Crítica:
La noticia es un despliegue de indignación militar muy bien documentada, aunque el Gobierno no ha dado su versión sobre el 'error' de desclasificación. Es un retrato perfecto de la descoordinación entre el mando político y el operativo.
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Wifi gratis en Ceuta: el sablazo urgente
Hay quien dice que el internet es un lujo, pero para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es, al parecer, un derecho fundamental de urgencia. Mientras el ciudadano medio pelea con la compañía eléctrica para que no le claven un recargo en la factura, la ministra Elma Saiz ha decidido que lo más apremiante en Ceuta no es el hormigón, sino los gigas. Sin licitaciones, sin anuncios en el portal de contrataciones y saltándose el baile de la burocracia habitual, el Gobierno ha recurrido a la 'situación de excepción' para darle un contrato directo a Telefónica. El motivo: el caos del 30 de julio, cuando unos 80.000 inmigrantes pusieron a prueba la valla y, de paso, dinamitaron el espectro radioeléctrico. La jugada es maestra. El Gobierno paga la fiesta y Telefónica monta tres puntos de wifi gratuitos que, según la operadora, aguantan hasta 10.000 personas por punto. En total, 30.000 usuarios navegando gratis mientras el resto del país mira cómo sube el IVA. No es la primera vez que se juega a esto; Orange ya había instalado una estación para evitar que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la zona de El Trampolín se quedaran en silencio digital. Pero el despliegue no termina en la nube. En el muelle de poniente se están montando 16.000 metros cuadrados de 'glamping' gubernamental: 33 carpas con suelo de madera y techo de lona para 1.000 personas, con generadores y aseos, listos en diez días. Un despliegue logístico que ha despertado el hambre de justicia de Hazte Oír, que ya ha denunciado ante la Fiscalía de Área de Ceuta posibles delitos de prevaricación y malversación. Al final, la pregunta es sencilla: ¿estamos conectando personas o simplemente financiando el despliegue de infraestructura de las telecos con dinero público bajo el paraguas de la emergencia?
Fiscalía borra datos: el misterio de los menas
Hay un truco muy viejo en la administración: cuando el dato quema, se borra la página. La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual y, casualmente, ha decidido jugar al escondite con los resultados de las pruebas de edad de los menas. Es una jugada maestra de ingeniería administrativa. Nos dicen que en 2025 se abrieron 7.999 expedientes para determinar si quien dice ser un niño es, en realidad, un adulto con barba y DNI invisible. Un récord absoluto. Pero, ¿cuántos resultaron ser mayores? Silencio administrativo. El año pasado el susto fue monumental: solo el 58,58% de los analizados eran realmente menores. Es decir, casi la mitad de los que consumían recursos del sistema de protección eran adultos jugando al juego de la eterna juventud. Ahora, la Fiscalía se escuda en que tiene 3.904 expedientes pendientes por 'falta de medios'. Es como si el cajero del supermercado te dijera que no puede darte el ticket porque se ha quedado sin papel, pero que te cobren la compra igual. Mientras tanto, Ceuta y Canarias están en modo 'contingencia', una palabra elegante para decir que el sistema ha colapsado. El ministro Ángel Víctor Torres hablaba el 7 de septiembre de unos 2.000 menores identificados, aunque hay cientos más flotando en el limbo de la filiación. Para colmo, las repatriaciones son un chiste: ocho en 2024. Ocho. Básicamente, el camino de vuelta a Marruecos está cerrado por obras diplomáticas. Entre radiografías de muñecas y TACs esternoclaviculares, la Fiscalía prefiere que no sepamos cuántos adultos están durmiendo en centros de menores, porque admitirlo sería aceptar que el sistema de protección es, en ocasiones, una guardería para mayores de edad financiada con el dinero de todos.
