Crítica:
El texto original es un festín de indignación que brilla por su capacidad de exponer la inoperancia administrativa. Solo falla en no profundizar en por qué exactamente el Ministerio del Interior no supo 'concretar' la petición.
El texto original es un festín de indignación que brilla por su capacidad de exponer la inoperancia administrativa. Solo falla en no profundizar en por qué exactamente el Ministerio del Interior no supo 'concretar' la petición.
España ha decidido que la mejor forma de proteger al ciclista es, básicamente, rodearlo de multas. Mientras el verano se teñía de negro con 12 ciclistas perdiendo la vida en julio y agosto —un incremento del 33% frente a 2025 que hace que el optimismo sea un deporte extremo—, la DGT ha lanzado su nueva artillería normativa para el 1 de octubre de 2026. La paradoja es deliciosa: nos venden un enfoque centrado en las personas y el concepto de «usuario vulnerable de la vía», pero la traducción real es que ahora el arcén es terreno prohibido y el bolsillo del ciclista, el objetivo. Si eres rider, prepárate para el sablazo: casco y chaleco reflectante son obligatorios o te cae una multa de 200 euros. Para el resto de los mortales, el casco en vías interurbanas ya no admite excepciones. Y si te pilla la patrulla con el móvil o los auriculares, son otros 200 euros; básicamente, el precio de una cena decente para dos, pero pagada al Estado por el pecado de la distracción. Lo más surrealista llega con el alcohol y las drogas: si das positivo, la broma sube entre los 500 y los 1.000 euros. Un agujero contable que duele más que una caída en grava. Para equilibrar la balanza, la DGT pide a los conductores reducir la velocidad en 20 km/h al adelantar y dejar 1,5 metros de distancia. En ciudad, el ciclista deberá ir por el centro del carril, jugando al gallito con los coches, mientras estos deben mantener cinco metros de distancia. Todo esto mientras nos exigen luces homologadas visibles a 150 metros bajo amenaza de otra multa de 200 euros. En resumen: queremos que pedalees seguro, pero si te equivocas en un milímetro del Reglamento General de Circulación, la multa te costará más que la propia bicicleta.
Gestionar una crisis nacional parece que, para el Gobierno de Pedro Sánchez, es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con ganas de irse a dormir la siesta. Mientras el Ejecutivo se dedica a señalar al PP por 'poner palos en las ruedas', la realidad es que en Bruselas se miran las manos. Resulta fascinante que, habiendo una ayuda de 114 millones de euros sobre la mesa —una cifra que haría temblar cualquier cuenta corriente doméstica—, el Ministerio del Interior haya sido incapaz de rellenar los papeles a tiempo. Bruselas tuvo que bloquear el dinero por pura falta de concreción. Básicamente, es como si te ofrecieran pagar el alquiler y tú no supieras dar el número de cuenta. El ritmo ha sido, digamos, 'meditativo'. Tardaron un mes en pedir el apoyo de Frontex, cuando la UE estaba ya con el teléfono en la mano desde el primer día. Fernando Grande-Marlaska y el comisario Magnus Brunner hablan de 'importantes avances', ese lenguaje diplomático que en la calle significa 'estamos dando vueltas al asunto'. Un mes y medio después de la invasión, el dinero sigue en el limbo. Lo más surrealista es el juego de las sillas institucionales. Tenemos a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión de von der Leyen, jugando al escondite mientras Ceuta arde. Y mientras José Manuel Albares contraprograma las visitas del presidente Juan Jesús Vivas para que el foco no se desvíe, el rey Felipe VI sigue esperando el 'visto bueno' del Ejecutivo para pisar la ciudad. En resumen: mucha pompa en los anuncios, pero a la hora de ejecutar, parece que el Gobierno prefiere que la ayuda europea llegue por correo ordinario y en días laborables.
