Crítica:
El texto original es una mina de oro de datos, pero la Fiscalía intenta enterrarlos bajo una montaña de excusas burocráticas. Es descarado que se omitan los resultados justo cuando las cifras previas eran políticamente incendiarias.
La Fiscalía elimina de su memoria la verdadera edad de los menas a los que hacen pruebas
Fiscalía borra datos: el misterio de los menas
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El escondite de RTVE: 3 millones euros
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos de RTVE el dinero fluye con una ligereza envidiable. David Broncano salió este lunes jugando al gato y al ratón con la idea de una «última temporada» de La revuelta, soltando alguna ironía sobre coaliciones entre PP y Vox que podrían dinamitar la cadena. Pero mientras el público se preguntaba si el show terminaba, Grison ya tenía el paracaídas dorado desplegado. No es que tenga un plan B; es que tiene un cheque con siete cifras. La corporación pública ha decidido que Marcos Martínez, el hombre detrás del personaje de Grison, merece su propio altar televisivo: El escondite. Y no es un proyecto hecho con cuatro tablas y un clavo. Para este 2026, la ingeniería financiera entre RTVE y Warner Bros ITVP España ha dejado una cifra que marea: 3.194.090 euros. Para que nos entendamos, es un sablazo que deja a cualquier presupuesto doméstico en coma inducido, aunque palidezca frente a los casi 32 millones de euros que engulle La revuelta a través de El Terrat. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la cadena. En 2025, cuando la Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, recibió quejas por la banalización de las drogas en el aire, el delegado de contenidos, Agustín Alonso, salió al rescate con una joya semántica: que Grison es un «personaje de ficción». Resulta que el personaje es ficticio cuando hay que pedir perdón por las bromas, pero es muy real y muy talentoso cuando llega la hora de firmar el contrato para conducir un formato familiar grabado en Países Bajos. Así se gestiona el servicio público: defendiendo el 'humor polisémico' mientras se invierten millones en jugar al escondite con Javi de Hoyos e Inés Hernand.
Wifi gratis en Ceuta: el sablazo urgente
Hay quien dice que el internet es un lujo, pero para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es, al parecer, un derecho fundamental de urgencia. Mientras el ciudadano medio pelea con la compañía eléctrica para que no le claven un recargo en la factura, la ministra Elma Saiz ha decidido que lo más apremiante en Ceuta no es el hormigón, sino los gigas. Sin licitaciones, sin anuncios en el portal de contrataciones y saltándose el baile de la burocracia habitual, el Gobierno ha recurrido a la 'situación de excepción' para darle un contrato directo a Telefónica. El motivo: el caos del 30 de julio, cuando unos 80.000 inmigrantes pusieron a prueba la valla y, de paso, dinamitaron el espectro radioeléctrico. La jugada es maestra. El Gobierno paga la fiesta y Telefónica monta tres puntos de wifi gratuitos que, según la operadora, aguantan hasta 10.000 personas por punto. En total, 30.000 usuarios navegando gratis mientras el resto del país mira cómo sube el IVA. No es la primera vez que se juega a esto; Orange ya había instalado una estación para evitar que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la zona de El Trampolín se quedaran en silencio digital. Pero el despliegue no termina en la nube. En el muelle de poniente se están montando 16.000 metros cuadrados de 'glamping' gubernamental: 33 carpas con suelo de madera y techo de lona para 1.000 personas, con generadores y aseos, listos en diez días. Un despliegue logístico que ha despertado el hambre de justicia de Hazte Oír, que ya ha denunciado ante la Fiscalía de Área de Ceuta posibles delitos de prevaricación y malversación. Al final, la pregunta es sencilla: ¿estamos conectando personas o simplemente financiando el despliegue de infraestructura de las telecos con dinero público bajo el paraguas de la emergencia?