CNI avisa: España es el imán europeo
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al Parchís con las reglas del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir la puerta de casa con una regularización masiva, convencido de que el mundo es un lugar donde las buenas intenciones no tienen consecuencias. Pero el CNI, esos señores que viven en la sombra y no suelen equivocarse con los datos, ha soltado un informe el 27 de julio que es, básicamente, un cubo de agua fría sobre la mesa del Consejo de Ministros. El Servicio de Inteligencia es claro: España se ha convertido en el 'hotel con desayuno incluido' de la Unión Europea. Mientras el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), vigente desde el 12 de junio, busca que la UE deje de correr detrás del problema para empezar a disuadir, Madrid hace exactamente lo contrario. Es como intentar cerrar la presa mientras el alcalde organiza una fiesta de bienvenida en el cauce del río. El CNI advierte que esta divergencia no es solo un detalle administrativo; es un agujero en la credibilidad que nos deja tiritando frente a Frontex y debilita nuestra capacidad de pedir fondos europeos. Lo más irónico es el cortocircuito diplomático. El CNI avisa que nuestros socios en África podrían mirar con sarcasmo nuestra insistencia en reducir flujos mientras, por la puerta de atrás, regularizamos a Qualifier. Es una contradicción que huele a quemado. Sánchez, en una entrevista de febrero, fulminó estas advertencias calificándolas de 'falsas', asegurando que la migración irregular ha bajado drásticamente. Pero la inteligencia del Estado no usa adjetivos políticos, usa riesgos: si presionamos demasiado a Marruecos, Mauritania o Senegal para que acepten 'hubs' de retorno, podríamos dinamitar no solo el control migratorio, sino el comercio y la seguridad nacional. En resumen: el Gobierno quiere el aplauso moral, pero el CNI le recuerda que la factura de la realidad siempre llega.
Zapatero y las joyas: el 'sablazo' qatarí
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero en el despacho del juez José Luis Calama el reloj corre con una precisión quirúrgica que no admite 'olvidos' diplomáticos. José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro exmandatario reconvertido en ermitaño de alquiler en Las Rozas, se ha topado con un muro de hormigón en el Golfo. Resulta que el señor Zapatero prometió en junio entregar los certificados de origen de unas joyas intervenidas en un plazo de diez días. Tres meses después, el plazo ha caducado más que un yogur dejado al sol y los papeles siguen siendo un fantasma. La jugada es tan vieja como el hilo negro: tras intentar hacer gestiones 'amistosas' en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar —probablemente con el mismo tono con el que uno pide un favor para saltarse una cola—, el resultado ha sido un silencio sepulcral. Ahora, en un giro de guion digno de Oscar, Zapatero pide que sea el juez quien haga el trabajo sucio mediante comisiones rogatorias, centrando el tiro exclusivamente en Qatar. Es la clásica maniobra de quien, al ver que no puede pagar la cuenta con el carné de socio, pide que el banco gestione la deuda. Mientras tanto, la solidaridad de partido funciona como un seguro a todo riesgo. Pedro Sánchez, que no quiere que el ruido de las joyas le ensucie la campaña, mantiene el teléfono encendido para su mentor, aplicando la técnica de 'creerle al amigo' que ya probó con Víctor de Aldama. Por otro lado, la lealtad en el mundo de los negocios es mucho más volátil. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que sirvió de arquitectura financiera para una consultora donde Zapatero se lucraría, ha aplicado la ley del hielo. El testaferro ha pasado de ser el confidente a ser un desconocido que no coge el teléfono, dejando al ex presidente solo con sus joyas y sus recuerdos en Las Rozas.
