sistema funcionando a la perfección. Desde el 13 de julio, con la Marina Real frenando a 50 nadadores, hasta el caos del 30 y 31 de julio, las señales eran más claras que el agua. Marruecos aprendió en mayo de 2021 que usar la presión humana es la moneda de cambio más efectiva para chantajear diplomáticamente a España. No es migración, es ingeniería política con carne y hueso.
Plus Ultra: el rescate del 1% 'mágico'
Hay quien dice que el silencio es oro, pero en la Audiencia Nacional el silencio es una sentencia. Los exdirectivos de Plus Ultra han intentado jugar al 'teléfono escacharrado' con la Justicia, lanzando la piedra hacia José Luis Rodríguez Zapatero para salvar sus propios pellejos, pero la Fiscalía Anticorrupción no compra el cuento. El guion es tan viejo como el mundo: el Gobierno inyecta 53 millones de euros en la aerolínea durante la pandemia y, mágicamente, aparece un 'mediador' de lujo. Para que la maquinaria del Estado se moviera, el 'Grupo Zapatero' cobró un 1% del rescate, un sablazo de 530.000 euros que no llegó con un cheque nominativo, sino mediante una ingeniería financiera de manual. Julio Martínez Sola, el conocido 'Julito', montó un despliegue de facturas falsas por informes inexistentes para repartir el botín entre 2020 y 2025. El dinero se fragmentó como quien divide una cuenta en una cena incómoda: 249.000 euros fueron a Análisis Relevante, 98.617 a Voli Analítica y 110.799 a Domotic Europe. Lo más delirante es la confesión de Martínez Sola: pagar esta comisión fue una 'buena forma de invertir el dinero'. Una lógica aplastante, especialmente cuando el expresidente sabía que el préstamo sería concedido el 26 de febrero de 2021, once días antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara oficialmente el 9 de marzo. Mientras tanto, Roberto Roselli intenta desviar la atención hacia Rodolfo Reyes y sus préstamos puente que terminaron bailando en paraísos fiscales. La Fiscalía es clara: señalar hacia arriba es muy fácil, pero para obtener beneficios judiciales hace falta cantar la canción completa, no solo el estribillo.
Marlaska: más etiquetas que policías en Ceuta
Hay prioridades que son un poema. Mientras en Ceuta los refuerzos policiales llegaban con la agilidad de una tortuga con reuma y los alojamientos eran, cito textualmente, 'indignos', en el despacho climatizado del Ministerio del Interior se montó un centro de inteligencia digno de una novela de espionaje de tercera. El objetivo no era detener el crimen ni blindar la frontera, sino algo mucho más vital para el ego político: hacer una lista de 'amigos y enemigos'. La Confederación Española de Policía (CEP) ha soltado la bomba. Resulta que la Oficina de Comunicación ha dedicado tiempo y recursos públicos a elaborar un dosier para encasillar a los periodistas según su ideología y su afinidad con el Gobierno. Es fascinante. Mientras el agente de a pie en el terreno se las veía y las payaba con medios insuficientes, el Ministerio operaba con una diligencia quirúrgica para poner etiquetas a los profesionales de la información. Es el clásico contraste de la gestión moderna: incapacidad absoluta para atender alertas policiales reales, pero una eficiencia envidiable para el control de daños mediáticos. Para la CEP, esta práctica es 'repugnante'. Y claro, es que duele más que un sablazo en la hipoteca ver que el dinero y el personal que debería estar asegurando la frontera se gasta en jugar al 'quién es quién' ideológico. Marlaska tiene ahora el reto de explicar por qué es más urgente saber quién le critica que garantizar que sus policías no duerman en condiciones deplorables. Al final, parece que en Interior prefieren gestionar el titular que gestionar la realidad.
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