Moncloa regala el manual de espionaje militar
Hay una forma muy elegante de decir 'metida de pata' y luego está lo que ha hecho Moncloa. En un despliegue de generosidad informativa que roza lo surrealista, el Gobierno ha desclasificado informes sobre Ceuta, pero no se han quedado en el 'qué', sino que han regalado el 'cómo'. Han expuesto al Regimiento de Guerra Electrónica N.º 32 (REW32), una unidad que opera desde Sevilla y Algeciras, básicamente diciéndole al vecino que sí, que tenemos el oído pegado a su pared. La jugada fue torpe. El 30 de julio, mientras el mundo miraba la Fiesta del Trono marroquí, el REW32 ya había detectado un evento «masivo» mediante inteligencia de señales (Sigint). No estaban leyendo tweets (Osint), estaban escuchando radios. El informe, enviado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), tenía dos páginas: una con las conclusiones y otra técnica, el 'manual de instrucciones' de la escucha. Moncloa, en un alarde de transparencia mal entendida, publicó ambas. Es como si para avisar de que alguien va a entrar en tu casa, el Gobierno publicara la marca del micrófono oculto y el nombre del técnico que lo instaló. El malestar en el cuartel es total. El coronel jefe de la unidad es un nombre tan secreto que ni el teléfono de la oficina tiene etiqueta, y ahora Marruecos tiene el recibo oficial de que sus comunicaciones terrestres y marítimas son un libro abierto para nosotros. Al final, el búho de oro del escudo del REW32, que simboliza la victoria sobre las traiciones, se ha encontrado con que la traición más efectiva no ha venido de fuera, sino de la propia administración. Ahora que el vecino sabe que lo escuchamos, lo más probable es que cambie la cerradura o se ponga a susurrar, dejándonos con un silencio de radio muy caro y una unidad expuesta en bandeja de plata.
CNI avisa: España es el imán europeo
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al Parchís con las reglas del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir la puerta de casa con una regularización masiva, convencido de que el mundo es un lugar donde las buenas intenciones no tienen consecuencias. Pero el CNI, esos señores que viven en la sombra y no suelen equivocarse con los datos, ha soltado un informe el 27 de julio que es, básicamente, un cubo de agua fría sobre la mesa del Consejo de Ministros. El Servicio de Inteligencia es claro: España se ha convertido en el 'hotel con desayuno incluido' de la Unión Europea. Mientras el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), vigente desde el 12 de junio, busca que la UE deje de correr detrás del problema para empezar a disuadir, Madrid hace exactamente lo contrario. Es como intentar cerrar la presa mientras el alcalde organiza una fiesta de bienvenida en el cauce del río. El CNI advierte que esta divergencia no es solo un detalle administrativo; es un agujero en la credibilidad que nos deja tiritando frente a Frontex y debilita nuestra capacidad de pedir fondos europeos. Lo más irónico es el cortocircuito diplomático. El CNI avisa que nuestros socios en África podrían mirar con sarcasmo nuestra insistencia en reducir flujos mientras, por la puerta de atrás, regularizamos a Qualifier. Es una contradicción que huele a quemado. Sánchez, en una entrevista de febrero, fulminó estas advertencias calificándolas de 'falsas', asegurando que la migración irregular ha bajado drásticamente. Pero la inteligencia del Estado no usa adjetivos políticos, usa riesgos: si presionamos demasiado a Marruecos, Mauritania o Senegal para que acepten 'hubs' de retorno, podríamos dinamitar no solo el control migratorio, sino el comercio y la seguridad nacional. En resumen: el Gobierno quiere el aplauso moral, pero el CNI le recuerda que la factura de la realidad siempre llega.