Hay cosas que no se traducen, y el 'estilo directo' de una madrileña de 18 años en suelo estadounidense es una de ellas. Amalia Martos ha aterrizado en Operación Triunfo USA con la misma sutileza con la que uno cierra la puerta de casa un lunes por la mañana. El conflicto estalló en un ensayo cuando, ante el pedido de Allie de poner una canción, Amalia soltó un: 'Como salga mal... que lo estoy explicando lento para que lo veáis'. Para el oído estadounidense, acostumbrado a una cortesía que a veces parece un manual de instrucciones de IKEA, aquello fue una declaración de guerra. Para nosotros, es simplemente un martes cualquiera en una oficina de Madrid. La polémica escaló hasta que David Bisbal, que en este 2026 se ha puesto el traje de jurado y mediador intercultural, decidió intervenir. Bisbal, con esa diplomacia de quien sabe que un 'te lo juro' soluciona más que mil manuales de protocolo, intentó explicar que el español suena rudo pero no lo es. Básicamente, le dijo al público que no confundan la eficiencia verbal con la mala educación, defendiendo que, como andaluz, entiende que nuestra forma de expresarnos puede parecer un sablazo emocional cuando en realidad es solo pasión. Pero el choque cultural no se queda en las palabras. Compañeras como Aziz o Lalah han tildado a Amalia de 'tocona', señalando que incluso a Daniel le pone la mano encima. Lo que en Nueva York ven como una invasión del espacio personal, en España es el equivalente a ponerle sal a la comida: es lo normal para enfatizar el discurso. Amalia, que ya tiene currículum en 'Ayla y los Mirror' y en la película 'Voy a pasármalo bien', se niega a pedir perdón por ser española. Ahora, nominada y bajo el microscopio, la joven demuestra que tiene más personalidad que muchos de los que llevan décadas en la industria.
Hay una regla no escrita en los pasillos del poder: la coherencia es un lujo que las instituciones no suelen permitirse. La Universidad de Granada (UGR) se encuentra ahora en ese incómodo precipicio. Mientras el campus de Ceuta se prepara para abrir el 22 de septiembre con un 'kit de supervivencia' —vigilancia, control de accesos y apoyo psicológico para 1.755 personas—, los profesores destinados allí han decidido que ya basta de hacer como que no pasa nada. No piden solo seguridad; piden que el rector Pedro Mercado limpie el armario de los trofeos y retire el Doctor Honoris Causa a Mohamed VI, concedido el 7 de septiembre de 2000. La jugada es maestra porque utiliza el espejo de la hipocresía institucional. En mayo de 2024, la UGR se puso la capa de valiente y suspendió por unanimidad la cooperación con Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Aquella decisión, que terminó en un dolor de cabeza judicial con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es ahora el arma de los docentes: si hubo 'cancelación' para unos, ¿por qué el silencio cómplice con el soberano alauí ante la crisis en Ceuta? El contraste es casi cómico si no fuera trágico. Mientras la UGR presume de que su impacto en el PIB ceutí es del 3,35 % —una cifra que suena a orgullo corporativo en un folleto de marketing—, los profesores exigen que la institución deje de jugar a la diplomacia de salón y diga, sin miedo a que se le caiga el café, que Ceuta y Melilla son España. Salvador del Barrio, el vicerrector, ha tenido que escuchar que el Honoris Causa de hace 26 años ya no es un puente cultural, sino un anacronismo que huele a naftalina y a conveniencia política.