Marlaska: promesas rotas y guardias expulsados
La palabra de un ministro tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el maletero durante agosto. En enero de 2020, Fernando Grande-Marlaska lanzó una promesa blindada: «ningún Guardia Civil va a salir de Navarra». Un mantra que el Gobierno ha repetido hasta 2025, mientras, por debajo de la mesa, se cocinaba un menú degustación de precariedades. Ahora, la realidad ha aterrizado con la sutileza de un choque frontal. La transferencia de competencias de Tráfico a Navarra, efectiva desde abril de 2025, ha dejado a más de 150 agentes en un limbo administrativo que parece diseñado por un experto en sadismo burocrático. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado la bomba: la notificación oficial ya está aquí y el camino es un callejón sin salida. Los agentes tienen un mes para elegir entre el exilio o una 'pasarela' hacia la Policía Foral que es, en realidad, un salto al vacío. Aceptar la integración significa aceptar un sablazo en la nómina con salarios congelados, olvidarse del derecho a una vivienda y ver cómo el coeficiente de reducción para la jubilación se evapora como el agua en el desierto. Es el clásico trato de 'firma aquí y olvida tus derechos'. Para rematar la jugada, los agentes en reserva son obligados a volver al servicio activo, como si el tiempo no pasara o la edad fuera un detalle irrelevante. Lo más cínico es que, una vez que crucen el puente hacia la Policía Foral, la puerta de regreso a la Guardia Civil se cierra con candado y cadena. Una ingeniería financiera y laboral que convierte la estabilidad del funcionario en un juego de azar donde el Estado siempre gana y el agente paga la factura.
Moncloa oculta satélites: Ceuta no fue espontánea
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te roban la cartera, pero lo de Moncloa ya es nivel maestro de la prestidigitación. Resulta que el Gobierno decidió jugar al escondite con la justicia, 'secuestrando' imágenes satelitales que son el equivalente a pillar al culpable con el botín en la mano. No eran cuatro coches perdidos en el desierto; eran convoyes de alquiler, alineaditos como si fueran el desfile de una boda, moviendo a 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio hacia Ceuta. Un despliegue así no se organiza con un grupo de WhatsApp y buena voluntad; requiere la logística de un Estado, concretamente la del Reino alauí, que según el CNIF, no solo 'fomentó' el flujo, sino que lo dirigió con precisión de relojero. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una cita previa, el Ejecutivo se tomó la libertad de romper la cadena de mando policial para que la juez María Tardón no viera lo que el satélite ya había gritado: que aquello era una 'guerra híbrida'. El ministro Marlaska, en lugar de dar explicaciones sobre por qué ocultar pruebas determinantes en Castillejos, prefirió lanzar invectivas y escribir al CGPJ, convirtiendo una investigación judicial en una pelea de patio de colegio. La juez Tardón, que no se deja torear, ya ha visto que esto no fue un 'suceso espontáneo' ni una movida de mafias, sino un intento de atentar contra la integridad territorial de España. Al final, el Gobierno intentó tapar el sol con un dedo, pero el satélite tiene una memoria que no entiende de razones de Estado ni de conveniencias partidistas.
Sánchez y el laberinto de los 114 millones
Gestionar una crisis nacional parece que, para el Gobierno de Pedro Sánchez, es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con ganas de irse a dormir la siesta. Mientras el Ejecutivo se dedica a señalar al PP por 'poner palos en las ruedas', la realidad es que en Bruselas se miran las manos. Resulta fascinante que, habiendo una ayuda de 114 millones de euros sobre la mesa —una cifra que haría temblar cualquier cuenta corriente doméstica—, el Ministerio del Interior haya sido incapaz de rellenar los papeles a tiempo. Bruselas tuvo que bloquear el dinero por pura falta de concreción. Básicamente, es como si te ofrecieran pagar el alquiler y tú no supieras dar el número de cuenta. El ritmo ha sido, digamos, 'meditativo'. Tardaron un mes en pedir el apoyo de Frontex, cuando la UE estaba ya con el teléfono en la mano desde el primer día. Fernando Grande-Marlaska y el comisario Magnus Brunner hablan de 'importantes avances', ese lenguaje diplomático que en la calle significa 'estamos dando vueltas al asunto'. Un mes y medio después de la invasión, el dinero sigue en el limbo. Lo más surrealista es el juego de las sillas institucionales. Tenemos a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión de von der Leyen, jugando al escondite mientras Ceuta arde. Y mientras José Manuel Albares contraprograma las visitas del presidente Juan Jesús Vivas para que el foco no se desvíe, el rey Felipe VI sigue esperando el 'visto bueno' del Ejecutivo para pisar la ciudad. En resumen: mucha pompa en los anuncios, pero a la hora de ejecutar, parece que el Gobierno prefiere que la ayuda europea llegue por correo ordinario y en días laborables.
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