Zapatero y las joyas: el 'sablazo' qatarí
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero en el despacho del juez José Luis Calama el reloj corre con una precisión quirúrgica que no admite 'olvidos' diplomáticos. José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro exmandatario reconvertido en ermitaño de alquiler en Las Rozas, se ha topado con un muro de hormigón en el Golfo. Resulta que el señor Zapatero prometió en junio entregar los certificados de origen de unas joyas intervenidas en un plazo de diez días. Tres meses después, el plazo ha caducado más que un yogur dejado al sol y los papeles siguen siendo un fantasma. La jugada es tan vieja como el hilo negro: tras intentar hacer gestiones 'amistosas' en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar —probablemente con el mismo tono con el que uno pide un favor para saltarse una cola—, el resultado ha sido un silencio sepulcral. Ahora, en un giro de guion digno de Oscar, Zapatero pide que sea el juez quien haga el trabajo sucio mediante comisiones rogatorias, centrando el tiro exclusivamente en Qatar. Es la clásica maniobra de quien, al ver que no puede pagar la cuenta con el carné de socio, pide que el banco gestione la deuda. Mientras tanto, la solidaridad de partido funciona como un seguro a todo riesgo. Pedro Sánchez, que no quiere que el ruido de las joyas le ensucie la campaña, mantiene el teléfono encendido para su mentor, aplicando la técnica de 'creerle al amigo' que ya probó con Víctor de Aldama. Por otro lado, la lealtad en el mundo de los negocios es mucho más volátil. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que sirvió de arquitectura financiera para una consultora donde Zapatero se lucraría, ha aplicado la ley del hielo. El testaferro ha pasado de ser el confidente a ser un desconocido que no coge el teléfono, dejando al ex presidente solo con sus joyas y sus recuerdos en Las Rozas.
Marlaska: promesas rotas y guardias expulsados
La palabra de un ministro tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el maletero durante agosto. En enero de 2020, Fernando Grande-Marlaska lanzó una promesa blindada: «ningún Guardia Civil va a salir de Navarra». Un mantra que el Gobierno ha repetido hasta 2025, mientras, por debajo de la mesa, se cocinaba un menú degustación de precariedades. Ahora, la realidad ha aterrizado con la sutileza de un choque frontal. La transferencia de competencias de Tráfico a Navarra, efectiva desde abril de 2025, ha dejado a más de 150 agentes en un limbo administrativo que parece diseñado por un experto en sadismo burocrático. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado la bomba: la notificación oficial ya está aquí y el camino es un callejón sin salida. Los agentes tienen un mes para elegir entre el exilio o una 'pasarela' hacia la Policía Foral que es, en realidad, un salto al vacío. Aceptar la integración significa aceptar un sablazo en la nómina con salarios congelados, olvidarse del derecho a una vivienda y ver cómo el coeficiente de reducción para la jubilación se evapora como el agua en el desierto. Es el clásico trato de 'firma aquí y olvida tus derechos'. Para rematar la jugada, los agentes en reserva son obligados a volver al servicio activo, como si el tiempo no pasara o la edad fuera un detalle irrelevante. Lo más cínico es que, una vez que crucen el puente hacia la Policía Foral, la puerta de regreso a la Guardia Civil se cierra con candado y cadena. Una ingeniería financiera y laboral que convierte la estabilidad del funcionario en un juego de azar donde el Estado siempre gana y el agente paga la factura.
Moncloa oculta satélites: Ceuta no fue espontánea
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te roban la cartera, pero lo de Moncloa ya es nivel maestro de la prestidigitación. Resulta que el Gobierno decidió jugar al escondite con la justicia, 'secuestrando' imágenes satelitales que son el equivalente a pillar al culpable con el botín en la mano. No eran cuatro coches perdidos en el desierto; eran convoyes de alquiler, alineaditos como si fueran el desfile de una boda, moviendo a 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio hacia Ceuta. Un despliegue así no se organiza con un grupo de WhatsApp y buena voluntad; requiere la logística de un Estado, concretamente la del Reino alauí, que según el CNIF, no solo 'fomentó' el flujo, sino que lo dirigió con precisión de relojero. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una cita previa, el Ejecutivo se tomó la libertad de romper la cadena de mando policial para que la juez María Tardón no viera lo que el satélite ya había gritado: que aquello era una 'guerra híbrida'. El ministro Marlaska, en lugar de dar explicaciones sobre por qué ocultar pruebas determinantes en Castillejos, prefirió lanzar invectivas y escribir al CGPJ, convirtiendo una investigación judicial en una pelea de patio de colegio. La juez Tardón, que no se deja torear, ya ha visto que esto no fue un 'suceso espontáneo' ni una movida de mafias, sino un intento de atentar contra la integridad territorial de España. Al final, el Gobierno intentó tapar el sol con un dedo, pero el satélite tiene una memoria que no entiende de razones de Estado ni de conveniencias partidistas.
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