Hay silencios que pesan más que un impuesto al lujo y otros que, cuando se rompen, suenan a cristales rotos en plena madrugada. Mehdi Hijaouy, el antiguo número dos de la DGED (la inteligencia marroquí), ha decidido que ya es hora de soltar el lastre. En una charla con 'Le Canard Enchaîné', Hijaouy ha dejado caer una bomba: Rabat no es que estuviera mirando el paisaje, es que tenía el mapa de la invasión migratoria de finales de julio subrayado con fluorescente. Para el exespía, esto no fue un 'descuido' de seguridad, sino una coreografía coordinada. Pone el dedo en la llaga señalando a Ali el Himma, el consejero del rey Mohamed VI, y a Abdellatif Hammouchi, el jefe de la policía marroquí. Lo irónico es que Hammouchi no es un desconocido para nosotros; es un hombre condecorado por Marlaska, un detalle que hoy suena a chiste de mal gusto mientras la jueza María Tardón intenta descifrar el rompecabezas en el juzgado. Claro, la respuesta de Rabat es la de siempre: el 'manual del traidor'. Dicen que Hijaouy es un estafador expulsado en 2010, una etiqueta cómoda para invalidar a quien sabe dónde están enterrados los secretos. Pero la pregunta de Hijaouy es tan simple que duele: ¿cómo se mueve una marea humana hacia la frontera sin que el virrey y el jefe policial se enteren? Es como decir que no viste que se inundaba el salón mientras tenías el grifo abierto y el pie en el pedal. Para rematar la faena, Hijaouy menciona el software Pegasus con una ironía fina, asegurando que en Rabat intervendrían hasta el teléfono del diablo si les conviene. Mientras tanto, en Francia, el juez Calama une los puntos entre el espionaje a Pedro Sánchez y sus ministros de Interior y Defensa, sugiriendo que el autor de todas estas 'travesuras' digitales es el mismo. Un círculo de lealtad reverencial que, visto desde fuera, parece más bien un club de lectura de secretos ajenos.
España ha logrado lo que parecía imposible: alcanzar el fondo del barril educativo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, la OCDE nos ha soltado el informe PISA y el resultado es un auténtico agujero negro. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el rendimiento estudiantil no ha bajado, se ha desplomado, marcando el peor resultado de toda la serie histórica. Es como si hubiéramos decidido que saber leer y sumar es un lujo opcional. Gregorio Luri, pedagogo que no se anda con chiquitas, ha puesto el dedo en la llaga. Para él, no es culpa de que los chavales estén pegados al móvil —porque en Estonia o Singapur usan pantallas y no se vuelven analfabetos—, sino de una 'desertización cognitiva'. Hemos cambiado el rigor por una 'pedagogía blanda' y matemáticas emocionales. Básicamente, hemos sustituido el esfuerzo por palmaditas en la espalda, produciendo más deficiencia que excelencia. Es la gestión del 'todo bien' mientras el edificio se cae a trozos. Pero el espectáculo tiene un giro digno de thriller contable. Jorge Sainz ha destapado que en Cataluña la tasa de exclusión de alumnos pasó del 5,6 % en 2022 al 23,2 % en 2025. Cuadruplicar la exclusión en tres años no es un error de cálculo, es un truco de magia para que la media nacional (477 en ciencias y 451 en lectura) no parezca tan catastrófica. Mientras tanto, el País Vasco ha sufrido un desplome de 47 puntos en lectura, bajando a 419. Al final, nos venden una media nacional que no describe a nadie, ocultando un sistema fragmentado donde el absentismo y la falta de profesores son la verdadera asignatura pendiente.
Hay quienes ven la seguridad nacional como un servicio y quienes la ven como un catálogo de Wallapop. Un colaborador de la Policía Nacional, de esos que deberían dormir tranquilos sabiendo que protegen el Estado, decidió que la ubicación de un espía valía más que su honor. En marzo, en el hotel Eurobuilding de Madrid, mientras otros pedían un café, este personaje se sentó con emisarios de Marruecos para cerrar un trato: el paradero de Mehdi Hijaouy a cambio de un 'pequeño' incentivo de entre dos y tres millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska intentó hacer el negocio de su vida vendiendo a un prófugo como quien vende un coche de segunda mano. Hijaouy no es un cualquiera; era la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. Es el hombre que guarda las llaves del reino: las pruebas del spyware Pegasus y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez. El colaborador policial no solo sabía que Hijaouy respiraba, sino que le dio el mapa detallado: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. Datos que, en un mundo sin hipocresías, habrían terminado en un atestado y no en una negociación hotelera. El espía, que ya había pasado por la Audiencia Nacional tras ser detenido en septiembre de 2024, terminó convirtiéndose en la moneda de cambio de un sistema donde la lealtad tiene precio. Mientras el grupo Jaboroot amenaza con soltar la lista de 70.000 agentes y los secretos de la crisis de Ceuta, nosotros descubrimos que en el corazón del aparato policial hay quien prefiere el billete extranjero al deber público. Un despliegue de cinismo que deja el concepto de 'seguridad nacional' como un chiste de mal gusto.
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